Miércoles 9 de febrero de 2005
Visita a magistrados
Toluca, Mex., 8 de febrero. La representación de un grupo de intelectuales que se ha manifestado en favor de la libertad de Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, recluidos en los penales federales de máxima seguridad de La Palma, estado de México; Matamoros, Tamaulipas, y Puente Grande, Jalisco, visitaron hoy a los magistrados del segundo tribunal unitario de segundo circuito del estado de México, en Toluca, a quienes exigieron la liberación inmediata de los hermanos por considerar que no existen elementos para sostenerlos siete años encarcelados.
En visita al Palacio Judicial Federal en Toluca, Francisco Martínez Marcué, Angélica González y Carlos Perzabal entregaron un documento firmado por intelectuales como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Payán y Paco Ignacio Taibo II, donde se enumeran las irregularidades cometidas para sentenciar a los hermanos Cerezo por los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, terrorismo y posesión y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Los magistrados encargados de resolver un amparo que promovió la defensa de los Cerezo contra la sentencia admitieron estar imposibilitados para resolver éste y otros asuntos en los tiempos que marca la ley, por las cargas de trabajo que tienen.
No obstante, el magistrado ponente Manuel Baraibar Constantino se comprometió a emitir una resolución a este recurso a más tardar en tres semanas, la cual será puesta a consideración del tribunal para emitir una sentencia definitiva.
A estos jóvenes se les imputa pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y ser responsables de las explosiones en tres sucursales bancarias de Distrito Federal el 8 de agosto de 2001. En el expediente de la acusación se señala que en un cateo en sus viviendas se encontraron armas y artefactos explosivos, pero éstos nunca fueron puestos a consideración del juez ni fueron reconocidos por los agentes que realizaron la diligencia, durante la comparecencia en que fueron interrogados por la defensa de los Cerezo.
En 2002 se les sentenció a 13 años de prisión, resolución que fue apelada por lo que se les redujo la condena a siete años de prisión. Martínez Marcué manifestó a los magistrados que los tres hermanos se encuentran recluidos sin haber una sola prueba que demuestre su responsabilidad, por lo que los calificó de presos políticos.
http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20050209¬a=019n2pol.php