El caso de los hermanos Cerezo Contreras
Una batalla perdida por la PGR
La defensa se ha dificultado porque enfrenta una coyuntura adversa * Hay un retroceso por parte de las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos * Nombrar a un militar como procurador, violación flagrante * Se vuelve a recurrir a la tortura como método de investigación * Fox ha desatendido los reclamos y propuestas de las organizaciones civiles: Bárbara Zamora
Feliciano Hernández / La Hora Cero
Los tres hermanos Cerezo Contreras, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han resistido las condiciones de exterminio que aplican en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México. A casi dos años desde aquel 13 de agosto del 2001, cuando despertaron en medio de un impresionante operativo policial, mantienen firmes sus anhelos de recuperar pronto su libertad, aquella que les fue arrebatada por las autoridades judiciales mientras los verdaderos y numerosos criminales de cualquier tipo deambulan en todo el país, burlándose del gobierno y de la sociedad.
Pero la Procuraduría General de la República (PGR) encontró en estos jóvenes una forma fácil de justificar el enorme presupuesto que devora, ante las críticas cada vez mayores de la ciudadanía por las fallidas acciones de esa institución para combatir la criminalidad en el país. A la PGR, junto con el Ejército, no les ha importado figurar en las listas de represores y torturadores que organismos nacionales e internacionales han denunciado. Sin embargo, más les valdría ponerse a limpiar la sucia imagen que se han ganado por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Los Cerezo Contreras (Alejandro, Héctor y Antonio) fueron sentenciados a 13 años de prisión en diciembre pasado, acusados de actos terroristas por los “atentados” que el 8 de agosto del 2001 estrellaron algunos vidrios del Banco Nacional de México, Banamex, propiedad del gigante extranjero Citicorp, pero en la apelación, el juez del caso les redujo la sentencia a siete años, dictada hace unas semanas y les retiró el cargo de terrorismo.
La defensa encabezada por la abogada Bárbara Zamora, del bufete jurídico Tierra y Libertad AC, se propuso interponer un amparo directo como última instancia ante un tribunal superior, con la finalidad de lograr su pronta liberación. A su juicio este objetivo se facilitará “sólo con la solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, y de todos los ciudadanos simpatizantes de esta causa, ante la debilidad de las acusaciones que caracterizaron este irregular proceso que se siguió contra los Cerezo Contreras”.
Como acción inmediata, la defensa pidió el traslado de los tres hermanos a un reclusorio del Distrito Federal. Es un derecho de los procesados y sólo se requiere una poca de sensibilidad de las máximas autoridades. Se insiste en las palabras, las máximas autoridades del país, porque son éstas quienes los mantienen en prisión, más por motivos políticos, puesto que se ha señalado a los padres de estos jóvenes como activistas de grupos guerrilleros.
Pero la jugada de la PGR y de la Secretaría de Gobernación ya es insostenible. Las protestas se han generalizado y defensores de derechos humanos del país y del extranjero emprenderán acciones conjuntas. Se espera que la entrante LIX Legislatura de la Cámara de Diputados dictamine y apruebe la Ley de Amnistía a presos políticos y de conciencia que se quedó atorada en las comisiones respectivas de la Legislatura saliente.
Los Cerezo Contreras fueron acusados de terrorismo, posesión ilegal de armas y municiones. Eso como secuela de los petardos que estallaron ante tres sucursales de Banamex el 8 de agosto de 2001, en el contexto de la venta a extranjeros de esa institución crediticia.
En su pobreza argumental, las autoridades llamaron terrorismo a unos “palomazos” que rompieron vidrios en tres sucursales del susodicho banco –que aprovecha el nombre de “nacional” y de “mexicano”, pero es sabido que Vicente Fox lo entregó a extranjeros.
Lo peor es que en un proceso plagado de irregularidades, el juez José Luis Gómez Martínez dictó sentencia condenatoria de entre 11 y 13 años y medio de prisión, contra los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio y contra el coacusado Pablo Alvarado, de 44 años de edad. Eso fue, aunque parezca increíble, el 10 de diciembre pasado, justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La abogada Zamora interpuso la apelación de procedimiento y el 11 de febrero del 2003 tuvo lugar la primer audiencia ante el 2º. Tribunal Unitario de Toluca. La defensa esperaba que se revocara el fallo, pero el magistrado José Luis González, les había anticipado en marzo la animadversión que le inspiraba el asunto. Soberbio e indiferente, cual típico burócrata, espetó: “Todavía no he estudiado el caso, se requiere tiempo, porque es muy voluminoso, así que prefiero no dar ninguna fecha, además estoy estudiando otros casos”. Casi tres meses después, la resolución fue condenatoria, aunque con una reducción de la pena a siete años.
La defensora insistió en que no había una sola prueba contra los inculpados y había otras que los eximían. Sin embargo el juez no las consideró. “Cuando pedimos al magistrado que las tomara en cuenta, nos dijo que ya estaban en el expediente”.
Sería largo citar las pruebas a favor de los Cerezo. Baste citar que dos de los únicos testigos que presenciaron los petardazos negaron en sus declaraciones ministeriales, haber visto alguna vez a los inculpados. Por otro lado, las pruebas ministeriales se obtuvieron de manera ilegal, puesto que los agentes llegaron sin orden de cateo y encontraron durmiendo a dos de los acusados (a las 5:30 horas), pero no en flagrancia. El propio hermano Alejandro demostró que vivía en un domicilio distinto a donde fueron encontradas las viejas armas objeto de la sentencia condenatoria.
“Es absurdo que estén en prisión”, considera la abogada. El propio juez absolvió a los Cerezo de las acusaciones de Banamex, señalando que no había elementos para responsabilizarlos de los petardazos y en esa acusación les dictó el auto de libertad. Incluso, cuando el apoderado del banco solicitó una copia del expediente, le fue negada, argumentando que ya no eran parte en el caso.
Por eso insisten en señalar que la PGR los tiene presos injustamente. “Una de las irregularidades es precisamente que las autoridades retrasan los resolutivos judiciales para mantenerlos en prisión. Nadie ha podido entrevistarlos. Incluso el periodista Javier Solórzano fracasó en el intento, saboteado por las autoridades del penal, que manipulaban el volumen del teléfono para hacer imposible la conversación”.
Mientras se conoce el destino de este caso, con ese ánimo judicial a paso de tortuga, es necesario registrar las condiciones que padecen los hermanos Cerezo y sus familiares, el coacusado, y los defensores y activistas simpatizantes de su causa.
Sin haberles probado culpabilidad, a los hermanos Alejandro, de 19 años; Héctor, de 21; y Antonio de 23, los tratan igual que a los verdaderos criminales ahí confinados, como el tristemente célebre Mochaorejas. Se les mantiene bajo permanente intimidación. Recién llegado a esa prisión el hermano Antonio, un interno le fracturó la nariz. En sus excesos, las autoridades del penal castigaron a los jóvenes universitarios con cinco días de aislamiento, por el “delito” de prestarse el periódico La Jornada.
Ahí les pagan 25 pesos de “sueldo” semanal por sus jornadas de trabajo. No les permiten continuar sus estudios, les dificultan el paso de material didáctico, como libros. Incluso, Alejandro, quien estudiaba economía en la UNAM y sociología en la UAM, quedó en riesgo de perder en forma definitiva su inscripción en esta casa de estudios. Héctor y Antonio, estudiantes de filosofía también en la UNAM, enfrentan el mismo problema.
Por si fuera poco, los hermanos están excluidos de la visita “íntima”, puesto que ese derecho, absurdamente está concebido como “conyugal”, es decir sólo para “casados”. Aunque a dos los visitan sus novias --todavía--, en calidad de amigos y, como tales, sólo pueden verlos a través de ventanillas. Además, hay una permanente violación de la privacidad. (El canal 40 de CNI difundió un video, en el que se apreciaban claramente los momentos de intimidad de algunas parejas). También se viola sistemáticamente la correspondencia. Fotocopian todas las cartas. Así que algunas nunca llegaron a sus destinatarios. Los propios familiares sólo tienen permitido saludar a los reclusos, pero no abrazarlos, ni ser efusivos con ellos.
Los familiares cercanos de los Cerezo Contreras, una hermana, Emiliana, y otro hermano, Francisco, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que solicitar al gobierno medidas cautelares, porque han sido permanentemente amenazados de muerte y hostigados por fuerzas policiales; incluso mediante internet les hacen llegar amenazas.
Apenas el 16 de abril, la Liga Mexicana de Defensores de Derechos Humanos, a través del Observatorio Internacional de Defensores apeló, con un llamado urgente al presidente Fox, al secretario Creel y al procurador y general Rafael Macedo de la Concha, para denunciar las amenazas de muerte contra Emiliano Altuna Fistolera, de nacionalidad hispano-argentina, estudiante de cinematografía, quien realiza un documental sobre los hermanos Cerezo.
El 14 de abril, Emiliano recibió en su domicilio de México una carta con el siguiente mensaje, todo en minúsculas, sin acentos y con faltas aparentemente deliberadas: “eres un pendejo emiliano, sabemos donde vives, que haces, donde tienes tus cuentas de banco... mira pinche gachupin, sabemos hasta lo que tragas, lo que lees y las pinches peliculas que armas y tambien que andas metiendote en donde y con quien no debes y haciendo chingaderas con ellos, con otros pendejos igual que tu, así que dejaste de andar haciendote el pinche heroe, porque si no te va a cargar la fregada”.
Al conocer la sentencia condenatoria del juez, los hermanos, por supuesto, se deprimieron. Pero les levanta el ánimo el saber que muchos amigos y compañeros no los han abandonado y cuentan con creciente apoyo de simpatizantes. Un hecho muy simbólico es que Héctor ganó hace unos meses --desde La Palma-- una elección para consejero académico estudiante del Colegio de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
De alguna forma los Cerezo Contreras se sienten libres, al menos por momentos. Hacen poesía, pintan y escriben. Ya publicaron un segundo número de la revista artesanal Revuelta, donde proyectan las inquietudes propias de su circunstancia.
“Tratamos de que sigan vinculados con la educación, a pesar de los problemas que nos imponen en La Palma, para introducirles libros y material de estudio”, expresó Francisco, el otro hermano que en libertad tuvo que posponer sus estudios de pedagogía para dedicarse de tiempo completo a luchar por la pronta liberación de sus consanguíneos. Confió al reportero: “Ellos han entendido que es un caso político. Eso los alimenta para resistir las condiciones de exterminio que aplican en ese penal”.
La defensa de los hermanos Cerezo se ha dificultado porque enfrenta una coyuntura adversa, admite la abogada Zamora: “Hay un retroceso por parte de autoridades encargadas de proteger los derechos humanos. Eso no es nuevo, pero se ha agudizado en este gobierno. Para empezar, una violación flagrante fue el haber nombrado a un militar como procurador general de la República. Esa fue la carta de presentación del actual gobierno. Ni los priístas hicieron algo similar. Ahora se vuelve a recurrir a la tortura como método de investigación criminal. El gobierno ha desatendido los reclamos y propuestas de las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
Por principio, el gobierno niega la existencia de presos políticos y de conciencia, sólo admite que hay irregularidades jurídicas en los procesos. Pero los casos de la familia Cerezo Contreras, de los zapatistas presos en Querétaro, el asesinato de la abogada Digna Ochoa, el prolongado encarcelamiento del general José Francisco Gallardo –liberado en 2002-- la persecución contra muchos activistas, desmienten a las máximas autoridades de la nación.
Los defensores de derechos humanos coinciden en que Santiago Creel debe ordenar la inmediata liberación de las víctimas y en un afán de justicia, indemnizarlos por los daños físicos y morales provocados a ellos y a sus familias. Porque hoy constituyen una vergüenza y un lastre para el régimen, que presume de abanderar un “cambio”.
También señalan que el Estado mexicano tiene que dar mayores facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la finalidad de que ésta pueda justificar su existencia. Hasta ahora, como es sabido, muchas veces es ignorada en sus recomendaciones.
La abogada Zamora concluye: “Tenemos previsto acudir a instancias internacionales si las autoridades mexicanas persisten en mantener presos a los hermanos Cerezo Contreras”.