El fiscal español pide archivar la causa por un ataque israelí
Aduce que Israel ya investiga el asesinato de un líder de Hamás y de 14 civiles

Ángeles Vázquez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha hecho de rogar. Pero no ha esperado a que el Gobierno modifique la legislación relativa a la jurisdicción universal, como el ministro Miguel Ángel Morantinos anunció a su homóloga israelí el pasado mes de enero

Público, 03/04/2009

El fiscal Pedro Martínez Torrijos pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archive las diligencias que abrió el 21 de enero al admitir a trámite la querella presentada por seis supervivientes y familiares de víctimas del ataque que se produjo en el barrio Al Daraj de Gaza el 22 de julio de 2002. El objetivo era el dirigente de Hamás Sala Shehadeh, que murió, pero la bomba de una tonelada que se lanzó sobre su casa también mató a otras 14 personas, y 150 más resultaron heridas.

La Fiscalía argumenta que las autoridades israelíes ya investigan lo ocurrido. "Las autoridades judiciales en sus diferentes niveles, muy singularmente a través del sistema de recursos, han adoptado decisiones que satisfacen plenamente las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial", afirma el fiscal.

El ministerio Público se basa en que el caso Shehadeh se inició en septiembre de 2003. El Supremo lo suspendió hasta resolver otro, más genérico, relativo a la selección de objetivos terroristas. Según los querellantes, este proceso estableció que estos ataques son proporcionales. La Fiscalía, en cambio, destaca que fijó que si hay víctimas civiles deben investigarse por una comisión. La que se ocupa del ataque de julio de 2002 se constituyó en junio de 2007 y se revisó este diciembre.

"Los tiempos de respuesta a las peticiones de los denunciantes son proporcionados", sostiene el fiscal, porque había que fijar "los criterios jurídicos que permitirían analizar la actuación de las Fuerzas Armadas en los ataques a objetivos terroristas".

El que aún no se haya resuelto un proceso iniciado en 2003 tampoco es motivo para "concluir falta de voluntad en la resolución del caso", porque las decisiones están siendo revisadas por el Tribunal Supremo de Israel y "no se conocen aún las conclusiones de la comisión".

Cinco días para contestar

El juez Andreu, que admitió a trámite la querella ante la falta de respuesta de Israel a la comisión rogatoria cursada, dará cinco días a las partes para que respondan al escrito fiscal, que también pide dejar sin efecto la imputación del ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y de otros seis responsables militares.

El abogado Antonio Segura, que representa a los querellantes, declaró a Público que la comisión de investigación está compuesta por militares y tiene carácter administrativo, no judicial, por lo que no se puede entender como una investigación abierta.

Además, en su opinión, la decisión fiscal supone que "para dar satisfacción al Gobierno de Israel se ha comprometido la legalidad en España, porque acepta las ejecuciones extrajudiciales".