Contra el Imperio/130                                                                      28 12 03           

EL SILENCIO DE LOS LOBOS

    Si en un documental cinematográfico ampliamente difundido y comentado, y luego en un libro de gran tirada y en una entrevista a doble página en un diario que se vende en los kioscos de todo el Estado español, una mujer acusara a Aznar o a Rajoy de haberla secuestrado, torturado y sometido a vejaciones sexuales, es de suponer que algo pasaría. De ser falsa la acusación, es de suponer que Moncloa la desmentiría categóricamente y emprendería las oportunas acciones legales contra la calumniadora. Y de no ser desmentida tan grave acusación pública, no tendríamos más remedio que pensar que era fundada, y es de suponer que se le exigiría al Gobierno que diera algún tipo de explicación y tomara algún tipo de medida.
    Pues bien, ha ocurrido algo equivalente (en realidad, todavía más grave), y nadie parece darse por enterado. En el documental “La pelota vesca”, de Julio Medem, así como en el libro homónimo (que recoge íntegras las declaraciones de las que en la cinta solo aparecen fragmentos) y en una entrevista publicada por el diario Gara el 11 12 03, Anika Gil declara haber sido sometida a torturas y vejaciones sexuales por la Guardia Civil durante cinco días, para luego ser puesta en libertad sin cargos. Y no ha pasado nada. Ni un desmentido oficial, ni una declaración oficiosa. Lo cual es gravísimo.
    Porque si las acusaciones de Anika Gil son ciertas, significa que en la Guardia Civil hay gente más despreciable, abyecta y cobarde que en la peor organización criminal. Hay gente que deshonra el uniforme que lleva y la bandera que juró. Gente --gentuza, mejor dicho-- que pisotea la Constitución y el Estado de derecho. Si la acusación es cierta, debería saltar la cúpula de la Guardia Civil por complicidad o incompetencia, por corrupción extrema o extrema cobardía. Y si la acusación es falsa, también, por no haber sabido defender el honor del cuerpo.
    Y lo mismo vale para el Ministerio del Interior y, en última instancia, para el Gobierno. La falta de respuesta frente a las gravísimas acusaciones públicas de Anika Gil nos obliga a sospechar que son fundadas. Y nos da la exacta medida moral y política de la Administración.

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