Recientemente se ha aprobado en el parlamento la Ley Orgánica de Universidades (LOU) propuesta por la ministra de ¿cultura? Pilar del Caudillo (perdón, Castillo).
Esta ley, como no se te habrá escapado, fue rechazada por un amplio porcentaje de la comunidad universitaria y de Medias, en movilizaciones a lo largo de todo el estado, que congregaron a más de 6.000 y 8.000 personas en Oviedo los días 7 y 17 de noviembre, y a más de 400.000 en la manifestación unitaria del 1 de diciembre en Madrid.
¿Por qué este rechazo? Porque esta ley supone un paso de gigante en la privatización de la universidad, es decir la universidad patrocinada por las empresas, y ya se sabe, el que paga manda, por lo que también se abren las puertas a los empresarios en la gestión, dándoles más voz a ellos y restando participación a l@s alumn@s, disminuyendo su presencia o eliminándola, como en el Consejo de Departamento, donde l@s estudiantes no tendrán representación. Sangrante también es el hecho de la elección del rector, que se hará por sufragio ponderado, es decir dándole más poder de decisión a la minoría y menos a l@s alumn@s, la mayoría. Es curioso ver como al grupo más numeroso de los que componen la comunidad universitaria, l@s estudiantes, se les resta o quita la voz, y esto lo propone el Partido imPopular, el que más presume de demócrata.
Esta ley habla también de competencia en la universidad, que la universidad tiene que ser competitiva, o lo que es lo mismo, económicamente rentable. Es decir, aquella facultad que no dé beneficios a sus patrocinadores, que no sea competitiva, será apartada.
Queda claro con esta ley, que al Partido imPopular no le interesa la calidad de la educación sino los beneficios de los empresarios, aunque sea a costa de los derechos más fundamentales de l@s ciudadan@s y de los bienes de la sociedad, como es la educación pública.
Con esta ley, el Partido imPopular deja claro que no importa el ciudadano, sino que sus amigos, banqueros y empresarios ganen dinero a costa del estado; la malversación de fondos públicos legalmente reglada.
Prueba de esto es la soberbia de una ministra que se niega a escuchar a la comunidad universitaria, que protesta contra esta ley en las movilizaciones más importantes de la comunidad educativa desde la supuesta transición.
Al Partido imPopular no le interesa la calidad de la educación, por eso su ley no recoge las verdaderas necesidades de la universidad: aumentar el número de ayudas a l@s estudiantes, y la capacidad de conseguirlas; si l@s estudiantes deben permanecer en su facultad mañana y tarde, doten los campus de comedores populares y económicos, faciliten ayudas al transporte, abaraten los alquileres para estudiantes que tengan que desplazarse, denle salida laboral a las carreras, en lugar de reconvertirlas en surtidores de mano de obra cualificada y barata al servicio de las empresas.
En fin, señora ministra, por todo esto y más, decíamos y decimos NO A LA LOU.