Ingrid, la víctima

Lunes 21 de julio de 2008 

 El problema de Colombia es que hay víctimas de víctimas. Así, es difícil ser justo en la valoración de Ingrid, de su papel, de sus aciertos y de sus desaciertos como figura pública que es.

 Análisis de Victor de Currea-Lugo*.

Es necesario, para evitar la avalancha incontrolada de detractores, empezar diciendo, con convicción, que me alegró la liberación de Ingrid, que no comparto para nada los métodos de las FARC, que el secuestro le está pasando factura a la misma guerrilla que lo comete, que las condiciones del secuestro fueron atroces y humillantes, y que indudablemente el momento político y militar tiene un antes y un después, pero que nada de eso evita un debate tan necesario como riesgoso: el papel de Ingrid en la agenda de hoy.

Ingrid es lo que diríamos una víctima "business class", lo que no la hace menos víctima pero tampoco debería hacerla más. Como civil, tiene todo el derecho a haber sido protegida de pagar con tantos años en tan terrible situación el precio de una guerra en la que no era combatiente; como civil tiene todo el derecho a no ser neutral. La neutralidad de los civiles es una entelequia que hasta en su momento apoyó Uribe con la idea de la "neutralidad activa" que tiene un claro discurso de fondo: negar el derecho a los civiles a ejercer sus derechos civiles y políticos, a expresarse, a manifestarse. Es decir, la víctima neutral, la víctima que, para que sea considerada como tal, debe ser dócil. Ingrid, antes y después, tiene derecho a no ser neutral, igual que lo tienen los casi cuatro millones de desplazados, los familiares de los detenidos-desaparecidos, y los demás liberados con Ingrid.

No tiene nada de malo que Ingrid use su propia historia con objetivos políticos, ¿acaso debería no hablar de su secuestro y más bien del calentamiento global? Podemos no compartir su puesta en escena pero eso tampoco la descalifica. Ingrid, como política tiene derecho a decir lo que considere válido, con el sólo compromiso de la responsabilidad política por aquello que dice pero, de ninguna manera, puede ser coaccionada por decirlo, sea a favor o en contra de Uribe, nos guste o no nos guste. Por lo mismo creemos que la acción política de las víctimas de la violencia estatal tiene derecho a usar políticamente su dolor, sí, a pasar de la acción sentimental a la acción política; ese es el juego de la democracia. Lo que no podemos apoyar es un discurso de víctimas buenas y de víctimas malas, de víctimas que tienen derecho a decir, que refuerzan una "agenda humanitaria" excluyente donde no aparecen ni los desaparecidos, ni los desplazados, ni los detenidos de manera arbitraria.

Es ridículo, por no decir injusto, deslegitimar a Ingrid porque no estaba tan enferma como se decía ni porque salió directo para Paris. De nuevo, se espera que la víctima sea débil, que se reduzca a su condición de víctima sin elevarse a su categoría de persona. Es tan injusto como decir que un desplazado no lo es después de ciertos meses, o que no es "tan" desplazado porque no le mataron la familia, ni le violaron a la esposa.

Pero, el hecho de haber sido víctima no le da necesariamente –repito, no necesariamente- la razón sobre lo divino y lo humano. Ingrid tiene razón en su experiencia vital, en su carácter de civil afectada por la guerra, pero eso no la convierte ni en tertuliana de fútbol, ni en experta en astrofísica, ni todo lo que diga puede ser cubierto con un manto sagrado como el que protege la verdad revelada. Una víctima, como persona, como ciudadano, tiene derecho a los derechos, pero no tiene derecho a más privilegios que los que tiene por su situación particular.

Creer que un colombiano sabe del conflicto, lo entiende y sabe cómo solucionarlo por el sólo hecho de ser colombiano es irresponsable, es un argumento demográfico sin seriedad. Por lo mismo, creer que un secuestrado sabe todo lo de la paz y la guerra por el solo hecho de haber sido víctima es una actitud ilógica. En un encuentro en Madrid de 2007, me reprocharon por contradecir públicamente al profesor Moncayo "porque tiene un hijo secuestrado", con lo cual pareciera que la verdad "está en el drama que me acompaña" (Mao decía la verdad está en la boca de mi fúsil).

Ingrid se equivoca en varias cosas, una de ellas, para mencionar solo una y tal vez la más grave es salir a apoyar el proceso de la ley de Justicia y Paz, una ley que precisamente vació de contenido la noción de derechos de las víctimas. Y para esto poco importa que haya sido secuestrada. En Colombia hay alrededor de 30.000 personas desaparecidas, la gran mayoría por los paramilitares; de las 4.000 fosas comunes descubiertas en años anteriores el 98% fueron resultado de la acción paramilitar; los vínculos entre paramilitares y militares siguen sin ser investigados y la impunidad del paramilitarismo sigue siendo una asignatura pendiente que no se resolvió con la extradición de éstos a los Estados Unidos. Ingrid se afilia así a una postura condenable desde los derechos humanos, lo que no desdice de su pasado de víctima pero tampoco hace que no se le pueda criticar. No ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación.

Hay otras víctimas que no son Ingrid, víctimas colombianas organizadas que se erigen como un actor político antes que como un "necesitado menesteroso", renuncian a la idea de neutral y asumen el ejercicio de su ciudadanía, de sus derechos políticos y civiles, sin por eso renunciar a su categoría de víctima. Sus reclamos no son de asistencia humanitaria, en términos de bienes materiales, tampoco se da en términos de pedido sino que, cada vez más, en términos de exigencia al Estado,

La primera demanda, o una de las primeras, de las víctimas es el derecho a ser reconocido como tal, que no se invisibilice más su drama, que no se le vea como delincuente urbano ni como falso desplazado, menos aún como parte de los actores de la guerra en Colombia. Es triste decirlo pero lo que piden puede ser dicho en la paradójica expresión del "derecho a ser víctima", negado sistemáticamente por la sociedad y por las instituciones. Derecho que, afortunadamente, no se le niega a Ingrid.

Pero esos reclamos legítimos, a través de mecanismos jurídicos, de bienes materiales a los que tienen derecho o de justicia y reparación, han tenido que enfrentar la violencia. En los primeros 9 meses de 2007, al menos 13 líderes del movimiento de víctimas fueron asesinados.

Uribe también ha buscado rentabilidad política de las víctimas: nombró a un ex ministro, secuestrado por las FARC durante varios años, como Ministro de Relaciones Exteriores, más que por sus cualidades por el peso mediático de quererle dar "voz y nombre" a las víctimas, pero a cierto tipo de víctimas y al servicio de intereses específicos.

La lucha política de los civiles en medio de la guerra es memorable, no como víctimas que piden ayuda sino como sujetos titulares de derecho que demandan éstos al Estado, no sólo derechos de subsistencia sino de libertad, a pesar de los que hacen la guerra e incluso contra quienes hacen la guerra. Un ejemplo de esto es las diferentes formas de resistencia civil, de las comunidades indígenas en el Cauca, las zonas humanitarias en medio de los crecientes cultivos de Palma Africana, los procesos organizativos de personas desplazadas, y de tantos otros esfuerzos de resistencia frente a la barbarie.

Contrario a ese deseo, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en el marco de la llamada desmovilización de los paramilitares, lo que se observa es la institucionalización de la impunidad. En el barrio "Villa Paz" de Sincelejo los desplazados conviven con los paramilitares sin que haya ocurrido ningún proceso de reconciliación. ¿Aceptaría Ingrid compartir vecindario con sus secuestradores si estos un día se desmovilizan? Creo que no, tiene derecho a decir que no y los de Sincelejo también.

* Investigador social