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VEREDICTO DEL TRIBUNAL
INTERNACIONAL DE OPINIÓN
SOBRE EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN COLOMBIA
Salón Elíptico del Congreso de la Republica de Colombia
Bogotá 21, 22 y 23 de Noviembre de 2007
El clamor de los millones de desplazadas y desplazados forzados de
Colombia llegó a la Comunidad internacional. Como respuesta solidaria,
este Tribunal de Opinión se instaló en Bogotá, del 21 al 23 de noviembre
2007, para escuchar las victimas de este crimen contra la Humanidad,
victimas despreciadas y perseguidas, y con el objetivo de contribuir a
la plena restauración de la Justicia y del Derecho.
El Tribunal Internacional compuesto por 8 miembros recogió los datos
existentes sobre el desplazamiento y sus causas, tanto de parte de las
instancias oficiales del Gobierno de Colombia y de las Naciones Unidas
(ACNUR), como de organismos no gubernamentales. Cinco audiencias
regionales tomaron lugar en Valle del Cauca, Chocó, Zona centro, Arauca
y Costa atlántica, donde varios centenares de testimonios fueron
recogidos. Finalmente un jurado internacional sesionó en el Congreso de
la República, para recoger más de 30 testimonios y tomar conocimiento de
tres estudios socio-jurídicos que fueron añadidos a la documentación ya
recogida. Las Autoridades colombianas previamente convocadas para
presentar sus puntos de vista no se presentaron. Además, los dirigentes
de la Coordinación Nacional de Desplazados y los miembros del Tribunal
recibieron constantes amenazas por el grupo paramilitar autodenominado
las Águilas Negras, por realizar este tribunal.
El desplazamiento de poblaciones en Colombia
El carácter masivo del desplazamiento forzado en Colombia revela el
carácter estructural de la crisis humanitaria que afecta dentro del país
a más de 4 millones de personas hasta el 2007, una cifra mucho más alta
que las estadísticas oficiales, porque estas últimas conciernen
solamente los desplazados registrados, además de los millares de
refugiados en el exterior. La actual holeada de desplazamientos forzados
data de principios de la década de los 80´s. Sin embargo, ella tiene
raíces más antiguas. Así, ya en la mitad de los años 40, la represión
por paramilitares hacia el Movimiento Gaitanista provocó una migración
interna, fruto de una violencia política que Jorge Eliécer Gaitán
calificó de práctica de Estado contra el pueblo. Un genocidio similar se
produjo en los años 60´s con el frente unido liderado por Camilo Torres.
Desde medianos de los 80´s, los narcotraficantes colombianos decidieron
traer sus divisas (dólares) al país y de lavarlas mediante la compra de
grandes extensiones de las mejores tierras. En general, bienes baldíos
de cuyas mejoras o posesiones se apropiaron de manera ilegítima e
ilícita mediante diferentes modalidades de despojo, siempre acudiendo a
la intimidación o a la eliminación. Los carteles del narcotráfico junto
a sectores de la oligarquía del país, de la clase política y las fuerzas
militares, crearon una nueva versión del paramilitarismo, estas últimas
le ofrecieron apoyo y entrenamiento afirmando que era necesario luchar
contra la insurgencia.
De esa manera se fraguó una alianza mediante la cual, el paramilitarismo
eliminaba los miembros de los partidos izquierdistas de oposición (Unión
Patriótica) y los movimientos cívicos que clamaban por mejores
condiciones de vida, a cambio de que el establecimiento les permitiera
continuar con su actividad ilícita, la cual a su vez financiaba el poder
político. La apropiación ilícita de estas tierras promovió no solamente
una fuerte concentración inequitativa de las tierras en el país, sino
una transformación en su uso. Grandes extensiones aptas para agricultura
y bosques, fueron dedicadas a la ganadería.
Esta oleada de desplazamiento tuvo un nuevo incremento durante la
primera mitad de la década de los 90´s cuando entraron en auge las
políticas neoliberales que facilitaban el paso de la inversión
transnacional. Grandes empresas multinacionales, requirieron un camino
libre para avanzar en la apropiación de uno de los principales factores
productivos del país, la tierra, sobre la cual se localizarían grandes
megaproyectos de inversión (agrícola, industrial, minero, portuario,
turístico, vial, entre otros). Con el pretexto de contrarrestar el
avance insurgente de las guerrillas, pero con el fin de controlar el
poder político y económico en determinadas regiones del país, viene el
Plan Colombia desde el año 1997, estrategia militar financiada por el
Estado norteamericano. Con ello, se motiva un nuevo incremento en el
desplazamiento forzado a las cifras anuales más altas registradas.
Bombardeos indiscriminados, capturas masivas, criminalización de
diferentes manifestaciones sociales, fuerte presencia militar en
regiones, entre otros, explican este incremento.
A principios de la presente década, las cifras oficiales de
desplazamientos forzados disminuyen aunque siguen siendo aterradoras.
Las mismas razones anteriores explican los desplazamientos sólo que
ahora ya hay zonas despobladas disponibles e inmensas extensiones de
tierras desposeídas. Se presentan también desplazamientos interurbanos e
intraurbanos, así como nuevas causas (fumigaciones indiscriminadas aun
de regiones donde no hay coca, detenciones masivas, ejecuciones
extrajudiciales, criminalización de organizaciones y de lideres
sociales) que no son reconocidos por el gobierno, y toma auge una nueva
modalidad de guerra como el confinamiento de población. Actualmente, a
pesar de lo que se afirma en los medios de comunicación, las cifras de
desplazamientos siguen siendo por año muy altas, afectando diferentes
regiones de acuerdo a la movilidad que adopta el conflicto armado en
Colombia.
El gobierno colombiano ha promovido una legislación que pretende
legalizar los despojos de tierras de población desplazada, y dejar en la
impunidad los crimines de lesa humanidad cometidos en medio del
conflicto armado (Estatuto de desarrollo Rural, Ley de Justicia y Paz,
Ley de tierras, Ley de Minas, Ley de petróleo, etc.)
Las bases jurídicas del veredicto
El problema de los desplazados preocupa a las Naciones unidas desde más
de un cuarto de siglo. Por eso varias instancias han sido creadas e
instrumentos jurídicos desarrollados. La legislación internacional y
nacional consideran al desplazamiento forzado como un delito de Lesa
Humanidad. Colombia ha ratificado la mayoría de los convenios sobre los
derechos humanos y sobre el Derecho Internacional humanitario,
obligándose el Estado y los llamados actores armados a respetar esto
principios.
La Constitución Política de 1991 consagró como un derecho vital la
protección a la vida, la movilidad y la prohibición expresa de
desaparición forzada, derechos que precisamente violan el Estado y sus
agentes en el marco de su política de aplicación del desplazamiento
forzado. Se trata de una estrategia fundamental para la imposición de un
modelo económico. Recientemente la legislación penal ha consagrado como
delitos estas conductas y les ha dado el carácter de lesa humanidad, sin
embargo la estructura de impunidad que impera en la justicia colombiana
hace inaplicables no solo la normatividad interna sino también la
internacional, victimizando doblemente a las personas objeto de esta
violación, especialmente a niñas, niños, mujeres y ancianos.
Un esfuerzo a destacar son los fallos de la Corte Constitucional que
han obligado al Estado a respetar los derechos de los desplazados y a
aplicar las llamadas políticas sobre desplazamiento forzado, cumplidos
de manera parcial y de mala fé. Hay que destacar que el Estado
Colombiano viola los principios rectores de las Naciones unidas sobre el
desplazamiento en el interior del país, especialmente los principio 1,
2, 3, 4, 6-C. 9, 10-1-2, 11, 13-1-2, 14, 16, 18-1-2, 21-1-2, 23,
25-1-3, 26, 27-1, 28-1 y 29, no solo de manera directa, sino también
resguardo con impunidad la conducta de los funcionarios públicos
responsables de este delito, como en el caso de la exterminación del
movimiento político Unión Patriótica, cuyos sobrevivientes se vieron
obligados a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos humanos
El Tribunal llama al Estado colombiano, a las multinacionales y a los
gobiernos de países desarrollados y a sus agentes a cesar en estas
prácticas, que violan gravemente los derechos humanos de la población y
a respetar los principios de igual que las normas del Derecho
Internacional Humanitario, de los Derechos humanos y Derecho de los
refugiados. Este Tribunal pide también al gobierno de Colombia de
generar un proceso de verdad que revele los autores intelectuales y
materiales para que la justicia los juzgue y los castigue buscando la
reparación a las victimas.
Los Testimonios y sus contenidos
El tribunal recibió testimonios directos que se añaden a los numerosos
otros recibidos en las audiencias regionales y a la amplia documentación
reunida, que son una muestra significativa de lo que sucede en todo el
territorio colombiano. Los testimonios vinieron de norte de Santander,
Vichada, Casanare, Arauca, Meta, Antioquia, Choco, sur de Bolívar,
Nariño, Cauca, Sucre, Bogotá, Cartagena, Boyacá, Valle, Eje cafetero,
Guaviare, Putumayo. Dentro de los casos 28 han tenido un origen
económico y 10 socio político. Los responsables fueron el ejercito 21,
la policía 3, el ejercito y paramilitares juntos 8, y paramilitares 6.
Se verifico que en los 28 casos donde hubo motivación económica, se
realizaron básicamente en zonas donde se desarrollan proyectos de
Minería y Energía como Choco donde hay yacimientos de oro, cobre,
molibdeno, uraninita, carbón, petróleo, gas, áreas de producción de
energía eléctrica, bosques y nacimientos de agua. También existen
proyectos ligados a la madera, la palma africana y de “ecoturismo”.
Similares motivos existen en Arauca donde las empresas Repsol,
Occidental Petroleum Company, son acusadas de violar gravemente los
derechos humanos de trabajadores, de indígenas y de la población en
general. En Antioquia y Nariño se desarrollan exploraciones y
explotaciones de petróleo, gas y oro, por parte de compañías canadienses
y estadounidense, utilizando similares métodos. En el Sur de Bolívar la
Anglogold Ashanty pretende expulsar a pequeños mineros y apropiarse de
los inmensos yacimientos de oro que existen en la región, con el abierto
apoyo a los paramilitares de militares y del gobierno colombiano. Este
último entrego listados de los manifestantes del éxodo de 1998 que luego
fueron retenidos, desaparecidos o asesinados. Se destaco también la
situación de Norte de Santander donde la acción militar y paramilitar a
favor de empresas como Harken Energy, Anglocoal e inversionistas
ligados a la familia Uribe Vélez explotan el carbón, el gas y el
petróleo de la zona.
En el Cauca, donde también hay yacimientos de minerales, petróleo y gas,
la operación militar y paramilitar se ha dirigido a expropiar de sus
tierras a indígenas y afrodescendientes, para entregársela a las
compañías palmeras y madereras en connivencia con los terratenientes de
la zona. Hay que destacar que el desplazamiento forzado ha tenido mayor
incidencia en zonas pobladas por afrodescendientes como el Chocó,
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, norte de Bolívar y Uraba Antioqueño.
Otros departamentos como Putumayo, Vichada, Casanare, Sucre, Meta, Valle
del Cauca, han sufrido desplazamientos forzados como medida que
“garantiza” la presencia de empresas petroleras, gasíferas, mineras,
madereras, de palma africana, etc. Finalmente se destaca que donde
ocurrieron desplazamientos como forma de control social, eso ocurrió en
departamentos donde las organizaciones sociales eran muy fuertes, como
por ejemplo en Arauca. En este Tribunal no se presentaron casos de
desplazamiento forzado causado por la guerrilla.
Los actores y las razones
Muchos testigos vincularon al Estado con el desplazamiento forzado, por
acción y por omisión. Grupos paramilitares que con complicidad de las
fuerzas militares y de policía ejercieron el terror hacia la población
campesina en muchas regiones del país. Grupos paramilitares como las
AGUILAS NEGRAS, NUEVA GENERACION, BLOQUE CACIQUE NUTIBARA, BLOQUE0
CALIMA, siguen asesinando y desplazando. El ejército nacional a través
de sus respectivas brigadas actúa de manera conjunta o simplemente no
interviene aunque sepa de la presencia de estos grupos en las regiones
donde operan y desplazan la población.
Una parte de la clase política y de los terrateniente de muchas regiones
del país, han sido señalados como miembros o aliados de grupos
paramilitares, que utilizan el terror para saquear y apropiarse de las
tierras de los pequeños campesinos y mantener el control político en las
administraciones municipales, el congreso, el senado y el gobierno
nacional, como estrategia de control social, sin tolerar de ningún modo
una oposición política, ni el ejercicio democrático de los derechos
civiles.
El poder judiciario de Colombia actúa muchas veces de manera parcial y
venal hacia la población desplazada, al no reconocer su derecho a la
propiedad y registra sus tierras a paramilitares, terratenientes y
políticos que les desplazaron.
Las multinacionales como son Harken Energy, GreyStar resources, Cemex,
Holcim, BHP Billiton, Angloamerican, Xtrata, Drummond, Chiquita brands,
Oxy, Repsol, B.P., Union Fenosa, Codensa, Urapalma, Glencore, Anglogold
Ashanty, Petrocanada, Consorcio Colombiano del Cerrejon, Kedada, son
cómplices del desplazamiento al financiar y prestar sus instalaciones a
los grupos paramilitares que amenazaron y masacraron a miles de
sindicalistas, y a las comunidades afrocedendientes, indígenas y
campesinas.
Se ha demostrado también la responsabilidad del gobierno de los Estados
Unidos en el desplazamiento forzado en Colombia por el apoyo militar a
través del plan Colombia y del plan patriota, la ayuda militar, el envió
de mercenarios, y fumigaciones extensivas e indiscriminadas.
Estas acciones se han realizado a través de masacres, asesinatos
selectivos, amenazas, quema de casas, falsos operativos, detenciones
masivas, violencia contra las mujeres, reclutamiento forzado,
desapariciones, terrorismo de estado y terrorismo sicológico hacia las
victimas.
Los desplazamientos urbanos son también el resultado de la acción de los
bancos que con tasas de interés inaguantables provoca la disolubilidad
de las familias y recurre a la fuerza policial para expulsarlos de sus
casas.
Las causas estructurales del desplazamiento
Los primeros desplazamientos forzados fueron aquellos impuestos por los
conquistadores españoles que despojaron a los indígenas de las tierras
planas, donde luego colocaron a los ganados, haciéndoles mover hacia las
laderas donde muchos de ellos o sus descendientes todavía cultivan
intensamente la tierra. Los nuevos dueños procedieron después a reunir a
la fuerza pueblos pequeños en más grandes con el fin de vaciar la tierra
y crear haciendas. El resultado fue un genocidio, con millones de
muertos indígenas y esclavos importados del África tanto en las
plantaciones como en las minas. En esta primera fase del capitalismo, la
región fue implicada en el famoso comercio triangular (Europa, África,
América) y contribuyo a la acumulación del capital monetario en Europa.
Se creo al interior una riqueza básica codiciada por las clases
pudientes, sin reatos de consciencia, ni religiosa, ni cívica, sino
principalmente con afán de lucro y poder económico, una constante
histórica en Colombia.
En el periodo actual, la entrada del capital exterior y la dominación de
las empresas transnacionales corresponden a la apertura de los mercados
mundiales fruto del modelo neoliberal de desarrollo. La
sobreexplotación de las materias primas (petróleo, oro, y otros
metales), la extensión de los monocultivos para la exportación de
productos agropecuarios y últimamente para la producción de agro
combustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los
campesinos y de las comunidades indígenas y afro descendientes. Obedecen
a las exigencias de la globalización del capital y acentúan el carácter
dependiente de las clases dominantes colombianas frente hacia el capital
principalmente norteamericano y europeo. A la catástrofe social se añade
un desastre ecológico.
La continuidad de este modelo económico lleva el Gobierno actual a
implementar la última fase de expropiación territorial y de
reordenamiento poblacional que esta a la base de la verdadera
contrarreforma agraria que hoy se cumple en el mundo entero. Los
retornos no modifican el proceso y se implementan en aquellas zonas en
donde el control paramilitar ya está consolidado, bajo el orden
establecido por las empresas transnacionales y con la ayuda de una parte
de la cooperación internacional. En el mejor de los casos, la respuesta
estatal es de corte asistencial. En cuanto a los desplazamientos
urbanos, los actores principales son los bancos, obedeciendo a la lógica
del capital financiero.
Además, el lugar geoestratégico de Colombia en un continente donde se
abren nuevos espacios alternativos económicos y políticos y nuevos
proyectos de integración, explica la brutal intervención del
imperialismo deseando conservar su hegemonía y como la implementación
del Plan Colombia y el Plan Patriota, acentúa la violencia y los
desplazamientos. Se entiende así que las soluciones al problema exigen
no solamente cambios internos combatiendo proyectos de muerte, sino una
otra orientación de la economía mundial.
Para dar una solución a este drama humano del desplazamiento, se
necesitan (1) una política de retorno basada sobe principios de
justicia, es decir la devolución de las tierras a los campesinos y a las
comunidades, aplicando la Constitución colombiana, (2) una compensación
financiera por los daños materiales ocurridos, (3) un reconocimiento de
los crímenes cometidos bajo la mirada de la justicia, la verdad, la
reparación integral y la garantía de no repetición, poniendo fin a la
impunidad y (4) la constitución de una Comisión de reconciliación.
Acusación:
Oídos los testimonios, verificadas las pruebas aportadas por las
víctimas, sopesadas y contrastadas con los expertos, condenamos por
acción directa y por conductas omisivas, respecto del desplazamiento
forzado de casi cuatro millones de colombianos y colombianas a:
1.
El Estado y el gobierno colombiano y sus agentes a saber:
funcionarios públicos administrativos, miembros de las fuerzas armadas y
de policía, jueces y funcionarios judiciales parciales, miembros de lo
servicios de inteligencia del Estado, militares y paramilitares,
funcionarios de la procuraduría, defensoría y personeros, por conductas
omisivas o cómplices del Delito de Desplazamiento forzado.
2.
A las compañías multinacionales arriba mencionadas que, como
operadores de la imposición de un modelo económico que garantiza el
saqueo de recursos naturales de propiedad de la nación, utilizan a
militares y paramilitares, mercenarios, miembros de la policía y de los
servicios de inteligencia del Estado, como agentes del desplazamiento
forzado. Garantizan con este Delito de Lesa Humanidad el copamiento de
las zonas donde se generan megaproyectos para el exclusivo beneficio de
estas compañías. Denunciamos también en tanto que cómplices de los
varios tipos de desplazamiento a miembros del establecimiento colombiano
como ganaderos, terratenientes, industriales, narcotraficantes, las
instituciones financieras y los bancos.
3.
A los gobiernos de países como Estado Unidos, Canadá, Inglaterra,
Suiza, España, Israel, Sudafrica y la Unión Europea por proporcionar
ayuda militar a los gobiernos de Colombia, por permitir que compañías
multinacionales de estos países financien directamente las operaciones
militares y paramilitares, que desplazan a millones de colombianos y
colombianas para “garantizar” la operación de estas en el territorio
nacional.
Finalmente el Tribunal responsabiliza a las autoridades colombianas por
la seguridad de todos los que han participado como organizadores o
testigos en esta sesión sobre los desplazados.
Bogotá 23 de Noviembre de 2007.
Francois Houtart (Bélgica), presidente
Orlando Fals Borda (Colombia), vicepresidente
Patricia Dahl (Estados Unidos)
Don Tomas Balduino (Brasil)
Louis Nicodeme (Bélgica)
Joao Lucio Da Costa (Brasil)
Dieter Misgeld (Canadá)
Francisco Ramírez (Colombia), fiscal
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