Más de
tres años y medio después de haber sido detenido, ayer fue liberado Alejandro
Cerezo Contreras. Aunque las acusaciones en su contra resultaban cada vez más
nebulosas, hasta este martes estuvo recluido en el penal de alta seguridad de La
Palma, en el Estado de México.
Sus hermanos Héctor y Antonio, que junto con él fueron detenidos el 13 agosto de
2001 acusados de haber colocado las bombas de fabricación casera que cinco días
antes estallaron en tres sucursales bancarias, siguen en prisión a pesar de que
los cargos contra ellos eran los mismos que se le hacían al hoy libre Alejandro
Cerezo.
El de los hermanos Cerezo Contreras ha sido un caso jurídicamente incierto.
Inculpados inicialmente de terrorismo, ese delito posteriormente fue retirado de
la acusación y se les ha mantenido en prisión con cargos por delincuencia
organizada y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. La
defensa de Alejandro Cerezo argumentó que él no vivía con sus hermanos.
Posiblemente esa circunstancia influyó en la decisión del Tribunal Colegiado que
el lunes por la tarde otorgó un amparo contra la sentencia de siete años de
prisión que estaba cumpliendo ese joven.
Aquel atentado contra tres sucursales de Banamex fue reivindicado por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, un grupo aparentemente escindido del
Ejército Popular Revolucionario. Aisladas y fundamentalistas, esas agrupaciones
tienen una presencia pública esporádica con acciones que, lejos de servir a la
organización o los intereses populares, constituyen actos de provocación.
Condenables aquellos atentados, desde los primeros días también resultó
discutible la acción judicial para sancionarlos. Aparentemente el principal
motivo para detener a los hermanos Cerezo Contreras fue el hecho que su padre,
el profesor Francisco Cerezo Quiroz, que se encuentra en la clandestinidad, ha
sido señalado como dirigente del EPR. Acusado de los mismos cargos fue detenido,
y permanece en prisión, el vendedor ambulante Pablo Alvarado Flores.
Si los hermanos Cerezo tuvieron o no responsabilidad en aquellos atentados,
tenía que ser dirimido por una autoridad judicial. Hasta ahora, el principal de
los cargos que se les levantaron quedó desvanecido. Y Alejandro, el menor de
ellos, desde ayer está en libertad.
Más allá de los petardos colocados en 2001 a los hermanos Cerezo, no obstante
que han estado en prisión, se les ha querido relacionar con notables episodios
delictivos. En noviembre pasado, cuando tres agentes de la Policía Federal
Preventiva fueron linchados en un pueblo de Tláhuac, inicialmente se dijo que
estaban investigando la venta de drogas al menudeo, pero más tarde algunas
autoridades informaron que la tarea de esos policías —dos de los cuales fueron
asesinados— era la indagación de actividades del EPR en esa zona.
Si las autoridades tienen evidencias de tal presencia delictiva, hasta ahora no
han sido públicas. Pero en diciembre el subprocurador de la PGR para
Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, declaró al respecto:
“Lo único que puedo decir y me consta, es el caso de los Cerezo. Ellos vivieron
muchos años en Tláhuac, los hermanos Cerezo justamente estudiaron en la escuela
Popol Vuh y eso lo sabemos desde que nosotros trabajamos ese caso”, dijo
refiriéndose a las indagaciones que encabezó tres años antes.
Es entendible que en una averiguación policiaca se tomen en cuenta antecedentes
muy variados. Pero considerar que hay una red delictiva por el solo hecho de que
los hijos de un líder guerrillero estudiaron en una escuela de la localidad
parece, por lo menos, insuficiente o exagerado.
Con un argumento similar, el mismo funcionario acaba de informar que una de las
evidencias contra Nahum Acosta, el empleado de la Presidencia acusado de
colaborar con el narcotráfico, es el hecho de que sus hijas iban a la misma
escuela en donde están inscritas las hijas de un conocido líder del tráfico de
estupefacientes. A ese paso todos vamos a necesitar constancias de reputación no
delictiva de los padres de otros niños cada vez que inscribamos a nuestros hijos
en un colegio.
Más recientemente a los hermanos Cerezo se les acusó de asesorar a los jefes del
narcotráfico que estaban controlando el penal de La Palma, en donde todos ellos
estaban presos. En enero pasado Héctor y Antonio Cerezo, que tienen 26 y 27
años, fueron trasladados a los penales federales de Puente Grande y Matamoros,
respectivamente, en donde permanecen. Hasta donde se sabe, la presunta
colaboración con narcotraficantes no se ha derivado en imputaciones legales.
Alejandro, que tenía 19 años cuando lo detuvieron y cumplió 23 en noviembre
pasado, es estudiante de economía en la Universidad Nacional y de sociología en
la UAM Xochimilco. Si su detención fue injusta, como parece sugerir el amparo
del que se ha beneficiado, las autoridades que lo acusaron y el juez que lo
sentenció inicialmente le estropearon, caprichosamente, varios años de su vida.
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