Paremos la guerra contra Iraq


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Paremos la guerra contra Iraq


La Administración Bush detalla el programa para instaurarse como nueva potencia colonial en Iraq tras su invasión militar

9 de enero de 2003. Nota informativa CSCAweb (www.nodo50.org/csca)

El equipo de seguridad nacional del presidente Bush ha concluido un plan que establece una fuerte ocupación militar de Iraq al menos por un periodo de 18 meses, juicios militares de los dirigentes iraquíes, y la toma del control y la gestión de los campos de petróleo del país para iniciar su 'recuperación'.

Una vez que la estrategia mediática desarrollada por la Administración Bush desde hace más de dos años ha permitido hacer de la guerra contra Iraq un hecho ineludible y asumido por la opinión pública internacional, cuando ya se han neutralizado los obstáculos diplomáticos y políticos mediante presiones e imposiciones a Naciones Unidas (NNUU), y habiendo desplegado la maquinaria bélica estadounidense en el Golfo Pérsico, el Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca han filtrado a la prensa el plan que permitirá a EEUU reinstaurar en Oriente Medio, sin oposición alguna, una administración equivalente a la que el colonialismo europeo implantó en la región hace un siglo.

Por medio de un documento oficial denominado eufemísticamente "Administración y democratización de Iraq" -cuyo contenido ha sido parcialmente revelado al periódico The New York Times el pasado 6 de diciembre [1] por responsables de la Administración Bush- EEUU ha comenzado a perfilar los detalles del plan que guiará la administración de Iraq una vez que el gobierno actual de este país haya sido derrocado.

El referente que ha guiado la elaboración de este proyecto retoma los antecedentes de la ocupación de Japón y Alemania tras la II Guerra Mundial. Igualmente, su armazón legal ha requerido el estudio de precedentes de casos que se remontan a la administración estadounidense de Filipinas tras la guerra entre España y EEUU de 1898. A pesar de que su aplicación está sujeta a los imprevistos que puedan derivarse, no ya de que el actual gobierno sea derrocado -cuestión ésta que se da por hecha-, sino de cómo se produzca el derrocamiento y la toma del poder por EEUU, así como de qué tipo de intervención se trate -unilateral o con tropas de países aliados-, el documento explicita que "el aparato militar estadounidense será el actor central que gobierne el país por algún tiempo". Los objetivos básicos, tal y como se describen en el citado documento, quedan fijados en dos: "preservar Iraq como un Estado unitario, con su integridad territorial intacta" e "impedir la interferencia no deseada del exterior sea militar o no militar".

Autoridad militar estadounidense

Dados los temores de la hostilidad árabe que sin duda generará la reinstauración de un poder colonial en el espacio árabe, los asesores de seguridad estadounidenses han previsto tamizarlo mediante la instauración de una administración híbrida combinada por un comandante del Ejército de EEUU, encargado de las cuestiones de seguridad, y por algún tipo de administrador civil "designado por NNUU", cuyas atribuciones serán "dirigir la economía del país, [...] reconstruir sus escuelas y sus instituciones políticas [...] y administrar los programas de ayuda [humanitaria]. El documento no explicita si el administrador civil será estadounidense o si será dependiente de NNUU. En cualquier caso, se asume -como ya se anunció el pasado octubre [2]- que durante el primer año y medio tras la ocupación de Iraq, el mando militar estadounidense ostentará "una autoridad incuestionable".

Frente a las especulaciones acerca de la incorporación de un eventual gobierno de transición con presencia de los grupos opositores del exterior financiados por Washington, y contrariamente a lo que muchos de estos grupos pretendían [3], el documento concluye que EEUU "no instalará abiertamente un gobierno provisional ni designará a sus líderes". Esta decisión es el resultado de las divisiones internas que se han creado desde los últimos años en las propias esferas políticas y militares de la Administración Bush en relación con los numerosos pero fragmentados grupos iraquíes de oposición. Siguiendo la línea marcada por la intervención en Afganistán, el vicepresidente Dick Cheney, el Pentágono y, a su cabeza, el secretario de Defensa Donald Rumself han mantenido hasta ahora una línea de apoyo a la creación de un gobierno provisional con elementos de la oposición iraquí (preferentemente del Congreso Nacional Iraquí [4]) antes de que se produjera la caída de Bagdad y sujeto a la autoridad militar estadounidense durante un periodo inicial, aunque con previsión de evacuar las tropas estadounidenses a corto plazo y mantener su tutela política.

Frente a esta línea, el Departamento de Estado y la CIA han modificado su respaldo a la creación de un gobierno de transición con opositores venidos del extranjero debido a la dificultad de organizarlos: a pesar de las múltiples reuniones, conferencias e inversión económica que lleva haciendo EEUU desde 1991 para lograr organizar a la oposición iraquí en el exilio como interlocución política alternativa al gobierno de Bagdad que legitime su intervención en el país [5], la multiplicidad de intereses diversos que mueven a dichos grupos, las críticas que les acusan de malversar los fondos destinados a su organización para fines personales, y, muy particularmente, la carencia de legitimidad interna, han determinado un cambio en la táctica del Departamento de Estado y de la CIA. Desde hace solo muy pocas semanas, estas instancias estadounidenses habrían empezado a proponer la creación de una "agencia civil internacional [...] asesorada por iraquíes y protegida por fuerzas de paz aliadas, para que gobernase la nación hasta que los iraquíes eligieran un gobierno local, crearan una constitución y eventualmente, seleccionaran una legislatura nacional, siguiendo el modelo de la posguerra en Afganistán".

La Casa Blanca, por su parte, ha optado por considerar la opción de un futuro gobierno iraquí compuesto de iraquíes del exterior y del interior de Iraq, una vez que la administración militar lleve a cabo en un plazo mínimo de 18 meses la remodelación del país a la medida que corresponde a los intereses de EEUU.

La gestión del petróleo iraquí

Proclamando cínicamente que el petróleo iraquí seguirá siendo "patrimonio del pueblo de Iraq", la Administración Bush hace algunas consideraciones previas sobre cómo evitar los daños a los campos de petróleo y a las instalaciones de la industria del crudo iraquíes durante la ofensiva bélica contra el país, y planea utilizar los dispositivos militares y las tropas oportunas para defenderlos de una supuesta "amenaza de destrucción" por parte de las propias fuerzas iraquíes, "en un intento de que parezca que la destrucción ha sido obra de las fuerzas estadounidenses".

Vinculando embargo, guerra, destrucción y reconstrucción de Iraq, el proyecto de la Administración Bush para Iraq prevé una rápida toma del control y gestión del petróleo iraquí para "pagar la reconstrucción" derivada del desastre de la guerra y de 12 años de sanciones provocados por quienes pretenden reconstruirlo. Asimismo, la Administración Bush es concluyente al afirmar que el programa "petróleo por alimentos" de NNUU (por el que desde 1996 se permite a Iraq vender su petróleo para adquirir alimentos y algunas medicinas) "deberá ser modificado de manera inmediata para que los ingresos puedan ser utilizados más ampliamente en el país".

Igualmente, el documento deja constancia de que los asesores del Departamento de Estado están todavía evaluando "si un Iraq ocupado tendrá representación en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en quién recaerá esa representación". Ante la previsión de que los otros miembros de la OPEP puedan acusar a EEUU de bombear más petróleo iraquí que el permitido por las cuotas establecidas por la organización, responsables de Washington han indicado que la Administración Bush "está ya barajando estrategias para hacer frente a esos temores".

Derrocamiento y juicios militares

El documento filtrado revela igualmente que tras la ocupación del país los más altos cargos del régimen iraquí serán sometidos a juicio militar (probablemente acusados de Crímenes de Guerra), en tanto que a aquellos que hayan ocupado cargos pero que colaboren para el derrocamiento del gobierno "se les concederá indulgencia".

Esta estrategia de crear "máxima presión" ante la dirección iraquí, el ejército y, particularmente, entre los científicos iraquíes supuestamente vinculados con la industria militar iraquí, viene siendo aplicada desde el pasado octubre directamente por el propio presidente Bush quien ha reiterado públicamente que una respuesta militar por parte de Iraq con armamento de destrucción masiva significará la acusación y enjuiciamiento de los generales iraquíes como criminales de guerra.
Combinando esta advertencia con el llamamiento a desertar y a no oponer resistencia a la invasión de EEUU, los aviones estadounidenses y británicos que patrullan ilegalmente las denominadas "zonas de exclusión aérea" al norte y sur de Iraq, vienen lanzando masivamente desde el aire, al menos desde las dos últimas semanas, folletos escritos en árabe dirigidos a la población y a las fuerzas militares iraquíes.

Igualmente, en el marco de las inspecciones de armamento llevadas a cabo por el equipo de NNUU, EEUU ha reiterado públicamente que aquellos oficiales del ejército iraquí y personal civil investigador y científico implicado en la industria militar nacional que ofrezcan información sobre armamento de destrucción masiva, "podrán ganar alguna redención". La exigencia de EEUU de que las entrevistas que los inspectores tiene que hacer a los científicos iraquíes deben realizarse fuera de Iraq, y la extensión de los permisos de salida a todas sus familias, forma parte, igualmente, de esta estrategia de persuasión para que la inteligencia nacional iraquí abandone el país.

La CIA y otras agencias estadounidenses ya han preparado listados con nombres de altos cargos del aparato militar y de la seguridad iraquíes susceptibles de ser enjuiciados como criminales de guerra. Por su parte, el Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para articular y poner en marcha tras la ocupación militar de Iraq un proceso denominado "verdad y reconciliación" que, siguiendo el modelo del aplicado en su día en Sudáfrica, "podría someter a los acusados de violar derechos humanos a la vergüenza pública sin castigarlos necesariamente".

En cuanto a las instituciones vigentes en Iraq, el plan de administración prevé que aquellas "identificadas como próximas al régimen de Sadam [Husein], como los tribunales revolucionarios [sic] o la organización de la seguridad especial, serán eliminadas, si bien la mayor parte de las instituciones serán reformadas y mantenidas".


Notas:

1. El documento es la base del artículo firmado por David E. Sanger y James Dao bajo el título "US is completing a plan to promote a democratic Iraq", The New York Times, 6 de enero de 2003
2. Véase en CSCAweb:
La Administración Bush prevé la ocupación indefinida de Iraq y la imposición de un régimen militar provisional estadounidense
3. Véase en CSCAweb:
El reparto de poder en el futuro de Iraq tras la guerra divide de nuevo a los opositores iraquíes. Sobre un sector de la oposición patriota y nacionalista iraquí no vinculada con EEUU, véase en CSCAweb: Entrevista con Abd al-Jabbar al-Kubaysi: La oposición patriota iraquí lista para regresar y defender el país de la agresión de EEUU
4. Véase en CSCAweb:
La oposición iraquí en el exilio
5. Véase en CSCAweb:
EEUU y Gran Bretaña vuelven a convocar en Londres a una enfrentada oposición iraquí para diseñar el futuro de Iraq tras la guerra y ocupación del país



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