Correo Ilustrado
Jueves 20 de enero de 2005
Señora directora: El 16 de enero fueron violentamente trasladados del Cefereso de La Palma a los de Matamoros y Puente Grande Alejandro y Antonio Cerezo Contreras. Justificaciones hay muchas, pero ninguna basada en preceptos constitucionales. Comparar a estos jóvenes de actitud crítica con jefes de narcotraficantes es una infamia que ni los verdaderos cómplices de estas mafias, es decir los directivos policiacos, se la creen. ¿Era necesario el traslado de los hermanos Cerezo para acabar con la corrupción en La Palma?
Algunas de nosotras hemos vivido en carne propia la represión política en cautiverio. Sabemos que aunque la injusticia sea clara para mucha gente, las patologías sicológicas de los responsables de la seguridad pública y del Ejecutivo hacen que les complazca observar la forma en que invaden a familiares, amigos y personas sensibles del pueblo el dolor profundo, la impotencia y la furia bondadosa cuando la violación a garantías individuales se hace una constante.
El traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo a cárceles de su lugar de origen, el cese al hostigamiento político en su contra y la libertad de todos los presos de conciencia del país es una necesidad ética. Como sociedad tendremos que seguir luchando por ello y acordar qué es eso de seguridad pública, y si tiene algo que ver con las garantías individuales.
Raquel Gutiérrez Aguilar, Oralba Castillo Nájera, Ana María Vera Smith, Aurora Doménech y Ana Cecilia Lazcano
Señora directora: Con preocupación vemos cómo el Estado mexicano ha violado la Constitución al militarizar cada vez nuestro país. Hoy les toca a la cárceles de máxima seguridad. Con tanquetas trata de ocultar su corrupción.
Quienes hemos sido prisioneros de esas cárceles de máxima seguridad sabemos que la corrupción se da con la anuencia de las altas esferas del poder político, donde obviamente los presos políticos no entran en este juego, pues para ellos estas cárceles son de exterminio.
Cuando fuimos trasladados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en noviembre de 1999, era subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación Miguel Angel Yunes, quien se ha caracterizado por ser una de las personas que más violan los derechos humanos en nuestro país. Cabe recordar que nosotros fuimos golpeados y torturados durante el traslado del penal de Acapulco a Puente Grande porque íbamos muy bien recomendados.
Hoy les toca a nuestros compañeros presos políticos vivir la nueva disciplina, es decir, no denunciar las violaciones a sus derechos humanos, no pensar, no soñar que un mundo mejor es posible.
Pedimos a los organismos defensores de los derechos humanos y a la sociedad exigir un alto a la represión y el hostigamiento en contra de los presos políticos, que en esas cárceles se encuentran en estado de indefensión.
Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, ex presos políticos