Los ataques de la derecha estadounidense
contra las Naciones Unidas y los intentos de reforma
Phyllis Bennis*
Institute
for Policy Studies, Washington DC
CSCAweb 29 de diciembre de 2004
Traducción para CSCA web de Jaime Guitart Vilches
"El veto estadounidense en Naciones
Unidas"
[El yanqui del
CS dice: ¡veto! (a la condena de los crímenes de
Israel)]
Emad Hajjaj (Mahjoob.com) / CSCAweb: 29-12-04
El informe
del Grupo de Reforma está impulsando una discusión
global sobre la naturaleza antidemocrática e ilegítima
de la actual composición del Consejo de Seguridad, avanzando
de ese modo el esfuerzo más útil para deslegitimar
el poder del Consejo en favor de aumentar el poder de la mucho
más democrática Asamblea General. Los crecientes
ataques contra Kofi Annan, Secretario General de la ONU, no son
respuestas a ningún escándalo; antes al contrario,
deben verse como ataques de primer orden contra las Naciones
Unidas como un todo. Reflejan, entre otras cosas, un convencimiento
creciente entre muchos en Washington según el cual las
Naciones Unidas han ido demasiado lejos al desafiar la legitimidad
y la credibilidad de los Estados Unidos, en particular en relación
con Iraq.
Nota: Circulan rumores en relación con el posible
sustituto del embajador de Bush ante las Naciones Unidas, John
Danforth, que dimitió a principios de mes. Seleccionar
a Nicholas Burns, actual embajador ante la OTAN y uno de los
hábilmente conservados vestigios de los tiempos de Clinton,
indicaría probablemente un esfuerzo en la línea
de Colin Powell para usar y acercar a las Naciones Unidas y para
intentar dar una imagen seria y multidimensional de la administración
Bush. Por el contrario, escoger a John Bolton, un prestigioso
ideólogo derechista cuyo historial de ataques a las Naciones
Unidas se remonta a su intervención en la administración
Reagan, indicaría que el gobierno intenta mantener sus
ataques contra las Naciones Unidas e intensificar su estrategia
unilateralista anti ONU. Manténganse a la escucha.
- Los ataques contra Kofi Annan
y el escándalo del programa "Petróleo por
Alimentos" son en realidad una ofensiva de la derecha contra
la ONU.
- Los Estados Unidos y otros gobiernos del Consejo de Seguridad,
y no la Secretaría de la ONU, fueron los responsables
de permitir que Iraq vendiera petróleo a Turquía,
Jordania y cualquier otro destino al margen del programa "Petróleo
por Alimentos", a pesar de saber que miles de millones de
dólares irían a parar directamente a las arcas
del gobierno de Sadam Huseín.
- Los Estados Unidos y sus aliados, y no la Secretaría
de la ONU, son también los principales responsables de
que se aceptaran o rechazaran los contratos del programa "Petróleo
por Alimentos". Nunca promovieron el interés público
ni retuvieron contratos debido a los sobornos o a los recargos.
- La denuncia de la reforma de la directiva de las Naciones Unidas,
si bien cuenta con múltiples imperfecciones en relación
con la posible legitimación de la ONU para el uso de la
fuerza militar, no deja de representar un importante avance encaminado
a reclamar que la ONU se convierta en socio del movimiento global
anti imperio.
Los escándalos
del programa "Petróleo por Alimentos".
Los crecientes ataques contra
Kofi Annan, Secretario General de la ONU, que han llegado a suscitar
gritos pidiendo su dimisión, no son respuestas a ningún
escándalo; antes al contrario, deben verse como ataques
de primer orden contra las Naciones Unidas como un todo. Teniendo
en cuenta que, hasta el momento, han procedido de elementos derechistas
tanto del Congreso como de los medios de comunicación,
y no directamente de la administración Bush (ver más
adelante), reflejan, entre otras cosas, un convencimiento creciente
entre muchos en Washington según el cual las Naciones
Unidas han ido demasiado lejos al desafiar la legitimidad y la
credibilidad de los Estados Unidos, en particular en relación
con Iraq.
Y, aunque parezca irónico,
todo esto ya lo dijo el "New York Times": su editorial
del cinco de diciembre de 2004 reconocía que "Iraq
acumuló mucho más dinero ilícito por medio
de acuerdos comerciales que los Estados Unidos y otros miembros
del Consejo de Seguridad conocían desde hacía años,
pero prefirieron aceptar. [...] La burocracia de las Naciones
unidas no tuvo la fuerza necesaria para prevenir estos intercambios
ilícitos de petróleo o armas mantenidos al margen
del programa "Petróleo por Alimentos"; fue responsabilidad
de los países miembros. [...] Por tanto, la acusación
principal por permitir a Iraq acumular miles de millones ilícitos
recae sobre los Estados Unidos y los demás miembros del
Consejo de Seguridad de la ONU que hicieron la vista gorda frente
a estas ventas prohibidas de petróleo".
Los ataques de corte ideológico están dirigidos
por el senador Norm Coleman (republicano de Minnesota que reemplazó
a Paul Wellstone), Claudia Rossett (una periodista que ha pasado
del Wall Street Journal al New York Sun, de derechas y pro Rumsfeld),
los columnistas William Safire del New York Times y Charles Krauthamer
del Washington Post, y los expertos del American Enterprise Institute.
Pero gran parte de los antecedentes proceden del sospechoso Ahmad
Chalabi, antigua baza de la CIA y favorito del Pentágono:
cuando volvió a Iraq poco después de la invasión
estadounidense, bajo la escolta de militares estadounidenses
y tras décadas de un exilio apoyado por la CIA, el ejército
estadounidense se centró en las supuestas cantidades masivas
de archivos del régimen iraquí que Chalabi decía
tener. Entre estos documentos, según Chalabi, se encontraban
listas de personas y corporaciones internacionales a quienes
el régimen de Sadam Huseín había ofrecido
el derecho a vender el reparto de petróleo iraquí.
El efecto de la campaña
de derechas ha sido centrar la atención del público
y los medios en la supuesta responsabilidad de la Secretaría
de la ONU y, en concreto, en la persona de Kofi Annan, por lo
que respecta a la supervisión del programa "Petróleo
por Alimentos", en lugar de mantener la atención
donde debería estar: en el papel que han jugado los Estados
Unidos y otros estados miembros del Consejo de Seguridad. La
facultad de aprobar contratos según los cuales Iraq pudiera
vender petróleo o comprar bienes humanitarios siempre
fue competencia exclusiva del Comité 661 de la ONU, compuesto
por todos los miembros del Consejo de Seguridad independientemente
del papel de respaldo de la Secretaría de la ONU, que
examinaba inicialmente algunos de los contratos, la decisión
última sobre la aceptación o rechazo de estos contratos
residía exclusivamente en los estados miembros. El
ministro consejero estadounidense James Cunningham fue el funcionario
estadounidense que más a menudo participó en el
trabajo del Comité 661. Los Estados Unidos y el Reino
Unido usaban pública y rutinariamente su poder sobre el
comité para retrasar o cancelar contratos, basándose
en su manida (aunque pocas veces justificada) afirmación
de "empleo dual", es decir, que el contrato podía
tener un empleo potencialmente militar al tiempo que civil. Los
que no se publicaron fueron los informes sobre representantes
estadounidenses o británicos (o de cualquier otro miembro
del Consejo) retrasando un contrato a causa de su conocida práctica
(típica de la industria global del petróleo) de
sobornos y recargos.
Los ataques se han centrado
personalmente en Kofi Annan en gran medida porque es más
fácil demonizar al símbolo de una institución
que a la institución en sí; las tácitas
llamadas al racismo consiguen, sin duda, que los ataques a Annan
sean incluso más populares. Además, Annan y la
Secretaría, al fallar en su intento de hacer completamente
públicos todos los registros desde el mismo principio,
impulsaron el molino de la propagación de rumores. Está
claro que no es una coincidencia que los ataques anti ONU se
hayan intensificado tras las elecciones: durante la campaña,
la responsabilidad ante el amplio apoyo de los Estados Unidos
a la ONU podría haber sido tomada en cuenta. Además,
está saliendo a la luz por lo menos en parte como respuesta
a las importantes (aunque tardías) declaraciones de Annan
según las cuales la guerra de EE.UU. en Iraq es ilegal.
Después de todo, la investigación oficial independiente
de las Naciones Unidas en relación con el asunto "Petróleo
por Alimentos", a las órdenes del traficante de información
confidencial por antonomasia y antiguo jefe de los federales
Paul Volcker, lleva meses funcionando y se espera que emita su
primer informe provisional en enero.
Las denuncias de soborno y
corrupción se han centrado principalmente en dos personas:
uno es Benon Sevan, empleado de la ONU desde hace mucho tiempo
y encargado de la oficina de las Naciones Unidas para el programa
iraquí y, por tanto, de supervisar el programa "Petróleo
por Alimentos", que aparecía supuestamente en la
lista iraquí de receptores de asignaciones de petróleo.
El otro es el hijo de Kofi Annan, Kojo Annan, antiguo consultor
de la empresa suiza Cotecna, que fue contratada por las Naciones
Unidas para supervisar los contratos de petróleo. Sus
continuos acuerdos económicos con la compañía,
incluso después de abandonar su puesto de trabajo poco
antes de que la ONU firmara el contrato, han dado la apariencia
de un posible caso de nepotismo y tráfico de influencias.
Queda una cuestión clave que, hasta el momento, Cotecna
se ha resistido a contestar: ¿por qué los pagos
de Cotecna a Kojo Annan para que no compitiera con ellos en África,
perfectamente legales, que empezaron al principio de los noventa,
cesaron en febrero de 2004, justo después de que comenzaran
a aflorar rumores sobre la implicación de Kojo?
Ciertamente, las acusaciones
contra Sevan deben ser investigadas, y tanto él como cualquier
otro deben ser considerados responsables de cualquier violación
demostrada de las reglas de la ONU que prohíben que los
funcionarios internacionales se beneficien de los programas de
las Naciones Unidas; del mismo modo, cualquier apariencia de
influencia inapropiada por parte de Kojo Annan debe ser examinada
a conciencia. La comisión de Volcker está investigando
acertadamente estas dos denuncias, pero ninguna de ellas tiene
nada que ver con los que deben ser reconocidos como los auténticos
escándalos del programa "Petróleo por Alimentos":
1. El papel de los Estados
Unidos en relación con la aprobación deliberada
(o en ocasiones simple tolerancia, con un guiño y un movimiento
de cabeza) de ventas de petróleo al margen del Programa
a Jordania y Turquía, que enviaron miles de millones en
divisas fuertes directamente al régimen de Sadam Huseín
de manera inexplicable. Las ventas especiales de petróleo
a Jordania se basaron en un protocolo especial del Consejo; las
ventas a Turquía miembro de la OTAN y aliado de vital
importancia de los EE.UU. por su apoyo a las patrullas militares
británico-estadounidenses del espacio aéreo limitado
y a las frecuentes campañas de bombardeos contra Iraq
fueron aprobadas de manera informal pero ampliamente conocidas
por el Consejo. Ambos acuerdos se basaron en el artículo
50 de la Carta de las Naciones Unidas, que da especial consideración
a los países afectados por sanciones impuestas por la
ONU contra un estado colindante.
2. El papel de los Estados Unidos en la debilitación de
la capacidad del programa "Petróleo por Alimentos"
para sostener a la población civil de Iraq, reclamando
que hasta el 30% de los ingresos iraquíes por petróleo
se dedicaran al pago de los costes generales en que incurría
la ONU y de las reparaciones de guerra solicitadas por Kuwait,
Israel y otras naciones ricas. Del mismo modo, EE.UU. se dedicó
a poner trabas a los contratos, evitando la posibilidad de que
Iraq tuviese acceso a bienes humanitarios vitales.
3. Y, el más importante, el papel de los Estados Unidos
en la imposición de las sanciones económicas que
últimamente han alcanzado el nivel de genocidas contra
Iraq, y en cómo manipularon al Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas para mantenerlas.
Las actuales reivindicaciones
para que Kofi Annan dimita, basadas en rumores e insinuaciones,
no pueden verse más que como un medio de atacar a las
Naciones Unidas en conjunto. El hecho de que los ataques procedan
mayoritariamente de los sectores conservadores del Congreso,
los gabinetes estratégicos y medios de comunicación,
y no de la propia Casa Blanca, reflejan los vínculos de
la administración Bush con las petroleras estadounidenses,
las cuales, al comprar petróleo iraquí, fueron
durante años activas participantes en la trama del soborno.
Puede reflejar el reconocimiento, hecho a regañadientes,
de la Casa Blanca de que, justo ahora, en vísperas de
poner en marcha los defectuosos planes para las elecciones iraquíes,
los Estados Unidos necesitan más, y no menos, implicación
de las Naciones Unidas en Iraq. Y puede que simplemente signifique
que el gobierno ha determinado que se le sirve mejor dejando
que los sustitutos lleven las riendas.
El Grupo
de Reforma de la ONU
La aparición del informe
del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos
y el Cambio es un importante logro para la ONU, y ha conseguido
traer a las primeras líneas del programa mundial muchos
asuntos cruciales y entrelazados en relación con la pobreza,
la discapacitación, la degradación medioambiental
y muchas más. La atención de los medios en el informe
se ha centrado mucho en el asunto de la expansión del
Consejo de Seguridad, ignorando otras valoraciones más
importantes; es relevante, por ejemplo, que el informe rechace
explícitamente la idea de que "la seguridad se preserva
mejor por medio de un equilibrio de poderes o por cualquier superpoder,
aunque sea benévolamente motivado".
El Grupo de Reforma, al identificar
cuidadosamente las posiciones enfrentadas, reconoció que
"el rechazo del Consejo de Seguridad a inclinarse ante la
presión de los Estados Unidos por legitimar la guerra
[de Iraq] es una prueba de su relevancia e indispensabilidad:
aunque el Consejo de Seguridad no impidió el estallido
de la guerra, proporcionó un baremo claro y bien motivado
con el cual evaluar la decisión de ir a la guerra. Las
riadas de ministros extranjeros entrando en las cámaras
del Consejo de Seguridad durante los debates y la extendida opinión
pública sugirieron que la decisión de los EE.UU.
de llevar la cuestión de la fuerza ante el Consejo de
Seguridad reafirmaba no sólo la relevancia de la Carta
de las Naciones Unidas, sino su centralidad".
El Grupo de Reforma falla,
sin embargo, en una materia clave: perfeccionar la democracia
de las Naciones Unidas. Llama al refuerzo del antidemocrático
Consejo de Seguridad, sugiriendo que sea "más proactivo"
en el futuro pero acusa a la Asamblea General (por mucho, la
más democrática de las agencias de las Naciones
Unidas) de haber "perdido vitalidad y, a menudo, no centrarse
acertadamente en los asuntos más imperiosos del orden
del día". Y esto a pesar del papel crucial que desempeñó
la Asamblea General en la edificación del rechazo internacional
y de la ONU de la guerra de Bush en Iraq, y a pesar de la potencial
mayor relevancia que conseguiría la ONU si confiriera
aún más poderes a una Asamblea aún más
democrática.
Una importante contribución
del informe del Grupo de Reforma es el reconocimiento de la amplitud
de amenazas a las que hacen frente las Naciones Unidas y el mundo
del siglo XXI: no están limitadas a la amenaza del terrorismo,
como sigue proclamando la administración Bush, sino que
comprenden todo un abanico de amenazas interconectadas entre
las que se encuentran la pobreza, las enfermedades infecciosas
especialmente el VIH-SIDA, la degradación medioambiental,
los conflictos interestatales, los conflictos internos entre
los que se encuentran las guerras civiles y los casos de genocidio,
las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas,
el terrorismo y el crimen internacional organizado. El reconocimiento
de estas extendidas crisis sociales y su naturaleza interconectada
e indivisible es, sin duda, una importante contribución.
Un desarrollo crucialmente relevante del informe tiene que ver,
sin embargo, con la redefinición de la legitimidad del
uso de la fuerza preventiva. Es importante resaltar que el Grupo
de Reforma no favoreció el abandono, ni siquiera la reinterpretación
oficial del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
que define las condiciones extremadamente restrictivas bajo las
cuales una nación puede legítimamente usar la fuerza
en defensa propia (establece que se puede emplear dicha fuerza
"si tiene lugar un ataque armado" y sólo "hasta"
que el Consejo de Seguridad pueda llegar a determinar una respuesta
colectiva).
El informe reconoce que el
artículo 51 debería ser interpretado de forma que
incluyera la defensa propia de un estado que se enfrenta a una
amenaza inminente, como la que supondría que un estado
hostil cargara misiles balísticos en sus plataformas de
lanzamiento. Pero, en el momento decisivo, el informe no contesta
la pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando un
estado justifica su defensa propia diciendo que hace frente a
una amenaza inminente, pero en realidad esa afirmación
es falsa? Además, ¿sobre quién recae la
capacidad de determinar la legitimidad de dicha afirmación?
Podría deducirse la peligrosa consecuencia de que cualquier
país, siguiendo las pautas de descaradas mentiras que
sirvieron de base a las denuncias de Washington y Londres sobre
la amenaza inminente que suponía Iraq (¿recuerdan
a Tony Blair anunciando que Iraq podía lanzar un misil
en 45 minutos?) tendría el derecho de, simplemente, anunciar
al mundo que un país X representa un peligro inminente
y, en consecuencia, comunica que tiene derecho a ir a la guerra
sin autorización del Consejo de Seguridad. El Grupo de
Reforma no dice nada sobre quién debe exigir responsabilidades
a estos gobiernos responsables de falsas afirmaciones. La otra
pregunta clave que permanece sin respuesta es si existe un reconocimiento
implícito del estilo del doble rasero que caracteriza
gran parte de la política de la ONU (con aquellos países
que pueden ejercer derecho a veto en el Consejo de Seguridad
sujetos a un nivel de responsabilidad menos estricto que el resto
de los países).
El Grupo de Reforma dio lugar
al comienzo de un conjunto de criterios para determinar la legitimidad
de la fuerza militar. Las pautas se encaminan hacia una autorización
de la fuerza por parte de las Naciones Unidas, pero el Grupo
de Reforma urge a los gobiernos para que también ellos
los acepten. Estos criterios pasan porque la amenaza sea suficientemente
seria como para justificar el uso de la fuerza militar, y exigen
que el propósito primario de la acción militar
propuesta debe ser claramente detener la amenaza, así
como que exista una "consecuencia razonable" por la
cual la acción militar funcionará contra la amenaza
y sus consecuencias no serán peores que las que tendrían
lugar en caso de no hacer nada. Pero de nuevo no existe ninguna
propuesta para exigir responsabilidades a aquellos gobiernos
a causa de estas pautas, por no hablar de cómo habría
que tratar con los gobiernos delincuentes que iniciaran acciones
militares desafiando estas directrices, como es el caso de la
guerra de Washington en Iraq.
El Grupo de Reforma diferencia
la fuerza militar "preferente", empleada de forma unilateral
por un país que dice hacer frente a una ostensible amenaza
inminente, de la fuerza militar "preventiva", usada
en "autodefensa anticipatoria", lo que implica una
amenaza de mayor alcance pero que no se considera inminente.
Tal y como lo describe el Grupo de Reforma, "lo más
fácil, si existen buenos argumentos para una acción
militar preventiva, sería presentarlos ante el Consejo
de Seguridad para que autorizara dicha acción, si es que
decide hacerlo". En otras palabras, el Grupo de Reforma
anticipa que, incluso sin "una nueva versión o una
nueva interpretación del artículo 51", el
Consejo puede autorizar el uso de la fuerza preventiva algo
que nunca antes se había considerado legítimo en
el ámbito del derecho Internacional. Tal autorización,
si fuera concedida por el Consejo, comprometería mucho
más, quizás irreparablemente, la credibilidad de
la Organización de las Naciones Unidas.
En la diplomáticamente
compleja área del genocidio y la limpieza étnica
dentro del ámbito de un estado claramente soberano, el
Grupo de Reforma se adentra en un terreno nuevo al defender la
obligación que la comunidad internacional tiene de proteger
a los pueblos que se encuentren en peligro. Establece que "existe
un reconocimiento creciente de que este asunto no trata el "derecho
a intervenir" de ningún estado, sino la "responsabilidad
de proteger" que todo estado tiene cuando se trata de pueblos
que sufren a causa de catástrofes evitables asesinatos
y violaciones en masa, limpiezas étnicas por medio de
expulsiones forzosas y terror, e inanición y exposición
a enfermedades deliberadas. Y se acepta de forma creciente
que, si bien los gobiernos soberanos tienen la responsabilidad
primaria de proteger a sus propios ciudadanos de tales catástrofes,
cuando no son capaces o no quieren hacerlo dicha responsabilidad
debe ser adoptada por la más amplia comunidad internacional,
que abarque una prevención continua, una respuesta a la
violencia si es necesaria y la reconstrucción de sociedades
destruidas". Aún así, no queda claro si este
lenguaje podría usarse para fortalecer las llamadas de
la ONU para proveer de protección internacional a los
palestinos que viven bajo la ocupación israelí.
El informe del Grupo de Reforma
supone importantes avances en otras áreas como el reconocimiento
de que el apartado VI del Tratado de No Proliferación
(TNP) necesita el reconocimiento de los Estados Unidos y de otras
potencias nucleares para avanzar hacia un desarme nuclear completo.
El informe se lamenta de la debilidad del conjunto del TNP. Pero
al reconocer las obligaciones de los estados con armas nucleares
más poderosas y no centrarse sólo, como hace la
política estadounidense, en la posible proliferación
de tales armas en otros países no nucleares, el Grupo
de Reforma apoya una responsabilidad global más equitativa
de conformidad con el TNP.
Las secciones que tratan el
cambio en la composición del Consejo de Seguridad proporcionan
dos propuestas paralelas para la expansión del Consejo
en relación con la estructura actual de cinco miembros
permanentes con derecho de veto y diez miembros no permanentes
elegidos para períodos de dos años. Ambas propuestas
supondrían añadir un total de nueve nuevos miembros
al Consejo: una implicaría añadir seis nuevos miembros
permanentes pero sin derecho de veto (dos africanos, dos asiáticos,
uno sudamericano y otro europeo) junto con tres nuevos miembros
no permanentes, y la otra añadiría ocho nuevos
miembros sin derecho de veto elegidos cada cuatro años
(dando a los miembros más poderosos una especie de "ilusión
de permanencia"), así como un nuevo miembro no permanente
elegido cada dos años. El Grupo de Reforma no recomienda
la expansión del poder del veto, pero tampoco propone
métodos para terminar definitivamente con este antidemocrático
sistema del veto.
El Grupo de Reforma reconoció
que cualquier expansión del Consejo, bajo cualquiera de
estas propuestas, "daría preferencia para las plazas
permanentes o de larga permanencia a aquellos estados que se
encuentren entre los tres mayores contribuyentes financieros
al presupuesto regular en su área regional principal,
o a los tres mayores contribuyentes voluntarios de su área
regional, o a los tres que con más tropas contribuyeran,
dentro de sus áreas regionales, a las misiones de mantenimiento
de paz de la ONU". Esto minaría el antiguo principio
de las Naciones Unidas por el cual el apoyo financiero de la
Organización se basa en el principio de la "equidad
de perjuicio" (lo cual sostendría que es tan difícil
para los EE.UU. pagar el multimillonario 22% del presupuesto
de las Naciones Unidas como lo es para los empobrecidos Chad
o Laos pagar su pequeña fracción del 1% del presupuesto
que constituye su parte). Esto privilegiaría a los estados
más ricos y, en algunos casos, a aquellos con unas fuerzas
armadas lo suficientemente grandes como para enviar tropas al
extranjero durante años a las misiones de la ONU.
De hecho, no parece que ninguna
de las propuestas para la expansión del Consejo vayan
a convertirse en realidad en un corto plazo de tiempo. Antes
al contrario, el informe del Grupo de Reforma está impulsando
una discusión global sobre la naturaleza antidemocrática
e ilegítima de la actual composición del Consejo,
avanzando de ese modo el esfuerzo más útil para
deslegitimar el poder del Consejo en favor de aumentar el poder
de la mucho más democrática Asamblea General.
En términos generales,
a pesar de sus insignificantes insuficiencias, el informe del
Grupo de Reforma representa un enorme avance institucional en
la causa de la reforma de las Naciones Unidas y en la lucha por
la centralidad global de la ONU, en particular en lo que respecta
a las entrelazadas relaciones entre las crisis económicas,
sociales, medioambientales y de seguridad. Aunque los movimientos
internacionales por la paz y la justicia no refrenden de modo
absoluto sus recomendaciones, deben ver el informe del Grupo
de Reforma, globalmente, como un importante paso en la reclamación
de las Naciones Unidas como parte de nuestra movilización
global contra los saqueos del imperio.
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