Amparo provisional a presuntos integrantes de las FARP
5/11/2004
A través de una apelación, los detenidos lograron que un Tribunal Unitario les redujera la sentencia a siete años y tres meses de prisión.
Los presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) obtuvieron un amparo provisional que deja sin efecto la sentencia de siete años y tres meses de prisión que recibieron luego de los bombazos en tres sucursales bancarias del Distrito Federal y de ser acusados de ocho delitos.
Si logran obtener el amparo definitivo, los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado podrán abandonar la cárcel de máxima seguridad de La Palma donde están presos desde agosto del 2001; de no ser así, permanecerán presos hasta finales del 2009.
Aunque originalmente fueron acusados de los bombazos en tres sucursales bancarias del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República no logró acreditarles este delito y recibieron auto de libertad por este delito y por la presunta elaboración de artificios. Sólo fueron procesados por delincuencia organizada, terrorismo, almacenamiento de artificios, posesión de armas de uso reservado y cartuchos, por lo cual fueron sentenciados a 13 años de prisión.
A través de una apelación, los detenidos lograron que un Tribunal Unitario les redujera la sentencia a siete años y tres meses de prisión y los considerará inocentes del delito de terrorismo y en el caso de Pablo Alvarado la sentencia quedo en cinco años y podrá salir de la cárcel en el 2006.
De nueva cuenta apelaron ante un tribunal colegiado y les fue confirmada la última sentencia, por lo que recurrieron a un amparo indirecto al cual ya le dio entrada un juzgado federal que en unas semanas definirá si ampara y protege a los presuntos integrantes de una fracción del Ejército Popular Revolucionario quienes tienen en su contra cargos por delincuencia organizada, almacenamiento de artificios, posesión de armas y cartuchos de uso reservado.
Los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado se encuentran presos, desde el 12 de agosto del 2001, en el penal federal de máxima seguridad de La Palma. Durante su detención les fueron aseguradas seis armas de fuego, entre ellas una de 9 milímetros, 38 y 38 super, así como de los 460 cartuchos útiles, cinco dispositivos electrónicos para artefactos. Esto además de 171 mil 366 dólares.
El único que logró abandonar la prisión fue el carpintero Sergio Galicia Max, luego que in tribunal le revocara el auto de formal prisión y un juez federal le fijo una fianza para salir en libertad.
Claudia Hidalgo/ Estado de México