Ante el 5º Aniversario de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el Muro de Anexión en Palestina

Palestinian Centre for Human Rights-PCHR, promotor de la querella contra siete altos cargos israelíes en la Audiencia Nacional española por un bombardeo en Gaza por parte de Israel en el año 2002

En el 5 º Aniversario de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre "El Muro" que construye Israel en los Territorios Ocupados, el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) resalta la persistencia de Violaciones del Derecho Internacional y la complicidad de la Comunidad Internacional en los actos ilegales

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Traducción: Comité de Solidaridad con la Causa árabe

El 9 de julio 2009 señala el quinto aniversario de la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre "las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado". Esta Opinión Consultiva fue la primera vez en que la Corte Internacional de Justicia centró su atención en el conflicto entre Israel y Palestina.

En su Opinión Consultiva, lo que representa una interpretación autorizada del derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia declaró, entre otras cosas, que: la construcción del Muro y su régimen administrativo son ilegales y equivalen a una anexión de facto; el muro viola los derechos legítimos palestinos a la libre determinación; el Muro debe ser desmantelado, y debe Israel efectuar una reparación a los palestinos afectados todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante del Muro y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación ilegal resultante.

En el quinto aniversario de la Opinión Consultiva, El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, en sus siglas inglesas) desea destacar que se sigue construyendo el Muro en territorio palestino ocupado, Israel sigue violando el derecho internacional y la inacción de la comunidad internacional en lo que respecta a las obligaciones de garantizar el respeto del derecho internacional y de no reconocer la situación creada por los actos ilegales de Israel.

Hasta la fecha unos 350 kilómetros del Muro se han construido. Cuando se haya completado el muro ilegal que se extiende por 724 kilómetros, quedarán aprisionados aproximadamente 237.000 palestinos entre el muro y la Línea Verde (la denominada frontera de 1967) y otros 160.000 palestinos quedarían confinamiento en enclaves aislados, con un acceso limitado al mundo exterior. Como señaló la Corte Internacional de Justicia, el Muro tiene un impacto en Palestina devastador sobre los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de vida. En última instancia, el Muro, Israel y la política de ocupación de larga alcance, niega el derecho de los palestinos a la libre determinación, un derecho fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosos tratados de derechos humanos.

A pesar de ese dictamen de la Corte Internacional de Justicia, la construcción del ilegal Muro continua. Israel sigue anexionando tierras palestinas, destruye vidas y medios de subsistencia. El pueblo palestino sigue sufriendo las consecuencias.

La Corte Internacional de Justicia dictaminó que, de conformidad con, entre otras cosas, el Artículo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, todos los Estados tienen la obligación de asegurar que Israel cumpla con el derecho internacional. Además, los Estados tienen la obligación legal "de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada" por la construcción del Muro.

Cinco años después de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, Israel todavía tiene que rendir cuenta de sus violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional, incluida la continuación de la construcción del Muro y la ayuda internacional sigue fluyendo para el Estado de Israel. Por ejemplo, Estados Unidos continúa ampliando la importante ayuda militar y financiera para el Estado de Israel en ausencia de condiciones de respeto a los derechos humanos, mientras que la UE no ha hecho promulgar la cláusula de derechos humanos contenidas en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre la UE-Israel

La comunidad internacional continúa con su apoyo a Israel en medio de la generalización de las violaciones del derecho internacional cuando tiene la obligación de garantizar el respeto de ese derecho internacional. Este apoyo continuado es sinónimo de complicidad. Manteniendo el apoyo a Israel, o por hacer la vista gorda a sus actos ilegales, la comunidad internacional está contribuyendo a un clima generalizado de impunidad. En la medida en que la impunidad sigue siendo concedida, Israel seguirá violando el derecho internacional y los civiles palestinos seguirá sufriendo las horribles consecuencias.

Esta impunidad se manifiesta en numerosos violaciones de derecho internacional que se extienden más allá de la construcción del Muro. Israel continúa violando el derecho internacional humanitario en sus ataques contra los palestinos, como dramáticamente se puso de relieve en la reciente ofensiva en la Franja de Gaza. Israel continúa la demolición de viviendas palestinas en Jerusalén oriental, en un intento de seguir consolidando la anexión de la ciudad. Israel sigue imponiendo una estricta clausura en el territorio palestino ocupado, incluido el cierre de la Franja de Gaza, una forma de castigo colectivo que ya dura más de dos años consecutivos. Diariamente, las fuerzas israelíes realizan tratos humillantes y degradantes a los palestinos, les controlan en los aspectos más cotidianos de su vida y se les viola el derecho fundamental a la dignidad humana.

Los efectos combinados de las acciones ilegales de Israel son catastróficos: a los palestinos se les niega el más básico de los derechos humanos y se les obliga a vivir en una situación de emergencia humanitaria en medio de crecientes niveles de desempleo y la pobreza.

PCHR desea destacar la conclusión de que para la Corte Internacional de Justicia "los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados (incluida Jerusalén oriental) se han establecido en contravención del derecho internacional. "El Tribunal sostuvo además que "el trazado elegido para el muro da expresión in loco a las medidas ilegales adoptadas por Israel con respecto a Jerusalén y los asentamientos", el Muro está destinado a reforzar la política israelí de asentamientos ilegales.

La atención internacional se ha vuelto hacia el proyecto colonial de Israel en las últimas semanas. PCHR cree fundamental insistir en la ilegalidad de los asentamientos y sus desastrosos efectos sobre los palestinos en su derecho a la libre determinación y al conjunto de los otros derechos humanos fundamentales.

PHRC afirma que las consideraciones políticas no pueden ser la prioridad sobre el derecho internacional y los derechos legítimos del individuo. PCHR está firmemente convencida de que, a pesar de los problemas jurídicos que pueden tener matices políticos, la única posibilidad para una paz justa y sostenible se encuentra en una solución basada en el derecho internacional. Todos los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales y considerar al Estado de Israel responsable de sus actos ilegales. La población civil debe gozar de la protección jurídica a la que tiene derecho.

Conclusiones relevantes de la Corte Internacional de Justicia:

• El Muro y el correspondiente régimen administrativo violan el derecho fundamental a la libre determinación palestina.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, seguirán siendo aplicables a las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado.
• El Muro debe ser desmantelado y se debe hacer una reparación a sus víctimas.
• El Estado de Israel no tiene derecho a invocar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (el derecho a la legítima defensa) con respecto a los territorios palestinos ocupados.

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