Querida Carmen: En El Correo Ilustrado de ayer, 28 de enero, se informa que el consejo técnico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM "acordó exigir el respeto de los derechos humanos de los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras, alumnos del Colegio de Filosofía de esta facultad". Pidió también que, mientras dure su proceso, se los ubique en una cárcel cercana a la ciudad de México "a fin de que puedan continuar con sus estudios". Los hermanos Cerezo Contreras, se compartan o no sus ideas, son indiscutiblemente presos por razones políticas. Es inaceptable que se insista, como en los peores tiempos, en considerarlos procesados del orden común.
Existió en México una tradición jurídica y penal liberal que, entre otras cosas, en el pasado mantuvo a los procesados por razones políticas reunidos en espacios separados de los procesados del orden común. Esa tradición fue respetada incluso en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y de la represión al movimiento de 1968. Los presos políticos de entonces pudimos así, si lo queríamos, leer, estudiar, debatir entre nosotros, escribir libros y folletos, colaborar regularmente en la prensa (Víctor Rico Galán, por ejemplo, pudo mantener su colaboración en la revista Siempre! de José Pagés Llergo), tener visitas regulares y, con el rector Pablo González Casanova, incluso proseguir los estudios en la UNAM y rendir los exámenes correspondientes. Hasta hubo alguno que tuvo permiso para tener un instrumento musical en su celda y continuar sus estudios de música.
No hay razón para que los actuales procesados por causas políticas reciban un tratamiento diferente. Por las anteriores razones, me permito sumar mi apoyo, como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la resolución aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras.
Adolfo Gilly