La Administración Bush
detalla el programa para instaurarse como nueva potencia colonial
en Iraq tras su invasión militar
9 de enero de 2003. Nota informativa CSCAweb
(www.nodo50.org/csca)
El equipo de seguridad
nacional del presidente Bush ha concluido un plan que establece
una fuerte ocupación militar de Iraq al menos por un periodo
de 18 meses, juicios militares de los dirigentes iraquíes,
y la toma del control y la gestión de los campos de petróleo
del país para iniciar su 'recuperación'.
Una
vez que la estrategia mediática desarrollada por la Administración
Bush desde hace más de dos años ha permitido hacer
de la guerra contra Iraq un hecho ineludible y asumido por la
opinión pública internacional, cuando ya se han
neutralizado los obstáculos diplomáticos y políticos
mediante presiones e imposiciones a Naciones Unidas (NNUU), y
habiendo desplegado la maquinaria bélica estadounidense
en el Golfo Pérsico, el Departamento de Estado, el Pentágono
y la Casa Blanca han filtrado a la prensa el plan que permitirá
a EEUU reinstaurar en Oriente Medio, sin oposición alguna,
una administración equivalente a la que el colonialismo
europeo implantó en la región hace un siglo.
Por medio de un documento oficial denominado eufemísticamente
"Administración y democratización de Iraq"
-cuyo contenido ha sido parcialmente revelado al periódico
The New York Times el pasado 6 de diciembre [1] por
responsables de la Administración Bush- EEUU ha comenzado
a perfilar los detalles del plan que guiará la administración
de Iraq una vez que el gobierno actual de este país haya
sido derrocado.
El referente que ha guiado la elaboración de este proyecto
retoma los antecedentes de la ocupación de Japón
y Alemania tras la II Guerra Mundial. Igualmente, su armazón
legal ha requerido el estudio de precedentes de casos que se
remontan a la administración estadounidense de Filipinas
tras la guerra entre España y EEUU de 1898. A pesar de
que su aplicación está sujeta a los imprevistos
que puedan derivarse, no ya de que el actual gobierno sea derrocado
-cuestión ésta que se da por hecha-, sino de cómo
se produzca el derrocamiento y la toma del poder por EEUU, así
como de qué tipo de intervención se trate -unilateral
o con tropas de países aliados-, el documento explicita
que "el aparato militar estadounidense será el actor
central que gobierne el país por algún tiempo".
Los objetivos básicos, tal y como se describen en el citado
documento, quedan fijados en dos: "preservar Iraq como un
Estado unitario, con su integridad territorial intacta"
e "impedir la interferencia no deseada del exterior sea
militar o no militar".
Autoridad militar estadounidense
Dados los temores de la hostilidad árabe que sin duda
generará la reinstauración de un poder colonial
en el espacio árabe, los asesores de seguridad estadounidenses
han previsto tamizarlo mediante la instauración de una
administración híbrida combinada por un
comandante del Ejército de EEUU, encargado de las cuestiones
de seguridad, y por algún tipo de administrador civil
"designado por NNUU", cuyas atribuciones serán
"dirigir la economía del país, [...] reconstruir
sus escuelas y sus instituciones políticas [...] y administrar
los programas de ayuda [humanitaria]. El documento no explicita
si el administrador civil será estadounidense o si será
dependiente de NNUU. En cualquier caso, se asume -como ya se
anunció el pasado octubre [2]- que durante el primer
año y medio tras la ocupación de Iraq, el mando
militar estadounidense ostentará "una autoridad incuestionable".
Frente a las especulaciones acerca de la incorporación
de un eventual gobierno de transición con presencia de
los grupos opositores del exterior financiados por Washington,
y contrariamente a lo que muchos de estos grupos pretendían
[3], el documento concluye que EEUU "no instalará
abiertamente un gobierno provisional ni designará a sus
líderes". Esta decisión es el resultado de
las divisiones internas que se han creado desde los últimos
años en las propias esferas políticas y militares
de la Administración Bush en relación con los numerosos
pero fragmentados grupos iraquíes de oposición.
Siguiendo la línea marcada por la intervención
en Afganistán, el vicepresidente Dick Cheney, el Pentágono
y, a su cabeza, el secretario de Defensa Donald Rumself han mantenido
hasta ahora una línea de apoyo a la creación de
un gobierno provisional con elementos de la oposición
iraquí (preferentemente del Congreso Nacional Iraquí
[4]) antes de que se produjera la caída de Bagdad
y sujeto a la autoridad militar estadounidense durante un periodo
inicial, aunque con previsión de evacuar las tropas estadounidenses
a corto plazo y mantener su tutela política.
Frente a esta línea, el Departamento de Estado y la
CIA han modificado su respaldo a la creación de un gobierno
de transición con opositores venidos del extranjero debido
a la dificultad de organizarlos: a pesar de las múltiples
reuniones, conferencias e inversión económica que
lleva haciendo EEUU desde 1991 para lograr organizar a la oposición
iraquí en el exilio como interlocución política
alternativa al gobierno de Bagdad que legitime su intervención
en el país [5], la multiplicidad de intereses diversos
que mueven a dichos grupos, las críticas que les acusan
de malversar los fondos destinados a su organización para
fines personales, y, muy particularmente, la carencia de legitimidad
interna, han determinado un cambio en la táctica del Departamento
de Estado y de la CIA. Desde hace solo muy pocas semanas, estas
instancias estadounidenses habrían empezado a proponer
la creación de una "agencia civil internacional
[...] asesorada por iraquíes y protegida por fuerzas de
paz aliadas, para que gobernase la nación hasta que los
iraquíes eligieran un gobierno local, crearan una constitución
y eventualmente, seleccionaran una legislatura nacional, siguiendo
el modelo de la posguerra en Afganistán".
La Casa Blanca, por su parte, ha optado por considerar la opción
de un futuro gobierno iraquí compuesto de iraquíes
del exterior y del interior de Iraq, una vez que la administración
militar lleve a cabo en un plazo mínimo de 18 meses la
remodelación del país a la medida que corresponde
a los intereses de EEUU.
La gestión del petróleo
iraquí
Proclamando cínicamente que el petróleo iraquí
seguirá siendo "patrimonio del pueblo de Iraq",
la Administración Bush hace algunas consideraciones previas
sobre cómo evitar los daños a los campos de petróleo
y a las instalaciones de la industria del crudo iraquíes
durante la ofensiva bélica contra el país, y planea
utilizar los dispositivos militares y las tropas oportunas para
defenderlos de una supuesta "amenaza de destrucción"
por parte de las propias fuerzas iraquíes, "en un
intento de que parezca que la destrucción ha sido obra
de las fuerzas estadounidenses".
Vinculando embargo, guerra, destrucción y reconstrucción
de Iraq, el proyecto de la Administración Bush para Iraq
prevé una rápida toma del control y gestión
del petróleo iraquí para "pagar la reconstrucción"
derivada del desastre de la guerra y de 12 años de sanciones
provocados por quienes pretenden reconstruirlo. Asimismo, la
Administración Bush es concluyente al afirmar que el programa
"petróleo por alimentos" de NNUU (por el que
desde 1996 se permite a Iraq vender su petróleo para adquirir
alimentos y algunas medicinas) "deberá ser modificado
de manera inmediata para que los ingresos puedan ser utilizados
más ampliamente en el país".
Igualmente, el documento deja constancia de que los asesores
del Departamento de Estado están todavía evaluando
"si un Iraq ocupado tendrá representación
en la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y en quién recaerá esa representación".
Ante la previsión de que los otros miembros de la OPEP
puedan acusar a EEUU de bombear más petróleo iraquí
que el permitido por las cuotas establecidas por la organización,
responsables de Washington han indicado que la Administración
Bush "está ya barajando estrategias para hacer frente
a esos temores".
Derrocamiento y juicios militares
El documento filtrado revela igualmente que tras la ocupación
del país los más altos cargos del régimen
iraquí serán sometidos a juicio militar (probablemente
acusados de Crímenes de Guerra), en tanto que a aquellos
que hayan ocupado cargos pero que colaboren para el derrocamiento
del gobierno "se les concederá indulgencia".
Esta estrategia de crear "máxima presión"
ante la dirección iraquí, el ejército y,
particularmente, entre los científicos iraquíes
supuestamente vinculados con la industria militar iraquí,
viene siendo aplicada desde el pasado octubre directamente por
el propio presidente Bush quien ha reiterado públicamente
que una respuesta militar por parte de Iraq con armamento de
destrucción masiva significará la acusación
y enjuiciamiento de los generales iraquíes como criminales
de guerra.
Combinando esta advertencia con el llamamiento a desertar y a
no oponer resistencia a la invasión de EEUU, los aviones
estadounidenses y británicos que patrullan ilegalmente
las denominadas "zonas de exclusión aérea"
al norte y sur de Iraq, vienen lanzando masivamente desde el
aire, al menos desde las dos últimas semanas, folletos
escritos en árabe dirigidos a la población y a
las fuerzas militares iraquíes.
Igualmente, en el marco de las inspecciones de armamento llevadas
a cabo por el equipo de NNUU, EEUU ha reiterado públicamente
que aquellos oficiales del ejército iraquí y personal
civil investigador y científico implicado en la industria
militar nacional que ofrezcan información sobre armamento
de destrucción masiva, "podrán ganar alguna
redención". La exigencia de EEUU de que las entrevistas
que los inspectores tiene que hacer a los científicos
iraquíes deben realizarse fuera de Iraq, y la extensión
de los permisos de salida a todas sus familias, forma parte,
igualmente, de esta estrategia de persuasión para que
la inteligencia nacional iraquí abandone el país.
La CIA y otras agencias estadounidenses ya han preparado listados
con nombres de altos cargos del aparato militar y de la seguridad
iraquíes susceptibles de ser enjuiciados como criminales
de guerra. Por su parte, el Departamento de Estado ha creado
un grupo de trabajo para articular y poner en marcha tras la
ocupación militar de Iraq un proceso denominado "verdad
y reconciliación" que, siguiendo el modelo del aplicado
en su día en Sudáfrica, "podría someter
a los acusados de violar derechos humanos a la vergüenza
pública sin castigarlos necesariamente".
En cuanto a las instituciones vigentes en Iraq, el plan de
administración prevé que aquellas "identificadas
como próximas al régimen de Sadam [Husein], como
los tribunales revolucionarios [sic] o la organización
de la seguridad especial, serán eliminadas, si bien la
mayor parte de las instituciones serán reformadas y mantenidas".
Notas:
1. El documento
es la base del artículo firmado por David E. Sanger y
James Dao bajo el título "US is completing a plan
to promote a democratic Iraq", The New York Times,
6 de enero de 2003
2. Véase en CSCAweb: La Administración
Bush prevé la ocupación indefinida de Iraq y la
imposición de un régimen militar provisional estadounidense
3. Véase en CSCAweb: El reparto de poder
en el futuro de Iraq tras la guerra divide de nuevo a los opositores
iraquíes.
Sobre un sector de la oposición patriota y nacionalista
iraquí no vinculada con EEUU, véase en CSCAweb:
Entrevista
con Abd al-Jabbar al-Kubaysi: La oposición patriota iraquí
lista para regresar y defender el país de la agresión
de EEUU
4. Véase en CSCAweb: La oposición
iraquí en el exilio
5. Véase en CSCAweb: EEUU y Gran Bretaña
vuelven a convocar en Londres a una enfrentada oposición
iraquí para diseñar el futuro de Iraq tras la guerra
y ocupación del país
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