Mientras
EEUU pretende forzar el respaldo del Consejo de Seguridad para
la intervención contra Iraq, Israel adelanta a noviembre
el ataque y aprovecha la situación para incrementar la
represión contra los palestinos
Nota Informativa CSCAweb, 9 de septiembre
de 2002
CSCAweb (www.nodo50.org.csca)
Fuentes oficiales israelíes
afirman que la guerra de EEUU contra Iraq podría adelantarse
a noviembre. El gobierno Sharon instruye a sus servicios de seguridad
para activar los dispositivos defensivos en el interior de Israel.
En un juego de dilación diplomática interna y exterior,
la Administración Bush recaba infructuosamente el apoyo
de los miembros del Consejo de Seguridad para la ofensiva militar
mientras las fuerzas estadounidenses y británicas intensifican
la presión con bombardeos en el aérea de exclusión
aérea al sur de Iraq.
Mientras la diplomacia de Naciones Unidas (NNUU) espera a
la apertura de la primera sesión de la Asamblea General
de Nueva York, prevista para el 12 de septiembre, en la que ya
se ha anunciado que la guerra contra Iraq será elemento
central de la intervención de Bush, la Administración
estadounidense prosigue su labor de captación de apoyos
para intervenir militarmente contra el país árabe
entre los miembros del Consejo de Seguridad (CS). Sin embargo
-y pese a las estimaciones de fuentes diplomáticas occidentales
acerca de que el inicio de la guerra se llevará a cabo
a comienzos de año-, el periódico israelí
Ha'arezt en su edición de 6 de septiembre informa
acerca de una reunión de oficiales israelíes al
más alto nivel, incluidos Ariel Sharon y su ministro de
Defensa, el laborista Benjamin Ben Elizer, en la que se habría
anunciado que el comienzo de la guerra estaría listo para
el próximo mes de noviembre. El gobierno de Ariel Sharon
ha dado instrucciones a sus servicios de seguridad para avanzar
en los preparativos defensivos ante el eventual adelanto del
ataque de EEUU a Iraq.
Paralelamente y en medio de la ofensiva retórica de
la Administración Bush contra Iraq, las señales
de una creciente oposición a la intervención militar
se hacen más notorias. A nivel internacional, el rechazo
de Francia, Alemania, Rusia, China y Turquía a apoyar
la guerra sin mediar el mandato de NNUU -el canciller alemán
declaró el 6 de septiembre que Alemania no apoyaría
la guerra ni aún en el caso de que estuviese avalada por
este organismo internacional- así como las iniciativas
diplomáticas bilaterales permanentemente obstruidas por
la Administración Bush -Rusia sigue insistiendo baldíamente
en la necesidad de abrir un cauce de diálogo directo EEUU-Bagdad-
apuntan a una creciente oposición internacional a la determinación
de Bush que contrasta con la determinación del apoyo incondicional
británico expresado por Toni Blair en su reunión
con el presidente estadounidense en Washington.
En el interior de EEUU los signos de división son igualmente
reseñables. Si a nivel popular y según una encuesta
de la cadena ABC, el 56% de los estadounidenses apoya
una intervención militar contra Iraq (frente al 72% que
la apoyaba en marzo pasado), solo el 40% considera que el presidente
Bush tiene "una política clara respecto a Iraq".
El 80% estima que la guerra debería contar con la autorización
del Congreso. Igualmente, otra consulta popular de la CNN
señala que el 58% de los estadounidenses cree que la Administración
no ha hecho lo suficiente para explicar al público por
qué EEUU debe ejercer una acción militar para expulsar
a Sadam Husein del poder.
Más llamativas y controvertidas resultan, por la falta
de unidad que apuntan, las posiciones de los representantes oficiales
del gobierno de Bush. Mientras el vicepesidente Dick Cheney sigue
manifestándose públicamente en su tono habitual
contra Iraq y contra el presidente iraquí, insistiendo
en que la intervención militar debe producirse cuanto
antes, -"Sadam solo pretende "la dominación
de todo Oriente Medio para controlar una gran parte del abastecimiento
energético mundial, para amenazar directamente a los amigos
de EEUU de la región y para someter a EEUU y a otras naciones
al chantaje nuclear"-, el secretario de Estado Colin Powell
ha declarado que el primer paso a dar es el retorno de los inspectores
de armamento a Iraq para tener garantías de que este país
no está fabricando armas de destrucción masiva.
La diferencia de criterios de ambos políticos subraya
una sintomática discrepancia interna en las más
altas esferas de la Administración Bush cuyos primeros
signos trascendieron ya a los medios de comunicación desde
los últimos seis meses.
Esta discrepancia podría acentuarse si el Congreso
no consigue formar un "frente común" requerido
por el ex senador Bob Dole, quien ha exigido la profundización
del debate parlamentario y a pedido a la Administración
que solicite la autorización del Congreso. La previsión
de que Bush pueda actuar sin la aprobación del Congreso
ha sido acogida con escepticismo cuando no rechazo en los medios
políticos estadounidenses. El presidente de la Comisión
de Justicia, Tom Leahy ha reclamado el papel que la Constitución
de EEUU confiere al Congreso como única institución
nacional con poder para declarar la guerra.
Por lo que respecta a la oficialidad árabe, en el marco
de la reunión bianual de ministros de Asuntos Exteriores
árabes mantenida en El Cairo durantes este fin de semana,
se ha anunciado que los ministros árabes estudian la emisión
de una resolución que, respaldando a Iraq, reclamaría
una solución política negociada en el marco de
NNUU para la crisis.
Mientras tanto, Iraq sigue intensificando su estrategia diplomática
con el fin de prevenir el ataque de EEUU. Varios enviados del
gobierno se han desplazado a diversos países occidentales
y árabes para recabar apoyo contra la intervención
estadounidense. En la línea mantenida en los últimos
meses, el gobierno iraquí ha manifestado a través
de su viceprimer ministro Tareq Aziz que si bien Iraq no ha tomado
una decisión respecto al retorno de los inspectores de
desarme, su gobierno está en disposición de cooperar
con el CS para encontrar una solución a la crisis.
Vía libre para Sharon
Coincidiendo con la filtración israelí de un
eventual adelanto de la intervención militar de EEUU contra
Iraq para el mes de noviembre, el gobierno de Sharon sigue la
táctica de "a río revuelto, ganancia de pescadores".
La coyuntura previa a la guerra permitirá de nuevo a Israel
intensificar su estrategia de represión militar de la
población palestina en el marco de la "lucha contra
el terrorismo" que avala todas las acciones criminales
que el ejército israelí viene cometiendo en los
últimos meses y que violan sistemáticamente (y
sin que medie contestación de la comunidad internacional)
el Derecho Internacional. La resolución emitida por el
Tribunal Supremo israelí el pasado 3 de septiembre sobre
la aprobación de la política de deportaciones de
palestinos de Cisjordania a Gaza, constituye un ejemplo más
de cómo todas las instituciones oficiales israelíes
-en este caso la judicatura- cierran filas ante el estamento
militar cuando éste intensifica los mecanismos de presión
contra los palestinos. Si en las semanas anteriores y pese al
mantenido nivel de la violencia israelí, se filtraron
algunos indicios de la reanudación de las negociaciones
entre ciertos representantes palestinos y del gobierno de Sharon,
el despliegue militar israelí en Gaza y la partición
y separación de la Franja el sábado 7 en tres zonas
controladas por el ejército, vuelve a materializar la
realidad de los objetivos israelíes. De nada ha servido
la sumisión de Arafat y de la AP a las exigencias estadounidenses
e israelíes -apoyadas por la UE- de aceptar un cambio
interno favorable a los intereses del gobierno de Sharon: Arafat
sigue sin tener el reconocimiento israelí y los cambios
únicamente han fortalecido el aumento del control económico
y de seguridad militar israelí.
Como los hechos han demostrado especialmente en este último
año, las peores perspectivas se avecinan para la ya víctima
población palestina en el contexto de la nueva guerra
contra Iraq: la previsión de que el gobierno de Sharon
adopte medidas todavía más expeditivas que la de
la pura represión militar de los últimos meses,
mediante la expulsión masiva de palestinos para generar
un nuevo éxodo de refugiados, se contempla como más
que probable por parte de las organizaciones palestinas e israelo-palestinas
de derechos humanos.
En el contexto de los prolegómenos y el desarrollo
de una nueva guerra en la región, la actuación
israelí podría realizarse sin mayor riesgo de recriminación
de la comunidad internacional, consiguiendo con ello un nuevo
hecho consumado, una nueva realidad demográfica
en los Territorios Ocupados de difícil rectificación
y que a la larga, únicamente beneficiará a los
intereses israelíes procurando mayor violencia y desarraigo
para los palestinos.
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