Iraq-CELSI
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2 de diciembre de 2002. El coste económico de la guerra contra Iraq y de su futura reconstrucción -al menos 200 mil millones de dólares- fuerza a Washington a recabar los apoyos internacionales a la campaña bélica para repercutir en ellos el grueso de los gastos de la invasión y ocupación de Iraq. Los primeros informes económicos no oficiales sobre el coste de la invasión y ocupación de Iraq por parte de EEUU estiman que serán necesarios al menos 200 mil millones de dólares para hacer frente a los gastos directos de la guerra y, sobre todo, de la reconstrucción de Iraq tras la ocupación militar por parte de EEUU [1]. La Guerra del Golfo de 1991 derivó un gasto militar directo de 80 mil millones dólares (dólares de 2002). En esa ocasión, la Administración Bush I consiguió hacer recaer la mayor parte de los pagos de la guerra a países extranjeros -principalmente a Arabia Saudí, Kuwait, Alemania y Japón- afrontando EEUU un pago máximo de 7.000 millones de dólares, es decir menos del 12% del total de los costes militares derivados de su instigada campaña militar "Tormenta del Desierto". A los 80 mil millones hay que sumar los costes indirectos que ascendieron a unos 500 mil millones de dólares, mucho más que el grueso del gasto oficial estrictamente militar [2]. A diferencia de 1991, al presupuesto estimado para las operaciones militares de la prevista guerra contra Iraq hay que añadir el coste derivado de la denominada "reconstrucción del país" en cuyo proyecto Washington incluye el mantenimiento de una fuerte y duradera presencia militar estadounidense en Iraq en el marco de su ocupación indefinida de este país. Los gastos exclusivamente militares, es decir, de la guerra que incluyen el despliegue de 250.000 tropas estadounidenses- podrían alcanzar la cifra de 60 mil millones de dólares. Según los expertos del Comité Presupuestario del Congreso de EEUU, aunque esta cifra es menor a la de la Primera Guerra del Golfo, el presupuesto deberá casi cuadruplicarse en esta ocasión, habida cuenta de los gastos derivados de la posterior ocupación de Iraq. Los cálculos de los expertos económicos-militares de la Institución estadounidense Brookings, estiman que el coste anual del mantenimiento de la ocupación militar de Iraq supondrá a EEUU entre 15 mil millones y 20 mil millones de dólares, cifra que se incrementará hasta 50 mil millones ó 100 mil millones si la ocupación se mantiene sin fecha límite. Estas cantidades no reflejan el coste real del despliegue y del mantenimiento de una fuerza militar extranjera en Iraq tras su ocupación "fuerza de estabilización"- pues están calculados considerando que EEUU obtenga el compromiso de posibles aliados internacionales para su guerra contra Iraq que deberán hacer frente al grueso del coste de la ocupación del país más de dos tercios del total. [3] . Las previsiones de la Administración Bush de que sea el propio país, Iraq, quien pague los gastos derivados de su propia invasión y ocupación a través del incremento de la renta del petróleo iraquí no podrán realizarse sino a medio plazo ya que la devastación provocada en este país por la guerra de 1991 y por doce años de embargo requiere que todas sus infraestructuras -especialmente las relacionadas con el sector de la extracción y producción del petróleo- sean renovadas también a un alto precio, pues la alta y media tecnología de la que dependen para su funcionamiento ha sido destruida o dañada en su mayor parte. Las exigencias económicas se unen a las estratégicas para que el plan de la Administración Bush sobre el futuro de Iraq sea "estratégicamente viable". Habida cuenta de la debilitada situación económica de EEUU y del alto coste financiero de su campaña contra Iraq, la Administración Bush está presionando por todos los medios a los gobiernos de países proclives a participar en una fuerza internacional para que -con mandato de NNUU o sin él- además de ceder sus territorios e instalaciones para las operaciones bélicas de la guerra, asuman la carga financiera de la misma y de la postguerra. Los intentos de la Administración Bush de aglutinar una fuerza militar internacional suficiente para la fase posterior a la posible caída de Bagdad en manos del ejército de EEUU, están orientados a evitar al máximo que los gastos de la posguerra recaigan en las arcas estadounidenses, sin tener, por ello, que ceder el control ni la hegemonía de EEUU en el futuro de Iraq. La negativa de países como Arabia Saudí a participar en la guerra contra Iraq excluye no solo la falta de su apoyo logístico y militar a la guerra de EEUU contra Iraq sino también y muy significativamente, poder contar con las cuantiosas aportaciones económicas derivadas de la posguerra en Iraq. En 1991, Arabia Saudí debió de pagar directamente a EEUU más de 16.8 mil millones de dólares por la operación Tormenta del Desierto. Estos gastos no incluyen los servicios no militares que el régimen saudí prestó a EEUU y a la coalición internacional, tales como el alojamiento y la repatriación de kuwaitíes exiliados, el aprovisionamiento de gasolina, transporte, alojamiento y mantenimiento de las tropas de la coalición internacional y las operaciones de limpieza medioambiental [4]. Ello explica que las presiones contra Arabia Saudí por negarse a participar en esta nueva iniciativa bélica hayan dejado de ser estrictamente diplomáticas y políticas por parte de la Administración Bush y hayan pasado a cubrir una ofensiva mediática que pretende desenmascarar abiertamente al gobierno saudí a través de la búsqueda de conexiones de miembros de la familia real y el gobierno saudí con las redes financieras del islamismo radical internacional- para provocar su debilitamiento máximo e incluso, de no producirse una modificación en la postura oficial del régimen saudí sobre la guerra, su caída y la transformación política del país [5]. Cambio de postura alemán A pesar de mantener su compromiso electoral de no participar en la guerra de EEUU contra Iraq, el canciller Gerhard Schroeder ha anunciado que el gobierno alemán permitirá utilizar las bases de EEUU en Alemania para lanzar las operaciones militares contra Iraq y garantizará al ejército estadounidense y a los posibles aliados de la OTAN que intervengan en la guerra la utilización sin restricciones del especio aéreo alemán para las operaciones bélicas [6]. Esta decisión, que forma parte de la estrategia alemana de recuperar las relaciones con la Administración Bush deterioradas como consecuencia de su posición formal contraria a la intervención militar en Iraq, es la respuesta alemana a la solicitud que en la última semana ha hecho EEUU a diversos países para valorar las contribuciones que están dispuestos a hacer en la campaña bélica contra Iraq [7]. En el caso alemán, la posición del gobierno de Schoroeder y la negativa rotunda a participar en la iniciativa de la guerra condujo en semanas previas a la evaluación legal, por parte de representantes legales de la Administración Bush, de la competencia alemana para negar el uso de las bases estadounidenses que albergan a más de 70.000 miembros del ejército de EEUU en su suelo, además de equipamiento militar. Al parecer, el acuerdo de cooperación militar estadounidense-alemán prevé la capacidad del gobierno de Alemania para bloquear el uso de tales instalaciones militares por EEUU. Además de permitir el uso de las bases militares, Schroeder ha anunciado que la petición cursada por EEUU de permitir la utilización de una unidad alemana de vehículos armados para detección de agentes nucleares, químicos y biológicos que Alemania tiene ubicada en Kuwait será aceptada "en el marco de la operación Libertad Duradera -denominación de las operaciones militares lanzadas por EEUU en Afganistán- ; no facilitaremos más recursos de los que he mencionado". Respecto al resto de peticiones de EEUU -entre otras, asistencia financiera y material para la reconstrucción de Iraq tras la guerra- el canciller alemán ha la reiterado que es un error asumir que la guerra se producirá indefectiblemente; "esperamos que no habrá necesidad de una intervención militar y esa es la meta política del gobierno alemán", aunque añade "el país deberá ser reconstruido".[8] . La oposición alemana han exigido al gobierno de Schroeder que haga pública la lista de los requisitos solicitados por la Administración Bush y que sea sometida a un debate parlamentario. Duración de la guerra y posibles escenarios De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington [9], la guerra contra Iraq podría desarrollarse en tres posibles escenarios. El más favorable de los tres, cuya probabilidad se estima entre un 40% y un 50%, sería aquel en el que se la victoria de EEUU y de sus posibles aliados- tuviera lugar entre cuatro y seis semanas y sin que se viese afectado el suministro de petróleo por parte de Arabia Saudí principalmente. En estas condiciones, el fin de la campaña militar propiamente abriría paso para una rebaja considerable del precio del crudo estimulando la economía de EEUU. El segundo escenario -el menos favorable para los intereses de Washington- incluye que la guerra se prolongue de tres a seis meses, causando daños a gran escala en las instalaciones petrolíferas iraquíes, así como una fuerte reacción internacional, protestas de NNUU, la retirada del apoyo de países como Turquía o de países árabes, la expresión pública de los movimientos internacionales contra la guerra y, especialmente, la irrupción de conflictos y movilizaciones masivas en todo Oriente Medio, incluyendo la intensificación de la Intifada palestina o la intervención de Israel en la guerra, además de la oposición de la población iraquí a la intervención de EEUU y la hostilidad árabe, incluida la no cooperación de Arabia Saudí para seguir suministrando petróleo al mercado internacional. Las posibilidades de esta opción oscilan entre el un 5% y un 10%. Un escenario intermedio, con posibilidades del 30% al 40%, extendería la guerra a tres meses e incluiría daños a las instalaciones petrolíferas y la prolongación de la guerra urbana por una inesperada capacidad de defensa iraquí. Igualmente, este escenario contempla la pasividad de Arabia Saudí en el suministro petrolífero aunque no su cancelación, cuyos retrasos podrían generar problemas políticos a EEUU por parte de los países occidentales. Cualquiera de estas dos últimas posibilidades tendrá, según los expertos estadounidenses "serios efectos adversos" para la economía estadounidense lo que conducirá probablemente a una gran recesión económica internacional.
1. Según
William Nordhaus, profesor de economía en la Universidad
de Yale, recogido en The Washington Post, 1 de diciembre
de 2002. |
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