La Red por las Libertades y el Dialogo considera inadmisibles las
brutales condenas recaídas sobre ciudadanas y ciudadanos vascos, por su
presunta pertenencia o colaboración con organización terrorista, que no
está basada en hechos concretos, sino en supuestas conexiones por el
hecho de ejercer la libertad de opinión y asociación.
La tramitación del macro-sumario 18/98 ha estado llena de irregularidades
desde su fase de instrucción, cambiando la garantista presunción de
inocencia por la presunción de culpabilidad. La vista oral, que ha durado
casi 18 meses, y que ha significado un castigo añadido para los
procesados, no ha estado exenta tampoco de numerosos defectos que han
provocado indefensión, como a lo largo de la misma ha sido denunciado.
La conclusión del proceso tenía que estar en consonancia con todo lo
visto anteriormente; y así, en lugar de citar a los procesados para darles
a conocer la sentencia, se ha producido una redada injustificada, con la
detención de todos y cada uno de los condenados, sin que previamente
hayan podido conocer su condena, que todavía no se ha hecho pública.
Lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación es que el
tribunal, incluso, ha aumentado las penas solicitadas por el fiscal, al
calor del clima político-social creado tras la rechazable ruptura del
alto el fuego de ETA, lo que constituye un hecho insólito. Estas
condenas, no por hechos considerados delictivos (como podría ser un
atentado), sino por supuestas coincidencias estratégicas, sientan un
precedente sobre la figura delictiva del “entorno de organización
terrorista”. A partir de este proceso, cualquier persona u
organización que tenga coincidencias con planteamientos de alguna
organización considerada delictiva, automáticamente podrá ser procesada y
condenada.
La conclusión del proceso 18/98 es la muestra del alarmante recorte de
las libertades que se está produciendo en nuestro país, al haber sido
condenados, a largos años de cárcel, a personas por el simple hecho de
haber ejercido su derecho de expresión y asociación, (y no por la
comisión de posibles actos delictivos, que no figuran en ninguno de los
miles de folios del sumario). Si a esto sumamos la legislación
excepcional, y su aplicación no menos excepcional (como la terrorista, y
la ley de Partidos), podemos afirmar que se está poniendo en juego el
sistema de libertades y derechos que tímida e incompletamente se restauró
tras la muerte del dictador.
No es sólo la actividad violenta de ETA la que se trata de perseguir y
castigar. Se está persiguiendo el derecho de opinión, expresión y
organización, de todas aquellas personas y grupos que no interesan al
poder económico y político. Y esto no sólo sucede en Euskadi, sino que se
está extendiendo a toda la geografía española. Si ETA mata a una persona,
se trata de un acto terrorista. Si un nazi mata a un antifascista en
Madrid, se trata de una pelea entre tribus urbanas, convirtiendo al
entorno de la víctima en más peligroso que el de su verdugo. Esta es la
situación en la que tratan de meter a todos los que actúan para acabar
con las injusticias y desigualdades de esta sociedad. Serán acusados de
violentos y terroristas, aunque estén comprometidos en acciones de
no-violencia, como ha ocurrido con algunos de los condenados del 18/98.
Seguimos convencidos de que el llamado conflicto vasco sólo se podrá
superar con diálogo y negociación. Ni la vulneración de derechos y
libertades, ni las condenas injustas, ni la violencia sin sentido de ETA
(que, según las noticias, ha vuelto a causar dos víctimas, una de ellas
mortal), acercarán la necesaria paz que exige la sociedad de Euskal
Herría y del resto del Estado.
Ante esta situación los movimientos sociales y políticos estamos llamados
a actuar. Se está cuestionando el ejercicio de la libertad y la
posibilidad de luchar. Y hoy más que nunca hay que recordar aquellos
versos de Brecht, que podríamos actualizar de esta manera: ...fueron
a por un abertzale, y no me afectaba; fueron a por un anti-fascista, y no
me afectaba....
Por la Paz y el Diálogo, en nuestro nombre sí.
Madrid, 1 de diciembre de
2007
Red por las Libertades y el Diálogo
