El próximo 14 de enero a las 10 de la mañana, 18 personas detenidas en relación a la manifestación antifascista del 12 de octubre de 1999 a Barcelona seremos juzgadas en el juzgado penal núm. 7 de Barcelona. La fiscalía nos acusa de los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños y pide una condena de más 50 años de prisión y 16.320.000 ptas. de multa para tod@s nosotr@s: un año y medio para las 17 acusadas de desórdenes, otro año y medio a las 14 acusadas de atentado y una multa de 960.000 ptas. conmutable por 8 meses de prisión a los 17 acusados de daños. Uno de los detenidos está acusado de atentado con agravante de uso de armas y le piden 4 años de prisión. Sólo uno de los 18 está acusado de un delito menor, con una petición de 60.000 ptas. de multa y 15 días de arresto.

El 12 de octubre de 1999, por segundo año consecutivo, se celebró en el barrio de Sants de Barcelona una manifestación de rechazo al acto fascista que la Comisión de homenaje a la bandera celebraba en la Plaça dels Països Catalans, y que la Delegación de Gobierno en Catalunya autoriza desde el año 83. Desde inicios de los 90, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales y col.lectivos de todo tipo habían pedido repetidamente la prohibición del acto, tirando varias iniciativas: campañas de firmas de rechazo, mociones de censura contra el acto en el pleno de distrito de Sants-Montjuic, 4 fiestas antirracistas en el Centro Cívico de Cotxeres de Sants….

La manifestación, en la que participaron más de 2000 personas, acabó con incidentes con la policía, que cargó contra todo el que se movía por las inmediaciones de Sants Estació. Durante 3 horas, antidisturbios y policías de paisano se lanzaron a la cacería de personas por Sants y Hospitalet y detuvieron a 22: 15 chicos y 7 chicas que pasamos 72 horas en la comisaría de la Verneda y en los juzgados y soportamos maltratos físicos y vulneración de derechos básicos durante la detención. Mientras tanto, la Delegación de Gobierno presionaba a Remei Bona, titular del juzgado 28 de instrucción, y gran parte de los medios de comunicación sobredimensionaban los hechos con titulares y imágenes impactantes.Todo ello provocó que la jueza decretara el ingreso a prisión de 14 personas en virtud de la supuesta "alarma social" que causaron los hechos. Remei Bona l@s acusaba de constituir una "asociación ilícita", aplicándoles el artículo 515.3 y 517.2, que el Código Penal contempla para "bandas armadas y grupos terroristas". Precisamente, el día 6 de octubre la policía nacional había detenido 7 nazis vinculados al grupo Resistencia Nacional de la Juventud (rama de la organización fascista Alianza por la Unidad Nacional): 4 de ellos salieron en libertad el día siguiente con cargos de robo con violencia, agresión racista, lesiones a un guardia urbano y agresión sexual. Nadie percibió ninguna alarma social en los hechos o la liberación de estos detenidos. Uno de los liberados, Santiago Royuela, fue detenido otra vez en marzo de 2001 intentando colocar un artefacto casero en una fiesta de colectivos alternativos en Cotxeres de Sants y volvió a salir en libertad.

El encarcelamiento de las 14 detenidas provocó reacciones inmediatas en instancias jurídicas como la Comisión en Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona. En una semana, 2500 entidades y 1732 personas suscribieron el manifiesto de apoyo a los y las encarceladas y detenidas. Miles de personas marcharon a la prisión de Trinidad y Wad Ras para apoyarl@s. Finalmente, la jueza l@s dejó en libertad con cargos 10 días más tarde, considerando que el "rechazo social" a los hechos del 12 de octubre se había apaciguado. El 23 de octubre, más de 10.000 personas pidieron la libertad sin cargos de todos y todas las detenidas llabarrotando Vía Laietana y Plaça Sant Jaume.

Meses más tarde, dos estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la Universitat Autònoma de Barcelona presentaron una queja al Consejo de la Información de Catalunya contra varios medios de comunicación por vulnerar el código deontològico del Colegio de Periodistas en las informaciones relativas a la manifestación y detenciones del 12 de octubre, que crearon el ambiguo clima de "alarma social" que propició los encarcelamientos. El CIC la aprobó.

La experiencia del 12 de octubre de 1999 propició el nacimiento de nuevas entidades, como Madres y Padres Afectados por los Hechos del 12 de octubre (MAPAFS), que desde hace 3 años trabaja con otros colectivos organizando actos de reflexión sobre problemáticas relacionadas con los hechos, como la charla organizada recientemente en Cotxeres de Sants sobre el enfoque social y alternativo de la seguridad ciudadana. La vivencia directa de la brutalidad policial y la arbitrariedad judicial ha hecho que MAPAFS se involucre activamente en otros acontecimientos parecidos, como la represión a la manifestación contra el Banco Mundial el junio de 2001 o el estado de asedio policial al centro de Barcelona el pasado 12 de octubre por las manifestaciones de antifascistas e inmigrantes. Además, durante la campaña 99-2000 se formó la Plataforma Cívica por un 12 de octubre en libertad, que reunió a varios colectivos involucrados en la asamblea de apoyo a l@s detenid@s y organizó conjuntamente con otros entidades los actos del 12 de octubre de 2000. Este año, la Plataforma Cívica ha organizado una campaña para que varios municipios de Catalunya se declararan antifascistas en el pleno y ha conseguido reunir a 32, presentando la documentación a la Generalitat, el Ayuntamiento y el Síndic de Greuges.

Este macrojuicio llega 3 años después de que la Delegación de Gobierno, la Jefatura de Policía y la intoxicación informativa urdieron una trama que nos trajó a los calabozos y a la prisión, provocándonos numerosos daños físicos, materiales y psicológicos a nosotr@s y a nuestros familiares y amig@s. Con un atestado novelesco, afirmaciones manifiestamente falsas, pruebas inexistentes y mucha literatura policial, Fiscalía y Delegación de Gobierno pretenden encarcelarnos otra vez y obligarnos a pagar multas millonarias que no podemos ni queremos asumir. Resulta vergonzoso que instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona se presenten como parte acusadora en un proceso contra personas detenidas indiscriminadamente o que simplemente ejercían su derecho a manifestarse.

Nos parece evidente que la problemática en torno al acto del 12 de octubre no se ha resuelto, en tanto que la Delegación de Gobierno autoriza reiteradamente un acto rechazado por gran parte de la población de Barcelona y comarcas y reprime las manifestaciones de rechazo con violencia y detenciones masivas e indiscriminadas; el Ayuntamiento permite el acto conociendo sobradamente el descontento que provoca y pide sumas millonarias a l@s detenid@s por unos incidentes que perfectamente se habrían podido evitar y los juzgados acusan y condenan a personas detenidas en razzias policiales, mientras no hay ninguna diligencia abierta por las proclamaciones racistas, xenófobas y preconstitucionales que los ultras hacen cada año en su acto. Además de las 22 detenciones del 99, hay 7 chicos detenidos en un bar en motivo de la manifestación del año 98, que fueron condenados a 1 año y medio de prisión por desórdenes públicos y estuvieron a punto de entrar a la prisión por tener antecedentes penales de insumisión; 32 personas encausadas por la manifestación de el año 2001 y este año detuvieron a 29 más en el centro de Barcelona: 90 detenciones en 4 años y el conflicto sigue patente.

Creemos que son las instituciones mencionadas, y no nosotr@s, las responsables de los hechos del 12 de octubre de 1999 y de todo lo que ha acontecido desde que autorizan y permiten un acto de nostálgicos de la dictadura que propugnan una ideología basada en la exclusión, el genocidio y la sumisión de l@s demás.

Creemos que son ellos que nos tienen que indemnizar por el grave perjuicio que sufrimos con nuestra detención y encarcelamiento, y por los daños ocasionados a nuestra intimidad y la propia imagen al publicar fotografías, nombres y apellidos de detenidos y afirmaciones manifiestamente falsas y no contrastadas a los medios de comunicación.

Creemos que la ilegalidad de las detenciones, las irregularidades del proceso judicial y el perjuicio material y moral que nos ha supuesto este proceso, son motivos de peso suficiente como para que se nos absuelva de todos los cargos que se nos imputan y se pare el proceso judicial contra todos y todas nosotras.

Invitamos a todas las personas, organizaciones y colectivos a solidarizarse con nuestra postura y a manifestar su rechazo contra el proceso judicial en qué estamos imputados y los procesos abiertos por los hechos del 12 de octubre de otros años. También os animamos a pedir la prohibición de los actos fascistas en Barcelona y apoyo para conseguir que sucesos como los explicados no vuelvan a repetirse.

Asamblea de detenidos y detenidas de 1999

Archivo firmas para entidades (RTF, 11KB)