El Imperio contraataca

Más dudas que certezas dejó el proceso convocado por la oposición, que el Gobierno considera lleno de inconsistencias y datos imposibles de comprobar debido a que quemaron las actas de votación una vez concluido el proceso.

Autoridades venezolanas condenaron a ese medio, que rectificó su publicación y acusó del error a la también española agencia EFE.

El plebiscito de la MUD tiene tres interrogantes: si los venezolanos apoyan la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente; si demandan a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios cumplir la actual Carta Magna y las decisiones del Parlamento, controlado por la oposición; y una tercera pregunta pide decidir si se aprueba la renovación de los poderes públicos, la realización de elecciones libres y la conformación de un Gobierno de unidad nacional.

Leopoldo López ha sido acusado de participar e impulsar los delitos de incendio y daños que se ejecutaron como parte de un plan de derrocamiento llamado “La Salida” contra el dignatario Nicolás Maduro. En su expediente se incluye instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad estatal y homicidio intencional calificado.
Leopoldo López es un político venezolano de ultraderecha, exalcalde y exprecandidato presidencial, inhabilitado por hechos de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, responsable de acciones desestabilizadoras.

El periodista canadiense Jean-Guy Allard relata que, en la década de 1990, López estudió en una institución estrechamente vinculada a la CIA, el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, “pues de allí reclutan a muchos de sus agentes de inteligencia”.

López habría conocido en aquellos años al general David Petraeus, exjefe de la CIA y hombre de confianza de Barack Obama en materia de inteligencia, y a Paula Broadwell, especialista en contrainsurgencia y análisis geopolítico de la inteligencia militar.

La intervención de Juan Requesens, diputado de Primero Justicia (PJ), en un foro realizado esta semana en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), se inscribe en la línea discursiva de la llamada Mesa de la Unidad (MUD) frente a la comunidad internacional: promover la agudización de la crisis interna y, con ello, justificar la intervención extranjera en el país, como vía para derrocar al presidente constitucional, Nicolás Maduro.

En su exposición en la casa de estudios, admitió que la denominada “Hora 0”, paso siguiente a la consulta electoral ilegal que fijó la coalición de derecha para el próximo 16 de julio, consiste en elevar los niveles de violencia, acompañado de un llamado a “calle sin retorno” dirigido a los seguidores de oposición.

“Para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa (la hora 0)”, vociferó el diputado frente al público que lo atendía en esta universidad, sede del Centro de Estudios de Cultura Estratégica, articulado con el Comando Sur de Estados Unidos, donde se generan investigaciones para ser aplicadas en la acción directa y militarización de América Latina y El Caribe. Así lo denunció Adrienne Pine en 2011, en una Conferencia Internacional realizada en Buenos Aires, Argentina.

Hace pocas semanas el preso político puertorriqueño Óscar López fue puesto en libertad en EE.UU tras 36 años en prisión. No hubo portadas, ni entrevistas, ni fotos en la informativos, ni mediación internacional, ni nada de nada: no era un preso de los suyos. Ahora el terrorista Leopoldo López salió de la prisión de Ramo Verde en Venezuela, donde permanecía encarcelado desde febrero del 2014. Como resultado de un proceso judicial, el 10 de septiembre de 2015, López fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 43 personas. Estará en arresto domiciliario pero en sus primeras declaraciones confirmó que la violencia en las calles de la extrema derecha debe continuar.

La estrategia golpista de la extrema derecha apoyada por los países capitalistas no se detiene. Hace unas horas, un micro grupo disparó desde un helicóptero granadas contra el Tribunal Superior de Justicia e hizo un video para dejar claro que su objetivo es dar un Golpe de Estado.

El pasado sábado por la tarde, la red social Twitter desactivó miles de cuentas de militantes chavistas y emisoras públicas, entre ellas Radio Nacional de Venezuela, hecho que fue criticado por el Gobierno Bolivariano. “Denunciamos la persecución de Twitter Venezuela —dijo Maduro— contra la Revolución Bolivariana […] Le cancelaron la cuenta a miles”. Y subrayó que “llegaron al colmo de cancelar la cuenta de Twitter a Radio Miraflores, la voz de la verdad”.

¿Es posible en el Estado español abogar ante un auditorio público por la insurrección armada contra un gobierno legitimado por las urnas, llamar a las fuerzas armadas de un país a “echar plomo” y dar un Golpe de Estado y defender que se “liquide” de forma masiva a quienes se puedan oponer a estos planes golpistas, sin que ello tenga ningún tipo de consecuencia para el instigador de estos actos delictivos y sus anfitriones?
La respuesta a este interrogante parece ser afirmativa, si nos atenemos al contenido del vídeo que el pasado martes nos hacía llegar un lector a la redacción de Canarias-semanal, y que ahora ponemos a disposición de todos ustedes.

El Ministerio Público comisionó a la directora de Delitos Comunes, Marisela Lucena, y a la fiscal 36º nacional, Lucila Hurtado, para investigar la muerte del juez 48º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Nelson Antonio Moncada Gómez, quien el pasado 10 de mayo cumplió 37 años y fue uno de los magistrados que confirmó la condena contra Leopoldo López.

El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles 31 de mayo, cuando el hombre transitaba por la avenida Páez de El Paraíso, en Caracas, y fue interceptado por varias personas que se encontraban en una barricada. Moncada Gómez intentó huir, por lo que le dispararon y lo despojaron de sus pertenencias.

En tanto la versión policial del hecho precisa que el crimen ocurrió a las 10:15 de la noche, frente al Colegio de Abogados y coincide con lo informado por el Ministerio Público.