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Carta de Stopthewall a los sindicatos para pedirles que hagan las gestiones oportunas para que Israel no entre en la OCDE dado que no cumple los requisitos de respeto a la legalidad internacional

Acciones recientes que demuestran que Israel no cumple con los “valores fundamentales” de la OCDE

At. John Sweeney, Presidente de TUAC, AFL-CIO (EE.UU.) Le escribimos para manifestarle nuestra preocupación sobre las políticas y prácticas del Estado de Israel que discriminan a los palestinos con ciudadanía israelí y les impiden el ejercicio de sus derechos humanos básicos, lo que incluye el del trabajo.

Stop the Wall, CSCA

 John Sweeney
Presidente de TUAC
Presidente de AFL-CIO (EEUU)

CC:
Luc Cortebeeck, Vicepresidente de TUAC, Presidente de la Confederación Belga de Sindicatos Cristianos (CSC-Bélgica).
Tsuyoshi Takagi,Vicepresidente de TUAC, Presidente de RENGO Japón.
Marie-Louise Knuppert, Vicepresidenta de TUAC, Secretaria de LO-Dinamarca.
John Evans, Secretario General de TUAC.

RE: Acciones recientes que demuestran que Israel no cumple con los “valores fundamentales” de la OCDE.

Sr. John Sweeney,

Le escribimos para manifestarle nuestra preocupación sobre las políticas y prácticas del Estado de Israel que discriminan a los palestinos con ciudadanía israelí y les impiden el ejercicio de sus derechos humanos básicos, lo que incluye el del trabajo.

En abril de 2009 la compañía ferroviaria propiedad del Estado de Israel despidió a todos los vigilantes de cruces palestinos porque una nueva norma que impide contratar a los trabajadores que no tienen autorización para llevar un arma, es decir, los que no han hecho el servicio militar. Las obligaciones de un vigilante de cruces no les exije llevar armas, por lo que es evidente que esta nueva política está dirigida a discriminar a los palestinos con ciudadanía israelí, ya que les impide disfrutar de igualdad en el empleo y de derechos laborales. Esto se debe a que los palestinos con ciudadanía israelí no sirven en el ejército israelí.

 La nueva regulación que excluye a los trabajadores no judíos de un empleo en la compañía ferroviaria israelí no es algo aislado. De hecho Israel hace que el disfrute de una serie de beneficios sociales, tales como lo subsidios a la educación y a la vivienda, estén condicionados al servicio militar, lo que excluye por tanto a los ciudadanos palestinos de los mismos. Esta discriminación ha sido ampliamente condenada por organizaciones punteras de derechos humanos y por las agencias que controlan el tratado de derechos humanos de la ONU.

En una fecha tan reciente como 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU notó “con preocupación que el servicio militar facilita un acceso muy ventajoso a varios servicios públicos, por ejemplo en el campo de la enseñanza y en el de la vivienda. Esta política es incompatible con la Convención (para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial) si se tiene en cuenta que la mayoría de los ciudadanos árabes israelíes no realizan el servicio militar.”

Verdaderamente tales políticas y prácticas discriminatorias no son compatibles con los “valores fundamentales” de la OCDE, lo que incluye “un compromiso con una sociedad pluralista y democrática que se basa en la ley y en el respeto de los derechos humanos”

La discriminación sistemática, la marginalización y la exclusión de los palestinos del mercado de trabajo israelí comenzó con el establecimiento del Estado de Israel y desde entonces se ha institucionalizado mediante una intrincada red de leyes y regulaciones. En particular ha de resaltarse que:

- Las tasas actuales de pobreza aguda y de paro o empleo poco cualificado entre los palestinos con ciudadanía israelí tienen su origen en la destrucción de la economía palestina en 1948 y en la legislación militar en vigor exclusivamente para los ciudadanos palestinos de Israel hasta 1966. Ésta incluyó fuertes restricciones de movimiento y de oportunidades laborales e hizo casi imposible el desarrollo económico. El Estado israelí promocionó los centros de población judía mientras ignoraba los palestinos, asegurándose de que éstos se hundirían progresivamente en la pobreza. No hay zonas industriales en los pueblos palestinos y apenas hay actividad sindical. Estas políticas han producido un sistema doble que comprende una economía judía bien desarrollada y una economía palestina subdesarrollada, principalmente dedicada a la actividad económica informal.

- En el mercado de trabajo especializado los palestinos con ciudadanía israelí se enfrentan a una serie de barreras exclusivamente por razón de su origen étnico. Tienen prohibido trabajar en una serie de trabajos de alta tecnología, autoridades gubernamentales y servicios públicos debido a “cuestiones de seguridad”. Los palestinos de ciudadanía israelí no representan más del 5.5% del funcinariado y un mero 0.8% de los empleados en compañías propiedad del gobierno. Incluso los que obtienen un trabajo como funcionarios no pueden ascender a puestos elevados aunque posean méritos para ello.

- A partir de 1967 los palestinos de Cisjordania y Gaza bajo ocupación se han transformado en una clase trabajadora dependiente. El robo continuo de su tierra y, particularmente tras los Acuerdos de  Oslo de 1993, el cierre de Cisjordania y Gaza, han convertido a la agricultura y al comercio en actividades casi imposibles. Con el estallido de la segunda Intifada, Israel ha destruido completamente la infraestructura económica de Cisjordania y Gaza y ha usado la creación artificial de desempleo como medida de castigo colectivo (caso de Gaza) o como herramienta para la expulsión (caso de Cisjordania y Jerusalén)

El Banco Mundial ha declarado que las continuas restricciones de movimiento en Cisjordania “han creado un nivel tan alto de incertidumbre e ineficacia, que el desarrollo normal de la economía se ha vuelto excesivamente difícil y perjudica el crecimiento y la inversión, los cuales son necesarios para reactivar la economía”.

Tales exclusiones y restricciones a los derechos de los palestinos (tanto en Israel como en los territorios ocupados) a tener las mismas oportunidades laborales viola la ley internacional sobre derechos humanos, tal y como aparece en la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambas ratificadas por el Estado de Israel. Las políticas y las prácticas enunciadas más arriba violan también claramente los principios de una economía de mercado abierta y una democracia pluralista.

Esta sistemática y continua política de exclusión del mercado laboral es parte de la política global de Israel de expulsión y discriminación de la población indígena palestina:

1. La discriminación basada en indicadores nacionales y religiosos, tales como el servicio militar, impregna todas las áreas de la política y la legislación israelíes, lo que incluye los servicios sociales, la educación, la sanidad y la vivienda.
2. Históricamente la agricultura ha sido el principal sector de empleo para la sociedad palestina. Sin embargo, actualmente el 13% de la tierra en Israel está bajo control del Fondo Nacional Judío (FNJ), que administra las tierras únicamente para los judíos. La mayor parte de esta tierra fue expropiada a los palestinos y traspasada al FNJ a partir de mayo de 1948. En total, el FNJ y la Administración Territorial de Israel controlan conjuntamente el 93% de la tierra israelí. Las prácticas israelíes en vigor de robo de tierra palestina y las normativas racistas, hacen que sea imposible para la gran mayoría de palestinos con ciudadanía israelí vivir de la agricultura.

-  En Cisjordania, con la construcción del muro, los asentamientos y los puestos de control, Israel ha creado un complejo sistema de Bantustanes que facilita el robo de tierras, la demolición de casas y el aislamiento a costa de las comunidades palestinas. Los gazatíes son víctimas de un asedio interminable que ha terminado con el cierre del 98% de la actividad industrial y con una tasa de desempleo del 79%. Una nueva ola de desplazamiento forzoso amenaza a los palestinos. Se estima que más de 115.000 han sido desplazados internamente en los últimos 40 años de ocupación israelí, mientras que 266.442 personas de 78 comunidades están en riesgo de serlo. En la Franja de Gaza, las operaciones militares israelíes han causado el desplazamiento temporal de más de 50.000 entre el año 200 y 2004 solamente.

Estas políticas de discriminación racial, marginalización económica y desplazamiento son características continuas del sistema legal y administrativo de Israel desde su creación en 1948 y una consecuencia de su propia definición como Estado judío. El Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha notado que “el énfasis excesivo sobre el Estado como un Estado judío promueve la discriminación y otorga una clase social de segunda a los ciudadanos no judíos”. Es notorio que las Leyes Básicas de Israel no acogen los principios de igualdad y no discriminación. Esto coloca a Israel en clara contradicción con los principios de la OCDE sobre democracia pluralista, libre mercado abierto y respeto por los derechos humanos.

Estamos conmocionados porque la TUAC  aún no ha revisado su posición de 30 de mayo de 2008 sobre la ampliación de la OCDE y su mayor implicación con los no miembros, en la que se afirma que Israel ha ratificado las ocho convenciones centrales de la Organización Internacional del Trabajo, sin mencionar que esto es una violación sistemática y estructural al menos de la Çonvención C111 sobre la Discriminación en la Contratación y el Trabajo.

La TUAC ha de hacer también una revisión similar de su definición del Histadrut como un sindicato fuerte y activo. Más aún, los muchos trabajadores palestinos despedidos por su participación en manifestaciones contra los ataques sobre Gaza, no pudieron contar con el apoyo del sindicato. Mientras que sindicatos de todo el mundo se han manifestado contra la carnicería de Gaza que ha costado 1400 vidas y ha causado enorme daño a la infraestructura y a las propiedades, el Histadrut ha appyado la maquinaria bélica israelí calificando el ataque “defensa propia justificada”. El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios ocupados, Richard Falk, ha cuestionado la legalidad del ataque israelí al ser Gaza una zona densamente poblada en la que es imposible diferenciar entre objetivos militares y población civil. Ha dicho que el ataque israelí constituye “un crimen de guerra de la mayor magnitud a la luz del derecho internacional”.

Pedimos a la TUAC que revise su posición y que exija claramente a la OCDE que no acepte a Israel como miembro. Israel no puede ser exonerado del respeto a los principios de la OCDE y su membresía en ésta ha de estar estrictamente condicionada al cumplimiento anterior de sus principios.

Muy cordialmente,