Fiscalía pide averiguar si Israel investiga el bombardeo de 2002 en Gaza antes de decidir si debe abordarse en España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy en un informe remitido al juez central de instrucción número 4, Fernando Andreu, el envío de una comisión rogatoria a Israel destinada a averiguar si existen en este país procedimientos judiciales abiertos sobre el bombardeo registrado el 22 de julio de 2002 en Gaza (Palestina) que causó la muerte de 15 personas y heridas a otras 150

Europa Press
16/7/2008

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy en un informe remitido al juez central de instrucción número 4, Fernando Andreu, el envío de una comisión rogatoria a Israel destinada a averiguar si existen en este país procedimientos judiciales abiertos sobre el bombardeo registrado el 22 de julio de 2002 en Gaza (Palestina) que causó la muerte de 15 personas y heridas a otras 150.

El escrito, hecho público hoy, recomienda que se obtenga esta información antes de que el Juzgado decida sobre la procedencia de admitir o no a trámite la querella presentada el pasado 24 de junio por seis supervivientes y familiares de las víctimas por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, que podrían perseguirse en España en virtud de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad, según defienden los querellantes.

Las víctimas dirigen su actuación judicial contra siete altos cargos que ordenaron y planificaron el ataque: el entonces ministro de Defensa, Benjamín Ben-Eliezer; su secretario militar, Michael Herzog; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF), Moshe Ya'alon; el comandante Dan Halutz, que dirigió la operación; el general Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Gioria Eiland; y el director del Servicio General de Seguridad (SGG).

La Fiscalía recuerda que de la querella interpuesta se deriva que puede existir en Israel una demanda de indemnización presentada en diciembre de 2003 por una de las familias afectadas, a la que se unieron otros demandantes. Menciona también la existencia de una solicitud efectuada en diciembre de 2006 ante el Tribunal Supremo de Israel para que se designara un nuevo tribunal para conocer otra demanda.

El Ministerio Público considera que todo esto "podría permitir articular en un futuro" un enjuiciamiento ante las autoridades israelíes de los responsables del bombardeo.

Intervención Española

Añade que en su opinión sería necesario agotar todas las instancias legalmente previstas "para hace aparecer como razonable" en los aspectos procesal, político y criminal una intervención de la jurisdicción española en este asunto.

Según el texto de la querella, entre las 23.30 y las 0.00 horas del 22 de julio de 2002 un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza con el objetivo de destruir la casa del supuesto comandante de Hamas Sala Shehadeh.

Como resultado, murieron un total de 15 personas --la mayoría de ellos niños y bebés-- y otras 150 resultaron heridas. Además, ocho casas de los alrededores fueron totalmente destruidas, otras nueves sufrieron daños parciales y 21 más resultaron afectadas.

Operación "Proporcional".

Los querellantes denunciaron el caso al Tribunal Superior Israelí, que en enero de 2006 dictó una sentencia en la que consideraba que la operación fue "proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh" y que el resultado posterior no fue "intencionado".

En este sentido, se manifestó el comandante Halutz, que pidió en una entrevista a sus subordinados que durmieran "tranquilamente" porque la ejecución del ataque había sido "perfecta" y el proceso de toma de decisiones "correcto, equilibrado, adecuado y prudente".

Sin embargo, el bombardeo fue repudiado por toda la comunidad internacional y el Reino Unido sostuvo que el bombardeo "no fue legal ni proporcional".

Las víctimas, que destacan la "naturaleza injustificada y desproporcionada" de la acción militar, consideran que los tribunales inadmitieron su demanda porque "al Estado de Israel no le interesa investigar ni enjuiciar hechos sobre los cuales ellos mismos tienen una responsabilidad clara".