En estos últimos tiempos hemos asistido a multitud de estrategias en la lucha antiterrorista empleadas por parte de cada gobernante de turno y hasta hoy ninguna de ellas ha dado frutos significativos. La última, nacida de un consenso entre el Pepé y el partido mayoritario de la oposición, propone la ilegalización de un partido político que tiene el apoyo de un 15% del electorado vasco, unas 150.000 personas, y al que se le acusa de ser el brazo político de la banda terrorista Eta.

El caso es que se adivina fácilmente que esta será, a todas luces, una medida absolutamente ineficaz que, además, provoca una confusión entre lo jurídico y lo político que ofrece muchos riesgos en un sistema "democrático" como el nuestro. Es de muy dudosa constitucionalidad y un grave error político que el gobierno actúe como juez instructor y utilice el Parlamento para promover la ilegalización de otro partido político sin agotar todas las herramientas que pueden y deben ser utilizadas en la urgente lucha contra el terrorismo y su legitimación. En el sistema jurídico actual existen leyes para perseguir los delitos relacionados con el terrorismo, tanto los de ejecución como los de pertenencia a banda armada, colaboración o apología. El Código Penal vigente ya contempla las razones por las que una asociación o partido político pueden ser declarados ilícitos: comisión de delitos, empleo de medios violentos, constitución de organizaciones terroristas o paramilitares o promoción de la discriminación, el odio o la violencia contra personas o grupos...

Distintas experiencias demuestran que la ilegalización de una organización, cuando esta ha mostrado una consolidada raigambre social, no soluciona ninguno de los problemas y termina por consolidar las opciones que querían hacerse desaparecer (véase el caso del Partido Islamista en Turquía o la censura que la BBC aplicó al Sinn Fein, provocando que los republicanos irlandeses abandonasen su esperanza en la política y mirasen con más expectativas el terrorismo del IRA). Por mucho que nos lo quieran vender, la ilegalización de un partido político no nos acerca al fin del terrorismo sino que nos aleja aún más. La creación de mártires y la victimización a la que el gobierno está sometiendo a Batasuna no hace más que radicalizar aún más el conflicto y es muy fácil pedir valentía a la ciudadanía mientras unos guardaespaldas les miran cada día los bajos del coche. Pero, ¿revisan acaso también las playas donde veraneamos, el supermercado donde compramos o el instituto o facultad donde estudiamos?

Lo que está bien claro es que la solución está lejos si se actúa con el desacuerdo mayoritario de la cámara de representantes de la Comunidad afectada y con un rechazo claramente mayoritario entre la sociedad concernida. Sin diálogo jamás se logrará la paz social en Euskal Herria. ¡Contra el terrorismo y el fascismo! ¡Por el Estatuto de Guernica y el respeto a la voluntad democráticamente expresada por l@s vasc@s!