La criminalización de los movimientos sociales en Barcelona

QUE NOS DEJEN EN PAZ
Movimientos sociales, represión y montajes policiales
5 años de criminalización a cargo del Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Barcelona, enero del 2001

El dossier que tens en las manos es un esbozo de un proyecto que teníamos pensado a más largo plazo sobre el balance represivo contra los movimientos sociales desde la llegada de Julia Garcia-Valdecasas a la Delegación del Gobierno.

Desafortunadamente, lo que tenía que ser un dossier más elaborado, analítico y conciso que pensavamos hacer durantr los próximos meses se ha convertido en un trabajo de horas y un par de días, como consecuencia del último montaje policial.

Como la realitat supera la ficción, las fuentes utilitzadas son diligencias judiciales, atestados policiales, articulos de premsa, declaraciones oficiales, testimonios personales y material de los movimientos sociales.

Sólo hemos citado los casos más relevantes, más documentados y contrastados. Esperemos que pronto te podamos hacer llegar el dossier definitivo.

Los Hechos De las Últimas Semanas Forzaron a los Movimientos Sociales a ver La Necesidad de Redactar Estas Líneas. En su Redacción Han Participado Activistas del Movimiento de Okupación, del Movimiento Antifascista, del Movimiente Antimilitarista y de Organismos Populares y Grupos de Solidaridad.

Para Adhesiones: El Dossier “Que nos dejen en Paz” se Presentó Públicamente el lunes 29 de enero en el Centro Internacional de Prensa con la Presencia de Diferentes Miembros de los Movimientos Sociales. El Dossier Definitivo con las Adhesiones Definitivas se Presentará el 23 de Febrero en el Marco de Las Jornadas Antimilitaristas Convocadas en el Convento de Sant Agustí de Barcelona por la Assemblea Antimilitarista de Catalunya. Podéis hacernos llegar Vuestras Adhesiones a: suport@sindominio.net o torna@gracianet.org

A los y las que continuan pensando que lo que está al revés es el mundo. No nosotros.

Al Grupo 6 De La Brigada Provincial de Información por aprender y poner en Practica lo que Decía El General Videla, Otro Demócrata de Toda La Vida:

Delante los hechos de estos últimos días a raíz de la detención del Comando Barcelona de ETA, los movimientos sociales hemos decidido romper el silencio y parar la campaña de criminalización y desestructuración que el Ministerio de Interior ha empezado contra los colectivos alternativos de Catalunya. Los medios de comunicación están atenendiendo sólo a los informes policiales que nos definen como "la red catalana de apoyot a ETA". Hemos decido parar esta tremenda MENTIRA con la información que durante años hemos recogido sobre las practicas policiales. Éste es un dossier provisional: no tardaremos en haceros llegar el definitivo.

Desde que Julia García-Valdecasas fue nombrada delegada del gobierno del PP en Catalunya el año 1996, los movimientos sociales estamos más que nunca en el punto de mira de la criminalización y la represión. El balance supera las 500 detenciones en 5 años, a razón de un montaje policial, judicial y mediático cada 3 meses aproximadamente. Hemos recogido las informaciones sustanciales de estos intentos reiterados de criminalización en el apartado de antecedentes de hecho. Pero una vistazo panoramico a los hechos de estos 5 años puede servir de aproximación: el año 96, la policía vinculaba la respuesta al desalojo del Cine Princesa con Jarrai; el 97, a los okupas de Terrassa con comandos armados ; el 98, ola represiva de desalojos: los desalojaban, apalizaban, los apuntaban con pistolas, los detenían y encima los acucaban de agresión a la policía. El mes de enero del 99 Aznar visita la Universitat Autònoma: la protesta estudiantil fue reprimida brutalmente, violando la autonomía universitaria. Mayor Oreja hace pública una lista de estudiantes peligrosos relacionados con Jarrai, hecho que levanta aún más indignaciones. El 12 de octubre de 1999, después de 17 años de acto fascista celebrado impunemente, el movimiento antifascista tiene que soportar que se lo criminalice, encarcele i se le relacione otra vez con Jarrai. Se recuperan del golpe y demuestran quien son los violentos y los que actúan impunemente: 12.000 persones toman la calle el 21 de octubre en protesta por el encarcelamiento de 14 persones. En el 2000 la prepotencia popular culmina con un nuevo desfile militar en Barcelona, que pretende ser una nueva demostración de fuerza del gobierno central. Cuando el tejido asociativo y antimilitarista sale a la calle para rechazar la ocupación, Interior, el CESID y algunos medios de comunicación vuelven a utilizar el fantasma de Jarrai para desprestigiar las protestas. El ministro Josep Piqué, en declaraciones públicas, ve “a ETA detrás de la protesta”. El Partido Popular ha decido imponer la máxima franquista de "La calle es mía". I lo está haciendo a costa de desprestigiar, desestructurar y minar los movimientos sociales de Catalunya.

La reciente detención de dos miembros de ETA acusados de integrar el Comando Barcelona ha servido de pretexto para generar un nuevo montaje de dimensiones imprevisibles yangustiantes. Interior y la Delegación de Gobierno están aprovechando el consenso social que tiene la lucha contra ETA en el estado para legitimar todos los montajes policiales que han hecho en 6 años contra los movimientos sociales en Catalunya; per a justificar delante la opinión pública el acoso, la represión y la difamación que nos han aplicado durante estos años asegurando que practicamos o damos cobertura a la lucha armada.. Nuestra lucha es pública, cotidiana y visible para todas las personas que vengan a los centros sociales, a las manifestaciones, a las actividades que organizamos.

Lo que no se está mostrando a la opinión pública es la actuación real de la policía en este montaje. Un ejemplo claro lo tenemos en la detención e incomunicación de M.A.C. en relación al comando: la policía lo detiene el jueves 11 de enero sin ninguna prueba inculpatoria. 15 policías registran a las tres de la madrugada su casa llevándose como prueba un carnet de subscriptor a una editorial basca. La principal razón de esta detención es que la Brigada de Información de la Policía Nacional lo tiene señalado como sindicalista combativo y militante comunista, de lo que nunca se ha escondido. En los meses precedentes, M.A.C. había recibido advertencias en este sentido y amenazas de agentes de paisano en la puerta de su casa.

Le aplican la Legislación Antiterrorista (LAT), que como han señalado la CPT, la ONU y Amnistía Internacional, vulnera todos los derechos fundamentales. Lo interrogan y lo torturan psicológica y físicamente, siendo agredirlo con una guía telefónica para no dejarle ninguna marca. Al llegar a las dependencias policiales le enseñan una ventana abierta y le dicen que es su destino si no ‘habla‘. Cuando llega a la Audiencia Nacional, después de 5 días de incomunicación, la juez Teresa Palacios le pide que entienda la equivocación que han cometido con él. Lo mismo pasa con Daniel M.C. y Marta M. C., que salieron en libertad sin cargos después de demostrarse que no sabían nada de las actividades de los inquilinos del piso. Se había convertido en una detención bajo la LAT lo que tenía que ser un tramite ordinario de una diligencia policial. F.B.M y C.M.G. también fueron detenidos en el marco de la LAT por haber alojado una noche a Diego Sánchez , y salieron en libertad bajo fianza de 200.000 ptas cada uno; la compañera de Diego fue detenida y puesta en libertad el martes 16 de enero, después de demostrarse que no sabía nada de su parador. La investigación podría haberse efectuado en diligencias ordinarias, sin necesidad de aplicar la LAT a 5 persones, con el perjuicio que comporta per la su imagen. Quién indemnizará psicológica y socialmente a estas personas que han quedado señaladas como culpables? El caso de M.A.C., que ha costado a familiares y amigos 600.000 pesetas entre desplazamientos y gastos, ya está en manos de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

El núcleo duro del montaje viene a partir del momento en qué Diego Sánchez (ver Anexos) decide entregarse al juzgado de guardia para evitar que le apliquen la LAT. Desde que la policía lo pone en busca y captura, los medios de comunicación publican sin contrastar teletipos policiales que afirman, entre otras cosas, que Sánchez “fue el que repartía los cohetes que se lanzaron contra la policía en la manifestación antifascista del 12 de octubre”. En primer lugar, Diego Sánchez no va asistió ni participó en la convocatoria del 12 de octubre de 1999, por consiguiente, es imposible que asistiera. Igualmente tampoco conducía ninguna furgoneta repartiendo cohetes, porque no había ninguna furgoneta. En cualquier caso, si la policía sostiene la grave acusación que Sanchez conducía una furgoneta repartiendo cohetes, por qué no lo había detenido?

En segundo lugar, la vinculación policial de un supuesto miembro de ETA con el movimiento antifascista tiene un objetivo claro: perjudicar a las 22 persones encausadas en el proceso judicial abierto y sacarles todo el apoyo social que recibieron después de ser detenidas, encarceladas y criminalizadas por los medios de comunicación, así como desprestigiar la lucha antifascista en general. A raíz de los hechos del 12 de octubre del 99, el movimiento antifascista sacó a relucir que las organizaciones fascistas han estado reuniéndose y actuando durante 17 años en el barrio de Sants con la pasividad cómplice de la Delegación de Gobierno y del Ayuntamiento. Las movilizaciones vecinales del 12 de octubre del 2000 y el amplio apoyo recibido por la Plataforma Cívica per un 12 d’octubre en llibertat incomodan a la Delegación ya que demuestran que ésta ampara a los fascistas y criminaliza a los y las que denuncian esta situación. Por otra parte, el primer informe solicitado por el Consell d’Informació de Catalunya en la Aula de Recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna concluyó que los medios de comunicación vulneraron el Código Deontológico del Col.legio de Periodistas -reproduciendo filtraciones policiales falsas y no contrastadas- en las informaciones relativas a la manifestación del 99 y propiciaron un clima de alarma social determinante para que la juez Remei Bona encarcelara 14 personas y dejara en libertad con cargos a 8 más.

Así, la policía recuperaría su credibilidad y la capacidad de aportar una prueba, si pudiera demostrar que Jarrai organizó los incidentes del 12-0 del 99. Determinados artículos de prensa han afirmado gratuitamente, y con la única base de indicios policiales, que “ETA planeaba crear un comando catalán” y “captar a nuevos activistas entre las organizaciones antisistema que operan en Cataluña, según las conclusiones a las que ha llegado la Policía” (Albert Gimeno, ‘La Vanguardia’, jueves 24 de enero del 2001).

La estrategia criminalizadora del PP es bastante explícita. En declaraciones a la cadena COPE la delegada del Gobierno en Catalunya, Julia García-Valdecasas, (que ha recibido reiteradas peticiones de dimisión des de los más diversos ámbitos sociales, políticos y sindicales) lo dejaba bien claro: per ella, la policía “ha conseguido demostrar por primera vez (es decir, reconoce que nunca lo habían demostrado, ni antes ni ara) la relación entre los grupos radicales antisistema y ETA”. Valdecasas declaró a esta emisora que “activistas de estos colectivos (...) van a Euskadi donde reciben de Jarrai ‘adoctrinamiento ideológico y entrenamiento en violencia en la calle, como una fase previa a su colaboración más o menos activa con ETA”. (“Valdecasas Vincula Eta amb els Grups Antisistema”, El Periòdico de Catalunya, jueves 25 de enero).

El domingo 28 de enero, Jaime Mayor Oreja afirmó que “ETA ha contactado con grupos violentos, radicales e independentistas catalanes que le proporcionan información para atentar. Teníamos razón cuando, a raíz de los incidentes de la UAB, alertamos de que esto estaba pasando. No eran excusas”. En una situación de estas características, no es evidente que si tuviera una sola prueba se hubieran producido detenciones? Un rosario de mentiras que caen por su propio peso. Ni una sola prueba de la inverosímil y criminalizadora teoría que “Jarrai” o “ETA”- como afirma, en un salto cualitativo, en las últimas declaraciones- estuvieran en la UAB. No hace falta decir que Mayor Oreja también ha visto ‘Jarrai’ en las protestas mineras en Asturias. Sin comentarios.

Otro objectivo claro de la criminalización policial es el movimiento de okupación, personalizado en el montaje que han tramado entorno de Zigor Larredonda, vecino de Terrassa y participante en este movimiento en la ciudad. Antes de interrogar a Diego Sánchez, la policía ya afirmaba en sus informes que éste habíaa tenido contactos con Zigor. También aseguraban que Zigor intentó reestructurar el Comando Barcelona en el año 1995, a pesar de que Zigor quedó en libertad sin cargos por orden de Garzón.

Zigor Larredonda es objetivo de la criminalización y la persecución policial desde que en 1995 la policía le aplicó la LAT, acusándolo de haber tenido un contacte con una miembro del comando. El auto de libertad sin cargos de la Audiencia Nacional en el 1995, que declara su inocencia y la ausencia de pruebas que lo inculpen no ha servido absolutamente para nada. Todos los medios han publicado, estigmatizando, su nombre y apellidos, fotografía y biografía personal, dando por buena la versión policial que lo considera culpable. También han dicho que lo detuvieron en compañía de la etarra Rosario Ezkerra, cuando en realidad irrumpieron en su casa mientras dormía con su compañera. Consideramos que podrían estar incurriendo en un delito de calumnias e injurias con publicidad, violación de la intimidad y a la propia imagen y publicación de afirmaciones falsas. Por otra parte, el derecho a la presunción de inocencia tampoco se le ha respetado, hecho que ha constatado el mismo alcalde de Terrassa, Manuel Royes, en un comunicado enviado a los medios de comunicación. Todos estos hechos han llevado a la familia de Zigor a presentar una querella contra los profesionales de los medios de comunicación responsables de las informaciones mencionadas, el pasado jueves 25 de enero en los juzgados de instrucción de Barcelona (ver la querella en el anexo).

Una afirmación significativa publicada en los media es que Zigor tenía un mapa de Sant Adrià del Besos, localidad donde ETA atentó contra un regidor del PP. Esta información, según la policía, se desprende del registro de su domicilio en Barcelona. A pesar de que los medios de comunicación afirman que el piso estaba en Terrassa. Otras mentiras significativas són que es dirigente de la PUA o que no iba a trabajar desde el jueves (cuando Zigor está en paro).

En primer lugar, el mapa mencionado es un anexo de la guía de Barcelona que el Ayuntamiento reparte entre TODOS los ciudadanos; en segundo lugar, el registro se efectuó cuando la compañera de Zigor, que cohabitaba con él, estaba en Madrid acompañándolo a declarar a la Audiencia Nacional; en tercer lugar, los familiares han afirmado en declaraciones a los medios que el registro podría haberse efectuado en condiciones irregulares: la policía rompió la puerta del domicilio y el inventario de cosas que han sacado de la casa está bajo secreto de sumario. Per consiguiente, no se puede saber si registraron la casa con testigos que no fuesen policías, tal y como estipula la ley. Tampoco saben si se han llevado objetos personales con las huellas dactilares de Zigor, para inculparlo diciendo que los han encontrado en los pisos de los miembros del comando o si la policía ha dejado pruebas incriminatorias en el piso. El padre de Zigor ha afirmado que ha visto la luz abierta del domicilio en más de dos ocasiones y que la policía puede entrar y salir cuando quiera, ya que han puesto un candado en la puerta y sólo daran la llave su compañera si va a buscarla a la Dirección General de Policía. La policía le comunicó esto llamándola a su teléfono móbil personal, sin explicarle en ningún momento como lo habían conseguido.

Zigor fue a declarar voluntariamente a la Audiencia Nacional para preservar su integridad física, ya que conoce bien los “hábiles” interrogatorios y torturas que comporta la aplicación de la LAT y ha negado tener ninguna relación con el Comando Barcelona en su declaración delante del juez. A pesar de esto, el juez ha decretado prisión incondicional, acusándolo de colaboración con banda armada, y en base la declaración de Diego Sánchez delante de la policía. Larredonda ha manifestado que Diego Sánchez ha sufrido tortures físicas y psicologicas en comisaria y que declaró bajo graves presiones. Per consiguiente, una declaración bajo tortura no tiene ningún valor judicial. La primera visita familiar a Zigor a la cárcel de Soto del Real (Madrid) ha confirmado de primera mano la existencia de un montaje policial contra Zigor.

La última vulneración de los derechos fundamentales de Zigor Larredonda se ha producido dentro de la cárcel de Soto del Real, donde el director del centro penitenciario le ha obligado a firmar un documento en el que se le comunica que todas las conversaciones telefónicas que mantenga con sus familiares y amigos serán intervenidas y grabadas. El director justifica esta medida con tres puntos: el primero, la peligrosidad de Zigor por su supuesta relación con el terrorismo; el segundo, su supuesta vinculación con ETA; el tercero, la ruptura de la tregua entre ETA y el gobierno, hecho que hace suponer a los responsables del centro que Zigor podría pasar información para que ETA hiciera un atentado contra la cárcel de máxima seguridad. Resulta inverosímil, aberrante y altamente ofensivo contra esta persona y su entorno más próximo.

Nosotros tenemos claro que Zigor está en la cárcel por tres motivos básicos: el primero, su vinculación familiar con el País Vasco; el segundo, su constante y firme implicación política en los movimientos alternativos, no jerárquicos y solidarios; y, por último, el amplio apoyo que recibió durante su detención en el 95, en qué múltiples sectores de la sociedad civil catalana pidieron su libertad sin cargos. Desde entonces, i como muchos, Zigor ha estado en el punto de mira de la policía, que ha empezado una persecución personalizada intentando criminalitzarlo en diferentes ocasiones.

No es nada casual que la policía aproveche esta coyuntura favorable para criminalizar el movimiento de okupación. Ya estaban preparando la opinión pública para este golpe represivo des del atentado contra el regidor del PP en Viladecavalls, localidad próxima a Terrassa. Algunos medios de comunicación publicaron que la policía investigaba que los “grupos radicales“ de Terrassa podrían ser “informadores“. I cuando se habla de radicales, la gente asocia este estereotipo mediático con la okupación. Pero, por que quieren precisamente ahora demostrar esta vinculación recurrentemente difundida y nunca demostrada?

El movimiento antimilitarista también es objetivo de la ofensiva criminalizadora de la Delegación de Gobierno en Catalunya. Tele 5 hasta ha afirmado que Iñaki Crutxaga, uno de los miembros del comando Barcelona, estaba en la manifestación contra el desfile militar en Barcelona el 27 de mayo del 2000 (entre 20.000 i 70.000 persones -según las fuentes- el día 20, 45.000 en la Ciutadella y 2.000 en Sants el día 27). Una afirmación fuera de toda lógica racional y desmentida no sólo por nosatros. Recientemente, el Consell de la Informació de Catalunya ha decretado0 que el diario La Razón vulneró el Codigo Deontológico publicando en portada que Jarrai participó en las protestas contra el desfile. La Plataforma per la Pau interpuso una queja en el CIC para dar respuesta a los intentos de criminalización del ministro Piquè y diferentes medios de comunicación durante les semanas previas al desfile. En conjunto, se trataba de una campaña de desprestigio hacia el amplio clima de rechazo que generó la presencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil catalana. No debemos olvidar que miles de persones se manifestaron durante los días anteriores al acto militar y van asistieron al acto de protesta organizado en la Ciutadella. Pensará la policía que Lluís Llach -que participó en el concierto contra el desfile- también es colaborador de ETA? La información de ‘La Razón’ el día 28 incluía una fotonoticia titulada “Incidentes en Sants” i la foto era... Lluís Llach en concierto, sin ningún pie de foto. Patético.

A nivel comarcal, los movimientos sociales también se están viendo afectados por este clima criminalizador. El Diari de Girona afirmaba recientemente que el movimiento okupa, independentistas y antitaurinos podrían ser informadores de ETA (“La policía considera que el comando Barcelona tenía informadores en Girona”). El clima de “caña a la disidencia” -en palabras del catedrático de Ciencia Política de la UAB, Joan Subirats, (‘Límites Difuminados’, El Pais Catalunya, 17 de enero)- parece que se agudiza impunemente.

Así pues, las piezas encajan en este nuevo montaje policial contra los movimientos de lucha social. Acusándonos de dar cobertura a ETA justifican las irregularidades de las practicas policiales y nos quieren restar credibilidad delante de la sociedad civil. Pensamos, pero, que las detenciones arbitrarias de estas semanas son sólo el inicio de una ofensiva diseñada des del Ministerio de Interior con el objetivo de desestructurar policial y socialmente los movimientos alternativos en Catalunya. Hace tiempo que sabemos que el marco de la Ley Antiterrorista y el endurecimiento del actual marco legal (reforma de la ley del menor, extranjería) no está pensado únicamente para reprimir a una de las partes implicadas en el conflicto vasco, sino para aplicarla al conjunto de luchas sociales de todo el estado español. Dentro de la gran cantidad de mentiras que está sacando la policía vía medios de comunicación, sin ningún tipo de rigor o el mínimo repeto, ya no importa una más. Cuando hablan de la “red catalana de apoyo a ETA” están aludiendo implícitamente al llamado “terrorismo de baja intensidad” , a la kale borroka y a los denominados “grupos Y”. Sospechamos que el siguiente paso de la Brigada de Información será señalar persones conocidas de los movimientos sociales e insertarlas en un organigrama ficticio bajo las ordenes de los supuestos colaboradores de ETA, como han hecho con el movimiento alternativo de Madrid en relación a los GRAPO. Está en nuestras manos y en las del conjunto del tejido asociativo y la sociedad civil parar esta caza de brujas previsible. Aún más, cuando parece confirmarse la cumbre en junio del Banco Mundial en Barcelona y se empieza a desdibujar una densa oposición social i popular.

Próximamente el jefe del Grupo 6 de la BPI -protagonista destacado de todos estos episodios de impunidad policial- deberá declarar delante de un juez para responder a una querella criminal por tortura, interpuesta por una persona detenida en una manifestación el 4 de febrero del 1998, en el contexto de una ola de desalojos de casas okupadas. Fue precisamente en esta época cuando la Brigada de Información ( en términos coloquiales, la policía secreta) empezó a amenazar con pistolas a les persones asistentes a manifestaciones relacionadas con la okupación: el 20 de enero, 6 miembros del grupo 6 encañonaban a los manifestantes en una manifestación de protesta por un desalojo en Sants. Antes de apuntar con el arma habían intentado intimidar por otras vías no menos brutales: reteniendo ilegalmente a personas concretas e interrogándolas; siguiéndolas por la calle o presentándose en la puerta de sus casas; intimidándolas verbalmente en las manifestaciones; tocándose el arma que llevaban escondida en la chaqueta o enseñando la pistola, señalando con el dedo.

El esfuerzo de estas personas para hacer públicas estas practicas policiales les ha supuesto una persecución constante por parte de los miembros del grupo 6: la Brigada acusó de agresión a la persona que los denunció por torturas ; han intimidado y perseguido judicialmente a una fotógrafa que ha podido retratar en varias ocasiones como sacaban la pistola y apuntaban a la gente; han acusado de agresión en más de una ocasión a determinadas personas del movimiento que han denunciado los hechos ante los medios de comunicación....Así es como actúa la policía que tenemos y que nos venden como garantía de nuestra seguridad y del orden público: acumulando información, fotos, ficheros ilegales sobre las personas y los movimientos sociales. El control y los seguimientos que hace la Brigada se materializan en ficheros de información personalizada que se encuentran en los archivos de la DGP. Una prueba más de esta tarea la da una de las tres primeras personas detenidas en el montaje entorno el Comando Barcelona: mientras estaba incomunicado en las dependencias de la Dirección General de Policía a Barcelona, pudo ver tres archivadores de información. Dos eran relativos a las movilizaciones contra la cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Praga y la cumbre de jefes de estado de la Unió Europea en Niza - convocadas por el Movimiento de Resistencia Global (MRG). La otra recogía información de la campaña para la abolición de la Deuda Externa. Para la policía, es delito exigir la condonación de la deuda externa de unos países empobrecidos que cada día posen 70.000 muertos -según la FAO- como consecuencia directa del hambre?

La gente que formamos parte de los movimientos sociales alternativos hace tiempo que hemos escogido una opción consciente y consecuente con nuestra ideología: la de practicar la denuncia de las injusticias sociales, sea la especulación, la impunidad policial, la violencia militarista o el carácter fascista del nacionalismo español, y hacerlo públicamente, a cara descubierta, propiciando un debate social que han aniquilado la democracia parlamentaria representativa y las formas convencionales de participación política . Nuestra opción de lucha, como ya hemos dicho, es cotidiana, pública y visible. Mantenemos nuestra beligerancia activa y nuestras subjetividades contra la prepotencia que sustenta el poder económico, político y social actual. Precisamente por esta razón al Ministerio de Interior le interesa desacreditarnos socialmente y desmontarnos policialmente. El objetivo de la represión no es tan solo meternos el miedo en el cuerpo, sino parar el crecimiento y la consolidación de movimientos como el antimilitarismo o la okupación: que dejemos de construir espacios de participación y debate horizontal, de trabajo no jerarquizado; que no podamos seguir demostrando que es posible organizarse y hacer avanzar una sociedad des de abajo y de forma igualitaria, entre todas las personas que la componen, tomando las decisiones por consenso racional, poniendo la información al alcance de todo el mundo. Porque si lo demostramos, ellos no tendrían razón de existir, y esto les preocupa enormemente.

Os invitamos a que leáis este dossier y nos ayudéis a parar esta nueva Inquisición.

ANTECEDENTES SON NECESARIOS E INELUDIBLES PARA AFRONTAR CON UN MÍNIMO DE RIGOR CUALQUIER REALIDAD SOCIAL. LOS REPETIDOS MONTAJES POLICIALES NO SON EL ENCADENAMIENTO DE “HECHOS AISLADOS”, SINÓ EL TRABAJO PLANIFICADO DESDE INSTANCIAS POLICIALES PARA CRIMINALIZAR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ALTERNATIVOS. LA SIGUIENTE RELACIÓN CRONOLÓGICA DE ACTUACIONES REPRESIVAS ES LA MEJOR PRUEBA.

44 detenidos, 31 denuncias por torturas, 3 ingresos hospitalarios, 21 ingresos en prisión

La razzia contra personas y organismos vinculados al independentismo catalán se configura balo las ordenes del juez Baltasar Garzón. La paz olímpica implicaba también encerrar a la disidencia y entre otras graves vulneraciones del derecho a la libertad de expresión y a una información libre y veraz se registra la sede del semanario El Temps sin orden judicial, se clausura el programa “La Orquestra” de Catalunya Radio y se destituye a Salvador Alsius como jefe de informativos de TV3, pasándolo a la sección de cultura. No hace falta decir que los responsables políticos de esta operación están en la cárcel por corrupción (Roldán, aquel de “el trato exquisito dispensado por la Guardia Civil”) o condenados e indultados por terrorismo de Estado (como Rafael Vera & Co.) Los últimos cuatro presos salieron en el 96 después de cuatro años de cárcel.

La infiltración en los movimientos sociales de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado demuestra, en los pocos casos documentados asta que punto puede llegar lo que entendemos por estado policial y dinámicas de control social. Los dos casos que exponemos son bastante significativos y se dan dentro de un movimiento como el antimilitarista que actúa pública y cotidianamente desde la desobediencia civil, en los años posteriores a las masivas protestas que desencadenó la Guerra de Golfo. Los agentes Albert Martínez Hernando y Àngel Grandes Hereros se infiltraron en más de una docena de colectivos alternativos de Catalunya antes de ser descubiertos. Albert Martínez llegó a ser responsable del sistema informático del Casal de la Pau, situado en la calle Cervantes. La gravedad de los hechos es proporcional a la cantidad de información acumulada durante años sobre la gente que ejercían y ejercen su derecho a luchar y comprometerse en proyectos antimilitaristas.

Número uno de su promoción policial Albert aparece después de las movilizaciones contra la Guerra del Golfo en el Mili-kk argumentando que tenía amigos en el mismo colectivo de L’ Hospitalet. Martínez se incorpora justo cuando dos desertores estaban escondidos con órdenes de búsqueda y captura de la policía y el ejército. De aquí pasa al Casal de la Pau, uno de los puntos neurálgicos del movimiento antimilitarista en Catalunya, donde se reunían la mayoría de los colectivos de insubmisos de la ciudad, consiguiendo ser el responsable del sistema informático de la Oficina de Información y Defensa del Soldado (IDS), a la vez que accedía a datos personales y de colectivos de la ciudad. Participó en el 93 en el campamento de verano del Mili-KK, donde se reunían personas y colectivos de distintas partes de los Països Catalans. Participó también en los campamentos de la LCR y amplió contactos hasta que en 1995 es reconocido en el transcurso de una manifestación por gente que conocía su verdadera profesión e identidad. Martínez, que desapareció, llegó a redactar la Guía Antimili y los estatutos de algunas entidades antimilitaristas.

Miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y captado por el CESID, Ángel Herreros inició sus labores de espionaje a través de la emisora Rádio Linia 4 de Nou Barris donde realizó dos programas semanales entre 1993 y 1994. Ese mismo año, acompañado siempre de su cámara fotográfica, amplía su implicación y entra en contacto con el Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista, lo que le permite viajar a Chiapas como observador internacional de derechos humanos. También se implica en el colectivo antimilitarista CAMPI, en una de las comisiones de la Asamblea de Okupas y en otras entidades. La hiperactividad y diversas sospechas acaben por evidenciar la situación, que se le comunica. Herreros Grandes desaparece al día siguiente.

Angel Herreros (cuya filiación real es Angel Andrés Herro), pasó después a labores antiterroristas de la brigada de Información del CNP de Donostia (Euskal Herria) y actualmente està imputado y acusado por los juzgados de Madrid por el asesinato de su compañera afectiva, María del Carmen Pérez Márquez.

Nuevas detenciones bajo la ley antiterrorista derivan en “libertad sin cargos”

La detención de miembros del comando Barcelona de ETA arrastra a cuatro ciudadanos catalanes, bajo la legislación antiterrrorista, hasta la Audiencia Nacional donde son puestos en libertad sin cargos. La operación afectaría 7 personas más, que fueron encarceladas durante varios meses hasta 4 años. Las posteriores denuncias por torturas desembocan en una iniciativa social que denuncia la legislación especial antiterrorista. El trato que recibió Zígor Larredonda, una de las personas detenidas entonces y que ingresó hace pocos días en prisión, Maria Ferrer o la familia Mimbrero al completo vuelven a mostrar la práctica de la tortura en el Estado. La detención de Maria Ferer, que conmocionó la facultad de Ciencias Políticas de la UAB supuso la suspención de las clases y un duro comunicado emitido por la facultad que se movilizó hasta su puesta en libertad si cargos. María Jesús Izquierdo, jefa del Departamento de Sociología, realizó entonces un minucioso análisis de los hechos vividos (“Les víctimes negades del Terrorisme d’Estat”, ver anexo). En los actos posteriores de denuncia en la UAB de la represión sufrida por María Ferrer, hicieron acto de presencia agentes de paisano y cuatro vehículos todo terreno de la Guardia Civil. Un error estadístico más.

El año 96, fruto de la victoria electoral del PP, Julia García Valdecasas asume el cargo de delegada del gobierno en Catalunya y Francisco Arrebola, personaje con un amplio historial represivo (fue uno de los principales responsables de la represión en Sevilla de una manifestación en contra de la Expo y del V Centenario que se saldó con 38 detenidos, objeto de palizas y 3 heridos de bala) el de Comisario en jefe de la Policía Nacional en Catalunya. Ese mismo año se crea des del Ministerio de Interior el grupo 6 de la Brigada Provincial de Información, con miembros procedentes de la Brigada de Estupefacientes y de la Antiterrorista. Un grupo que se dedicará a la investigación y criminalización de los movimientos sociales como consecuencia del fuerte crecimiento de estos y de la ofensiva autoritaria y restrictiva de libertades del PP. Este subgrupo se ha destacado por su predilección por los montajes mediáticos a la vez que ha aumentado el control social y el acoso a personas activas en los movimientos sociales, centenares de detenciones, identificaciones y expedientes judiciales, en un contexto de absoluta impunidad.

El 28 de Octubre del 96 desalojan el Cine Princesa con una espectacular y desmesurada operación policial, helicóptero incluido. Era el primer desalojo en aplicación del Nuevo Código Penal ( el código de la democracia que penaliza la okupación). La protesta derivó en importantes incidentes en la manifestación que se hizo en respuesta. Hacía tiempo que no pasaba algo así en Barcelona y los media no tardaron en relacionar a los protagonistas de estos hechos y al movimiento de okupación en general, con Jarrai. Esta relación se utiliza para criminalizar la denuncia sobre la especulación que hace este movimiento, argumento que se continua utilizando hasta hoy. Estas informaciones son fruto de filtraciones que el gabinete de prensa de la policía hace a los medios de comunicación, que acostumbran a publicar sin ningún tipo de contrastación. El propio David Bonet, subdelegado del gobierno en Barcelona afirmaba: “hay elementos del movimiento okupa que se forman, se instruyen y se adiestran en Jarrai”.

Los Mossos de Esquadra también participan de esta estrategia criminalizadora. Fue el Departament de Informació de Barcelona (la Brigada de Información de los Mossos) quién realizó la investigación sobre el Cine, para terminar elaborando un Informe sobre el Moviment Okupa, en el que se ve claramente que lo que les preocupa es la capacidad subversiva del movimiento que el delito de usurpación en sí ( como dice el informe: ”el interés policial será mayor o menor según si es un centro social o una vivienda).

“La administración de la justicia es el arte de ignorar metodicamente la realidad”. Jeremías Bentham.

Cuatro años después del desalojo y después de numerosas y continuas sesiones judiciales la sentencia ha condenado a 33 personas y absuelto a 5. La condena es de tres de tres meses de multa a 200 pela diarias y 6 meses y un día de prisión. Para los tres menores la condena es de un mes y quince días de pena multa y 30 fines de semana de arresto. Dos personas están declaradas en rebeldía. Las cinco personas absueltas lo son en base a irregularidades en la detenciones.

Una ciudadana catalana detenida y encarcelada en Amsterdam acusada de “terrorismo”

La configuración de una Unión Europea donde el control social y la represión juegan su papel ha venido consolidándose en los últimos años a través del espacio Schengen, del sistema informático SIS, de Europol e Infopol, de la constitución del Euroejército en la última cimera de Niza y de grupos de trabajo previos como el de TREVI (Terrorismo, Radicalismo, Emigración, Violencia e Integrismo), embrión de los actuales mecanismos de control social. En junio de 1997 una ciudadana catalana, estudiante de sociología de la UAB, vivió la dimensión de la restricción de derechos fundamentales en la Europa de las dos velocidades y una sola policía.

En el marco de las Marchas Europeas contra el Paro, la precariedad y la exclusión social y en su tramo final donde 50.000 personas llegan a Amsterdam con motivo de la Cumbre Interguvernamental de la UE, 600 personas son detenidas durante tres días, los mismos que dura la cumbre. La estudiante Alba A., que se suma a la movilización desde el Comité de Apoyo a la Marchas de la UAB, es detenida y encarcelada durante tres días en régimen de incomunicación y en condiciones infrahumanas bajo acusación de “pertenencia a banda armada organizada” y “terrorismo”, en aplicación de la legislación especial. La reacción de la siciedad civil holandesa -que fuerza la liberación de todas y todos los detenidos provoca que el Ayuntamiento de Amsterdam y el Parlamento se posicione contra la represión. Alba, pasada la CIG, es dejada en libertad sin cargos y después de 24 horas y sin su pasaporte, volverá a Barcelona, donde explica las continuas humillaciones y vejaciones a las que fue sometida y la vulneración de derechos fundamentales que sufrió. LA UAB realiza gestiones delante del cuerpo diplomático y los estudiantes se reúnen infructuosamente con el cónsul holandés. Enfrente de esta realidad, se promueve el manifiesto “La otra cara de la moneda” que recibió la extensa adhesión de personalidades del mundo político, cultural, social, sindical y científico de toda Catalunya. La denuncia y la protesta llegó hasta el Parlamento Europeo a través de una pregunta parlamentaria formulada por A. Gutiérrez Díaz que recibe por respuesta el no posicionamiento sobre asuntos internos de los Estados. El silencio mediático contrasta con la exaltación de la consagración del calendario definitivo de la implantación del Euro.

Un joven de 17 años de Cornellá se suicida después de dos interrogatorios policiales consecutivos

El otoño de 1997 se convoca en Cornellá una nueva protesta social en denuncia de las condiciones laborales que padece la juventud, protestas habituales en los últimos meses, especialmente en lo referente a les ETT. Después de las protestas, Jorge Bolancel es detenido, interrogado y puesto en libertad. Un día después vuelve a ser detenido por la misma causa, interrogado y presionado para decir nombres de compañeros y compañeras que habían participado en la protesta. Después de horas de interrogatorios y cumplidos los deseos policiales, Jorge Bolancel recupera la libertad. Al salir, Jorge Bolancel se arroja a las vías del tren. Las protestas por esta muerte se repiten cada año en Cornellá para denunciar las consecuencias de la represión y la impunidad policial. No ha habido ninguna investigación.

El año empezó con una ola represiva contra las okupaciones: 2 amenazas de desalojo paradas por la presión popular y 5 desalojos, que se saldaron con un total de 22 detenciones. Pero esta no consistió solamente en el desalojo de Centros Sociales y viviendas okupadas, sinó en el incremento del asedio, la intimidación y la provocación policial ( y en especial del Grupo 6 de la Brigada de Investigación) hacia los integrantes de este movimiento. En la manifestación de respuesta al desalojo de la Totxana, cuando se pidió a la veintena de policías de paisano que seguían la manifestación que se fueran, seis de ellos respondieron sacando sus pistolas y apuntando hacia los manifestantes, medida altamente represiva e intimidatoria, que demuestra la manga ancha que tienen los cuerpos represivos.

Como este hecho no tuvo ninguna trascendencia a la opinión pública, se ha repetido otras veces. El segundo, más conocido ya que la televisión difundió las imágenes, fue en Cornellá (5/3/99), en una concentración de protesta y denuncia de la nefasta política laboral del PP, aprovechando la visita del ministro de trabajo Manuel Pimentel. Un conocido miembro de la Brigada de Información (el agente con número profesional 75.963) encañonó a un joven y a la gente que intentó impedir su detención. Cave recordar también que el joven detenido recibió una brutal paliza y que el Jefe de la Policía Nacional de Catalunya, calificó de correcta la actuación de sus subordinados y de anecdótica el incidente de la pistola. En la bicicletada contra los desalojos (24/4/99) un policía nacional vuelve a sacar la pistola y a encañonar a los participantes en la manifestación, mientras intentaban detener a una persona. Queda constancia de este hecho al publicarse una fotografia en El Periódico del día siguiente.

La cuarta vez tuvo lugar en Terrassa (14/12/99), durante los incidentes que se produjeron después de la manifestación de respuesta al desalojo del CSO Vallparadís. Uno de los policías nacionales que viajaba en un coche patrulla, salió de este, y apuntó con la pistola a los participantes en los incidentes. Una fotografía de estos hechos salió en algunos medios de comunicación, pero tampoco ha servido para acabar con la impunidad policial. En cambio, la autora tiene un juicio en el que se la acusa de haber insultado al policía que fotografió.

Una fotógrafa free-lance catalana fue objeto durante tres años de un especial ensañamiento como consecuencia del correcto desarrollo de su actividad profesional. Realizar fotos de numerosas situaciones comprometidas que evidenciaban la represión policial contra la okupación le ha supuesto la aplicación de la ley antiterrorista, dos detenciones, torturas y lesiones y la apertura d dos causas judiciales que se incoaron después de la publicación de algunas de sus fotografías en medios de comunicación de amplia difusión. La última actuación represiva contra esta fotógrafa –que quiere preservar su identidad fue después del desalojo del CSO Vallparadís de Terrassa, el 14 de diciembre de 1999, por la publicación de una foto suya donde se veía un policía nacional luciendo su pistola. La represión contra la joven fotógrafa se remonta al 9 de diciembre de 1997. En aquella ocasión fue detenida bajo la legislación antiterrorista, acusada de pertenencia a banda armada y posteriormente dejada en libertad sin ningún cargo. Dos meses después un agente ordenó que fuesen a por ella, gritando "a por esa, que es okupa". La trasladaron a la comisaría de Sants en calidad de retenida, y la dejan en libertad después de velarle el carrete. El 20 de noviembre del 98, en la manifestación antifascista de Sabadell, fue detenida, torturada, trasladada al hospital y puesta en libertad con diversas lesiones y un protector cervical. Diez policías le habían agredido en la celda y su cámara fue rota y pisada. Su denuncia judicial la sustentan y apoyan actualmente diversos organismos profesionales de la imagen gráfica.

El 14 de Enero de 1999,la visita del presidente del gobierno, José María Aznar López, al Centro de Microelectrónica del CSIC situado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) derivó en una actuación policial que reprimió con especial dureza una manifestación estudiantil en defensa de la Universidad Pública. Las imágenes registradas y transmitidas en esta ocasión por la práctica totalidad de las cadenas televisivas públicas y privadas, indignaron a amplios sectores sociales, populares y políticos y en última estancia a la totalidad de las universidades catalanas, estatales y europeas hasta llegar a 562 rectores europeos que condenaron duramente calificándola de atentado a la libertad de expresión la desproporcionada actuación policial que se cobró cincuenta heridos. El hecho que la actuación policial se desarrollase en el recinto universitario –espacio de formación, debate y libre expresión de ideas- agudizó todavía más las críticas de las más diversas personalidades y entidades. Las órdenes de los responsables policiales fueron criticadas en esta ocasión por fuentes corporativas del propio cuerpo nacional de policía. Sánchez Fornet, secretario general del sindicato unificado de policía (SUP) no dudaría en responsabilizar a la delegada del gobierno Julia García Valdecasas, y calificar sus directrices como “una de las mas duras de las conocidas” (declaraciones en el País, enero de 1999).

Esta vez la brigada provincial de información de la Policía Nacional redacto un informe en el que aparecían el nombre de dos personas acusadas de mantener relaciones con el MLNV vasco. La lista negra incluía nombre, aspectos personales y perfiles de sus vidas cotidianas, aunque la mayoría no tenía ningún antecedente penal.

En una nueva muestra del carácter autoritario y la interpretación que realizaron determinados elementos policiales -que las personas afectadas valoraron como un nuevo episodio de criminalización y estigmatización social digna de la Brigada Político-Social del franquismo- el actual ministro del interior, Jaime Mayor Oreja, se presento en la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados del lunes 19 de Enero para dar explicaciones de lo sucedido y ofrecer su versión. En el mismo sentido que intervenciones anteriores y posteriores y en nuestra opinión, con el mismo afán criminalizador, el ministro volverá a utilizar el recurrente argumento de unas “conexiones con Jarrai” nunca demostradas y siempre rebatidas. Álvarez Cascos desde Asturias afirmaba que “las camisas pardas, los cachorros de Jarrai o los estudiantes de la Autónoma son lo mismo”. La lista negra elaborada desde la Jefatura Superior de Policía de Barcelona llega a Interior y Mayor Oreja cita públicamente en su comparecencia la lista en su posesión -que pone a disposición de los diputados- donde figuraban las dos personas identificadas. Hubo al menos dos graves defectos de forma.

El primer error: no existía ninguna actuación previa ni de oficio contra estas personas, por lo cual su publicación quedaría al margen de la legalidad vigente, como insistió en su día la anterior responsable socialista del Ministerio, Margarita Robles, y abogados como Mateu Seguí. Los citados animaron a los afectados a presentar la correspondiente denuncia por si los hechos fuesen constitutivos de un delito contra la intimidad. Pero la lista -pese a la petición de numerosos diputados- desaparecería de repente y se ha negado su existencia, aunque las palabras han quedado recogidas en el Diario de Sesiones.

El segundo error: un error de calculo político -la convicción de que su versión seria socialmente aceptada- hizo que se filtrase y se publicasen en la prensa escrita del día siguiente la identidad de al menos tres personas de la lista que Mayor Oreja había anunciado triunfalmente como razón de la actuación policial, introduciendo un nuevo cúmulo de despropósitos, evidencias y contradicciones. El Diario de Sesiones recoge la intervención íntegramente.

La causa judicial abierta en los juzgados de Cerdanyola del Valles, incoada después de la denuncia presentada por la propia UAB fue archivada y en Septiembre del mismo año el TSJC da la razón a la demanda presentada por la UAB. No hubo ninguna respuesta(excepto tres movilizaciones) a este nuevo episodio de impunidad policial, más que la constatación de la existencia de ficheros policiales, al margen de los estrictamente legales, contra los movimientos sociales alternativos, y en este caso contra el movimiento estudiantil.

El 24 de abril de 1999 la Asamblea de okupas, convocó una bicicletada en Barcelona para protestar contra los inminentes desalojos de casas en Barcelona y Terrassa. En el transcurso de la marcha, dos coches de policía nacional intentan parar a las y los ciclistas. El encuentro deriva en un incidente leve entre manifestantes y policías que, bajándose de los coches y agrediendo a los manifestantes, prueban de detener a una persona. La gente intenta impedirlo y uno de los policías saca la pistola apuntándolos. Todos salen corriendo. Al día siguiente el Periódico publica una fotografía del agente persiguiéndolos con la pistola en la mano.

Doce días mas tarde, el jueves 6 de mayo, el grupo 6 de la Brigada de Información, detiene 6 personas a lo largo del día después de seguirlos previamente: uno en la puerta de su casa, otro mientras iba en furgoneta con unos amigos. Les acusan de atentado, daños y desordenes públicos en relación con el incidente de la bicicletada. Durante 43 horas permanecen en la macrocomisaría de la Verneda, en el mismo edificio del centro de internamiento para extranjeros. A lo largo de la detención, un policía nacional llegó a bajar a los calabozos para mirar fijamente a los detenidos en vistas de una posible rueda de reconocimiento. La madrugada del viernes al sábado, el juez acepta el habeas corpus (procedimiento utilizado en casos de detención ilegal) interpuesta por los abogados. En ningún momento se permite a los letrados acceder al expediente del caso con la excusa de que “la operación no estaba cerrada”. Efectivamente, no lo estaba: el día 13,el juez reabre el caso a instancias de la Brigada para buscar 5 personas más del entorno del movimiento que según la policía, se encuentran en paradero desconocido. En realidad, todas ellas se encuentran perfectamente localizables en su domicilio y se apresuraron en hacer llegar al juez un escrito donde se comprometían a presentarse en el juzgado cuando lo requiriera. El juez hizo parar la orden inmediatamente y les citó a declarar el día 28 de mayo. Tres de los acusados aportaron pruebas de que no estuvieron en la bicicletada y los dos que eran demostraron que no agredieron al agente de policía en ningún momento. Cuando el día 1 de junio los policías prestaron declaración sobre los hechos mostrando claras contradicciones en su versión, el juez archiva temporalmente el caso. El grupo 6 continuaba buscando culpables desesperadamente incluyendo 3 mujeres más en el caso sin poder probar tampoco que participasen en la inexistente agresión.

Con motivo de esta persecución personalizada se creó la Campaña contra la Impunidad Policial, dónde participaron una lista de más de cien colectivos del movimiento antimilitarista, vecinal, de okupación... La campaña se centró en varias rehivindicaciones relativas a las actuaciones irregulares de la policía: disolución de la brigada de información; abolición de la ley de extranjería y de videovigilancia; cierre de los centros de internamientos de inmigrantes; crítica al plan de policía 2000... Ha sido la primera vez que se señaló públicamente a la Brigada como responsable directa de tramar cacerías de brujas contra los movimientos alternativos.

El 12 de Octubre del 99 a raíz de la concentración fascista en la Plaza de los Països Catalans se convocó una manifestación en repulsa de este acto por segundo año consecutivo. Después de años de manifestaciones reprimidas, protestas y jornadas en las Cotxeres de Sants, la intención de esta manifestación era denunciar las exaltaciones de valores fascistas, racistas, homófobos y autoritarios que se realizaban en la Plaça dels Països Catalans por parte del ultraderechista Ynestrillas y otros representantes del fascismo. Concentración que llevan celebrando desde hace 17 años con la protección policial y el consentimiento de la Delegación del Gobierno. Los incidentes producidos por el enfrentamiento de manifestantes y policía se saldaron con 26 detenciones y torturas y malos tratos en las comisarías. También se produjeron, en una medida sin precedentes, el encarcelamiento de14 de las personas detenidas, acusándolas de asociación ilícita, motivada –según la jueza-por la alarma social generada a raíz de los hechos y del trato mediático que se dió, así como por la presión por parte del ayuntamiento y las entidades bancarias e inmobiliarias. Quedaban 7 días para las elecciones autonómicas del 19 de Octubre.

Los días posteriores a los hechos, Mayor Oreja, Martí Fluxá, David Bonet y otros representantes del gobierno del PP aseguraban en sus declaraciones la vinculación de los participantes en la manifestación con Jarrai y que se habían entrenado en el País Vasco en la kale borroka. Información difusa sin ninguna prueba y sin contrastar por parte de los medios de comunicación, con la que estuvieron acosando durante días hasta conseguir crear el clima de alarma social y criminalización necesaria como para que la jueza Remei Bona decretase prisión preventiva para 14 de las personas detenidas. En dependencias judiciales, agentes policiales insistieron en medidas preventivas argumentando informes cercanos que lo justificarían. No hay ninguna constancia que hayan llegado.

Finalmente las diversas movilizaciones (como la manifestación del 23 de octubre, que reunió cerca de 12000 personas), las muestras de apoyo de la sociedad civil y denuncia y desmontaje de los argumentos policiales (como la declaración de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, ver anexos), fuerzan a las autoridades a liberar a las personas encarceladas. El propio comunicado de la Comisión de Defensa denunciaba –entre otros-las detenciones indiscriminadas, la desproporcionada imputación de asociación ilícita por la que se justifica el encarcelamiento de 14 personas o la criminalización generalizada de sectores de jóvenes críticos con el sistema, así como el tratamiento mediático y político que se da al caso y el desigual trato recibido por militantes fascistas que atentan contra las personas (palizas, apuñalamientos, muertes) y no contra bienes inmuebles. En el mundo del fin de la historia, las cosas son más importantes que las personas.

Una vez desconvocada la manifestación de protesta por el desalojo del Centro Social Okupado Vallparadís se produjeron algunos incidentes, entre ellos, daños a un coche de policía y a uno de los policías que viajaba dentro.

Tomás H. persona comprometida con el movimiento de okupación y con otros movimientos sociales de la ciudad, participó en una rueda de prensa el día después de la manifestación, desvinculando a la Asamblea de okupas de Terrassa de los incidentes que se habían producido.

Pocos días después se abre un proceso judicial que todavía no se ha cerrado, contra él, bajo la acusación de atentado a la autoridad y daños y con una petición fiscal de 6 años de prisión. Las únicas pruebas que le incriminan son que un policía que se encontraba fuera de servicio, pero que casualmente estaba en el lugar de los incidentes, y que apareció acompañado por miembros del Grupo de Investigación del Cuerpo Nacional de Policía de Terrassa en la rueda de reconocimiento, le reconoció. A pesar que otro testigo de los hechos manifestó delante del juez que todas las personas que participaban en los incidentes llevaban la cara tapada.

El juez de instrucción nº8 de Terrassa dio principio de veracidad a la versión policial i cerró el proceso de instrucción, dejando en un estado de clara indefensión a T.H., que además, a la hora de los hechos estaba en una reunión.

El balance represivo contra las amplias protestas sociales antimilitaristas tuvo un balance represivo de 18 detenciones, 150 identificaciones, 10 entradas en comisaria sin registro legal, un desalojo i diversas cargas policiales que se saldaron con numerosas personas heridas y la pérdida y sustracción de numeroso material personal (especialmente de las personas acampadas en la plaza España desalojadas a las 6’00 de la madrugada por una dotación de 43 furgonetas, 150 agentes policiales, 2 camiones y el apoyo de los UPAS de la Guardia Urbana, comandados entre otros por el inspector Royuela, hijo del conocido ultraderechista Royuela). El dispositivo policial, que incluía la “Operación Tambor”, se convirtió en una nueva demostración de autoritarismo policial y restricción de derechos. El informe, redactado con un lenguaje propio de otras épocas, reconoce que grabaron íntegramente el desalojo. El despliegue policial fue notorio y la presencia exagerada en determinados barrios de Barcelona (Sants y Gràcia). Frente al rígido control nocturno y la imposibilidad de encartelar, colectivos de estos barrios tomaron la decisión de encartelar a media tarde. Los detenidos el día de la desfilada han quedado absueltos recientemente de unas detenciones practicadas por agentes de paisano motorizados, animados por ultraderechistas en el Parque de l’Escorxador.

Significativos son los informes del CESID al respecto, facilitados a las autoridades municipales y autonómicas sobre el movimiento antimilitarista catalán y los colectivos y entidades que se oponían a la desfilada militar del 27 de mayo, antes ‘Día de la Victoria’. La queja formal presentada delante de el Consejo de la Información de Cataluña por miembros de la Plataforma per la Pau, diguem no a la Desfilada Militar, y su dictamen del pasado diciembre que evidencia la vulneración del Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña es tan paradigmática como la carta enviada por el redactor del diario La Razón (ver anexos) donde dice que la información se elaboró en colaboración con la Guardia Civil, el CESID y la propia Delegación del Gobierno. ‘La Razón’ publicó en primera página que “Autocares de Jarrai llegaron a Barcelona para reventar el desfile militar” y en el interior reconocían que no habían detectado ningún autocar. El soporte gráfico de la portada era una foto de las protestas donde se veía una ikurriña (bandera basca). El propio Luis María Ansón llega a describir la densa oposición social a la desfilada como “organizaciones marginales, pacifistas de pitiminí, seminarios de prostitutas, asociaciones de estudiantes tántricas” o “superverdes por amor al caño libre”.

Más aún: un mes después, el 2 de julio y con motivo de la manifestación por la liberación gay, lesbiana y transexual, ‘La Razón’ vuelve a titular a toda página “Miles de gays desfilan en Barcelona por donde se prohibió al Ejército”. Y más todavía: a raíz del último montaje policial, el mismo redactor saca en portada un ‘lead’ que dice “Se confirma la relación entre ETA y los ‘okupas’”. El redactor se permite afirmar que “queda confirmada y al descubierto una larga sospecha policial en la que se apuntaba a los grupos independentistas radicales como el histórico vivero de ETA en Cataluña”. “Los independentistas radicales y grupúsculos de extrema izquierda, colectivos antisistema y, últimamente, algunos sectores del movimiento Okupa han sido históricamente los recaladeros habituales de la banda terrorista”. Las afirmaciones, tan graves como gratuitas, continúan por legitimar anteriores montajes: ”Las relaciones entre los radicales catalanes y los violentos de HB han sido una constante (...)que la Policía venía denunciando. El intercambio de personas y grupos para adiestrarlos en técnicas de guerrilla urbana y en ‘kale borroka’ también ha sido habitual”. Se profundizan unos estigmas que nadie rectificará: “Curiosamente, ahora ha trascendido con la desarticulación del ‘comando Barcelona’ que miembros de Jarrai participaron de los preparativos de las manifestaciones violentas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas”. Pero no dice ni cómo ni dónde ni porqué ha trascendido. Ni una sola prueba: rigor periodístico. El mismo redactor tuvo que rectificar el año pasado, delante de el anuncio de una querella criminal, una noticia donde afirmaba que organismos independentistas catalanes pasaban “datos a ETA” sobre funcionarios de prisión. ‘ABC’ sigue la línea criminalizadora y llega a calificar a Guillem Agulló, militante antiracista asesinado en 1993 por neonazis, de “militante de Terra Lliure”.

Informe elaborado por la BPI de la Jefatura Superior de Policía (‘Operación Tambor’)

El día 13 de mayo del 2000, la Asamblea de Mujeres Antimilitaristas convocó una caravana de coches y bicicletas que se convertía en el primer acto de protesta contra la desfilada militar en Barcelona. La marcha la componían unas 30 personas que salieron de Palau Reial para dirigirse al centro de Barcelona desde la Diagonal hasta las Ramblas. Durante el recorrido se repartieron dípticos, se colgaron carteles y se hicieron pintadas contra el acto de las fuerzas armadas. La marcha iba seguida por una patrulla de la Guardia Urbana y numerosos policías de paisano que iban intimidando a los y las participantes. Al llegar a las Ramblas, un motorista de la Guardia Urbana (GU) se lanzó sobre uno de los coches de la marcha para arrancarle el cartel que cubría la matrícula y identificar a la conductora. Al intentar detenerlo, varios agentes empezaron a repartir golpes de porra y a intentar detener gente. Mientras pedían más refuerzos policiales, inmovilizaron y detuvieron a tres mujeres disolviendo la caravana. La gente dispersada empezó a dirigirse a la calle Tallers, punto donde uno de los GU atropello intencionadamente a un ciclista siguiendo las ordenes de su superior. El chico cayó al suelo y una chica se cogió a él para ayudarle. Diez o doce agentes les apalearon y los chafaron contra el suelo provocándoles numerosos traumatismos (hay constancia gráfica). Las cinco personas detenidas, cuatro mujeres y un hombre, pasaron 48 horas en la comisaria de la Verneda, mientras que al día siguiente los periódicos publicaban que se trataba de “cinco insumisos”. Roser Veciana, regidora de Derechos Civiles de el Ayuntamiento de Barcelona, se personó delante de la comisaría para informarse de las irregularidades de la actuación policial y mostró en todo momento su apoyo a las detenidas.

A raíz de los hechos, la Brigada Provincial de Información inició unas diligencias identificando 3 personas más además de las detenidas acusándolas de agresión a la GU. Una de ellas había estado anteriormente acusada de agresión a un policía nacional en el montaje de la Bicicletada contra los desalojos, hecho que prueba la obsesión persecutoria y el afán criminalizador que la Brigada de Información muestra hacia esta persona. La segunda fue el joven al que la policía apuntó a la cabeza con una pistola durante la visita del ministro de Trabajo en Cornellá.

Como afirma la sentencia 101/99 del juzgado del Penal nº4, “los informes de la policía parecen redactados por la desaparecida Brigada Político-Social del franquismo”. En las diligencias policiales se intentaba además relacionar el movimiento de okupación con la organización de la caravana, ya que lo definía como “grupo de veinte jóvenes participantes en la manifestación del movimiento ‘ocupa’” y se afirmaba que los coches habían salido de la Hamsa y Can Vies. Además, decía que la marcha estaba organizada por una “autodenominada ‘Plataforma Antidesfile’” cuando los carteles que convocaban, dejaban bien claro que se trataba de una convocatoria hecha por grupos de mujeres.

La policía detuvo una de las 3 personas buscadas en su sitio de trabajo y fue llevada a la DGP donde fue interrogada por la Brigada sin abogado sobre aspectos alienos a la diligencia. Además, su abogado fue intimidado en dependencias policiales cuando procedía a interesarse por el detenido. Finalmente, el juez lo dejó en libertad considerando que no había agredido a nadie y que había participado en la marcha como un participante más con su coche. La inconsistencia de las afirmaciones policiales fueron determinantes para parar el orden de busca para las dos personas restantes.

Las cinco personas detenidas durante la marcha –que acusaron a la Guardia Urbana de agresiones- y las tres encausadas posteriormente, afrontan el próximo día 5 de febrero un juicio como acusadas.

Paralelo a la nueva ofensiva criminalizadora de los movimientos sociales, diferentes colectivos populares de Girona, han denunciado esta semana la criminalización que están sufriendo. ‘Diari de Girona’ ha abierto a dos paginas que antitaurinos, okupes y independentistas radicales podrían ser ni más ni menos que “informadores de ETA”. El origen se encuentra en los informes remitidos por los Mosos de Escuadra y el Grupo de Paisano de la Brigada de Seguretat Ciutadana, molestos por la denuncia pública de la represión y por su publicación –entre otras revistas- en Ardi Beltza, por el juicio que tiene que afrontar el principal responsable de los Mosos y por la dimensión represiva que ha tomado el despliegue de los Mosos en las comarcas gironinas.

¿Un abrigo para esconderte cuando te ahoga la lluvia, o te parte el frío, o te voltea el viento?

La llegada de Julia García-Valdecasas a la Delegación del Gobierno en Catalunya, después de la primera victoria electoral del Partido Popular en 1996, abrió las puertas a un nuevo tipo de autoritarismo policial que se ha traducido en centenares de detenciones, numerosas operacion represivas y unos montajes policiales que han derivado en la criminalización y judicialización de la vida cotidiana de los movimientos sociales que practican la disidencia. Esta realidad social -invisible para muchos- a derivado en una agudización de las dinámicas de control social y en numerosas prácticas ilegales e irregulares por parte de los cuerpos policiales. El presente informe pretende difundir,a modo de conclusiones, lo que os hacen aquellos que no toleran suficiente gente y los mas diversos colectivos sociales estemos implicados, cada vez mas en soluciones justas a los conflictos sociales que, mas o menos latentes, definen nuestra sociedad.

A la generación que nacimos en los 70 -bajo la influencia convulsionada de ilusiones frustradas y desencantos, de la crisis del petróleo y la segunda guerra fría, del fascismo en américa latina, de los costes de al modernización del estado español y del punto álgido de la entrada de la heroína- se nos ha educado en la amnesia, la resignación, la impotencia y en una efectiva tarea de desmemorización colectiva y de perdida del sentido de la historia popular después de 40 años de dictadura. Los sociólogos le llaman "ruptura generacional", ruptura que ha propiciado mecanismos de incomunicación y de aislamiento mutuo. La ruptura de la cadena en el compromiso social, propiciada por el modelo de transición, ha hecho que los movimientos sociales se hayan consolidado a menudo con sus propios esfuerzos y en base a su propia autoorganización y autoaprendizaje, en unas condiciones adversas ("de que os quejáis?") que han revitalizado formas de participación no convencionales que están siendo criminalizadas. Compromisos y dinámicas que han dinamizado la vida en barrios y ciudades, han propugnado nuevas formas de hacer y de vivir y aspiran a modelos sociales mas solidarios menos hipócritas y egoístas. Desde instancias policiales, esta actitud linda el "delito de pensar y actuar diferente". No lo decimos gratuitamente: montajes, detenciones, maltratos, causas sumarísimas (Cine Princesa, 12 de octubre), seguimientos personalizados, control social, fichas ilegales... Por desgracia, no nos hace falta inventar nada.

En este sentido, la crisis de "participación juvenil" es la crisis del modelo oficial de participación juvenil. Se dice que los jóvenes no participan, pero cuando se pone en marcha la insumisión o la okupación, la única respuesta oficial son furgonetas de policía, identificaciones y porrazos. La crisis de "participación" es al final, el conflicto entre las prácticas y actitudes de democracia directa y de ser protagonistas y no espectadores contra unas rutinas institucionalizadas que difuminan el conflicto social en vez de buscar soluciones. Hay un conflicto social entorno a la vivienda (314.000 viviendas vacías en Catalunya), al derecho al trabajo digno (ETT, 90% precariedad), en la educación (reforma), al auge de agresiones racistas y fascistas, a las desigualadades sociales mundiales y en nuestro país (900.000 personas pobres en Catalunya) o a un militarismo creciente (los presupuestos para investigación militar son 12 veces mas que los destinados a investigación sanitaria). Y resulta que los movimientos sociales nos quejamos gratuitamente. Tenemos mil razones para luchar. Pero entre el "España va bien" de Aznar y el "hoy no toca" de Jordi Pujol, el sórdido y coercitivo monólogo del poder pretende silenciarnos, negándonos y, como no pueden, criminalizarnos.

La respuesta policial a estas dinámicas protagonizadas por los nuevos movimientos sociales ha sido la represión, el control y la criminalización o, mediáticamente, la ignorancia o el silencio deliberado en le mejor de los casos. La insubmisión y la okupación, desde su nacimiento, ha asumido costes legales de su coherencia y su compromiso: cárcel e inhabilitación en un caso y multas y condenas en el otro. Pero el castigo añadido por practicar la disidencia y no convergar con un estado de las cosas profundamente injusto y decepcionante ha sido una dinámica policial promovida desde la Delegación del Gobierno que ha acabado en someter a un rígido control a l@s que el pensamiento único nos suena -en el terreno de las ideas- a dictadura. Castigo añadido, premeditado y deliberado que es lo que estamos describiendo.

La reflexión sobre la realidad de los cuerpos represivos y sus prácticas también es un elemento de reflexión a la hora de abordar "lo que nos hacen" los que pretenden dominarnos y someternos a los designios del poder. Nadie niega que el ejercito de Franco y los "grises" continaron en su lugar antes, durante y después de la transición. Curiosa democracia, basada en el olvido y en la ausencia de pasado, la que mantiene en sus lugares a los que la han negado durante 40 años (lo mismo pasó con otras elites, enriquecidos y "demócratas de toda la vida" que aun protagonizan la vida política y económica, aunque decirlo no sea políticamente correcto). Conesa, Jesus Martinez, Billy el Niño o Ballesteros nos suenan a poco, porque nadie nos ha dicho quienes eran, ni nadie se ha preocupado de explicarnos que hacían. Pero sus prácticas han dejado escuela.

"El torturador es un funcionario mas. Burócratas armados que cumplen con puntual eficiéncia su tarea. No son monstruos extraordinários. No vamos a regalarles esa grandeza"

Estas dinámicas represivas (como recogen los antecedentes de hecho) se han caracterizado por unos grados de impunidad y prepotencia policial alarmantes, con actuaciones irregulares e ilegales y con unas técnicas de control social tan rutinarias como autoritarias. En el ámbito del control social, seguimientos, filmaciones, intervenciones telefónicas, densa información sobre los movimientos sociales y sus integrantes y archivos. En el ámbito judicial y policial, detenciones, acusaciones falsas, operaciones espectaculares, cargas, juicios y sentencias. Los impactos sociales -miedo, estigmas, frustración, preocupación, paralización de actividades-, económicos -gastos de abogados, juicios, denuncias- y políticos -aislamiento y neutralización de las propuestas- que generan en los movimientos sociales son evidentes, a pesar de que no profundizaremos.

Sólo el balance de año y medio de represión contra la okupación -entre junio de 1998 y hasta el diciembre de 1999- se saldó con un mínimo de 59 identificaciones, 9 heridos y un muerto. Hace falta añadir 9 ordenes de búsqueda y captura, una de ingreso en prisión y 11 juicios. Se produjeron 32 desalojos donde se produjeron 98 detenciones. Desde 1996 y hasta junio de 1998, 430 personas fueron detenidas y la fiscalía les pedía un total de 400 años de cárcel. Aun y así -pura evidencia- el conflicto social entorno a la especulación seguía: 51 nuevas okupaciones.

Reivindicamos el derecho a luchar y hemos asumido coherentemente los riesgos que comporta este compromiso (en el caso de la insubmisión, la okupación y otras prácticas no convencionales, suficientemente explícitos). No estamos jugando a ningún juego. Y por este mismo motivo no es de recibo que en las dependencias policiales de Via Laietana hayan carpetas que preconizan la abolición de la deuda externa, las movilizaciones en Praga o Niza o nuestras vidas personales. Nos enfrentamos a diversos conflictos sociales y, encima, como castigo añadido y deliberado nos enfrentamos a una represión planificada y prepotente que nos quiere parar. Si esto no es autoritarismo, dinámicas propias de un estado policial o tendencias fascistizantes, se acerca demasiado.

"La lucha en favor de la democracia aun no ha acabado, de hecho justo acaba de empezar. Hemos de seguir reivindicando el derecho de expresión libre, tanto si gusta como si no. Los policías han de proteger la libertad. Si no lo hacen, son delincuentes. Ellos y quienes les mandan"

La siniestra historia de estos años la protagoniza fundamentalmente uno de los subgrupos del grupo 6 de la brigada de información del Cuerpo Nacional de Policía, que han hecho de los montajes la principal herramienta para debilitar los movimientos y las luchas sociales. El grupo 6 se constituyó en 1996 y está detrás de los montajes policiales más graves -con mas amplio impacto mediático a través de filtraciones de informes "reservados"- que han sufrido los diferentes movimientos sociales. LA credibilidad de sus informes es inferior a la de la propia Aramis Fuster.

Destaca entre ellos, lo sucedido en Terrassa el diciembre de 1997. En esta ocasión, 4 jóvenes fueron detenidos en aplicación de la legislación antiterrorista saliendo posteriormente en libertad y pasando por los juzgados de Terrassa y no por la Audiencia Nacional. Las primeras informaciones, procedentes del grupo 6, acusaban a las personas detenidas de haber constituido una organización armada llamada Acció Radical Catalana (ARC) que se encontraría detrás de diversas acciones contra Empresas de Trabajo Temporal. La sorpresa y sospecha inicial se confirma una vez los detenidos recuperan la libertad. Agentes adscritos al grupo 6, identificandos como miembros de Jarrai llegados para "exportar su lucha", animaron a uno de los jóvenes a realizar con ellos diversos "sabotajes". Después de varias actuaciones, los supuestos militantes vascos le informaron que ese día actuarían solos y le indicarían su objetivo. Cuando llegó agentes de paisano ya lo estaban esperando, dando pie a un nuevo montaje policial que duró 4 días y que afecta, dada la fuerte presión sufrida por el joven, a tres jóvenes más que denunciaron malos tratos y una continua presión psicológica. La causa continua abierta en los juzgados de Terrassa, localidad donde los agentes del grupo 6 -que tienen una ramificación territorial- han protagonizado amenazas de muerte y donde uno de los agentes de la Policía Nacional mas destacados es ex-agente de la PIDE salazarista de Portugal.

El ex-comisario Francisco Arrebola dirigió desde la Jefatura Superior esta dinámica hastasu destitución por otro hecho bastante grave y bastante conocido: la difusión de una noticia manifiestamente falsa sobre la presunta agresión sufrida por una jóven en la Plaza Catalunya por Skinheads. Las mentiras anteriores y posteriores configuraron un auténtico rosario de despropósitos con visitas de abogados inexistentes y mentiras deliberadas e irrisorias. (ver anexo El País).

El ultimo montaje policial, a raíz de la detención del "Comando Barcelona" de ETA, ha reproducido los mismos elementos que montajes anteriores con el añadido de acusaciones gravísimas nunca demostradas, la enésima conexión con Jarrai y la aplicación de la legislación antiterrorista que ha llevado a la incomunicación durante 3 o 5 días no solo a l@s detenid@s, sino a familiares, amig@s y abogad@s. Nos remitimos a Amnistía Internacional sobre los efectos de la existencia de este tipo de legislación especial que vulnera derechos fundamentales y que da cobertura a la práctica de la tortura, vigente en el Estado español tal y como denuncia Naciones Unidas, el Comité para la Prevención de la Tortura o la ACT.

Los mismos titulares de determinada prensa han reforzado los estereotipos falsos de "los-niños-de-la-gasolina" y, con la excusa de la detención del 'comando Barcelona' pretenden inflar el globo y llevarse por delante a los movimientos sociales alternativos, a golpe de acusaciones falsas y criminalizaciones que una dinámica informativa unidireccional, no contrastada y profundamente deficitaria, se convierte en "verdad oficial". Es destacable que la criminalización venga única y exclusivamente -y recurrentemente- de la mano de las conexiones con organizaciones juveniles vascas. Simple y significativamente, porque las practicas y dinámicas de los movimientos sociales, son públicas, cotidianas y sin rodeos. y lo que hacemos es conocido por quienes nos conocen. Ante la imposibilidad de criminalizar nuestras actividades, el único recurso posible es introducir e implicarnos en el enquistado conflicto basco, que ha generado consensos en la sociedad española demasiado peligrosos, totalizantes, uniformadores y preocupantes.

La última operación policial ha finalizado con 5 libertades sin cargos, dos ordenes de ingreso en prisión, 3 libertades bajo fianza de 200.000 ptas. y una persona indefensa jurídicamente (la juez se niega a recibirla a pesar de que la juez le implica). De las 11 personas implicadas, a 7 se les ha aplicado la legislación antiterrorista. La operación a supuesto el inicio de una nueva ofensiva criminalizadora que la policía quiere mediáticamente: criminalizar, como mínimo y hasta ahora el movimiento okupa, el antifascismo, las protestas antimilitaristas o el independentismo catalán.

El autoritarismo policial, la restricción de derechos y el control social suponen un paso mas en la involución democrática que constatamos. La nueva ley de Extranjería -que criminaliza a nuestros vecinos empobrecidos del sur-, la reforma de la ley del menor, la aprobada ley de videovigilancia o los ordenadores Berta y Duque de Ahumada que nos catalogan como "grupos de riesgo" son ejemplos paradigmáticos. Hasta donde llegará este viejo y nuevo control social que ya utiliza la telemática, la informática y la cibernética con fines represivos? Como tantas veces antes, de nosotr@s depende. Como que la lucha por la memoria, es la historia de la lucha de las personas contra los abusos del poder, solo lo que hagamos hará modificar el actual estado de las cosas. La cumbre del Banco Mundial en Barcelona en junio, el macrojuicio a l@s antifascistas detenid@sel 12 de octubre de 1999 (con acusaciones de "asociación ilícita"), las penas de 8 años de cárcel solicitadas a l@s detenidas el 23 de abril de 1997 o nuevos montajes sensacionalistas del grupo 6 volverán a limitar, vulnerar y negar el derecho a la disidencia y a controlar y autodeterminar nuestras vidas.

Las prácticas policiales comentadas, el control social, la vulneración de derechos individuales, jurídicos y humanos, la represión a movilizaciones son una realidad que hay que afrontar y denunciar. El muro del silencio y del aislamiento al que está sometida esta realidad -desvirtuada y negada por los media- y los impactos negativos que a dirigirnos a la sociedad civil para explicar y difundir esta realidad y para manifestar públicamente:

- La denuncia de la represión y criminalización de los movimientos sociales alternativos y los impactos sociales, judiciales, económicos y culturales que han comportado por decenas de personas desde 1996.

- La necesidad de la DISOLUCIÓN DEL GRUPO 6 y el fin del control y acoso policial.

- La denuncia al nuevo autoritarismo, de la mano de las nuevas leyes regresivas que atacan las libertades individuales, restringen derechos fundamentales y agudizan los grados de control social.

- El compromiso de la defensa de los derechos y libertades individuales que vendrá de la mano de la difusión pública de la impunidad policial y la solidaridad necesaria con la personas que sufren los efectos e impactos de estas dinámicas represivas.

- Ante la difusión de noticias falsas nacidas de los comunicados policiales, profundizaremos en los mecanismos de defensa que nos asisten en el terreno informativo, desde el Consejo de la Información de Catalunya hasta la legislación vigente.

- Y, en definitiva, la denuncia de los montajes policiales que comportan, sine qua non, la reivindicación explícita de la DIMISIÓN DE JULIA GARCIA VALDECASAS Y JAIME MAYOR OREJA.

Nos comprometemos a difundir estas demandas y ampliar el apoyo social, cultural, sindical y popular para conseguirlas. Nos jugamos el modelo de sociedad que queremos.

"La policia tiene datos que prueven que en Catalunya Eta se apoya en grupos independentistas, o solo que ha captado colaboradores en este colectivo? La investigación del Comando Barcelona prueva que, de una forma o otra, ETA ha contactado con grupos violentos, radicales e independentistas catalanes que le proporcionan información para atentar. Teniamos razon cuando, a raiz de los incidentes de la Universitat Autónoma, alertamos que eso estaba pasando. No eran excusas".

(Entrevista de Enric Hernández a Jaime Mayor Oreja, Ministro de lo Anterior, a el Periódico de Catalunya de domingo 28 de enero, titulada "independentistas catalanes dan información a ETA para atentar")

1.Primer Comunicado y Primeras Adhesiones Ante El Último Montaje Criminalizador

2. Irregularidades Documentadas En la Detención y Encarcelamiento de Diego Sánchez

3. “Valdecasas Vincula Eta con Los Grupos Antisistema” El Periódico De Catalunya, Dijous 25 de enero

6. Maria Jesús Izquierdo (Profesora de Sociologia UAB): “Les Víctimes Negadas del Terrorismo de Estat”

7. Informe Brigada Provincial de Información. ‘Operación Tambor’.Desalojo de la Acampada Antimilitarista Plaça Espanya.

7. Resolución Consell de la Informació de Catalunya (CIC) respecto al trato informativo de La Razón contra las Protestas Antimilitaristas (Incluye Carta de Josep Clemente que afirma que La Noticia se configuró en Colaboración con la Guardia Civil, El Cesid y La Delegación de Gobierno)

8. Dossier ‘Un Clima Enrarecido’. Repressión A La Caravana de Mujeres Antimilitarista.

11. Comunicado De La Plataforma Cívica Per Un 12 d’Octubre En Llibertat,Integrada por 130 Entitades Sociales, Populares y Culturales

12. Comunicado de La Comissió de Defensa dels Col·legi d’Advocats de Barcelona ante las detenciones y encarcelamientos del 12 de Octubre de 1999.

13. Campaña de Criminalización de la RAK (Resistència Antifeixista de Cornellà)

*Tornen Els Grisos. A raíz De los hechos de la UAB. Editorial El Jonc. Varios Autores

* Bassa, David: Quan Els Malsons Esdevenen Realitat, Editorial El Jonc, Lleida, 2000

1.Primer Comunicado y Primeras Adhesiones ante El Último Montaje Criminalizador

Aprofitant la detenció de dos pressumptes membres del Comando Barcelona d’ETA, la Prefectura Superior de Policia de Barcelona ha engegat una campanya de persecució clarament criminalitzadora de persones relacionades amn moviments socials. Han efectuat detencions indiscriminades que després de ser traslladades a l’Audiència Nacional amb l’aplicació de la Llei Antiterrorista i tota la vulneració de drets que això comporta, han quedat en llibertat sense càrrecs, demostrant-se la seva nul·la relació amb els fets que se’ls imputava. El tractament que els mitjans de comunicació van fer dels fet van provocar no tan sols una condemna prèvia, sino que les seves vides han quedat marcades per sempre.

Tot ì això, han continuat i previsiblement continuaran les detencions indiscriminades, que des de les fonts policials es fa un especial esforç a relacionar amb diversos moviments socials (independentistes, anarquistes, okupes, antifeixistes, etc...). Els mitjans de comunicació continuen actuant amb una credbilitat cega cap als informes policials, sense cap mena de contrastació de les informacions, vulnerant així diversos punts del Codi Deontológic del Col·legi de Periodistes.

Volem recordar que el Cos Nacional de Policia no és imparcial en aquestes acusacions i que ara pretém rematar operacions anteriorment abortades per la pressió social. Des dels moviments socials i amb el suport de gran part del teixit associatiu s’ha denunciat a aquest estament com a responsable d’actuacions clarament desmesurades i vulneradores de drets fonamentals (brutals desallotjaments de cases okupades, càrrega policial a la UAB, policies apuntant amb pistoles a manifestants, esdeveniments relacionats amb la desfilada militar del 27 de maig, etc...), fets que un cop han sortit a la llum han desprestigiat considerablement aquest cos, així com a la Delegació del Govern a Catalunya. L’interés del Ministeri de l’Interior és clar: aprofitar la legitimitat social al voltant de l’anomenada lluita antiterrorista per extreure informació, controlar i desestructurar moviments socials de base a la ciutat.

Associació de Veïns Trinitat Vella, Assemblea de Joves Gramanet de Besós, Associació d’Amics de l’Artesania i la Cultura, Associació Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centramérica de 9 Barris, Associació de Circ Rogelio Rivel, Associació Circ de Catalunya, Associació Cultural ‘Amics Del Reciclatge’, Associació Juvenil Socio-Cultural de Prosperitat, Associació Metropolitana per a la Radiodifusió Alternativa, Associació Per la Producció Audiovisual, Ateneu de Cornellà, Ateneu Llibertari Baix-Sud, Ateneu Llibertari de Gràcia, Ateneo Libre Pensamiento, Ateneu Independentista i Popular ‘La Torna’ (Vila de Gràcia), Arsec, Barrio, CAM, Campi, Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Guinaueta, CGT-Catalunya, Cgt-Baix Llobregat, CNT-AIT, CNT(Sindicato de Oficios Varios de Viladecans), Club de Rol W.A.E. (Ass. de Rol Prosperitat), Col·lectiu ‘Al Enemigo Ni Agua’, Col·lectiu Màquia, Col·lectiu RONDA, Coordinadora Contra La Marginació de Cornellà, Cso Kan Mireia, Cso Kasablanca (Molins), Cso Els Timbres, Despatx d’Advocats Laboral i Popular (DALP), Editorial Virus, El Bidó de 9 Barris (comunicat propi), Ecologistes i Pacifistes de 9 Barris, El Lokal, Esplai Guinaueta, Euskal Etxea Barcelona, Esquerra Revolucionària, Gràcia-Municipi Lliure, IGUALA (associació Comunicació i Sensibilització), Hijos (Barcelona), KER, La Prosperitat-Cultura en Acció, Mesa Cívica Sant Martí, Ombu, Plataforma Contra la Impunidad (Sta. Coloma-Badalona), Prosperitat-Casal de Joves, Ràdio Línia 4,REDS (Red Europea del Diálogo Social),

L’aplicació de la legislació antiterrorista (LAT) contra Diego S.B., la posterior ordre de presó incondicional comunicada i l’ingrès en la macropresó de Soto del Real a Colmenar Viejo (Madrid) en una situació d’incomunicació, han fet que la informació sobre la seva situació sigui avui preocupantment limitada.

En tot cas, el seu lliurament als Jutjats de Guàrdia de Barcelona, la seva detenció, l’aplicació de la LAT, la presó i la criminalització i estigmatització d’organismes de l’independentisme català, han reproduit les mateixes rutines d’altres muntatges policials que ens fan constatar i denunciar;

1.- La incomunicació i desinformació, quinze dies després de l’operació policial, encara tenim sobre la situació de Diego S.B. En primer lloc, Diego va arribar a entrar als Jutjats de Guàrdia d’on va ser expulsat per agents de la Guàrdia Civil i, a fora, detingut per agents de la Policia Nacional. La detenció “a les rodalies” es un altre escena de teatre policial per trasnmetre ‘eficàcia’ i espectacularitat. No hi ha cap mèri

Assemblea Antimilitarista de Catalunya, Associació de Veïns Trinitat Vella, Assemblea de Joves Gramanet de Besós, Associació d’Amics de l’Artesania i la Cultura, Associació Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centramérica de 9 Barris, Associació de Circ Rogelio Rivel, Associació Circ de Catalunya, Associació Cultural ‘Amics Del Reciclatge’, Associació Cultural ARRAN, ARAN, Associació Juvenil Socio-Cultural de Prosperitat, Associació Metropolitana per a la Radiodifusió Alternativa, Associació Per la Producció Audiovisual, Ateneu de Cornellà, Ateneu Llibertari Baix-Sud, Ateneu Llibertari de Gràcia, Ateneo Libre Pensamiento, Ateneu Independentista i Popular ‘La Torna’ (Vila de Gràcia), Arsec, Barrio, CAM, Campi, Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Guinaueta, CGT-Catalunya, Cgt-Baix Llobregat, CNT-AIT, CNT(Sindicato de Oficios Varios de Viladecans), Club de Rol W.A.E. (Ass. de Rol Prosperitat), Col·lectiu ‘Al Enemigo Ni Agua’, Col·lectiu Màquia, Col·lectiu RONDA, Consell de la Joventut de Terrassa, Coordinadora Contra La Marginació de Cornellà, Cso Kan Mireia, Cso Kasablanca (Molins), Cso Els Timbres, Despatx d’Advocats Laboral i Popular (DALP), Dones Del Sac de Terrassa, Editorial Virus, El Bidó de 9 Barris (comunicat propi), Ecologistes i Pacifistes de 9 Barris, El Lokal, Esplai Guinaueta, Euskal Etxea Barcelona, Esquerra Revolucionària, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB-comunicat propi), Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Gràcia-Municipi Lliure, IGUALA (associació Comunicació i Sensibilització), Hijos (Barcelona), KER, La Prosperitat-Cultura en Acció, Lesbianes Feministes de Ca La Dona, Mapafs (Mares i Pares Alarmats pels Fets de Sants), Mesa Cívica Sant Martí, Ombu, Plataforma Cívica Per un 12 d’Octubre En Llibertat, Plataforma Contra la Impunidad (Sta. Coloma-Badalona), Prosperitat-Casal de Joves, Ràdio Línia 4, REDS (Red Europea del Diálogo Social), Regidoria de Drets Civics de l’Ajuntament de Barcelona, Resumen Latinoamericano, Resistència Antifeixista de Kornellà, Rock and Trini, 1917, USTEC,...

Mario Gas (Director Teatral), Jordi Buixaderes (actor), Vicky Peña (actriu), Victor Pí (actor), Victor Guillem (Actor), Xavier Fernández (Actor), Jordi Busquets (Advocat), Mònica Salvador (Advocada), Alberto García (Actor), Alfred Luchetti (Actor), roser Veciana (regidora Ajuntament de Barcelona), Robert Sabata (Comissió de Defensa dels Drets de la Persona - Col·legi d’Advocats de Barcelona), Manuel Delgado (antropòleg)....