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La penalización de la Nakba por parte de Israel, un paso más en el camino del apartheid

BADIL

El Comité Legal del parlamento israelí –Knesset- acaba de aprobar (..)el “proyecto de ley Nakba” que si lo aprueba el Knesset, impondría sanciones económicas a los organizadores de las conmemoraciones de la Nakba. Cada año durante el mes de mayo los palestinos y quienes apoyan el derecho al retorno conmemoran la Nakba de 1948, que señala el hecho más traumático y de mayor alcance en el largo y todavía en marcha proceso de desplazamiento y desposesión forzados del pueblo palestino por parte del Estado de Israel

Rebelión.org
Traducción: Beatriz Morales Bastos

JErusalen

El Comité Legal del parlamento israelí [Knesset] acaba de aprobar una propuesta de ley (el “proyecto de ley Nakba”) que si lo aprueba el Knesset, impondría sanciones económicas a los organizadores de las conmemoraciones de la Nakba. Cada año durante el mes de mayo los palestinos y quienes apoyan el derecho al retorno conmemoran la Nakba de 1948, que señala el hecho más traumático y de mayor alcance en el largo y todavía en marcha proceso de desplazamiento y desposesión forzados del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Las conmemoraciones de la Nakba son acontecimientos importantes en Israel, donde a unos 335.000 palestinos, ciudadanos de Israel, se les siguen denegando su derecho a retornar a sus hogares y comunidades, y están obligados a vivir como desplazados internos en su propio país.

Los ciudadanos palestinos de Israel han experimentado la Nakba (palabra árabe que significa catástrofe) no sólo en 1948 sino todos y cada uno de los días desde entonces. La “actual Nakba” está causada por el sistema de Israel de discriminación racial institucionalizada compuesto de leyes, políticas y prácticas que han dado como resultado un estatuto de ciudadanos de segunda clase para los palestinos, más confiscación de tierra, una planificación urbana discriminatoria, la segregación de las comunidades palestinas, las demoliciones de casas y los desahucios forzados, para garantizar el privilegio y la dominación judíos. A consecuencia de ello continúa el desplazamiento forzado de ciudadanos palestinos, particularmente en el [desierto del] Naqab (Negev), en Galilea y en las ciudades con una población “mista” judía y palestina. Cada aspecto de la vida de los ciudadanos palestinos se ve afectado por el sistema de discriminación racial de Israel, incluyendo un sistema educativo que ha trabajado para impedir que los estudiantes palestinos conozcan su historia e identidad.

El “proyecto de ley Nakba” que se ha presentado prohíbe a las organizaciones apoyadas por el gobierno gastar dinero en actividades que conmemoren la Nakba, y descontará de su presupuesto hasta diez veces la cantidad de dinero que se gaste en dichas actividades. En efecto, el proyecto de ley exige que los ciudadanos palestinos de Israel nieguen su propia historia e identidad y se identifiquen con los “valores sionistas” que niegan su identidad nacional palestina. Exige que los palestinos aprueben su propia desposesión histórica y acepten su actual estatuto de ciudadanos de segunda categoría en el “Estado judío” y su diferenciación respecto al pueblo palestino.

El Knesset se prepara para discutir el proyecto de ley Nakba en un momento en que ya ha aprobado otra ley que declara que son refugiados todos los judíos que han emigrado a Israel desde países árabes. Esta ley, similar a una resolución anterior aprobada por el Congreso de Estados Unidos, se aprobó en un intento de empañar y minar la búsqueda de soluciones basadas en derechos para los refugiados palestinos. Su objetivo es distraer del hecho de que los derechos individuales y colectivos de los refugiados no es una cuestión de compensación sino que se tienen que examinar según cada caso. Como con todos los refugiados, incluyendo los refugiados palestinos, a las personas judías que son refugiadas según el derecho internacional no se les deben negar su derecho a retornar a sus lugares de origen.

En el año 62 desde la Nakba palestina, BADIL invita a la comunidad internacional a condenar el proyecto de ley de la Nakba de Israel y a que haga que éste asuma sus responsabilidades según el derecho internacional, incluyendo su obligación de respetar, proteger y promover el derecho de todos los desplazados palestinos a retornar a sus hogares de origen como parte de las reparaciones.