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SE RESPONSABILIZA A JOSE OBDULIO GAVIRIA, ASESOR PRESIDENCIAL
AUMENTAN LAS AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y ASESINATOS A ORGANIZACIONES
SOCIALES, DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, SINDICALISTAS, ENTRE OTRAS,
LUEGO DE LA MOVILIZACION DEL 6 DE MARZO
En el
marco de la política de "Seguridad democrática" del actual gobierno se
ha recrudecido el clima de militarización y se han agravado los ataques
contra la población civil y las organizaciones sociales y de derechos
humanos. Contrario a lo presentado en informes gubernamentales, esta
política no ha conducido a que la situación de derechos humanos mejore
y, por el contrario, han aumentado las ejecuciones extrajudiciales
cometidas directamente por la fuerza pública, las detenciones
arbitrarias, los montajes judiciales, y se ha modificado el panorama de
la violencia sociopolítica debido al cambio en las formas de actuar de
los agresores.
Es falso que el
paramilitarismo se haya desmovilizado. Los informes de diversas
instancias como la OEA dan cuenta de que en todo el país continúan
actuando "bandas armadas", que bajo diversos nombres (Águilas Negras,
Organización Nueva Generación, etc.) siguen atacando a las
organizaciones sociales. Esto prueba el proceso adelantado entre el
gobierno y los grupos paramilitares no ha conducido a desmantelar el
paramilitarismo.
Las agresiones
contra las organizaciones y sus líderes se agudizan precisamente en los
momentos en que la denuncia y la lucha social son más visibles, y cuando
la situación y los derechos de las víctimas se están abriendo lugar en
el debate nacional e internacional. Desde el momento en que se hizo
pública la propuesta de la jornada (el 5 de febrero), la estigmatización
y los señalamientos, provenientes fundamentalmente del alto Gobierno y
de otros sectores de extrema derecha, han generado un clima de
polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar.
En el marco de la
convocatoria de la jornada de "Homenaje a las víctimas, los
desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y dignidad"
del 6 de marzo, que además instalaba el IV Encuentro del Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron más de 24
movilizaciones en el país y 70 en el ámbito internacional. Sin duda la
respuesta de la ciudadanía frente a la jornada superó las expectativas
de las organizaciones convocantes.
A continuación
hacemos un recuento de los graves hechos que se han presentado en las
últimas semanas contra personas y organizaciones que dirigieron o
acompañaron la convocatoria y cuyo trabajo se enmarca en la defensa de
los derechos humanos en Colombia.
HECHOS
Desde el 10 de
febrero y por varios medios de comunicación el asesor presidencial José
Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de ser convocada por las
FARC.
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En
declaraciones similares el asesor presidencial atacó directamente al
defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Impulso del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván
Cepeda.
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El 11
de febrero de 2008 en el editorial de la página Web de "Colombia Libre",
sitio oficial del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
se publicó se señaló que la movilización del 6 de marzo era una marcha
"entre la revancha y el oportunismo", organizada por simpatizantes de
las FARC.
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El 12
de febrero se difundieron por correo electrónico panfletos amenazantes
contra los organizadores de la marcha. Las amenazas estabas firmadas por
el grupo paramilitar "ONG Nueva Generación Nariño".
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El día
17 de febrero Mauricio Cubides, integrante de Fensuagro (organización
integrante del MOVICE), fue amenazado de muerte, sufriendo un intento de
rapto. Como consecuencia de las amenazas recibidas, debió desplazarse de
la región.
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Durante
la preparación del Homenaje Iván Cepeda recibió en su correo electrónico
varias amenazas en las que se le acusaba de ser "aliado de la guerrilla
de las FARC".
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El 29
de febrero dispararon contra el apartamento de Luz Adriana González,
secretaria general del Comité Permanente por la Defensa de Derechos
Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta organización hace parte del MOVICE y
Luz Adriana era promotora del Homenaje. Esta misma semana se difundieron
cartas amenazantes contra Guillermo Castaño, presidente del CPDH,
dirigente de la Federación Nacional Agropecuaria y de la Corporación
Campesina del Desarrollo Sustentable.
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El 4 de
marzo fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado en su
apartamento, Leonidas Gómez, trabajador del Banco Citibank, integrante
del Comité nacional de empresa de la Unión Nacional de Empleados
Bancarios (UNEB), del Equipo nacional de educación de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de la dirección distrital del
partido político Polo Democrático Alternativo.
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El 6 de
marzo, día del Homenaje, Antonio Pedrozo, integrante de la organización
Tejiendo Esperanza y Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados,
recibió amenazas de muerte, mediante un sobre anónimo que contenía un
sufragio con la leyenda "líder de la FARC muerte ya" que en su cubierta
decía "acción social para Libardo Pedrozo".
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Durante
el Homenaje a las víctimas se presentaron graves incidentes en varias
ciudades. En Cúcuta hubo hostigamientos y personas de civil, ajenas a la
marcha, tomaron fotos e hicieron videos. En Bogotá fue identificado un
joven que seguía y hostigaba a Iván Cepeda durante el recorrido por la
carrera séptima.
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El 7 de
marzo, el Presidente de la UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada,
fue víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso. Rafael
había recibido varias amenazas de muerte.
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En
horas de la noche del 7 de marzo, fue asesinado Gildardo Antonio Gómez
Alzate, educador y delegado de la Asociación de Institutores de
Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones
Docentes (CEID).
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Ese
mismo día fueron hurtados los computadores de las oficinas de ASPODEGUA,
FENACOA y de la CND, con archivos que contienen información importante
para su trabajo.
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El
domingo 9 de marzo, fue asesinado Carlos Burbano, integrante de la
Subdirectiva de ANTHOC, promotor y organizador de la jornada de
movilización del 6 de marzo.
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El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones
sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el
grupo paramilitar "Águilas Negras", en la que se incluye una lista de
personas y organizaciones como Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego,
Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas,
Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad
Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar, organización que ha
presentado una demanda internacional contra el Estado colombiano por el
genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido amenazas y
ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso
del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la marcha.
Estos hechos solo
evidencian que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente, y que el
proceso de desmovilización adelantado por el gobierno nacional solamente
ha dado lugar a una reestructuración de sus estructuras; su presencia,
en lugar de desaparecer, es cada vez más evidente en todo el país,
particularmente en los lugares donde hay una fuerte organización social.
Estas amenazas demuestran la falta de una verdadera voluntad de buscar
la paz.
Es especialmente
preocupante que desde el alto Gobierno se haya adelantado una campaña de
señalamiento contra las organizaciones y los líderes de la convocatoria
a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman a la ya larga lista de
ocasiones en las que se ha pretendido deslegitimar la defensa de los
derechos humanos en Colombia.
Es claro que el
Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que
promovió con todos los medios a su alcance la movilización del 4 de
febrero, no hizo lo correspondiente con la Jornada del 6 de marzo y, por
el contrario, intentó poner un manto de duda sobre las víctimas de
crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, de exigir sus
derechos.
Responsabilizamos
por los hechos ocurridos, así como por la seguridad de las
organizaciones amenazadas, en primer lugar, al asesor presidencial José
Obdulio Gaviria, por sus señalamientos temerarios e irresponsables.
Exigimos que el alto Gobierno rectifique las informaciones difundidas
sobre la jornada del 6 de marzo y sus convocantes, y se reconozca el
derecho de la sociedad a la manifestación pública y pacífica y a ejercer
la oposición política.
Convocamos la
solidaridad nacional e internacional para que se investiguen los
orígenes de las amenazas y se determinen los responsables de los
asesinatos y atentados que han sufrido los líderes sociales.
De igual manera,
exigimos al Gobierno colombiano resultados inmediatos en el desmonte
real del paramilitarismo, así como la depuración por parte del Estado de
las listas elaboradas por organismos de inteligencia militar, las cuales
han contribuido a la estigmatización y la eliminación sistemática de
quienes integran el movimiento social y de derechos humanos.
Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado, Reiniciar, Minga, Asamblea Permanente
de la Sociedad Civil por la Paz, Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, ANDAS,
ONIC, Cut Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento de Derechos
Humanos CUT, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, ADMUCIC, Ruta
Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la memoria y Contra la impunidad,
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR-, Comisión Colombiana
de Juristas –CCJ- otras.
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