La desinformación que impera en torno a los grupos guerrilleros mexicanos y su intencio-nada vinculación con cárteles del narcotráfico puede explicarse tanto por la desorientación e ineficacia de las corporaciones de seguridad encargadas de la materia o bien por la políti-ca contrainsurgente y antiguerrillera emprendida por el Gobierno federal contra las organi-zaciones que encarnan la insurgencia armada en el México de hoy. Pero más allá aún, con-vertir a los hermanos Cerezo Contreras en subalternos de los capos del narcotráfico vuelve absolutamente irrisorio cualquier argumento que pretende sostenerlo.

—I—

Por ejemplo: “Durante su estancia en el penal La Palma, los hermanos Cerezo Contreras, presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), tenían gente bajo sus ór-denes y cualquier reo común hubiera envidiado el poder del que gozaban los presuntos gue-rrilleros, según narran custodios de dicho centro penitenciario. […] Actualmente, la Procu-raduría General de la República (PGR) investiga la red que utilizaron 37 internos de dicha cárcel, que se integró para obedecer las órdenes que enviaba -a través de los hermanos Ce-rezo Contreras- el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén y con lo que se buscaba someter al resto de la población penitenciaria, para presionar a las autoridades.” (La Crónica de Hoy, 19 de enero de 2005.)
Carlos Sirvent, profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en el mismo sentido que “cada día es mayor el poder de los grupos subversivos rela-cionados con el narcotráfico, y la fuerza del Estado para combatirlo se percibe con mucha debilidad.” (Diario Monitor, 19 de enero de 2005.) Al respecto: ¿Cuánto han evolucionado los movimientos guerrilleros desde 1996 a la fecha? Si consideran sus últimas actuaciones armadas, 2001 en el DF y 2004 en Morelos, se percibe claramente que los explosivos utili-zados y la logística empleada no supera a la de los artefactos de poca intensidad producidos en forma artesanal. ¿Qué poder, entonces, obtuvo la guerrilla en su presunta alianza con el narco?

—II—

Resulta evidente también que el Estado Mexicano no tiene una vocación de solución a los conflictos y rezagos que dan sustento a los grupos armados insurgentes. Más aún: su estra-tegia no se modificó y siguen ejecutándose estrategias que se fundamentan en el combate a la guerrilla a través de medios militares, espionaje y violación a los Derechos Humanos. El Ejército ha sido recurrentemente convocado a realizar labores sociales en aquellas zonas donde se han presentado movimientos insurgentes desde la época de Lucio Cabañas, pero las condiciones sociales y políticas poco han variado mientras que la pobreza y el abandono continúan arreciendo las comunidades que luego serán indicadas como “bastiones de la guerrilla”.
Quizá el planteamiento que conjuga narcotráfico y guerrilla es la idea fuerza o excusa para establecer una nueva política contrainsurgente. Y separar a los hermanos Cerezo Contreras -presos desde agosto del 2001 en La Palma y ahora separados y trasladados (Héctor a Puente Grande, Jalisco; y Antonio a Matamoros, Tamaulipas)-, sirva para intentar convocar a su padre (Francisco Cerezo Quiroz señalado como El Profesor y presunto jefe del EPR) como efectivamente ocurrió durante el seguimiento en Tláhuac que luego derivó en los aconteci-mientos que concluyeron con el linchamiento de los policías el pasado 23 de noviembre. Los Cerezo Contreras resultan, en definitiva, “presos por consigna” y a la vez una suerte de carnada para llegar hasta El Profesor. (La Jornada, 4 de diciembre de 2004.)

—III—

El narcotráfico representa la mayor amenaza para la seguridad nacional, señala Javier Iba-rrola, periodista especializado en cuestiones militares y de seguridad nacional, y continúa: “desde agosto pasado los servicios de inteligencia del Ejército habían localizado en Urua-pan, Michoacán, un campamento donde se entrenaba un grupo de 50 personas en tiro y ejercicios de evasión de reos. […] La XII Región Militar destacó a un batallón de infante-ría, un regimiento de caballería motorizada y dos helicópteros para rastrear a quienes esta-ban en dicho campamento, gente vinculada al narcotráfico, ‘no a grupos armados o subver-sivos’, aclaró el general Vega García.” (La Crisis, 17 de enero de 2005.) Esta distinción no es menor. Siguiendo las afirmaciones de Ibarrola y los dichos de Vega García, si el narco-tráfico tiene tanto poder y es la primera amenaza al estado mexicano ¿qué poder puede aportarle la guerrilla? O invirtiendo la pregunta: ¿Necesita el narcotráfico de la guerrilla?
El estigma de la colombianización de México (considerado como el paradigma de la íntima vinculación entre el narcotráfico y la guerrilla) se asemeja más a un argumento utilizado por la Procuraduría General de la República, cuyo mando recae en el general Rafael Mace-do de la Concha, para imponer a generales del “ala dura” y de contrainsurgencia al mando de las distintas dependencias de seguridad del Estado.
Las imágenes transmitidas por los medios televisivos desnudan esta paradoja: en el primer grupo y junto a los grandes capos del narcotráfico también se encuentra recluido en el penal de alta seguridad de La Palma Jacobo Silva Nogales, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Cuando a cada recluso se le obligó a gritar su nombre y pena, la mayoría por “delitos contra la salud”, indicaban que debía cumplir una condena de cerca de los ocho años. En cambio, Silva Nogales señaló que está condenado por “rebelión”, y su pena de cuarenta y nueve años. ¿No es que hoy la amenaza más seria a la seguridad nacional mexi-cana es el narcotráfico? O bien entonces es como señala la tapa de Diario Monitor del día 19 de enero: “El narco, Estado de facto” en México.

—IV—

Ante esta situación, Emiliana y Alejandro Cerezo Contreras hicieron saber a través de una carta pública las razones de esta situación: “Hoy se les trata de involucrar con el narcotráfi-co y no nos parecería extraño que hasta pasaran videos donde estén cerca mis hermanos de algún narcotraficante como una “prueba” de que efectivamente estaban en coordinación, como si no supieran mis hermanos que en La Palma son siempre vigilados mediante cáma-ras de video, o jugando básquetbol con otros presos, o ante el Consejo Técnico Interdisci-plinario o el Director del penal cuando los llamó para que desistieran de la huelga de ham-bre o que en el comedor durante una huelga de hambre de los narcos aparezca uno de mis hermanos sin ingerir alimentos como otra “prueba” de coordinación, cuando todos sabemos que dentro de un penal estar en contra de la mayoría lo convierte a un preso en un traidor y eso dentro de la cárcel es riesgoso para la integridad física de los presos políticos y de con-ciencia, no sólo tienen que cuidarse de un ataque físico ordenado por el Estado, sino de cualquier otro que venga de algún delincuente, y así por el estilo pueden pagar a un delin-cuente para que “suelte la sopa”, lo cierto es que si las autoridades sacaran a la luz pública los expedientes de comportamiento de los presos políticos se puede demostrar que no son de manera alguna conflictivos, que no utilizan drogas, o tienen en sus celdas artículos prohibidos, dentro del expediente de los hermanos Cerezo y Pablo encontraran con seguri-dad las huelgas de hambre a las cuales entraron junto con, al menos una ocasión, 87 presos políticos y de conciencia de cárceles en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y otros Estados y la cual demandaba la Amnistía Federal para todos los presos políticos, o el castigo de una se-mana de aislamiento que se les impuso a los hermanos Alejandro y Antonio Cerezo Contre-ras por el grave “delito” de prestarse el periódico La Jornada, pero más allá de eso no existe nada que pueda ser utilizado como una ”prueba” de coordinación con los narcotraficantes con los cuales se les trata groseramente de implicar.”
Es indudable, por último, que no existe argumento contundente o investigación seria que concluya afirmando una alianza entre grupos armados y el narcotráfico, o entre los Cerezo Contreras y algún capo del narco, según lo quiere presentar el gobierno federal y las distin-tas corporaciones de seguridad. El argumento parece enmarcarse en la guerra psicológica llevada a cabo contra la inconformidad, que también busca involucrarla con la delincuencia, para imponer una estrategia represiva ante la ingobernabilidad manifiesta de la actual ad-ministración federal.