El Tribunal de Justicia Europeo anula la decisión de congelar
las cuentas de Mujahidi Halk, organización armada con
base en Iraq
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/ CSCAweb: 03-01-07
La organización
armada Mujahidi Halk -Combatientes del Pueblo- que lucha por
derrocar al régimen de los ayatollah en Irán, está
de enhorabuena. El Tribunal de Primera Instancia de la Unión
-el segundo en la jerarquía judicial comunitaria- anuló
la congelación de fondos de este grupo iraní, el
ala armada del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán.
La Corte argumenta que la organización
no fue informada de la decisión, ni ha recibido ninguna
justificación para su pertenencia a la lista, con lo que
se vulnera su derecho básico a la defensa. Su líder,
Marian Rállaui ha asegurado en una rueda de prensa en
el Parlamento Europeo, que la decisión del Tribunal de
anular la congelación de las cuentas del movimiento significa
que aunque el Tribunal europeo no puede sobrepasar sus competencias,
ha quedado muy claro que el término terrorismo no está
ligado ya a su organización y que el uso conjunto carece
de base legal. Rállaui, que preside el llamado Consejo
Nacional de la Resistencia de Irán ha subrayado que la
decisión de la más alta autoridad de justicia europea
viene a borrar la mancha negra que tanto ha dañado la
imagen del movimiento. Dice que la decisión de congelar
los fondos del grupo e inscribirla en la lista de movimientos
terroristas sólo obedeció a una estrategia política
de los países europeos para tranquilizar a los Ayatollah
de Irán, exigiendo que ahora se tache el nombre de su
movimiento de esa lista y exigiendo a la UE que les indemnice
por el gran daño y perjuicio que tal decisión creó
a la resistencia y al mismo pueblo de Irán.
La organización Mujahidi
Halk lleva a cabo una lucha armada contra el régimen de
Teherán y ha usado, y sigue haciéndolo, el territorio
iraquí como sede principal de su actuación contra
el régimen de los Ayatollah. Antes de que termine el año,
los 25 se sentarán a explicar por qué consideran
terroristas a 48 grupos y 45 individuos incluidos en su lista
negra, revisando el secretismo del procedimiento y la indefensión
de los afectados. La lista fue creada en 2001, tras los atentados
del 11-S, y se va ampliando cada seis meses con las propuestas
de los Estados miembros tras una reunión de la que ni
siquiera se hace un registro. Los representantes de Interior,
la mayoría policías más que juristas, apenas
dan explicaciones y, hasta que la decisión sea inamovible,
no la comunican de forma oficial, ni siquiera al responsable
de Política Exterior, Javier Solana.
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