Viernes 21 de enero de 2005. Núm. 10082 

 Cuando el presidente Vicente Fox dijo ayer que su gobierno estaba por librar la madre de todas las batallas, tenía razón, pero no en contra de la delincuencia organizada que está dentro de las cárceles, sino tardíamente para enfrentar las redes de corrupción e ineptitud que han propiciado la multiplicación geométrica de problemas en los penales.

José REVELES

Los datos duros

¿Alta seguridad o franco reto al Estado? Cárceles: la madre de todas las ineptitudes

JOSÉ REVELES

Cuando el presidente Vicente Fox dijo ayer que su gobierno estaba por librar la madre de todas las batallas, tenía razón, pero no en contra de la delincuencia organizada que está dentro de las cárceles, sino tardíamente para enfrentar las redes de corrupción e ineptitud que han propiciado la multiplicación geométrica de problemas en los penales.

Si sus funcionarios de Gobernación y Seguridad Pública Federal hubiesen atendido en los últimos cuatro años la media docena de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que advertían de la descomposición en los centros penitenciarios, o los 55 oficios que mencionaban irregularidades sin fin, algo podría haberse remediado y sin necesidad de comprometer a las fuerzas armadas en tareas propias de civiles.

En vez de eso, lo que hay son asesinatos con armas de fuego, prohibidísimas en penales de alta seguridad (los casos de Miguel Angel Beltrán “El Ceja Güera” y de Arturo “El Pollo” Guzmán Loera en La Palma), evasión violenta (Zacatecas), fuga de tres narcotraficantes (Islas Marías) y ayer jueves asesinato de seis custodios y personal administrativo del Cefereso de Matamoros, como el gran reto al Estado y para demostrar que no existe control alguno sobre los centros de reclusión.

Desde las más de 450 prisiones de alta, mediana y baja seguridad del país la delincuencia continúa organizando secuestros, ordenando atracos millonarios y operando el tráfico de todo tipo de drogas, le decía la CNDH a los gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública.

Más aún: advertía desde 2003 y 2204 cómo los llamados “autogobiernos” habían tomado el control de los penales, que eran ellos quienes imponían sanciones y condiciones a los reclusos; persistían cobros indebidos y privilegios para presos con poder económico, los cuales inclusive tenían para sí hasta tres celdas, mientras que allí mismo había un celdas para que durmieran hasta 30 personas hacinadas.

Así lo describió el tercer visitador general de la Comisión, José Antonio Bernal, a cargo del programa de Reclusorios, basándose en informes resultado de más de 960 visitas a los penales de toda la república.

Bernal dijo que si no hay motines sangrientos en las prisiones es porque los internos con más poder están satisfechos con las facilidades que se les dan para seguir operando sus negocios criminales y por ello “no están generando focos de tensión en los reclusorios”.

La toma militar del penal de La Palma parece haber impedido, o por lo menos pospuesto, el anunciado intento de toma de esa cárcel llamada falsamente de máxima seguridad por parte de sicarios del narcotráfico para liberar a sus jefes. Pero al mismo tiempo al gobierno le saltó la liebre de la peligrosa ingobernabilidad de los penales en Islas Marías y en Matamoros.

Antes hubo operativos de grupos de matones disfrazados de militares que liberaron por la fuerza a reos en Matamoros mismo y en Apatzingán, Michoacán y se dio la graciosa huída de Joaquín “El Chapo” Guzmán en enero del 2001. Es decir, está por cumplir cuatro años sin que la autoridad pueda echarle el guante otra vez y además como el más significativo capo del narcotráfico de los últimos años, capaz de poner a temblar a los cárteles del Golfo y de Tijuana.

En ese contexto de debilidad oficial, mueve a lástima que a las autoridades no se les haya ocurrido mejor idea que trasladar a dos de los hermanos Cerezo Contreras (Héctor a Puente Grande, Jalisco, y Antonio a Matamoros, mientras que Alejandro permanece en La Palma) como una forma de impedir la organización de protestas dentro del último de los penales mencionados, como si jóvenes universitarios acusados –falsamente, dicen ellos- de pertenecer al guerrillero Ejército Popular Revolucionario, pudiesen aliarse con capos de la droga como Osiel Cárdenas Guillén.

Para desgracia de México, apenas está comenzando un cruento desafío al poder desde adentro y fuera de los penales de alta seguridad. Los seis cadáveres de personal carcelario depositados en las afueras del Cefereso de Matamoros son señal inequívoca de que lo más grave está por suceder.

Aquí no se le ha dado todavía ese nombre -como en Colombia-, pero es obvio que detrás de la guerra para desestabilizar la estructura del orden están los “extraditables”, capos mexicanos que reclama para sí el gobierno de los Estados Unidos.

 

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