Durante la presentación en Los Pinos del cuarto informe de labores del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, el presidente Vicente Fox Quesada aseguró que en México "no hay presos políticos, y no ha habido ni los habrá, actos de represión".

Afirmación desmentida, una vez más, por la terca realidad de los hechos, tal como lo muestra la existencia de cientos de presos políticos y de conciencia a lo largo y ancho de la República, incluyendo los recluidos en las llamadas cárceles federales de alta seguridad de las que, por cierto, se "escapan" por la puerta principal capos del narcotráfico; así como la persecución, ordenada por altas esferas del poder, de que es objeto el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez.

En primer término, reiteramos nuestra modesta solidaridad con el compañero y Director General de POR ESTO!, Mario Renato Menéndez Rodríguez, que durante su larga trayectoria ha demostrado que con dignidad y valor es posible un periodismo apegado a la verdad y comprometido con los intereses de los que menos tienen.

La persecución de que es objeto el Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía por parte de los secretarios de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y Hacienda, Francisco Gil Díaz; el Procurador Rafael Macedo de la Concha, y el Director General del IMSS, Santiago Levy, con la autorización del propio presidente Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sahagún, no puede ser más que calificada como un acto de represión en contra de la libertad de expresión e información.

Sabemos que el acoso en contra de Mario Renato Menéndez Rodríguez no es nuevo, lo sufrió y supo resistir durante los últimos sexenios priístas, lo mismo durante el reinado del tristemente célebre Arturo "Negro" Durazo al frente de la policía capitalina, que en los años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari o en el periodo de Ernesto Zedillo, administraciones neoliberales corruptas y con estrechos vínculos con el mundo del narcotráfico, como se documentó en las páginas de POR ESTO!

Así como lo hizo en el pasado, estamos convencidos que Mario Renato sabrá enfrentar los embates violatorios de los principios de ley, justicia, razón, ética y derechos humanos que el llamado gobierno del "cambio" lleva adelante, en su vano intento por eliminar uno de los escollos que le obstaculizan completar su proyecto neoliberal, depredador y corrupto, para el Sureste mexicano.

Un gobierno, que como según afirmó audazmente José Luis Soberanes ha elevado el respeto a los derechos humanos a "política de Estado" (algo que no ha sido demostrado en el caso de la investigación de la detención-desaparición forzada de personas, ocurridas en el pasado. Afirmación puesta en entredicho si se considera que no han sido llevados a la práctica derechos humanos, y constitucionales, tales como el derecho al trabajo, a la educación laica, gratuita y de calidad para todos, a la salud, a la vivienda, en fin a una vida digna), debería aceptar el reto de ventilar públicamente el caso "IMSS-Editorial Nuestra América, S.A. de C.V.", con el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez.

En cuanto a la aseveración del presidente Vicente Fox de que en México no hay presos políticos, la realidad es que según información de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y el Comité Cerezo, en nuestro país hay 395 personas encarceladas por motivos políticos y de conciencia. De esta cifra en 132 casos se cuenta con información completa.

Entre los casos más conocidos se encuentra el de los destacados estudiantes universitarios Antonio, Alejandro y Héctor Cerezo Contreras, acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). En sentido estricto su único "delito" es ser hijos de dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perseguidos por la policía política desde hace tres décadas. Son mantenidos en prisiones de alta seguridad junto a narcotraficantes, éstos sí de alta peligrosidad.

También han ocupado espacio en medios de comunicación la detención y encarcelamiento, desde 1999, de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), cuyos familiares tuvieron que exiliarse en Canadá ante el feroz acoso policíaco.

En esta relación de presos políticos y de conciencia, muchos de los que en ella aparecen son acusados de pertenecer a grupos guerrilleros. Si bien en este momento amplios sectores sociales no compartan la opción de la lucha armada como vía de transformación social, es innegable que en muchos Estados de la República persisten condiciones económicas, políticas y sociales que llevan a que algunas personas recurran a ella.