Iraq-CELSI
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30 de octubre de 2002. Nota informativa CSCAweb (www.nodo50.org/csca) Al tiempo que prosiguen los preparativos militares de la guerra contra Iraq y se debate en el Consejo de Seguridad una nueva resolución que legitime la intervención, la Administración Bush ha activado un plan para promover el enjuiciamiento de altos cargos del régimen iraquí una vez sea ocupado el país. Para ello, EEUU establecerá tribunales especiales en Iraq, siendo los mandos militares estadounidenses quienes determinen qué personas deberán ser arrestadas. Paralelamente a los preparativos militares de la guerra contra Iraq y a las acciones diplomáticas ante los miembros del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU), la Administración estadounidense, a través de los responsables del Departamento de Estado, ha activado e intensificado un plan que data de la época del gobierno de Clinton [1] para promover el enjuiciamiento de altos cargos del régimen iraquí, empezando por el presidente Sadam Husein. El plan -ya adelantado públicamente hace unas semanas [2]- establece que " [...] el destino de los cuadros dirigentes de Iraq se considera crucial para el éxito de la operación liderada por EEUU contra Husein"[3], remitiéndose a los juicios de Nuremberg que siguieron a la derrota de la Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial, así como al Tribunal Internacional de La Haya que enjuicia en la actualidad al ex presidente de Yugoslavia Slodoban Milosevic. Respecto a la jurisdicción que deberá tener tal enjuiciamiento por Crímenes de Guerra, la Administración estadounidense prevé el establecimiento de tribunales especiales en Iraq una vez ocupado el país, a los que "[...] se asociarán, parcialmente, juristas internacionales". La remisión al Tribunal Penal Internacional ha sido excluida por la Administración Bush al no tener jurisdicción sobre sucesos cometidos con anterioridad a su creación el pasado 1 de julio. A pesar de que la Administración Bush no ha determinado aún quien llevará a cabo los casos contra los dirigentes iraquíes, el plan prevé que sean los comandos militares estadounidenses que intervengan en la invasión y guerra contra Iraq quienes determinen qué personas deben ser arrestadas para tal enjuiciamiento y a cuáles otras se les debe ofrecer cooperación. La oposición iraquí e INDICT Un grupo de trabajo supervisado por el Departamento de Estado e integrado por unos 30 iraquíes miembros de grupos de oposición vinculados con EEUU, así como iraquíes con residencia y nacionalidad en EEUU, ha sido el encargado de desarrollar los planes de enjuiciamiento criminal individualizado contra un número indeterminado de iraquíes. Tal plan contempla diversos niveles de enjuiciamientos que van desde el presidente iraquí Sadam Husein, a sus colaboradores más cercanos, algunos miembros de su familia, responsables del Consejo Revolucionario de Iraq y responsables del partido ba'ath. Los representantes de la oposición iraquí en el mencionado grupo de trabajo, con Salem Chalabi a la cabeza, han propuesto que los juicios se celebren en tribunales ubicados en Iraq con el asesoramiento de "expertos extranjeros". Según Chalabi, "queremos demostrar que estamos cumpliendo con el Derecho Internacional y no matando gente al azar. No hay responsabilidad colectiva. No vamos a perseguir a todo el que sea miembro del régimen. Queremos que ellos se den cuenta de esto" [4]. El grupo de trabajo considera el posible enjuiciamiento de los oficiales militares al mando en las operaciones desarrolladas en 1988 en el Kurdistán iraquí al norte del país, tras la ocupación de Kuwait en 1991, y en la revuelta de un sector de la comunidad chi'i iraquí de 1991, instigada desde el sur del país por los propios agentes estadounidenses de la CIA. Según Salem Chalabi, los sometidos a juicio serían también miembros del Consejo del Comando Revolucionario y del gobierno, miembros de los comandos regionales del partido Ba'ath, los gobernadores provinciales y los jefes de los cuatro servicios de seguridad del país. De acuerdo con las declaraciones de Chalabi, paralelamente al procesamiento individualizado, EEUU y los miembros opositores que integran el grupo de trabajo estudian la puesta en marcha de un proceso de reconciliación por medio del cual a las personas que admitan haber cometido crímenes y/o que "demuestren que están limpios" se les garantizará la amnistía o se les asignarán penas menos gravosas. Igualmente las víctimas de los supuestos delitos cometidos por los enjuiciados recibirán "compensaciones nominales". Desde 1993, bajo la Administración Clinton, EEUU -al mismo tiempo que comenzaba a destinar fondos para la organización y adiestramiento militar de los grupos opositores iraquíes- comenzó a elaborar un proyecto de enjuiciamiento por crímenes de guerra contra la dirección política y militar iraquí. Desde 1999, el Departamento de Estado ha canalizado para este fin otros 10,8 millones de dólares expedidos a diversos grupos de oposición así como a diversas ONG destinados a recopilar información, examinar documentación relativa a diferentes casos y entrevistar a supuestos testigos. La Fundación Iraquí, con base en EEUU y dirigida por Rend Rahim Franckle, ha evaluado 300.000 de los más de 3,6 millones de documentos que procederían de las recopilaciones efectuadas en la provincia del Kurdistán iraquí, al norte del país, y en Kuwait y cuyos datos están sirviendo para definir las estructuras de mando de varias operaciones supuestamente efectuadas por el régimen iraquí contra grupos disidentes y de oposición. Igualmente, la Administración Bush ha activado la organización INDICT que con base en Londres está dirigida por Charles Forest y financiada con fondos estadounidenses para el mismo propósito de enjuiciar por crímenes de guerra a la dirección iraquí.
1. Véase
en CSCAweb: Iraq:
¿Qué es el INDICT? y Un informe preliminar
del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo respalda
las posiciones más intervencionistas y agresivas de la
Administración Bush contra Iraq |
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