La responsabilidad por crímenes de guerra sigue siendo la prioridad tras la ‘reconsideración’ de Goldstone

Raji Sourani, Daniel Machover

Se dice que el gobierno israelí “planea lanzar una campaña internacional para convencer a Naciones Unidas para que retire” el informe. Mientras que la oportunidad del artículo de opinión de Justice Goldstone resulta eventual para el gobierno israelí, nada en el mismo establece la base para ‘retirada’ alguna del informe del ámbito de Naciones Unidas, o ignorar las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de NU.

The Guardian, Miércoles, 6 abril, 2011
Traducción: Juan Pablo Crespo

Un artículo firmado por Justice Richard Golstone y publicado el pasado abril en el Washington Post ha provocado un aluvión de comentarios a través de Internet y los medios. Sin embargo, el centro de este debate está mal dirigido, concentrándose en consideraciones políticas, prejuicios y la total legitimidad que ofrece el informe Goldstone en sí mismo. De hecho, en gran medida, el debate actual ha ignorado el propio contenido del mencionado informe, donde se habla de un elemento concreto, la consideración intencionada de los civiles como objetivo, y deja sin tocar el resto de la “Fact-Finding Mission's findings” (“Conclusiones de la Misión de investigación” de los hechos ocurridos en la invasión de Gaza por Israel entre diciembre 2008 y enero 2009 encargada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al juez sudafricano Richard Goldstone).

La pregunta pertinente ahora es si la ‘reconsideración’ por Justice Richard Goldstone de una de las conclusiones reflejadas en el informe de Naciones Unidas (NU) UN Fact-Finding Mission Report (UNFFM), durante el periodo del conflicto en Gaza e Israel  comprendido entre diciembre 2008-enero 2009, que él dirigió, afecta a las recomendaciones expresadas en la resolución del 21 de marzo emitida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyendo la referencia propuesta por el Consejo de Seguridad al Tribunal Penal Internacional (TPI)

Esta se centró en la responsabilidad criminal, con claras recomendaciones que implicaban al TPI (§1969) y a los tribunales nacionales para ejercer la jurisdicción universal (§1975), lo que fue resaltado en el informe UNFFM. De hecho, es esta la cuestión central que ha generado una significativa controversia en medios políticos a pesar de las claras exigencias del derecho internacional.

Se dice que el gobierno israelí “planea lanzar una campaña internacional para convencer a Naciones Unidas para que retire” el informe. Mientras que la oportunidad del artículo de opinión de Justice Goldstone resulta eventual para el gobierno israelí, nada en el mismo establece la base para ‘retirada’ alguna del informe del ámbito de Naciones Unidas, o ignorar las resoluciones del UNHRC (Comité de Derechos Humanos de NU).

De hecho, en lo publicado el 1 de abril, Justice Goldstone no hace comentarios relevantes sobre el informe de conclusiones relevantes. Graves acusaciones de crimenes internacionales, en concreto la selección de objetivos, continuos  ataques indiscriminados y la sistemática destrucción de propiedades civiles se plantearon por la UNFFM y resaltadas por Justice Goldstone en el Jerusalem Post en septiembre de 2009. En su reciente artículo, el juez no ha ‘reconsiderado’ ninguno de estos puntos.  Lo cierto es que Israel ha fracasado en investigar estas denuncias.

Justice Goldstone estuvo acertado en su artículo al expresar preocupación por el doble rasero respecto a la variable reacción de Naciones Unidas en relación a los conflictos en el mundo. Esta actitud debilita paulatinamente el cumplimiento de los derechos humanos. También nos gustaría ver a Naciones Unidas investigar conflictos en los que se cause una pérdida importante de vidas civiles, ya sea en Sri Lanka, Costa de Marfil, Bahrein, o la Franja de Gaza. Mientras el Consejo de Derechos Humanos no se muestre consecuente con este asunto, ello supondrá una tendencia negativa que afortunadamente parece estar invirtiéndose.
Lo que es exigible es la aplicación equitativa del derecho. La rápida reacción para enviar a Libia al TPI contrasta severamente con el fracaso del Consejo de Seguridad, incluso para debatir el someter a dicho Tribunal la cuestión Israel/Palestina. El asunto de la predisposición a favor de Israel por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) degrada enormemente el concepto de justicia universal y la confianza de los ciudadanos en las reglas del derecho internacional. Dado el papel clave del CSNU, este tratamiento privilegiado a Israel y otros aliados cercanos con derecho de veto necesita ser abordado de una manera urgente dentro de otros órganos de NU.

Lamentablemente, los representantes de las víctimas y la comunidad internacional en su conjunto no saben mucho más ahora en relación con los crímenes de guerra denunciados, cometidos por las IDF (ejército israelí), que hace dos años. Sin embargo, lo que sabemos con absoluta certeza es que a más de dos años de la operación Plomo Fundido, un soldado israelí ha pasado 7,5 meses en la cárcel por el robo de una tarjeta de crédito y otros dos recibieron sentencias de tres meses de suspensión por utilizar a un niño como escudo humano. También sabemos que más de 1.400 personas fueron asesinadas, la abrumadora mayoría de los cuales eran civiles, incluyendo más de 300 niños. Todavía hoy estos tres convencimientos, junto al proceso en curso de un cuarto soldado, han sido los únicos resultados judiciales concretos de las investigaciones israelíes. La mayoría de tales investigaciones han terminado con las IDF ofreciendo una aparentemente conclusión premeditada de que “en el curso de la lucha en Gaza, las IDF actuaron de acuerdo con el derecho internacional.”

Debido tanto a la falta de voluntad política como a inherentes defectos estructurales, los sistemas militar y judicial israelíes son incapaces de dirigir investigaciones eficaces ante tales crímenes. Numerosas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, incluidas Amnistía International, Human Rights Watch, B'Tselem y el Centro Palestino por los Derechos Humanos llegaron a una conclusión parecida. De hecho, el Comité de expertos independientes de NU enviado para controlar el sistema de investigación israelí, advirtió que “no hay señales de que Israel haya abierto investigaciones para aquellos que diseñaron, planearon, ordenaron y supervisaron la “operación plomo fundido”.

Los crímenes cometidos por ambas partes no han estado sujetos a una independencia efectiva, ni mucho menos, inspección judicial. La acusación de que ambas partes lanzaron ataques indiscriminados y directamente dirigidos a civiles no puede ser ventilada sobre la base de cualquier prueba presentada a la fecha. Consecuentemente, la aparente re-evaluación de Justice Goldstone, hecha sobre la base de informes israelíes con relación a los ataques sobre la familia Samouni resultan grotescos desde un objetivo punto de vista legal; tal como reconoció el Comité de Expertos, tales informes israelíes emanan de  procedimientos defectuosos de investigación, mientras que a los representantes legales de las víctimas no les ha sido comunicado prueba o información relevante alguna. Por el contrario, las contundentes pruebas sobre el terreno corroboran tanto aquellas conclusiones como las de que no ha habido inspección judicial capaz de contradecir esta (o cualquier otra) conclusión inicial. Por este motivo no hay base para revocar el informe UNFFM, o cualquier parte del mismo—un hecho aparentemente ya reconocido por Justine Goldstone.

La prioridad deber ser realizar una inspección efectiva, pero se ha constatado que esto es imposible localmente. El TPI es ahora el foro apropiado para investigar esos casos y, si la prueba existe, someter a los sospechosos que se imputen a un proceso por los delitos pertinentes.

La aplicación equitativa de la ley es lo que, como mínimo, se merecen las víctimas de ambas partes. Justice Goldstone se sumará seguramente al llamamiento del Consejo de Derechos Humanos, respaldado globalmente por ONG de derechos humanos, pidiendo al Consejo de Seguridad que remita al TPI la situación en Israel y los Territorios Ocupados Palestinos. Ante acontecimientos en la región, todas las partes deben someterse a los estándares universales para que la ley se demuestre capaz de proteger a la población civil ante futuras atrocidades. Las víctimas de crímenes pasados también necesitan finalmente que se les conceda reparación y justicia.

Raji Sourani es director del Centro Palestino de Derechos Humanos radicado en Gaza. Le ha sido otorgado el premio Robert F. Kennedy de derechos humanos y fue considerado como prisionero de conciencia en dos ocasiones por Amnistía Internacional. Daniel Manchover es abogado de la firma londinense Hickman and Rose, especialista en legislación internacional sobre derechos humanos. Fue co-fundador en 1988 de Abogados por los Derechos Humanos para los palestinos.

Fuente original:
http://mideast.foreignpolicy.com/