16 de Marzo de 2005
Hermanos Cerezo
Un especial encono, sólo explicable si se pretende usarlos como rehenes en contra de sus padres, señalados como miembros del Ejército Popular Revolucionario, se ha cebado sobre los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras. La evidente consigna en su contra llega hasta los detalles: hace más de dos semanas que se emitió la más reciente sentencia en su caso, y no la conocen, presuntamente porque los magistrados que la asumieron no han concluido el engrose del documento, es decir el resultado de su discusión.
Por supuesto, es mucho más grave el contenido de esa sentencia, que reveló diáfanamente, por si hubiera lugar a dudas, la irracional persecución política disfrazada de justicia penal lanzada contra estos muchachos. El fallo judicial del segundo tribunal colegiado del segundo circuito liberó a Alejandro, pero confirmó la sentencia de siete años y medio a sus hermanos Héctor y Antonio. Como no se conoce la resolución judicial es imposible discernir el inextricable razonamiento que condujo a los magistrados a esa decisión, aberrante por decir lo menos, ya que los tres fueron detenidos en la misma fecha y acusados por los mismos delitos.
Se les imputó haber colocado petardos a las afueras de sucursales bancarias el 8 de agosto de 2001, y fueron detenidos cinco días después. Se aprehendió entonces también a Pablo Alvarado —que ha seguido la suerte de los Cerezo, incluida su inexplicada permanencia en prisión— y Sergio Galicia Max, un joven carpintero detenido con violencia y por error reconocido en marzo siguiente. Se le puso en libertad, como debió procederse con el resto de los capturados. Pero no fue así. Y, al contrario, se prolongó la cadena de arbitrariedades iniciada con su detención. Ésta fue practicada sin la orden judicial correspondiente, y en ella participaron miembros del Ejército, que quizá buscaban a los padres de los hermanos Cerezo, señalados como guerrilleros. Al no hallarlos se llevaron consigo a sus hijos, acaso para usarlos en la búsqueda en ese momento fallida.
Acusados de daño en propiedad ajena, terrorismo, posesión de explosivos y armas de uso reservado a las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada, una a una fueron cayendo las acusaciones. El juez no encontró elementos para procesarlos por el hecho material de colocar los petardos y no obstante inició juicio por terrorismo, conducta sólo posible a través del acto material que se consideró improbado. La contradicción fue puesta en evidencia y la defensa consiguió que se desechara la acusación de terrorismo. A la postre se les sentenció por los restantes delitos, condena hallada sin fundamento respecto de Alejandro en el juicio de amparo cuya revisión se resolvió el 28 de febrero.
Mientras concluía esa etapa de su proceso, y ya en aplicación de un indebido criterio selectivo, Héctor y Antonio fueron trasladados de La Palma a los penales de Puente Grande y Matamoros. En medio de la crisis en la prisión pretendidamente de alta seguridad se les señaló como organizadores de la protesta de los reclusos más notorios, sobre todo narcotraficantes, que obligó a la toma de la cárcel por la Policía Federal Preventiva y el Ejército. Siendo contrario a toda lógica que los universitarios veinteañeros manipularan a curtidos jefes de la delincuencia organizada como Osiel Cárdenas o Daniel Arizmendi, se explica el traslado de Héctor y Antonio como un acto de despecho por un nuevo fracaso en la búsqueda de sus padres, frustración que además tuvo derivaciones espantosas. No ha quedado claro todavía el cometido que se asignó a los agentes policiacos linchados en Tláhuac el 23 de noviembre. A la información inicial, ofrecida por las víctimas en el curso mismo de los trágicos acontecimientos, de que investigaban el “narcomenudeo”, se ha sobrepuesto otra, según la cual esos agentes adscritos a operaciones antiterroristas, buscaban a Francisco Cerezo, padre de los presos políticos que permanecen encarcelados. Al menos corresponde a la verdad el hecho de que la familia vivió en una casa cercana al escenario del linchamiento, y quizá esa circunstancia se buscó aprovechar para incriminar a presuntos guerrilleros en la brutal agresión a los policías. Con esa versión, de paso, se exoneraba a los traficantes de drogas que se habrían vengado a ese extremo de los agentes que indagaban sus actividades.
Emiliana Cerezo, hermana de los detenidos, visitó a Antonio en Matamoros, el 5 de marzo. Conoció así sus actuales penalidades: se le mantiene en aislamiento, recluido en el Centro de Observación y Clasificación, donde sólo debió permanecer quince días, según el reglamento y sin embargo, hoy cumple allí dos meses. Salvo una hora de acceso al patio, de las doce a la una, se le mantiene en una celda de 2.5 por 3.5 metros. No tiene acceso a prensa, ni televisor, por lo que ni siquiera estaba enterado de la libertad de Alejandro y de que él permanecerá en esa prisión. Se le autorizó recibir hasta tres libros por semana.
Durante su reclusión, los hermanos Cerezo han continuado sus estudios. Alejandro, de economía en la UNAM y de sociología en la UAM-Xochimilco; Héctor y Antonio, de Filosofía en la Universidad Nacional. Nacieron en 1981, 1979 y 1977, y se han dedicado a una intensa tarea académica, al activismo social y a la práctica de deportes. Junto con Pablo Alvarado, un indígena hidalguense que aprendió español a los siete años, deben obtener su libertad. Sólo pueden conseguirla en instancias internacionales. La merecen.