Señora directora: Primero que nada nos alegramos de que un ciudadano preso injustamente esté libre, nos referimos a Sergio Galicia Max, inculpado por los petardos lanzados a Banamex.

Al momento de ser detenidos, los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, así como Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia, sufrieron violaciones a sus derechos humanos; sus familiares y vecinos fueron amenazados y Pablo, Héctor y Antonio, torturados. Se inició entonces una lucha más por defender los derechos humanos y lograr la tan anhelada justicia.

Cuando les fue dictado el auto de formal prisión no se encontraron elementos probatorios de los ilícitos de daño en propiedad ajena y transformación de artificios; sin embargo, en forma por demás ilógica se encontraron elementos para acusarlos de los delitos de terrorismo y asociación delictuosa, por lo que fueron llevados al penal de máxima seguridad La Palma.

En las audiencias judiciales los agentes investigadores narraron una historia de datos, evidencias y pruebas de la relación entre los diferentes inculpados para probar el delito de asociación delictuosa. Hoy, ante la liberación de Sergio Galicia, podemos comprobar cómo se fabrican datos y evidencias para crear historias que supuestamente prueban la culpabilidad de los detenidos. Una de las evidencias para inculpar a Sergio Galicia era que uno de los automóviles (que las autoridades no presentan) en los que huyeron los autores de la agresión con petardos estuvo en su casa, no obstante, los testigos aseguran que esas personas huyeron caminando y no en automóvil.

Otra prueba inventada por la PGR es la existencia de una credencial falsa de Sergio, que supuestamente se encontró en la casa de los hermanos Antonio y Héctor Cerezo y que los vinculaba, lo cual también se demostró es falso.

La última prueba y la más contundente para la PGR es que Sergio vivía en una casa que había comprado en diciembre de 2000 y que supuestamente vendió la madre de los hermanos Cerezo Contreras.

Lástima que el señor Aguilar Zinser no es ya el coordinador de Seguridad Nacional, para que nuevamente diga que ya sabían que Sergio era inocente, sólo estaban esperando que sus abogados probaran su inocencia.

Las noticias buenas siempre llegan acompañadas de malas: el magistrado Arturo Sánchez Valencia está satisfecho porque "a todas luces sabía que Sergio era inocente", pero agregó el delito de posesión de cartuchos al señor Pablo Alvarado para enmendar el error de la PGR, que detiene al señor Pablo supuestamente en posesión de una arma y al parecer nadie se acordó de incluir en el auto de formal prisión que éstas usan cartuchos.

Mantiene cinco delitos a los hermanos Cerezo, a pesar de lo público y comprobable de sus actividades escolares, deportivas y de defensores de los derechos económicos de algunas comunidades de nuestro país y les retira el cargo de posesión de cartuchos reservados a particulares, es decir, del "arsenal" sembrado en su casa, desaparecen un cartucho calibre 22, que al principio se incluye en el auto de formal prisión.

Gracias a esta justa liberación e imparcial revisión del auto de formal prisión podemos confirmar que los hermanos Cerezo Contreras son rehenes de un Estado que, violando los derechos humanos de sus ciudadanos, fabrica pruebas para cubrir sus errores en la búsqueda de aquellos que supuestamente son los responsables de delitos.

Exigimos la libertad de los hermanos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, primeros presos de conciencia del gobierno de Vicente Fox, y del indígena Pablo Alvarado Flores, chivos expiatorios de la incapacidad del Estado para detener a los verdaderos responsables de los petardos contra Banamex.

Emiliana Cerezo Contreras, Francisco Cerezo Contreras, Yolanda Hernández Martínez (esposa de Pablo Alvarado), Francisco Cerezo Contreras