En 1780 el Virrey que gobernaba a la Colombia colonia de España, intenta, con el apoyo de la Iglesia Católica, detener el avance de una multitud de campesinos empobrecidos y cansados de trabajar y tributar para enriquecer al Rey de España a quien ni siquiera conocían.

Los líderes de la Revolución de los Comuneros del Socorro, como se llamó este movimiento, eran los campesinos José Antonio Galán y Lorenzo Alcantuz.

Los altos prelados de la iglesia lograron detener a la multitud insurrecta, armada de palos, machetes y arcabuces, a la entrada de Bogotá, haciendo un papel de "mediadora" para dar tiempo al Virrey de escapar y salvar su vida y la de su corte. Con la palabra de la iglesia como garante de que bajarían los impuestos y restricciones al comercio, y que serían respetadas las vidas de los alzados, la multitud se replegó hacia el nororiente (Departamento de Santander), de donde salieron.

Pero antes de una semana, el Virrey de nuevo seguro en su trono en Bogotá, promulgó nuevos tributos y mayores cargas a los pueblos colonizados, y fueron capturados, degollados y descuartizados los jefes de la rebelión, y sus pedazos puesto para escarnio público en toda la región.

Cuando la dictadura del General Rojas Pinilla, las guerrillas liberales que operaban en los Llanos Orientales decidieron creer en la palabra de los partidos Liberal y conservador y entregaron las armas con las que se defendían del terror desatado en los últimos cinco años por la Policía Conservadora.

El comandante de estas guerrillas –con más de 20 mil combatientes- era otro campesino, un bravo llanero llamado Guadalupe Salcedo, quien firmó la paz y entregó a sus hombres y sus armas, para caer asesinado y desarmado a los pocos días -en 1953- en las calles de Bogotá.

En la historia colombiana más reciente, el gobierno del Presidente Betancurt, y las guerrillas de las FARC, ADO (Autodefensa Obrera), y dos sectores del ELN, firman el 28 de marzo de 1984 un Acuerdo de cese al fuego y tregua al que se sumaron después las guerrillas EPL, PRT y M19.

Era la primera vez en la historia de Colombia que se firmaba un Acuerdo de cese bilateral del fuego y tregua, sin entrega de armas.

Pero el Acuerdo fue violado por el Ejército Nacional y sus Generales organizaron el Plan Cóndor y atacaron a la insurgencia del EPL y el M19, matando (fuera de combate y en medio de las conversaciones) a los voceros públicos del EPL, del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista y a 22 guerrilleros.

Cien más fueron capturados por el Ejército Nacional arguyendo que "no podemos bajo ningún motivo dejar de cumplir el deber constitucional de resguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos".

Estos hechos de los militares sabotearon y rompieron el Acuerdo, sin dar tiempo a discutir la agenda de reformas económicas, políticas y sociales que la guerrilla puso sobre la mesa desde el inicio de las conversaciones.

En 1990 durante el gobierno de Cesar Gaviria, los movimientos EPL, M19 y PRT deciden apostarle a la construcción de la democracia en Colombia y en un gesto de valor, pactaron un Acuerdo de Amnistía, dejación de armas, desmovilización e incorporación a la vida civil, para desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente que formulara los cambios y reformas que se pretendían desde la lucha armada.

Más de cinco mil guerrilleros entregaron las armas. La nueva Constitución Política de Colombia incorporó una larga lista de derechos y garantías de todo orden para los ciudadanos.

Pero a los pocos días comenzó el asesinato de ex guerrilleros, la persecución de sus representantes, al tiempo que los industriales y los latifundistas entorpecían la aplicación de la nueva Carta Política, hasta hacerla inoperante y desfigurarla totalmente a los pocos meses con la aplicación del modelo económico neoliberal, mientras se descargaba la mayor carga de violencia paramilitar de toda la historia del país.

Luego hubo dos intentos más de establecer diálogos para la paz: en Caracas (Venezuela) en 1991 y en Tlaxcala (México) en 1992, pero el gobierno los abandonó sin discutir la agenda de reformas, pretextando en cada caso dolor por el atentado a un político del Partido Liberal (1991), y la muerte de otro político enfermo que estaba en manos de la guerrilla (1992).

Abortados los dos procesos el presidente Gaviria con apoyo y asesoría norteamericana declara la "guerra integral a la guerrilla", que desató el genocidio en gran escala de los opositores políticos al sistema y al neoliberalismo. Miles de trabajadores, campesinos, indígenas, negros, sindicalistas, abatidos por las hordas paramilitares, que forma parte de la lucha "integral" o guerra de baja intensidad del Estado contra sus opositores.

Y el último proceso truncado hace un mes fue con las FARC-ep, en el gobierno de Pastrana, quien decidió romper unilateralmente (20 de febrero de 2002) los diálogos que desde hace tres años se sostenían con esta fuerza guerrillera, tomando como pretexto el secuestro de un avión y un senador, precisamente cuando comenzaría a discutirse la agenda de desmonte del paramilitarismo y los cambios y reformas al Estado para lograr una paz duradera con justicia social.

Rotos estos diálogos y bombardeada la zona de distensión habilitada para hablar de paz y cambios, no habrán las reformas urgentes que reclama la población y la guerrilla. En su reemplazo se arreció la larga guerra financiada con deuda externa y dirigida desde los Estados Unidos para defender sus intereses económicos y geoestratégicos, poniendo como cortina de humo la supuesta lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, o la defensa de la supuesta democracia colombiana.

El balance es que, en Colombia, cada vez que hay que entrar a definir reformas en beneficio del 82% más pobre dela población, saltan los guardianes de los intereses de la burguesía nacional o extranjera, con cualquier pretexto para evitarlo.

Y cuando la insurgencia entrega las armas, sus propósitos de cambios pacíficos son burlados y sus dirigentes asesinados.

El pueblo de Colombia ve con temor la gigantesca máquina de muerte que vuela sobre los campos y ciudades y truena en las veredas y caminos, ya vestida de Ejército Nacional, ya de fuerza paramilitar. Este pueblo pide tregua y diálogos.

Pero el poder económico y militar, y el imperio norteamericano, no lo permiten. Y las guerrillas ya no creen en treguas unilaterales por aquello que un poeta popular llamó "Colombia, el país de las treguas traicionadas".

Javier Orozco Peñaranda.

Representante de la CUT-Colombia en España.