Alto a la militarización de la seguridad pública
Julio
Pimentel Ramírez
Es innegable que conforme se le agota el tiempo al autodenominado gobierno del cambio aflora con mayor claridad, aún para aquellos que lo respaldaron a través del llamado voto útil y le concedían el beneficio de la duda, su carácter profundamente derechista proclive a los intereses de las transnacionales y obsequioso ante las exigencias de la administración belicosa de Bush junior, al tiempo que se incrementan las declaraciones esquizofrénicas de Vicente Fox y miembros del "gabinetazo" que lo acompaña.
En estas semanas que, por motivos ajenos a nuestra voluntad hemos estado alejados de las páginas de POR ESTO!, nuestro querido Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, se han presentado fenómenos naturales que han conmovido al mundo y cuyos efectos han sido devastadores debido, en gran medida, al salvaje modelo económico y político que domina a la humanidad,
En tanto en nuestra sufrida nación padecemos el desastre propiciado por las autoridades. La "toma" y "sitio" del penal de máxima seguridad de "La Palma", bajo resguardo federal por cierto, a cargo de policías y soldados, deja al desnudo a un Estado que pierde terreno ante el narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo demás cabe anotar que distinguidos analistas y estudiosos del narcotráfico consideran que éste permea cada vez más amplia y profundamente las estructuras políticas, económicas y sociales del país, fenómeno al que no es ajeno el propio Ejército (recuérdese, entre otros, a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, presos por narcos y responsables del homicidio y desaparición de cientos de guerrerenses durante la represión a la guerrilla de Lucio Cabañas).
El gobierno de Fox, no conforme con militarizar aún más la seguridad pública y de sostener en el puesto de secretario en la materia al incapaz "amigo del Presidente", el yunquista Ramón Martín Huerta, incluye en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al "gordillista" Miguel Angel Yunes, como para subrayar que en "lo mejor por venir", según promesa presidencial renovada, los mexicanos debemos esperar represión y mano dura, tal y como lo hizo en Veracruz el ex priísta.
Entre las primeras medidas que decidieron las autoridades de la SSP después de la ocupación militar de La Palma, destaca la de trasladar a otras dos prisiones federales de máxima seguridad (la de Matamoros, Tamaulipas, y la de Puente Grande, Jalisco, de la que por cierto se fugó el Chapo Guzmán) a cinco presos considerados como peligrosos e integrantes de "una de las organizaciones delictivas que venían provocando graves problemas al interior de esa institución", según comunicado oficial.
En dicho grupo se encuentran dos narcotraficantes (Miguel Angel Caro Quintero y Miguel Angel Beltrán Olguín), un secuestrador (el tristemente célebre Daniel Arizmendi López, el "mochaorejas"), y dos jóvenes universitarios Héctor y Antonio Cerezo Contreras, quienes permanecen en prisión acusados de hacer estallar algunos petardos en sucursales bancarias y de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.
Por cierto los hermanos Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, así como su coacusado Pablo Alvarado Flores, tras ser exonerados de delitos graves como el de terrorismo, fueron condenados a 7 años y medio de prisión por los delitos de delincuencia organizada y acopio de armas, sentencia que se encuentra en apelación ante un juez federal.
Compartimos con los lectores de POR ESTO! la opinión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), en el sentido de que los hermanos Cerezo Contreras no estuvieron en huelga de hambre ni participaron de los actos que encabezaron los presos comunes (narcotraficantes) recluidos en el Penal de "La Palma" protestando por la militarización en el CEFERESO.
Los hermanos Cerezo Contreras, ejemplares estudiantes universitarios, son y deben ser considerados presos de conciencia, ajenos a la trama del narcotráfico y la corrupción, durante el tiempo en que han permanecido injustamente en prisión no han sido objeto de sanción disciplinaria previa que amerite su traslado.
La Limedhh destaca, con base en las disposiciones contempladas en los lineamientos para las libertades anticipadas y los traslados, emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública, vigentes desde mayo de 2002, que la SSP viola los derechos humanos de Héctor y Antonio Cerezo Contreras, cuyos familiares y amigos viven en la Ciudad de México.
Ante la gravedad de los hechos solicita: se garantice la integridad física y psicológica de Héctor y Antonio Cerezo Contreras; se les permita inmediatamente comunicarse telefónicamente con sus familiares; se brinde el acceso inmediato a sus amigos y familiares para que los puedan visitar.
Además demanda la Limeddh que inmediatamente sea constatada su integridad física y psicológica, por médicos y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones estatales de derechos humanos (CEDH) de Jalisco y Tamaulipas; que se realice una investigación exhaustiva por los hechos anteriormente referidos, a fin de favorecer su traslado a un penal del Distrito Federal o en su defecto al CEFERESO No. 1 "La Palma".
Finalmente solicitan que las autoridades correspondientes tomen las medidas suficientes y eficaces para garantizar la seguridad personal de los hermanos Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras y su coacusado el indígena Pablo Alvarado Flores, así como garantías para el trabajo que realizan los integrantes del Comité Cerezo, frecuentemente hostigados.