Repudio al traslado de los hermanos Cerezo

Señora directora: Por este medio manifestamos nuestro total repudio al injusto e ilegal traslado de Héctor y Antonio Cerezo Contreras del Cefereso No. 1 La Palma (estado de México) a los de Puente Grande, Jalisco, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente ¿Es ésta la justicia del país donde "ya no pasa nada"?

Los hermanos Cerezo fueron difamados y acusados de delitos nunca comprobados; los condenaron y finalmente fueron recluidos junto con el sector más podrido de nuestra sociedad: el ligado al narcotráfico, que por cierto mantiene vínculos estrechos (según consta en amplios reportajes aparecidos en distintos medios informativos, como el semanario Proceso) con gobiernos estatales y ex presidentes de la República, así como con altos funcionarios encargados de impartir "justicia" y de proteger la seguridad en penales y reclusorios.

Aprovechando los disturbios ocasionados por la negligencia y complicidad de quienes administran los reclusorios, el gobierno decidió reubicar a peligrosos criminales para lavar su reputación, y de paso hundir la imagen de los Cerezo ante la opinión pública. Quienes conocemos la trayectoria de Héctor, Alejandro y Toño sabemos que son estudiantes brillantes y comprometidos con el pueblo, que a pesar del encierro han continuado sus estudios y han hecho esfuerzos por escribir y apoyar causas sociales mediante la revista Revueltas, en la que participan activamente, además de colaborar con artículos periodísticos para organizaciones políticas y civiles.

Hoy, los hermanos Cerezo han sido alejados aún más de su familia, de sus amigos y de sus estudios. Nada justifica el trato que recibieron de las autoridades y de los medios de comunicación. Fox pretende ocultar que en el gobierno del cambio hay todavía presos de conciencia.

Exigimos la libertad de Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, así como de Pablo Alvarado Flores. Pedimos que sean trasladados a un penal del DF, o en su defecto a La Palma; también que se garantice su seguridad y la de sus familiares.

Alejandra Rivera Ortiz, Comisión de Derechos Humanos del Partido Obrero Socialista

La Jornada