El tercer visitador general de la CNDH, José Antonio Bernal, informó que en el 2003 se presentaron 79 quejas y en el 2004 se incrementaron a 121, de esas quejas 33 correspondieron al penal de Puente Grande, Jalisco; 36, son de La Palma, en el Estado de México; y 52, del penal de Matamoros, Tamaulipas.

En entrevista, Bernal explicó que la mayor parte de las quejas se deben a maltratos contra los internos, deficiencias o negación del servicio médico e inseguridad.

Estas últimas, dijo el visitador, se refieren a que algunos internos consideran que su seguridad no está garantizada y que corre peligro su vida si no son trasladados a otro penal o a otra área de mayor seguridad.

También los custodios se han quejado por la falta de seguridad en los penales, en concreto, el personal de La Palma que, en octubre del 2004, alertó a la CNDH sobre su temor de que el hampa los pudiera "atacar" o que se presentara una fuga o rescate masivo.

Bernal dijo que debido al elevado número de quejas, los visitadores de la CNDH intentaron ingresar al penal de Matamoros el 1 de septiembre del 2004, pero se les negó el acceso, por lo que el organismo presentó una denuncia ante la contraloría interna de la Secretaría de Seguridad Pública por considerar que se obstaculizó su labor.

Informó que a raíz de los asesinatos de los custodios de ese penal la última queja que recibió fue la de los familiares de Antonio y Héctor Cerezo Contreras, acusados de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y quienes fueron trasladados del penal de La Palma al de Matamoros y a Puente Grande, respectivamente.