La aplicacion inmediata del
derecho internacional en Palestina: Un compromiso de Europa hacia
la paz en el Medio Oriente
Victor de Currea-Lugo*
CSCAweb,
31 de diciembre de 2004
Si la Opinión
Consultiva engruesa la larga lista de resoluciones ignoradas
por Israel, podemos concluir que la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) ofrece esperanza pero no justicia. Despúes de la
herida de muerte a los Convenios de Ginebra en la guerra de Afganistán
y la negación de la ONU por Estados Unidos en la Guerra
de Iraq, lo que está en juego es el sistema legal internacional
mismo. Sabemos que la ONU así como la CIJ tiene sus propias
limitaciones, pero es dificil explicar a las víctimas
que los palestinos ganaron en La Haya pero mueren en Gaza y Cisjordania,mientras
son ignorados por el resto del mundo.
La situación en los
Territorios Ocupados de Palestina por parte del gobierno de Israel
continúa siendo dramática, tal como lo han reconocido
y documentado tanto organizaciones de derechos humanos como la
misma Organización de las Naciones Unidas.
Desde el inicio de la segunda
Intifada, las medidas de control establecidas por Israel afectan
severamente la vida cotidiana de los palestinos. Los controles
militares y los cierres de las principales vías afecta
el acceso a los servicios de salud y educación, el acceso
a los puestos de trabajo y la economía en general. Desde
septiembre de 2000 hasta julio de 2004, 2.746 palestinos han
sido asesinados por las Fuerzas de Defensa israelíes.
Solamente, en los primeros 8 meses de 2004, 1.016 casas han sido
demolidas con el argumento de "motivos de seguridad",
dejando más de 8.000 personas sin hogar.
A comienzos de septiembre,
7.336 palestinos permanecían detenidos en cárceles
israelíes, incluyendo 386 menores de edad; 781 personas
están bajo el ilegal régimen de "detención
administrativa" lo que significa no conocer los cargos de
los que se les acusa y no tener acceso a abogados; la detención
administrativa puede renovarse cada seis meses sin límite
de veces.
El muro del Apartheid, construido
por Israel en territorio palestino, tiene una proyección
de más de 720 kilómetros. Su trazo separa palestinos
de palestinos y se adentra en Cisjordania dejando del lado israelí
el 49% de las tierras palestinas, incluyendo en éstas
el fértil valle del río Jordán y el acuíferos
más importantes para la supervivencia de los palestinos.
Durante sólo la primera fase de construcción del
muro (finales de 2002 hasta julio de 2003) Israel destruyó
35 kilómetros de acueducto, arrancó más
de 103.000 olivos y derumbó casas y comercios.
Mientras el Ingreso per
capita israelí llega a los 18.000 USD al año,
el palestino apenas llega a 800 USD. Durante los primeros 60
días de la Intifada, la economía palestina perdió
aproximadamente 500 millones de USD y produjo un aumento de la
tasa de desempleo hasta 40%. Según el Banco Mundial, en
su reporte de 2004, el 47% de los palestinos viven por debajo
de la lïnea de pobreza, es decir con menos de 2 dólares
al día y el 37% de los jóvenes palestinos está
desempleado.
Luego del 11 de Septiembre
de 2001, la política del gobierno de Sharón contra
los palestinos ha sido justificada en la lucha contra el terrorismo.
Sólo ocho horas después de los atentados contra
las torres gemelas, Sharón decidió invadir Jenin,
ciudad donde las tropas actuaron con absoluta impunidad durante
9 días. En el ataque a Jenín, el informe de Human
Rights Watch, hecho in situ, refleja parte de la situación
vivida:
"Kamal Zghair, de 57 años,
trataba de avanzar en su silla de ruedas en la que ondeaba una
bandera blanca cuando fue arrollado por un tanque israelí.
Una carga explosiva le estalló en la cara a Afaf Disuqui,
de 52 años, cuando fue a abrirles la puerta de su casa
a las tropas israelíes. Farwa Jammal, una enfermera de
27 años, uniformada, murió por los disparos de
los soldados israelíes mientras socorría a un enfermo.
Mariam Wishai, de 58 años, murió dos días
después de que un misil alcanzara su casa, sin que los
servicios médicos pudieran acudir a socorrerla y horas
después de que su hijo fuera disparado en la calle. Jamal
Fayid, paralítico de 37 años, murió en su
casa aplastado por un buldozer israelí. Muhammad Abu Saba'a
suplicó a los soldados que no demolieran su casa, en la
que permanecía su familia dentro. Cuando se dio la vuelta
le dispararon causándole la muerte. Faris Zaiban, de 14
años, murió por los disparos de un tanque cuando
iba a comprar fruta durante un levantamiento del toque de queda.
Hani Abu Rumaila, de 19 años (...) primero le dispararon
en la pierna, cuando quiso volver a su casa le dispararon en
el pecho y en el abdomen. Munthir al-Haj, un miliciano de 22
años, desarmado y con los brazos rotos, murió por
los disparos del Ejército cuando estaba refugiado en un
hospital de una organización caritativa. Kamal Tawalbi
fue utilizado junto a su hijo de 14 años como escudo humano
en la línea de fuego".
Al mismo tiempo del levantamiento,
se han formulado varios planes de paz fallidos, dentro de los
cuales vale resaltar dos: el "Road Map to Peace" (la
Hoja de Ruta), y Geneva Accord (el Acuerdo de Ginebra). El primero
de estos planes repita los errores de Oslo y de la inmensa mayoría
de propuestas de paz escritas para el conflicto palestino: la
ausencia de cualquier mención a los derechos humanos o
al derecho humanitario. El segundo ha sido criticado por desconocer
el derecho al retorno de los palestinos y, en general, el derecho
internacional.
No podíamos ni podemos
esperar que el sistema judicial israelí brinde justicia
a los palestinos. Hasta julio de 2003, de los 2.235 palestinos
que han sido asesinados por las Fuerzas de Defensa Israelíes,
solo en ocho casos habían sido aceptados acusaciones pero
ninguno ha sido condenado. Con relación al muro, el sistema
judicial israelí ha propuesto simplemente cambiar en pocos
kilómetros el trazado del muro; con relación a
los interrogatorios se acepta legalmente la práctica de
"presiones físicas moderadas" a los detenidos;
con relación a la demolición de casas en Rafah,
el sistema judicial israelí ha justificado tales demolociones
alegando "razones militares imperiosas"; con relación
a los asentamientos, todos ellos ilegales de acuerdo al derecho
internacional, el sistema legal israelí considera que
algunos asentamientos son legales. Esta es la lógica de
negociar el derecho internacional. Por ejemplo, el retiro de
las tropas de Gaza (y de Cisjordania) no es una consesión
sino un deber. Hacer un referéndum sobre el retiro de
Gaza es, de hecho, someter un crimen de guerra a la voluntad
de los colonos. No es una prueba de democracia sino la negación
de ésta.
Ante el fracaso del derecho
interno de brindar justicia a los palestinos, queda como esperanza
el derecho internacional. La aplicación del derecho internacional
en el caso de Palestina y la defensa de los derechos de los palestinos
son una demanda urgente para el gobierno de Israel, un deber
de la comunidad internacional, y una explícita conclusión
del más alto tribunal de las Naciones Unidas: La Corte
Internacional de Justicia. Luego de observar la ausencia de justicia
por parte de Israel, los palestinos centraron sus esperanzas
en la Corte Internacional de Justicia, especialmente el en el
proceso llevado a cabo en 2004 sobre la ilegalidad del muro.
Cabe recodar que a lo largo
del conflicto y especialmente desde la ocupación de los
territorios palestinos por parte de Israel (1967), ha ido creciendo
una larga lista de resoluciones del Consejo de Seguridad y de
la Asamblea General de las Naciones Unidas incumplidas por
el gobierno israelí- así como los informes de Organizaciones
No Gubernamentales de derechos humanos.
La Opinión Consultiva
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ, julio de 2003) va
más allá del debate sobre el muro y ratifica prácticamente
las posturas palestinas del debate jurídico sobre el conflicto
y la ocupación. Por ejemplo, precisa la aplicación
indiscutible de los Convenios de Ginebra y de los tratados de
derechos humanos por parte de Israel en los Territorios Ocupados,
contrario a la argumentación israelí; recuerda
la ilegalidad de las pretensiones israelíes de controlar
y apropiarse de Jerusalén; reivindica el derecho de los
palestinos de acceder a sus lugares sagrados; defiende el derecho
de auto-determinación del pueblo palestino; y repite lo
ya dicho hasta la saciedad sobre la ilegalidad de los asentamientos
judíos en territorio palestino.
La Corte ratificó otro
elemento jurídico que veníamos planteando: el respeto
al derecho internacional en el caso palestino no sólo
depende de Israel sino que, ante la continua violación
por éste de las normas, además es un asunto de
la comunidad internacional y de Naciones Unidas. Por eso llamó
a los Estados a no reconocer o avalar tal ilegalidad (esta conclusión
textual de la CIJ parecería dirigida claramente a los
Estados Unidos) y llamó explícitamente a la Asamblea
General y al Consejo de Seguridad para que consideren otras acciones
que se requieran para poner fin a la situación ilegal.
La Corte concluyó precisando la necesidad de la demolición
del muro, de restitución de las propiedades y de una apropiada
compensación a las personas afectadas como consecuencia
de la construcción del muro. Estas compensaciones deben
ir tan lejos como sea posible y deben incluir la totalidad de
los daños. Pero, si la Opinión Consultiva engruesa
la larga lista de resoluciones ignoradas por Israel, podemos
concluir que la CIJ ofrece esperanza pero no justicia. Despúes
de la herida de muerte a los Convenios de Ginebra en la guerra
de Afganistán y la negación de la ONU por Estados
Unidos en la Guerra de Iraq, lo que está en juego es el
sistema legal internacional mismo.
Sabemos que la ONU así
como la CIJ tiene sus propias limitaciones, pero es dificil explicar
a las víctimas que los palestinos ganaron en La Haya pero
mueren en Gaza y Cisjordania, mientras son ignorados por el resto
del mundo.
Es claro, especialmente después
de la Opinión Consultiva, que los miembros de la ONU tienen
la base legal para declarar un boycot internacional contra Israel.
Pero el problema es que existen dos niveles diferentes para exigir
la aplicación del derecho internacional: los miembros
de la ONU exigen de una manera a los países con menos
poder y de otra manera a los países poderosos como sucede
en los caso de Guantánamo, Afganistán e Iraq. Por
su parte, las sociedades y las ONG pueden y tienen el deber de
denunciar, pero el problema de la impunidad es no un fallo de
las ONG sino de los Estados partes de los acuerdos internacionales.
Los miembros de la ONU deberían
entender que todo tipo de acuerdo comercial debe estar vinculado
al respeto a los derechos humanos, incluyendo el Acuerdo de Asociación
entre Israel y la Unión Europea, así como la venta
de armas e incluso la misma participación de Israel en
la ONU. De acuerdo con la Carta de la ONU, "Todo Miembro
de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios
contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización..."
(art. 6, Carta de Naciones Unidas). La natural conclusión
sería expulsar Israel de la ONU.
El problema central parece
ser la naturaleza misma, no democrática sino confesional,
del Israel. Israel, como Estado no moderno, rechaza reconocer
los derechos civiles y políticos, y los económicos
y sociales a la población palestina. Con dos tipos de
ciudadanía, la esencia de la democracia es seriamente
lesionada. Israel rechaza reconocer su condicón de ocupante
en Cisjordania y en Gaza. Si esa es su tierra prometida, ¿cómo
es posible ser ocupante de su propia tierra prometida? La razón
pareciera ser que el cumplimento del derecho internacional no
sólo significa más responsabilidades para Israel
como fuerza ocupante sino la negación de Israel como Estado
judío. Un dilema insalvable e irresoluto- es cómo
ser un Estado moderno con todas sus consecuencias- y al
mismo tiempo ser un Estado confesional. Y la principal víctima
de este dilema es la población palestina.
Hoy en día, con la Opinión
Consultiva y el derecho internacional en una mano y la realidad
del terreno en la otra, la comunidad internacional tiene que
decidir entre los principios de los cuales presume o correr el
riesgo de abandonar nuevamente al pueblo palestino.
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