MILENIO PUBLICO/GUADALAJARA 

Exigen libertad de los hermanos Cerezo, recluidos en La Palma
 1/29/2004
 

Se trata de los estudiantes universitarios Alejandro Héctor y Antonio Cerezo Contreras, detenidos “ilegalmente” en agosto de 2001. Son los primeros “presos de conciencia” del sexenio foxista, denuncia su hermano.

Una docena de agrupaciones de Jalisco se sumaron ayer a las actividades para exigir la libertad de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, los tres primeros “presos de conciencia” del gobierno de Vicente Fox, que permanecen encarcelados “injustamente” en el penal de La Palma, en el Estado de México. En Guadalajara se constituyó el Comité Cerezo, que coordinará sus actividades con sus similares de la ciudad de México y Puebla.

El caso de los tres hermanos Cerezo, detenidos en 2001, ha originado la intervención de organismos como Amnistía Internacional, las Brigadas Internacionales de la Paz (BIP), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la fallecida abogada Digna Ochoa, quien llevaba el caso.

Francisco Cerezo Contreras, hermano de los detenidos, explicó que el 8 de agosto de 2001 explotaron tres petardos en sucursales de Banamex, en la ciudad de México. Cinco días después la policía detuvo “ilegalmente” a cinco personas, entre ellas a los Cerezo Contreras, jóvenes estudiantes de filosofía y economía en la UNAM y la UAM.

A pesar de que se les torturó, como eran inocentes no firmaron los papeles en blanco que exigían sus verdugos, explicó. Acusados de daños en propiedad ajena y transformación de artificios fueron absueltos de estos delitos. “Por lo tanto ellos están presos no por los petardos de Banamex”. Durante el juicio, apelaron a la sentencia y se les exoneró del delito de terrorismo.

“Hoy no puede decir el gobierno que mis hermanos son terroristas; tampoco puede decir que son los responsables de las explosiones de los bancos de Banamex”, aclaró.

Denunció que durante la defensa de sus hermanos, los familiares han recibido amenazas de muerte, acoso policiaco y durante cuatro meses les colocaron una cámara de video frente a su domicilio, por lo cual solicitaron medidas cautelares a la CIDH, organismo que las solicitó al gobierno mexicano para preservar la seguridad física y psicológica de la familia Cerezo. A su vez, las BIP aceptaron acompañar a los miembros del comité en sus desplazamientos al penal y a otros estados.

“De los siete delitos sólo tres los mantienen en prisión” ilegalmente, violándoles sus derechos humanos a ellos y al indígena Pablo Alvarado Flores, un coacusado. Indicó que exigieron al comisionado de los penales federales, Carlos Tornero, que los traslade a un penal de la ciudad de México, pero desde agosto no se tiene respuesta. La página en Internet del Comité Cerezo es www.nodo50.org/comitecerezo .

Sergio René de Dios