Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos BOLETIN Volumen 3, Número 2, junio de 2003
Tortura y Guerra Psicológica en México
Para que la tortura sea efectiva como instrumento de control social, debe ser conocida, al menos por aquella parte de la población a quien el Estado pretende sojuzgar. Al mismo tiempo, el propio Estado debe negar la tortura, que es una acción incompatible con la democracia. De esta manera se crea el discurso, sólo el discurso, de que la tortura no existe –o casi– de que es una “desviación” de “malos servidores públicos”, y ¡claro! de que estamos en vías de lograr la “transición democrática”. Por otro lado, las propias autoridades usan métodos de tortura psicológica para informar acerca de la inexistencia o el aumento de la tortura, con el viejo aunque efectivo recurso del torturador “bueno” y el “malo” (cuando el “malo” cesa de torturar, aparece el “bueno” que ofrece su comprensión a la víctima, siempre y cuando esta obedezca las demandas del primero). Desde luego que todo lo anterior no se puede entender fuera del contexto de la guerra de “baja intensidad” o mejor, guerra integral que sufre desde hace muchos años el pueblo mexicano. Veamos cómo sucede todo esto en la práctica.
Durante la primera quincena de febrero rindió su tercer informe el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos humanos, lo que produjo un alud de declaraciones, desde el “defensor del pueblo” hasta el “representante electo del pueblo”. Este último, por cierto, la hace tanto de torturador “bueno” como de “malo”, dado que un día declara todo su apoyo a la guerra en Irak y al siguiente su repudio a la pena de muerte, reservándose –además– el derecho de juzgar cuándo son procedentes las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cuándo no.
Cabe destacar que el dispendio de espacio periodístico reseñado a continuación está íntimamente relacionado con el Convenio de Cooperación Técnica, firmado entre el gobierno mexicano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este acuerdo señala que durante su segunda etapa, esto es en los días que corren, se realizará un diagnóstico de las violaciones a los derechos humanos en el país. El gobierno, es decir, tanto las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH (que se dice “independiente” pero no es más que un anexo de la PGR), están muy interesadas en bajar el perfil del convenio, así como en realizar un diagnóstico simulado para fincar el discurso –sólo el discurso– del ejecutivo respecto a la disminución de las violaciones a los derechos humanos en el país.
Toda proporción guardada, usaré el modelo de tortura en el que hay un torturador “malo” y uno “bueno”, que se alternan para confundir a quien está siendo torturado. Este modelo no es del todo aplicable al asunto que se analiza, pues éste corresponde a otro nivel, que es el de la guerra de baja intensidad, en el que el componente psicológico es actualmente muy relevante; el recurso de las estructuras de poder de hacer declaraciones contradictorias, es una táctica de la guerra psicológica.
I. El malo
Hoy lo encarnan el Procurador General de la República, general Rafael Macedo de la Concha y el Director General de Protección a los Derechos Humanos de esa dependencia, Mario Ignacio Álvarez Ledesma. Les tocó ser los malos porque “el bueno”, el llamado ombudsman nacional, José Luis Soberanes, los acusa de que en un año se ha duplicado la tortura en el país y de que la institución que más tortura es la PGR.
El torturado, la opinión pública en este caso, acepta de buena gana el argumento, dado que hay muchas evidencias de que en la “procu” se tortura de forma habitual, lo que ya no puede ser ocultado por las burdas mentiras emitidas por sus funcionarios.
Macedo afirmó el 12 de febrero del año en curso que "del cúmulo de quejas que hay en contra de la institución, 15 fueron resueltas amigablemente y únicamente tiene dos recomendaciones por parte de la CNDH". El militar continuó diciendo que “por primera vez en la historia la PGR tiene el menor número de recomendaciones y dejamos el nada honroso primer lugar para pasar al cuarto". No podía desperdiciar la ocasión para culpar a la víctima: "día a día los delincuentes acuden a las instancias defensoras de los derechos humanos con mayor frecuencia, para tratar de desviar la labor de la justicia, pero estén todos seguros que la institución trabaja con transparencia y seriedad". En esto último estamos cabalmente de acuerdo; su trabajo es tan serio y transparente que cualquier ciudadano –víctima del terrorismo de Estado– lo piensa dos veces antes de denunciar a sus represores.
Álvarez abunda: “no está por demás subrayar que entre el número de quejas presentadas y los casos de violación a derechos humanos no hay una relación directa, ya que no toda queja interpuesta ante la CNDH resulta ser efectivamente una violación a derechos fundamentales.” En otras palabras, los ciudadanos nos quejamos y sólo al Estado le toca calificar esas quejas, que, además, no alcanzan para el propio Estado la categoría de denuncias. Y abunda: “En 2002 la PGR recibió (...) 17 casos en que efectivamente se detectaron violaciones a derechos humanos. Estas son las cifras más bajas reportadas en la historia de la PGR.” Por supuesto que de la historia escrita por la PGR.
Añadamos, no tan de pasada, que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reporta que entre los años 2000 y 2002 las más de 150 mil quejas que recibe anualmente se redujeron en un 30 por ciento. Habrá que explicarle al doctor Álvarez que la población anda “quejándose” por decenas de miles en las calles y no en las ventanillas de la burocracia, donde la espera no repone los costos.
Por su importancia cabe enfatizar la declaración del doctor Álvarez en ese mismo contexto del pleito periodístico del 12 y 13 de los corrientes:
“En lo que hace a la tortura, la nota (del periódico La Jornada del 12 de los corrientes) señala que: ‘... la PGR fue señalada en 18 casos como responsable’. Tal señalamiento es erróneo por lo siguiente: durante 2002 sólo se recibió una recomendación, la 12/2002, resultado de una queja iniciada por tortura. No existe ningún otro caso en que se haya demostrado una violación de lesa humanidad de ese tipo en contra de la PGR en ese año.”
Por favor estimada lectora, estimado lector, un momento de paciencia. La recomendación 12/2002 se refiere al caso de Guillermo Vélez Mendoza, ejecutado extrajudicialmente en las oficinas de la AFI de la calle López de la ciudad de México mientras era torturado con el fin de que se autoinculpara de ser jefe de una banda de secuestradores. Álvarez dice que “no hay ningún otro caso en que se haya demostrado (la tortura); es decir, se demostró, a pesar de que la recomendación de la CNDH fue incompleta, ya que no menciona la tortura sino sólo enumera, dentro de las “graves violaciones a los derechos humanos de Guillermo Vélez Mendoza (...) detención arbitraria, trato cruel y degradante, y homicidio, así como irregular integración de la averiguación previa, ejercicio indebido de la función pública, contradicciones y falsedades de servidores públicos de la PGR para encubrir la muerte del detenido.” ¡Finalmente, el doctor Álvarez Ledesma acepta –por su puño y letra en una carta a La Jornada– que en este caso hubo tortura! después de sembrar pistas falsas, de encausar a los peritos médicos de la familia Vélez por “mentir a la autoridad” y luego de comprometer a la ONG norteamericana Phisicians for Human Rights como cómplice de sus intrigas y difamaciones. El caso de Guillermo Vélez iba a ser como cualquier otro (véase por ejemplo el caso de Marco Antonio Ángeles Sevilla, de 25 años de edad, que supuestamente se suicidó en los separos del ministerio público, pero su cadáver mostraba diversos hematomas y una lesión en la barbilla, reportado por La Jornada el 25 de noviembre de 2002): la PGR le recomendó al padre de la víctima que incinerara los restos, pero en lugar de ello se constituyó por su iniciativa un equipo de expertos, que en un esfuerzo extraordinario logró poner en evidencia los hechos y el complot para ocultarlos.
“Huelga decir –continúa Álvarez– que, en muchos casos, las quejas por tortura u otras violaciones a derechos humanos suelen ser parte de la estrategia de defensa de quienes son detenidos y luego procesados, entre otros ilícitos, por secuestro, delincuencia organizada o delitos contra la salud.” El funcionario, concentrado en culpabilizar a las víctimas, no se ha enterado de la avalancha de denuncias –que ya no quejas– contra la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, hoy vitoreada por la autoridad como el FBI norteamericano) por abuso de autoridad, homicidio, tortura, desaparición forzada y corrupción. Así, está claro que Álvarez asume –al igual que su patrón– el triste papel de defensor de los policías criminales y fabricantes de delitos. Y sigue: “Con independencia de lo anterior y de que las cifras muestren que la tortura no se encuentra ya entre las 10 principales causas de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de la PGR, la institución ha tomado acciones de prevención y ataque frontal contra la tortura que no tienen precedente (...) la Procuraduría General de la República se encuentra en la fase final del proceso de implementación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, con el que la normatividad internacional en este rubro (Protocolo de Estambul) será de aplicación obligatoria en cualquier caso en que se denuncie una probable tortura o malos tratos por parte de servidores públicos de esta procuraduría.”
Las falacias propaladas por el Director de Derechos Humanos de la PGR no son nuevas: El martes 22 de agosto de 2001 apareció en los medios, no sin causar sorpresa entre los enterados, la apasionada defensa que hacía la PGR del “Procedimiento Modelo”, supuestamente aplicado por primera vez en nuestro país a los hermanos Cerezo. La nota de Gustavo Castillo dice textualmente: “Alvarez Ledesma reveló que los cinco presuntos militantes de las FARP fueron sometidos el sábado anterior, en el interior del penal federal La Palma, a exámenes médicos y psicológicos bajo normas internacionales establecidas por la Organización de Naciones Unidas, en el llamado Protocolo de Estambul.” Más adelante, el abogado Álvarez Ledesma declara que no hubo tortura "porque no hay huellas de lesiones", precisó que tampoco de carácter psicológico "porque duermen bien, comen bien y no presentan ninguno de los síndromes que deja un acto de esa naturaleza". Sin embargo, la PGR lejos de aplicarlo con independencia de los peritos de la autoridad como lo señalan los principios del protocolo de Estambul, defendía a la sazón otro protocolo, el deficiente “Modelo Guía Estandarizado Para Examen de Integridad Psico Física”, emitido por la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR, en la presente administración; esa herramienta sin filo podía pasar por alto el diagnóstico de tortura precisamente en personas que “duermen bien, comen bien...” etc. Para acabar con esta parte de la argumentación, habrá que señalar que el “examen” practicado a los hermanos Cerezo Contreras en aquella ocasión no tomó ni 10 minutos.
Por otro lado, la PGR impartió, con la complicidad de Phisicians for Human Rights, un curso “modelo” de tres días de duración para el diagnóstico de la tortura apenas a fines de octubre de 2002, en el que participaron 50 de sus médicos peritos de élite (según lo declaró el propio Álvarez en la ceremonia de clausura), los cuales hasta ese momento no tenían información acerca del tema. En una de sus trampas a la sociedad, la PGR expuso con lujo de detalles el Protocolo de Estambul, excepto por una de sus características esenciales: la imparcialidad y la independencia con que debe ser utilizado. Así, cuando Álvarez escribe que “la institución ha tomado acciones de prevención y ataque frontal contra la tortura que no tienen precedente”, debe leerse que la PGR pretende apropiarse del uso exclusivo del Protocolo de Estambul, para lo que incluso ha emitido el formulario respectivo en papel no falsificable. Si usted quiere denunciar la tortura, deberá hacer fila en una ventanilla de la PGR, donde le asignarán a un médico de la propia PGR para que haga el diagnóstico, y probablemente recibirá la represalia de la PGR por haberla denunciado ante ella misma. Por lo pronto, la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura tiene más de 3 años esperando el permiso para entrar a los penales de alta seguridad a documentar tortura en casos de alto perfil político.
II. El bueno
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jose Luis Soberanes, declara en su tercer informe que “la Procuraduría General de la República (PGR) volvió a ocupar el primer lugar en el número de quejas por violación a las garantías, con 293 (...) En el balance de las quejas por tortura, la CNDH precisa que al 15 de noviembre de 1999 se recibieron seis quejas, para noviembre de 2000 se incrementaron a nueve, en 2001 se mantuvo en esa cifra y en 2002 aumentó a 19; la PGR fue señalada en 18 casos como responsable.” ¡Fantástico! El aumento de poco más de cien por ciento en la tortura asciende a diez casos. Y son todos casos distintos a los más de 10 casos documentados tan solo por ACAT en el mismo periodo.
Esta organización lleva ya muchos años denunciando que el subregistro de la CNDH es propositivo, que sus cifras no son consistentes por la forma caprichosa de tipificar sus recomendaciones, ya que algunas son clasificadas como tortura y otras no, por más que se trate de situaciones similares. Incluso en muchas ocasiones la CNDH no clasifica una recomendación como tortura a pesar de que la pudo comprobar, como en el caso de la ejecución extrajudicial de Guillermo Vélez Mendoza. En otras, a pesar de los elementos con que cuenta no reconoce que existió tortura, sino se concreta a referir “lesiones”. Todo esto facilita que el Ministerio Público ejercite acción penal por delitos diferentes a la tortura y hace manipulables las cifras de la CNDH. Aun más, la única “forma de tortura” denunciada por Soberanes en su tercer informe es ¡el uso del polígrafo! Se entiende que no para golpear, no para producir posiciones forzadas ni sofocación, sino simplemente para registrar (claro que con 45% de margen de error) si el declarante miente.
Por otro lado, aunque la CNDH ha recibido más de 90 quejas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales (que necesariamente implican tortura), sólo una recomendación la clasifica como tal. La masacre de Aguas Blancas en 1995 fue clasificada por la CNDH como “asesinato”. La masacre de Acteal en Chiapas en 1997 ni siquiera fue descrita como asesinato por esta institución.
Más allá de los datos sobre casos de tortura que llegan a conocerse, existe una cifra enorme constituida por casos que efectivamente suceden y no son denunciados por falta de acceso a los servicios periciales y por miedo. Los informes de la CNDH no dan cuenta de ellos, dado que carece de estudios de campo.
En tanto la población protesta por decenas o centenas de miles en las calles ante las injusticias en el país /que no son mas que violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales), mientras se encuentran abundantes informes en los medios sobre centenas de mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez o de recién nacidos muertos en hospitales de nula calidad, la CNDH da cuenta de dos o tres mil “quejas” anuales, entre las que solamente unas cincuenta le merecen la emisión de “recomendaciones”. En México, a eso se le llama “taparle el ojo al macho”, dado que la acémila cuenta –como es sabido– con dos órganos visuales.
Este subregistro de casos se utiliza por el gobierno federal en foros internacionales para tratar de relajar la presión de los señalamientos sobre el deterioro de los derechos humanos en México, presión que, dicho sea de paso, obligó a la creación de la propia CNDH.
En suma, la “buena” CNDH es un instrumento de maquillaje que no sirve para reducir la incidencia de violaciones a los derechos humanos sino para ocultarlas.
En conclusión
El gobierno mexicano sostiene un régimen económico y político destructor de la vida humana y de la naturaleza; tal régimen sólo es viable con el aumento concomitante del autoritarismo y de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, los convenios internacionales y su por demás inútil búsqueda de legitimidad lo obligan a crear una imagen de régimen democrático y respetuoso de los derechos básicos. Con el fin de crear tal imagen, el régimen institucionalizó los derechos humanos, primero como comisión y luego como dependencias del ejecutivo, del legislativo y de los partidos políticos. Por ello simula un debate interinstitucional entre una de las instituciones más señaladas como violadora de los derechos humanos y otra institución dedicada al maquillaje, debate en el que el pueblo no está representado.
Las organizaciones independientes que luchan por la democracia y por los derechos humanos y –en menor medida aunque de manera importante– los organismos y los tribunales internacionales, representan la única esperanza de cambio hacia una sociedad justa.
Mtro. Ricardo Loewe
ACAT-México
Febrero de 2003
http://www.redsalud-ddhh.dm.cl/Boletin/Boletin%203%202.PDF