E L C O R R E O I L U S T R A D O
Jueves 27 de enero de 2005
Señora directora: Le rogamos publicar esta carta dirigida a los magistrados Manuel Baraibar Constantino, Alejandro Sosa Ortiz y José Nieves Luna Castro, del segundo tribunal colegiado en materia penal en el estado de México.
Desde abril del año pasado presentamos demanda de amparo contra la sentencia de siete años y cinco meses de prisión dictada contra los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado. Ustedes recibieron el expediente en junio de 2004, por lo que han pasado siete meses y hasta ahora indebidamente no han dictado resolución, siendo inexplicable en virtud del tiempo transcurrido.
Hemos acudido constantemente, una vez a la semana, a entrevistarnos con el magistrado ponente, con el objeto de hacerle alegatos verbales e insistir en que ya resuelvan este asunto, pero hasta la fecha lo que nos ha dicho desde el mes de noviembre pasado es que ya está en estudio el expediente, y que probablemente se resolvería antes del fin de año, pero hasta ahora no lo han hecho.
El retraso de esta resolución ha propiciado, indirectamente, ante la problemática en el penal La Palma, que los quejosos, tras nueve meses de espera, ahora hayan sido trasladados a los penales de Matamoros y Puente Grande, indebida e ilegalmente señalados como de alta peligrosidad; separados de su familia y sus abogados, y sujetos a malos tratos y vejaciones que sufren los reclusos cuando van "recomendados", como es del dominio público.
Por ello exigimos se resuelva de inmediato este expediente y concedan el amparo a los quejosos, ordenando su libertad inmediata e incondicional, pues la situación en que se encuentran, además de ser indigna e ilegal, los pone en grave riesgo de su seguridad personal, viendo la forma prepotente y la arbitrariedad con que actúa la Secretaría de Seguridad Pública, y en riesgo también de ser perseguido nuevamente por la PGR con acusaciones falsas, como lo ha venido haciendo hasta ahora. En sus manos está evitar esta infame e ilegal situación.
Bárbara Zamora y Santos García, abogados de Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras y Pablo Alvarado