23 de febrero del 2002

Colombia: archivo secreto de la ruptura

Heinz Dieterich Steffan

Invocando la bendición de Dios y la protección de San Miguel Arcángel, el presidente colombiano Andrés Pastrana rompió el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la noche del 20 de febrero. Cuatro resoluciones, expedidas hacia las 22:00 horas, pusieron fin a las herramientas jurídicas que sostenían este proceso. La primera, termina los diálogos con las FARC y les retira el estatus político; la segunda, pone fin a la zona de distensión en San Vicente del Caguán; la tercera, reactiva las órdenes de captura contra los negociadores de la guerrilla y la cuarta revoca la autorización a los municipios del despeje de formar los cuerpos cívicos de convivencia.

Los motivos que el presidente adujo ante la audiencia televisiva del país para explicar tal trascendente paso, abarcan desde la acusación de engaño personal del Comandante de las FARC, Manuel Marulanda, hasta el terrorismo internacional y el cultivo de coca. Sin embargo, la verdadera razón de la ruptura no se mencionó en el discurso del presidente: el cambio en la correlación de fuerzas, debido a cinco factores. Ellos son: 1. el cambio del entorno político mundial después del 11 de septiembre, favorable al gobierno; 2. las lecturas sobre la capacidad destructiva de las modernas tecnologías militares que hicieron el Pentágono y la Casa Blanca, después de la guerra de Afganistán; 3. el fortalecimiento de la capacidad militar de Bogotá; 4. el avance electoral del candidato de derecha Alvaro Uribe en la campaña para los comicios presidenciales del 26 de mayo; 5. el aislamiento político internacional de la guerrilla y, 6. el debilitamiento de la revolución bolivariana en Venezuela.

La base de cualquier análisis de la ruptura entre el gobierno y la guerrilla radica en la comprensión del hecho de que la zona desmilitarizada ---que Pastrana propuso en agosto de 1998, al asumir como jefe de Estado, y que instaló oficialmente en enero de 1999--- no fue ningún regalo o favor del Estado colombiano frente a la insurgencia, sino una expresión de la creciente debilidad del régimen frente a las FARC-ELN. La zona de distensión como espacio de solución política de la guerra civil de 40 años fue otorgada por Pastrana, porque todos los intentos militares de destruir a la guerrilla habían fracasados. La correlación de fuerzas entre la guerrilla y el régimen era tal que la guerrilla hubiera tomado el poder por la vía militar en el 2002 o 2003. Esa fue la realidad la que obligó a negociar políticamente al Estado colombiano.

Sobre esta correlación de fuerzas hubiera sido posible un arreglo negociado de paz con justicia social, porque la oligarquía se encontraba entre la espada de perder todo (en caso de un triunfo popular) y la roca de ceder algunos de sus privilegios, para seguir existiendo. Tenía un motivo sólido para negociar seriamente un modus vivendi con las FARC-ELN. Este motivo desapareció con la intervención de Estados Unidos. Al garantizar Washington la permanencia de la oligarquía en el poder ---recibiendo en contrapartida las riquezas del país, tal como se estableció en los acuerdos del "Plan Colombia"--- ésta cambió su estrategia de negociación en San Vicente por una estrategia de rendición incondicional de la guerrilla, a sabiendas que la intervención militar-política directa de Washington hacia imposible el triunfo militar de la guerrilla.

El cambio de una situación de derrota política-militar segura del gobierno a una de invencibilidad militar, explica porqué Pastrana nunca satisfizo ninguna de las demandas fundamentales de la guerrilla: el intercambio de prisioneros de guerra y la supresión de los escuadrones de la muerte del Estado, llamados paramilitares. Pese a que las FARC liberaron a centenares de sus prisioneros de guerra, Pastrana nunca entregó, a cambio, líderes guerrilleros detenidos y torturados en las cárceles del régimen. Contra los escuadrones de la muerte del sistema ---que según organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, son responsables del 80 por ciento de las violaciones de derechos humanos en Colombia--- el gobierno de Pastrana nunca tomó medidas reales.

La complementación de la indisposición gubernamental para negociar seriamente un acuerdo de paz, fue su aprovechamiento de los tres años de conversaciones para aumentar su poder político-militar-mediático en aras de un ultimátum de rendición incondicional de la guerrilla. Según el juicio del gobierno, este proceso de acumulación de fuerzas alcanzó la masa crítica necesaria para actuar, en febrero de este año. Desde ese momento, el ultimátum o el ataque militar respectivo a la zona de distensión se convertía en una cuestión meramente propagandística que se resolvería, cuando las FARC dieran un pretexto para dejar la política y volver al lenguaje de las armas.

Esta coyuntura propagandística se presentó con el secuestro aéreo del senador Gechem Turbay que desató la ofensiva bélica largamente preparada. El hecho, de que las FARC cayeran en la trampa política del gobierno demuestra que no tienen una intelección clara de los cambios cualitativos que se han dado en el entorno mundial de su lucha y que ciertos métodos tradicionales de combate son hoy día disfuncionales. Si las FARC quieren convertir 40 años de sacrificio y lucha en resultados políticos tienen que comprender los nuevo tiempos. Si no, perderán trágicamente el poder construido.