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Descalificaciones israelíes: Alguien debe contestar

Antonio Segura, abogado de la acusación particular en la querella de Gaza y en la de Guantánamo en la Audiencia Nacional

Tras el Auto por el que el Juez Fernando Andreu desestima la solicitud de archivo propuesta por el fiscal, con relación al ataque de las fuerzas armadas de Israel contra la población civil de Gaza en el 2002, hemos asistido al más furibundo e injusto ataque mediático contra el magistrado y en extensión contra la democracia española que se recuerde

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Tras el Auto por el que el Juez Fernando Andreu desestima la solicitud de archivo propuesta por el fiscal, con relación al ataque de las fuerzas armadas de Israel contra la población civil de Gaza en el 2002, hemos asistido al más furibundo e injusto ataque mediático contra el magistrado y en extensión contra la democracia española que se recuerde. Ataque que no procede del legítimo y propio control de los poderes democráticos sino que se hace desde los políticos y dirigentes de  un país amigo con el que tenemos un trato económico preferencial junto al resto de nuestros socios comunitarios, Israel.

Declaraciones como la del portavoz del Ministerio de Exteriores, Igal Palmor, ponen de manifiesto una voluntad manifiestamente injuriosa contra el magistrado y por extensión a la institución  a la que representa al que, sin rubor, acusó textualmente de antiisraelí y de maniobrador político: “hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa antiisraelí”.

Tal salida de tono de un “diplomático”, pone de manifiesto dos cosas, una la falta de respeto a una institución de un Estado de Derecho como es el poder judicial del Reino de España, otra que los políticos de la extrema derecha, de la derecha y de la menos derecha israelí llevan durante muchos años intentando y consiguiendo acallar y anular cualquier tipo de crítica hacia las acciones ilegales de sus gobiernos al calificar al que las realiza como antiisraelí o antisemita. Con este malévolo juego maquiavélico han conseguido silenciar durante muchos años a la opinión pública tanto israelí como internacional, generando en la misma un complejo que les ha permitido seguir violando durante decenios las más elementales normas de derecho internacional sin coste alguno.
           
La democracia española tan comprometida como mediadora en la paz en oriente medio, no debe permitir por más tiempo estas campañas intimidatorias y degradantes, y mucho menos cuando se dirigen contra nuestras instituciones. El Ministerio de Exteriores debe defender nuestros intereses. En este caso debe defender nuestras instituciones contra los ataques de terceros,  y debe emitir la más enérgica respuesta contra este insulto a todos los españoles. De no ser así, estaríamos no sólo dejando entre ver la fragilidad de un país que pretende estar entre los componentes del G-20, sino además otorgar con ese silencio el calificativo de antiisraelí a un acto de la justicia española. El Juez no es antiisraelí, los querellantes no son antiisraelíes, los españoles no somos antiisraelíes, tenemos una relación especial con un pueblo que tanto tiene en común con nuestra cultura, con nuestro pasado y con nuestro presente, cosa distinta es, que no estemos por comulgar con ruedas de molino y vayamos a permitir que esa amistad permita al gobierno de turno del estado de Israel seguir masacrando ilegal e impunemente a la población civil de otro pueblo también hermano.

Pero la prepotencia de estos dirigentes políticos en mostrar menosprecio a las autoridades españolas no tiene límite, y dentro de esta misma campaña el diputado Abraham Dichter, imputado en el caso, se atrevió sin rubor a decir que “en España no se sabe distinguir entre la lucha antiterrorista y los crímenes contra la humanidad”.

Consentir tan peculiar apreciación, viniendo de quien viene, sin una nueva respuesta contundente por parte de nuestros representantes políticos, sería de nuevo admitir por omisión no ya  una humillación  al poder judicial, sino y además por extensión al resto de poderes.

En el año 2004 los españoles tuvimos más muertos y heridos por ataques terroristas yihaidistas que los israelíes, pero no por ello nos dedicamos a tirar bombas en las casas de los supuestos terroristas. Los atentados del 11 de marzo fueron juzgados por un tribunal legal y legítimamente constituido, con un ordenamiento jurídico que se aplica por igual a todo tipo de delincuentes, y en el que los mismos tienen derecho a una defensa y a un procedimiento con todas las garantías, tal y como exige las normas básicas de un Estado de Derecho. Las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron a los sospechosos, se investigaron y se aportaron las pruebas al procedimiento con las que se demostró, en unos casos sí y en otros no, la participación en los atentados, y se dictó una sentencia que condeno a unos y absolvió a otros, sentencia que fue recurrida y el Tribunal Supremo absolvió a más, pues entendió que no se pudo demostrar sin duda su participación. Esta es la lucha de una democracia contra el terrorismo, desde luego lanzar bombas de una tonelada en el barrio más poblado del mundo, o ejecutar a personas sin juicio previo es otra, pero no la que se utiliza en España, si evidentemente por Israel, y por eso no se pueden consentir lecciones de ese tipo por parte de ningún político israelí, y mucho menos por el señor Abraham Dichter que como hemos dicho esta imputado en este procedimiento, por haber participado supuestamente (y por eso le queremos dar la oportunidad de un juicio justo) en el asesinato de 14 civiles en el execrable ataque de Al Daraj en el 2002. No obstante me gustaría recordar que en España también existe experiencia en juzgar con éxito, crímenes contra la humanidad. La Audiencia Nacional condenó y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del militar argentino Adolfo Schilingo por el mencionado tipo penal, y en el mismo sentido tuvo un juicio justo y un procedimiento con todas las garantías, al igual que en su día (salvando las distancias) Adolf Eichman en Israel, salvo con una pequeña diferencia en cuanto a la forma de detención. Por ello declaraciones de ese tipo no pueden ser dejadas en el aire sin respuesta, pues sería tirar por tierra todo ese ingente trabajo al servicio de la lucha contra la impunidad mantenido con tanto esfuerzo por las instituciones y los ciudadanos de nuestro país.

Pero donde la campaña comienza a tener tintes cuasimafiosos o nepóticos, y pone de manifiesto, más si cabe, un insulto en este caso contra el ejecutivo español, es en la declaración a estos efectos del Ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, que dijo “Voy a pedir alMministro de Asuntos Exteriores español, a la Ministra de Defensa y, si es necesario, al Presidente del Gobierno español, compañero mío en la Internacional Socialista, que anulen la decisión”.

De no poner después del sustantivo gobierno, el adjetivo español parecería estar  hablando del ejecutivo de una república bananera, va a pedir a su compañero de su club político que anule el auto de un Juez. O no tiene clara cual es la función de un presidente y de un juez en una democracia, obviando la división de poderes, o ningunea con sarcasmo al ejecutivo español y a su presidente. De nuevo es algo que no se debe consentir, y de consentirse y dar la callada por respuesta se está reconociendo que somos antiisraelíes, que no sabemos distinguir lucha contra el terrorismo y crímenes contra la humanidad, y que el presidente del gobierno va a anular una decisión judicial por que un amigo suyo se lo pide. Por ello debemos exigir al ejecutivo que defienda las instituciones democráticas españolas, al juez, al legislador, y así mismo frente a este tipo de ataques injustificados. Señores políticos en el poder de Israel, si tan seguros están de la inocencia de los querellados, colaboren con las autoridades españolas tal y como les obliga el Tratado de colaboración judicial y manden al juzgado a los querellados  y denles la oportunidad de defenderse de las acusaciones, y no nieguen la mayor intentando desacreditar burda e injustamente a todo un pueblo y sus instituciones.

Un Estado mucho más poderoso y con más historia que el de Israel, que no por ello más o menos respetable, los EEUU, en una situación similar en cuanto a una querella contra funcionarios de su país por las torturas en Guantánamo, han sido realmente respetuosos con el estado de derecho, con las instituciones españolas y por extensión con los españoles. Nadie de esa administración ha acusado a ningún juez de antiamericano, ni ha intentado menospreciar dando lecciones en lucha contra el terrorismo, ni siquiera ha intentado saltarse la división de poderes anunciando presiones políticas, todo lo contrario, lo que ha hecho es agradecer y congratularse de que en España se haya iniciado un procedimiento para esclarecer lo ocurrido en el centro de detención ilegal de Guantánamo, ofreciéndose a colaborar en la medida de lo posible. Sea sincero o no es lo mínimo que se puede esperar de quien se considera una democracia. Respecto a los otros, alguien debe contestar.