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Negociación
Gobierno paramilitares
¿NEGOCIACION CON CASTAÑO Y MANCUSO O CAMBIO DE TACTICA PARAMILITAR?
Se han hecho públicos parte de
los tratos y vínculos secretos entre "el pacificador"
Alvaro Uribe Vélez (AUV) con los paramilitares. Pero ellos
siempre han departido en fincas y clubes e, incluso, a principio
del año, los paras dieron a conocer el uribismo del 30 por ciento
de su representación en el Congreso, sin que esto mereciera el
rechazo del gobierno ni de AUV.
Con vertiginosa velocidad, al
destape de las negociaciones gobirerno-paras el miércoles 27 de
noviembre lo suceden el anuncio del apoyo activo de Washington a
esas gestiones y el gran despliegue anunciando el cese de fuegos
de las AUC de Castaño y Mancuso a partir del domingo 1 de
diciembre de 2002. El anuncio tiene listado de "condiciones
para dialogar" que satisfacen cada exigencia del gobierno de
AUV. Ratifican su condición de defensores militares y políticos
del Estado social de derecho y "mantienen la guardia en alto
frente a las agresiones de la guerrilla", pues con el general
Mora Rangel siempre tienen garantizado el "cese de
fuegos".
El plan con los medios de
comunicación masiva es cambiar, en nombre "la paz y el perdón",
la mala imagen de criminales de los paramilitares, bien ganada por
el sicariato, las torturas, las masacres, el uso de motosierras y
otros métodos atroces de infundir terror al pueblo.
El "status político"
sería para los paramilitares
El gobierno y Osorio, el
paramilitar Fiscal General, ya venían desactivando su persecución
judicial a los paras con la supresión de la unidad de Fiscalía
para Derechos Humanos, dejando en el limbo la investigación sobre
los parlamentarios del paramilitarismo y llegando al extremo de
dejar en libertad a dos comprobados paramilitares: al extraditado
de España, ex embajador y ex ministro, Marulanda y al general
Rito Alejo del Río.
Ya durante el gobierno Pastrana
y anunciando la política de Uribe Vélez, las AUC convocaron en
el año 2000 dos "paros regionales en el Magdalena
Medio", dirigidos por algunos integrantes del Congreso que
hoy legisla. Sin ser reprimidos, bloquearon por varios días la
economía de la costa atlántica para imponer el "NO al
despeje" de una zona al sur de Bolívar para realizar la
Convención Nacional acordada por Pastrana con el ELN. Este
contundente hecho de consentimiento y diálogo plasmó un
reconocimiento político a los paramilitares, por no hablar de las
frecuentes entrevistas sobre política a Carlos Castaño desde los
medios de comunicación, la difusión de su libro y los periplos
de jefes políticos al campamento del jefe nacional de esa
agrupación criminal.
Además, la prórroga de
facultades para crear mecanismos de negociación con la
insurgencia, ley 418, está siendo adaptada en el Congreso -a
iniciativa del gobierno- para "negociar" con los paras,
suprimiendo la exigencia de status político de la organización
que "dialogue de paz" con el gobierno. Es una forma de
darles status político a los paramilitares y, al tiempo, tratar
de rebajar la condición política de las diferentes guerrillas,
en una retorcida interpretación del delito político, opuesta al
"supremo derecho a la rebelión" contra la injusticia,
reconocido por la ONU y consagrado en el preámbulo de su
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El yanqui allí, con Castaño
La solicitud de extradición de
Castaño (viejo colaborador de la DEA, la CIA y la sionista Mossad,
del Departamento de Justicia de EE.UU.) es una maniobra de múltiplex
efectos para encubrir el papel injerencista de Estados Unidos en
la vida del país. Intenta, entre otros asuntos, limpiarse de
paramilitarismo, mostrarse flexibles para lograr "una
paz" que les favorezca, presionar a la insurgencia para que
llegue a acuerdos, dividir las fuerzas que combaten sus políticas
colonialistas y neutralizar a los defensores de derechos humanos
que han logrado demostrar, con pruebas irrefutables, la
paraestatalidad de las AUC. De paso, creen que aclimatarían el
inaceptable pérdida de soberanía judicial condensada en la
extradición de colombianos y tendrían "autoridad
moral" para pedir la repudiable extradición de cuanto
luchador popular les resulte incómodo.
Recordemos que las relaciones
de paternidad y ligazón íntima entre los criminales
paramilitares y el Estado colombiano y encumbrados dirigentes
gremiales y políticos de la oligarquía, con la bendición de no
pocos obispos y sacerdotes, son un hecho incontrovertible ante los
ojos de millones de víctimas de sus tropelías.
Esa percepción también la
tienen muchos organismos intergubernamentales y los no
gubernamentales enterados del tema, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Los imperialistas,
especialmente los Estados Unidos, son los principales impulsores
de esas criminales bandas paramilitares en Colombia y el mundo.
Sus manuales de contrainsurgencia, para enfrentar "al
comunismo" o "al enemigo interno", ahora están en
proceso de actualización para su "estrategia
antiterrorista". Esos manuales pusieron a los ejércitos y
fuerzas de seguridad de los Estados dependientes a crear y
estimular este tipo de bandas criminales que siempre han defendido
a la oligarquía proimperialista y a su Estado.
Reingeniería del
paramilitarismo
El planteamiento uribista de
"seguridad democrática" y "Estado
Comunitario" hace reingeniería con los tradicionales métodos
de control de población o gobernabilidad propios de la dictadura
burguesa. El paramilitarismo sería reforzado con el sistema de
red de informantes o cooperantes ("el millón de
amigos"), ampliando las "convivir" (creadas por
Uribe Vélez siendo gobernador de Antioquia), con los
"soldados campesinos" (con fusil en la casa), programas
de "oficiales de la reserva" y servicios de civiles a la
fuerza pública enmascarados como "servicio social".
Estos son componentes del rediseño de la estrategia yanqui de
crear fuerzas que realicen "acciones encubiertas" o
"guerra sucia" contra las luchas, organizaciones y
luchadores políticos de los pueblos y naciones que se oponen a
sus siniestros designios.
La llamada "división
interna de las AUC", que coloca a Castaño y Mancuso como
depuradores del narcotráfico y las acciones fuera del DIH, deja
el recurso de seguir utilizando esas bandas, pero tratando de
quitarles el sello de paramilitares, esforzándose por
presentarlos como "ruedas sueltas de bandoleros o
violentos".
El paramilitarismo es un
instrumento clave del creciente terrorismo de Estado, avanza al
calor del proceso de fascistización que vive Colombia. Es quizá
la más poderosa arma contra el movimiento popular. Lo indican los
éxodos campesinos que superan el millón de personas, el
genocidio contra el movimiento sindical y popular que cuenta
varios miles de líderes asesinados, el genocidio del movimiento
político popular en sus diversas vertientes, que destaca el muy
conocido caso de la Unión Patriótica, agregando el ambiente de
terror general sembrado por el Estado y sus paramilitares en toda
la población humilde.
También lo señala la
creciente acción combinada paras-ejército en operaciones de
contra guerrilla y contra otras formas de organización militar
popular, como el brutal asalto a la Comuna 13 de Medellín y a
comunas de otras capitales. Lo confirman los sucesos en las
actuales "Zonas de Rehabilitación y Consolidación"
creadas con la Conmoción Interior o Estado de Sitio uribista, en
las cuales no se detiene a nadie por sospecha de paramilitarismo,
son sospechosos sólo de colaboración con la insurgencia.
Continúa lucha por el
desmonte del paramilitarismo
Estos crímenes no los vamos a
olvidar jamás las gentes amantes de la libertad, del progreso
social y el pleno vigor de todos los derechos humanos para las
mayorías y no sólo como privilegios de las minorías que
ostentan y detentan el poder de la riqueza y el control de un
Estado a su servicio.
Es necesario rechazar la
negociación gobierno-paramilitares como una maniobra que encubre
la pacificación del apátrida Uribe y la Casa Blanca, en oposición
al interés popular en la paz con justicia social.
Sigue siendo correcto el
objetivo de exigir el desmonte del paramilitarismo, demandar la
renuncia a la filosofía que los creó y sigue viva en la
"seguridad democrática" y el "Estado
comunitario" de AUV. Este objetivo demanda la persecución
del Estado a los paramilitares y el cese de todo vínculo de las
fuerzas militares, de policía y seguridad con esas bandas
criminales, así como el llevar a juicio a los responsables por
los delitos contra Colombia y su pueblo, los cuales no merecen
perdón y olvido.
La paz con justicia social
continúa siendo un anhelo del pueblo colombiano. La guerra total
que impulsa la "seguridad democrática" y el Estado
comunitario de AUV están en contravía de la paz. El tratamiento
o solución política al agudo conflicto político, económico,
social y armado en Colombia, planteada por los sectores democráticos
y progresistas del país, demanda de formas efectivas de
participación del pueblo y sus organizaciones en la toma de
decisiones y no pasa por las falsas negociaciones entre los que ya
están de acuerdo: el gobierno y sus paramilitares.
Comité
Ejecutivo Central
Partido
Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Colombia, 4 de diciembre de 2002
Página Web: www.pcdec-ml.com
Correo electrónico: www.pcdcml@yahoo.com
¡Combatiendo
Unidos Venceremos!
Partido
Comunista de Colombia (marxista-leninista)
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