El boicot a Israel: es la hora
de los hechos y no de las palabras
Alberto Arce*
Red
de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina
CSCAweb (www.nodo50.org/csca), 6 de mayo de 2005
"La
Unión Europea y sus Estados miembros permanecen, desde
hace años, anclados en el ámbito de la 'diplomacia
declarativa' respecto a Israel mientras brillan por su ausencia
las medidas reales que puedan incidir en la práctica sobre
la mejora de la situación de los Derechos Humanos en los
Territorios Palestinos que ocupa militarmente desde 1967. Las
instituciones internacionales condenan al Estado hebreo, los
gobiernos europeos le recriminan su comportamiento y los ciudadanos
son conscientes de que el conflicto palestino-israelí
es una de los casos más evidentes del doble rasero con
el que se mide el comportamiento de los Estados en la escena
internacional, incrementando el descreimiento y apatía
en cuanto se refiere a construir una sociedad internacional guiada
por los principios de la justicia y el derecho"
Con motivo de la última
visita a España de Saeb Erekat, ministro para las Negociaciones
de la ANP (Autoridad Nacional Palestina), el ministro de Asuntos
Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ofreció
una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Santa Cruz.
Según reconoció en la misma refiriéndose
a la cuestión palestina, la Unión Europea no puede
quedarse de "brazos cruzados porque ha llegado el tiempo
de asumir su responsabilidad en la zona". Ha asegurado también,
en lo que se refiere particularmente a la política exterior
española, que "España está dispuesta
diplomáticamente, y luego ya veremos lo que se decide
para poner sobre el terreno las contribuciones necesarias para
una reconciliación definitiva".
Es tiempo, entonces, de preguntarse
por qué no se pasa de una vez de las palabras a los hechos
a la hora de diseñar una política exterior que
pueda garantizar una solución justa para la situación
del pueblo palestino. Nuestro Ministro Moratinos utiliza expresamente
la palabra reconciliación como desideratum para
el futuro de la relaciones entre israelíes y palestinos.
No obstante, resulta sencillo comprender que no exista la más
mínima posibilidad de reconciliación entre ambos
pueblos mientras los Derechos Humanos de la población
árabe, tanto de Palestina como de Israel, no sean garantizados.
Los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes,
están estrechamente relacionados con el respeto a los
principios democráticos y juegan un rol fundamental en
las relaciones de la UE y sus Estados miembros con los países
de la cuenca mediterránea, entre los que Israel se encuentra,
tal y como se puede extraer de la enunciación de principios
de la "Declaración de Barcelona". A partir de
esta importancia otorgada por la UE a las cuestiones relacionadas
con los Derechos Humanos, es hora de que se apliquen efectivamente,
sean tomados en serio los principios para la Asociación
Euro-mediterránea e Israel sea sancionado con la suspensión
de su participación en dicho acuerdo a la vista de las
numerosas violaciones del Derecho Internacional en las que incurre.
Las sistemáticas
violaciones israelíes del Derecho Internacional
En la "Declaración
de Barcelona" se afirma que los acuerdos de Asociación
entre la UE y los países del Mediterráneo se sostienen
sobre tres pilares:
a) promover la paz y la seguridad,
b) promover el bienestar común
a través de la creación de Acuerdos de Libre Comercio
y
c) promover el acercamiento
intercultural mediante intercambios tanto políticos como
sociales.
De la enunciación de
estos tres pilares podemos extraer la siguiente lógica:
si la UE mantiene acuerdos con un tercer Estado (Israel) que
no respeta la legalidad internacional (ocupación militar
de territorios, construcción del Muro de Apartheid, continuas
violaciones de los Derechos Humanos de los palestinos) y constituye
por su política militarista una amenaza a la paz y la
seguridad de la zona, la UE en consecuencia no tiene porqué
aplicar respecto a ese Estado, los supuestos beneficios (acuerdos
de libre comercio, intercambios político y social, científico,
educativo, deportivo y artístico) que el trasgresor de
la legalidad internacional puede recoger asociándose a
Europa.
En junio del año 2000
entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la
UE y el Estado de Israel. Todos los acuerdos que la UE firma
en sus Relaciones Exteriores incluyen la llamada "Cláusula
Democrática", existente pero no aplicada. Es hora
de tomárnosla en serio. En su artículo 2, dicho
Acuerdo con Israel afirma:
"[...] las relaciones
entre las partes así como todas las particularidad del
Acuerdo deben basarse en el respeto a los Derechos Humanos y
los principios democráticos que guían tanto su
política doméstica como la internacional y constituyen
una parte fundamental de este Acuerdo"
Las repetidas violaciones de
los Derechos Humanos y los principios del Derecho Internacional
en las que Israel incurre comienzan, y sin entrar en un análisis
detallado, por el caso omiso prestado a las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Especialmente sangrante
es la violación de la Resolución nº 242 que
debería tener como consecuencia, en caso de ser aplicada,
la retirada de Israel de los Territorios Palestinos que ocupa
ilegalmente desde 1967, la solución justa al problema
de los más de tres millones de refugiados que viven fuera
de sus hogares y la aplicación efectiva del Estatuto internacional
para Jerusalén. Las violaciones continúan con las
decisiones del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya
en julio de 2004 y la Asamblea de las Naciones Unidas respecto
a la necesidad de derribar el Muro de Apartheid que se construye
en Cisjordania y con una detallada descripción de las
arbitrariedades e injusticias diarias a las que el Ejército
y la Policía israelíes someten a la población
palestina a través de los castigos colectivos que suponen
los más de 300 checkpoints [puestos de control]
militares que impiden la libre movilidad en Cisjordania, los
toques de queda, las invasiones de ciudades y pueblos y los casi
8.000 presos políticos palestinos que permanecen encerrados
en cárceles israelíes. Para finalizar con este
pequeño recuento de los horrores, dentro de Israel existe
un 18% de población árabe que es sometida a un
régimen de Apartheid de facto que menoscaba y vulnera
sus más fundamentales derechos humanos. La situación
de los pueblos árabe israelíes no reconocidos.
La discriminación en el ámbito educativo y laboral
y las especiales medidas de seguridad a las que se les comete
continuamente merecerían un nuevo artículo centrado
únicamente en su situación. Israel es, en definitiva
y utilizando la nueva terminología imperial inventada
por el Presidente Bush, el "estado villano" de Oriente
Medio.
En lo que se refiere concretamente
a la violación de los Acuerdos firmados entre Israel y
la Unión Europea, el caso de ilegalidad más flagrante
y el ejemplo más "técnico" pasa por la
realidad de que Israel ha hecho efectivas sus facilidades comerciales
para exportar a Europa los productos que tienen su origen en
los asentamientos ilegales establecidos en los Territorios palestinos
ocupados militarmente en 1967. Violan todas las normativas sobre
reglas de origen de la legislación comercial comunitaria.
Mientras la ocupación continúe declarándose
como ilegal en el Derecho Internacional, Israel no puede aplicar
sus acuerdos internacionales en territorios ubicados fuera de
sus fronteras internacionalmente reconocidas. Gaza y Cisjordania
no serán reconocidos como territorio del Estado de Israel
y todo lo que allí se produzca y exporte no podría
entrar en la UE más que bajo control de la Autoridad Nacional
Palestina, algo que por supuesto no sucede.
Un ejemplo
de las acciones a desarrollar
No obstante, no pretendemos
entrar aquí en un análisis legal, materia suficientemente
estudiada en multitud de informes de las instituciones internacionales
incluidos hoy en día en el ámbito del papel mojado.
Cabe, a estas alturas, una denuncia de carácter político
y son ya tantos los ejemplos presentados desde la ley que, junto
a la argumentación de carácter ético y democrático,
justifican sobradamente que la Unión Europea aplique sanciones
al Estado de Israel.
Tres empresas españolas
exportan tecnología militar a Israel. Se trata de la recién
privatizada IZAR, de Fabricaciones Extremeñas S.A. y de
Unión Española de Explosivos (datos facilitados
por la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma
de Barcelona). Tales exportaciones de armas deben ser inmediatamente
suspendidas por el gobierno de Rodríguez Zapatero a través
de los mecanismos que recoge la Junta Interministerial de Material
de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). En esta Junta, dirigida básicamente
desde el Ministerio de Industria del Señor Montilla, que
ejerce las competencias de Comercio Exterior, no se contempla
la presencia de ningún criterio más allá
del meramente económico con lo cual las consideraciones
respecto a la defensa de los Derechos Humanos brillan por su
ausencia. Y no sólo la Administración central colabora
con el Estado de Israel, también la Generalitat de Catalunya,
por poner un ejemplo, mantiene vinculaciones con el mismo a través
de los Convenios firmados entre la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca y la Secretaría General de Juventud.
Mientras estos convenios y sus respectivas relaciones comerciales
no sean suspendidas desde las instituciones, los ciudadanos serán
los que tengan la posibilidad de pasar a la acción.
La empresa israelí Eden
Springs, asociada con el Grupo Danone es una de las principales
comercializadoras en nuestro país de agua embotellada
para oficinas. Para más vergüenza, el agua del que
se surte esta empresa proviene de los Altos del Golán,
ocupados ilegalmente a Siria en 1981. Y este será el primer
producto boicoteado en España por la Red de Solidaridad
contra la ocupación de Palestina para dar comienzo a la
acción ciudadana contra el Estado de Israel.
Simplemente apuntando unas
cuantas cifras y un conjunto de ejemplos, cualquier lector interesado
comprendería las nefastas consecuencias que tendría
la suspensión de la colaboración económica
europea para Israel. El 40% de las importaciones israelíes
tienen su origen en la UE (primer proveedor al nivel mundial)
y el 30 % de sus exportaciones están destinadas también
a la UE (que es el segundo cliente más grande de Israel
después de EEUU). La Unión Europea es, por tanto,
la principal contraparte comercial de Israel y quien podría
presionar más efectivamente al Estado Hebreo si existiese
la voluntad política de defender los Derechos Humanos
como modelo de Política Exterior y de Seguridad. En el
ámbito del intercambio social, estudiantes y profesores
israelíes visitan cada año nuestras universidades,
sus equipos de fútbol y baloncesto, como el Maccabi de
Tel Aviv o el Hapoel Galli participan en la Champions League
y la Euroleague e incluso algún cantante israelí
ha ganado recientemente el Festival de Eurovisión. Todo
ello sin referirnos al turismo. Por poner otro ejemplo: la aplicación
proporcional a los turistas israelíes que visitan Europa
de los mismos surrealistas y paranoicos protocolos de seguridad
a los que cualquier ciudadano europeo que visite Israel es sometido,
sería efectiva como método de presión civil
en tanto hecho que quizá facilitase algún tipo
de reflexión y autocrítica de los ciudadanos hebreos
hacia el comportamiento de su gobierno. Lo mismo sucedería
cuando sus mejores estudiantes no pudiesen viajar a Europa o
sus deportistas se viesen obligados a abstenerse de participar
en competiciones internacionales.
El código de barras
que identifica los productos de origen Israelí es el que
comienza por la cifra 7290. A través de una acción
tan simple como dejar de comprar cualquier producto con esta
numeración comenzaríamos a presionar económicamente
a las empresas israelíes para que estas diesen el paso
de dirigirse a su gobierno y pedir modificaciones políticas.
El dinero no entiende de patrias y si el tejido económico
israelí comenzase a resentirse como consecuencia de un
boicot internacional, otro gallo cantaría, dando comienzo
a la etapa de división interna respecto al mantenimiento
de la ocupación de Palestina.
La Diplomacia
declarativa: vacía y sin contenidos
Israel aplica sus acuerdos
con la UE en violación de los principios generales del
Derecho Internacional y de los mismos acuerdos aplicados. Hasta
el momento, la Unión Europea ha decidido intencionalmente
no evitar que este comportamiento israelí continúe,
con la consecuencia de que su "Diplomacia operativa"
respecto a un Estado que viola el Derecho Internacional se contradice
con su "Diplomacia declarativa". Hechos y no
palabras. Menos solidaridad verbal con los palestinos y más
acciones efectivas encaminadas a mejorar su situación
real. Los instrumentos legales para sancionar en la práctica
el comportamiento israelí surgen del mismo marco legal
por el que se rigen las relaciones entre la UE e Israel y lo
que muchos ciudadanos y organizaciones a lo largo de toda Europa
reclaman es que se apliquen las medidas recogidas en los textos
legales contra quien los viola sistemáticamente.
La Unión Europea y sus
Estados miembros permanecen, desde hace años, anclados
en el ámbito de la "diplomacia declarativa"
respecto a Israel mientras brillan por su ausencia
las medidas reales que puedan incidir en la práctica sobre
la mejora de la situación de los Derechos Humanos en los
Territorios Palestinos que ocupa militarmente desde 1967. Las
instituciones internacionales condenan al Estado hebreo, los
gobiernos europeos le recriminan su comportamiento y los ciudadanos
son conscientes de que el conflicto palestino-israelí
es una de los casos más evidentes del doble rasero con
el que se mide el comportamiento de los Estados en la escena
internacional, incrementando el descreimiento y apatía
en cuanto se refiere a construir una sociedad internacional guiada
por los principios de la justicia y el derecho.
La "Diplomacia declarativa"
lleva al desencanto y la arbitrariedad que trasluce la ausencia
de medidas que doten de contenido a las supuestas buenas intenciones
de nuestros líderes lleva a la decepción y la retirada
de la esperanza. El tiempo perdido en eternas e inútiles
discusiones y negociaciones de paz como las que actualmente se
llevan a cabo no sirve más que para aumentar el margen
con el que Israel construye su particular régimen de apartheid
y procede a encerrar a millones de personas en nuevos ghettos
similares a los que los nazis construyeron en Polonia para los
judíos y los blancos instauraron en Sudáfrica para
los negros. Israel está bantustanizando Palestina
ante el silencio cómplice nuestros gobiernos. El gobierno
de Ariel Sharon pretende tan solo continuar ganando tiempo para
acelerar la construcción del Muro de Apartheid que destruye,
asfixia y encierra Palestina. El Muro es su garantía para
que si en un futuro a medio plazo la comunidad internacional
termina por forzar la existencia de un Estado Palestino, el mismo
sea inviable y absolutamente dependiente de Israel.
Es hora, por tanto, de pasar
a la acción e implementar una política efectiva
que les obligue a Israel a cesar en su criminal comportamiento.
Más allá de la continua e inevitable repetición
del derecho israelí a defenderse del terrorismo, que debe
ser comprendido e integrado como fenómeno político,
en el marco amplio de las consecuencias que genera una ocupación
militar ilegal y no como un hecho aislado. Bien tamizada por
enfoques Orientalistas, la resistencia palestina provendría
exclusivamente del fanatismo religioso y no de la constante injusticia
en que se ha convertido su existencia diaria. Los ciudadanos
europeos, cada vez más conscientes de la realidad exigen
que la UE diseñe, de una vez por todas, un posicionamiento
público claro, rotundo y acompañado de medidas
políticas visibles respecto de las persistentes violaciones
de los derechos humanos que, amparadas por la ocupación
militar ilegal y, más recientemente por la construcción
del vergonzoso "Muro del Apartheid", Israel perpetra
continuamente en Gaza y Cisjordania.
Y ante la ausencia de medidas
o sanciones desde el ámbito gubernamental-institucional,
la medida de retorsión que, desde la ciudadanía
y las organizaciones sociales, cabe proponer frente al comportamiento
israelí es el boicot ciudadano. Se trata de conseguir
la participación activa, cómplice y consciente
de quienes creen firmemente en la adopción de una política
de presión efectiva frente a Israel para poder, de ese
modo, presionar en la defensa de la mejora de las condiciones
de vida de la población de los territorios palestinos.
Ante la palabrería vacía de nuestros gobiernos,
enredados una vez más en negociaciones multilaterales
y acuerdos de paz de dudosa legitimidad y efectividad, cabe reivindicar
el rumor ciudadano que dote de contenido democrático a
una política exterior europea auténticamente al
servicio de una paz y una seguridad internacional que, por más
Tratados Constitucionales que se voten, nunca acaba de llegar.
La comunidad internacional
en su conjunto mantiene un silencio cada vez más cómplice
respecto al comportamiento criminal del Estado de Israel y se
comporta como si de un muñeco en las manos de un ventrílocuo
se tratase. Estados Unidos garantiza que cualquier intento de
imposición de sanciones hacia Israel por parte de la comunidad
internacional será vetado en las Naciones Unidas mediante
su el ejercicio de su comportamiento hegemónico. La Unión
Europea y España hablan y hablan. Y aunque lo hacen en
la dirección adecuada, es necesario que se impliquen aún
más y diseñen una política concreta que
avance en la consecución de los objetivos que se señalan
en el ámbito de lo "declarativo". Javier
Solana, responsable de la Política Exterior y de Seguridad
Común de la UE y Miguel Ángel Moratinos, ministro
de Asuntos Exteriores de España, reiteran una y otra vez
su compromiso con la solución del conflicto palestino.
Nadie duda de sus buenas intenciones. Moratinos en concreto y
España, en particular, incluso tienen un largo currículo
de acciones encaminadas a lograr una solución justa a
tan ignominiosa situación. Deben exigirse hechos. La ciudadanía
debe reclamar que se apliquen un conjunto de medidas sancionadoras
al Estado de Israel por parte de la Unión Europea y mientras
esto no suceda, debe comenzar a aplicarse el boicot ciudadano.
Debatimos en Europa sobre una
Constitución que reforzará nuestro modelo de defensa
de los Derechos Humanos así como de la paz y la seguridad
internacional. La resolución de la cuestión palestina
es una oportunidad única para demostrarle al mundo que
Europa está dispuesta a comprometerse en la práctica
con los valores que solamente proclama en la teoría. Una
oportunidad única para revertir la vergüenza y la
injusticia que diariamente asolan la vida de los palestinos.
El Derecho Internacional está de parte de los palestinos,
la coyuntura geoestratégica y la seria amenaza de materialización
de un artificial choque civilizacional generado por los Estados
Unidos y sus aliados, cada vez más peligrosamente cercano,
demandan soluciones integrales rápidas y efectivas ante
la fractura que se avecina. En esta coyuntura, Israel debe ser
presionado de manera efectiva y Palestina debe ser resarcida
como ejemplo de buena voluntad y de establecimiento de un nuevo
modo de relación con el mundo árabe y musulmán.
No afirmamos nada que el propio Presidente del Gobierno español
no reitere en repetidas ocasiones bajo el nombre de "alianza
de civilizaciones". Lo único que debe exigirse es,
en realidad, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace,
algo a lo que nuestros gobiernos no nos tienen acostumbrados
y que debemos exigir en la calle de una vez por todas.
Las sanciones económicas
y políticas funcionaron con éxito en Sudáfrica
y deben ser aplicadas contra Israel inmediatamente. Nadie puede
afirmar que los argumentos que hace una década justificaron
la presión contra un régimen de "Apartheid"
no continúen vigentes en otro ámbito geográfico.
Y lo hacen con mayor crudeza y urgencia, si cabe. El régimen
israelí debe ser asfixiado democráticamente desde
Europa a través de las sanciones de nuestros gobiernos
y las acciones de los ciudadanos. La política efectiva
no puede hacerse esperar. Su necesidad y sus posibilidades son
ahora mayores que nunca. El proceso de paz que parece haber comenzado
no deber ser utilizado como excusa para "congelar"
las ventajas que Israel ha conseguido mediante el uso de la fuerza.
Incluso dentro del propio Gobierno israelí se manejan
informes que estudian el impacto de su posible aplicación.
Tal es su propio convencimiento de que se las han ganado a pulso.
La Unión Europea mantiene un Acuerdo de Asociación
con Israel que debe ser inmediatamente suspendido en virtud de
la aplicación de su cláusula democrática.
Israel tiene que entender, por propio convencimiento o por presión
desde el exterior, que tiene que terminar con la construcción
de su paranoico "Muro de Apartheid" y la consecuente
destrucción del pueblo palestino. O el mundo comprenderá
que la fuerza se ha impuesto sobre la razón y los desposeídos
continuarán defendiéndose con fuerza, ya que no
se aceptan sus razones, de las agresiones a las que son sometidos.
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