Con el nombre de "centrales en moratoria" se designa a aquellas plantas nucleares que cuando se aprobó el plan energético de 1984 tenían "autorización de construcción" yen las que, a consecuencia de dicho plan, se pararon las obras. Este es el caso de los dos grupos de Lemoniz. los dos de Valdecaballeros y TríÍlo I I . Un total de 5000 Mw que equivalen a la novena parte de la potencia total instalada.

El paso del tiempo ha puesto las cosas en su lugar y ha mostrado que estas centrales eran perfectamente innecesarias. Aun a riesgo de aburrir con cifras conviene aclarar que el momento en que más potencia se demandó en nuestro país ( sin datos de 1994) fue el 16-12-97 entre las 6 y las 7 de la tarde con un total de 27.369 MW. La potencia total instalada era de 43.551 MW, a los que habría que añadir más. de 5.000 de autoproductores. Por si el dato anterior no resulta suficientemente concluyente puede añadirse que durante más de 7000 Moras al año permanece sin funcionar ... i más de la mitad de la potencia total instalada!. ¿De que habría servido disponer de más centrales eléctricas ritas? ¿sería quizás hermoso tenerlas siempre paradas? Deberían responder a esta pregunta los mismos que nos amenazaron con volver a los candiles cuando se decretó la moratoria: diputados de la derecha, nacionalistas catalanes, "expertos independientes", voceros de las eléctricas, de las compañías de bienes de equipo.

El proyecto de ley eléctrica que ahora se discute en las cortes declara la paralización definitiva de las centrales en moratoria. Además, reconoce el derecho de las titulares a percibir compensaciones con cargo a las tarifas eléctricas por las inversiones realizadas y los costes de financiación asociados, y como novedad establece que estos derechos podrán ser convertidos en títulos o valores negociables a colocar entre los ahorradores finales a través de los llamados "Fondos de titulación de Activos resultantes de la moratoria nuclear". No deja de sorprender que, en tiempos en que cualquier ocasión es propicia para recordar el excesivo volumen de 'la deuda pública estatal y la rémora que ello supone para la "necesaria bajada de los tipos de interés y el asentamiento de la recoperaci6n económica", se lance al mercado, con la garantía del estado a través de esta ley, una emisión de 730.000 millones a un plazo que puede alcanzar los 25 años.

Aunque visto con perspectiva histórica lo que ha resultado un verdadero desastre económico ha sido la demora de más de 10 años en decretar el cierre definitivo de estas centrales. Esto ha significado que unos activos que siempre se supo que serian Improductivos pasaran de bajar 460.000 millones en 1984 a 730.000 actuales. Y que además en este período una cantidad siempre superior al 3,50/0 de las tarifas eléctricas permitiera transferir 555.000 millones de pta. de los usuarios de electricidad a los bancos acreedores de estas compañías.

La moratoria ha resultado un gran negocio precisamente para quienes fueron responsables de construir unas centrales que obviamente resultaban innecesarias. Los mismos que controlaban y controlan lOs consejos de administración de algunas compañías eléctricas con participaciones adicionales minoritarias y que él través de las compañías de ingeniería, bienes de equipo, constructoras y bancos en que su participación era mucho mayor, hicieron su agosto con la construcción de las plantas en moratoria. Para ellos el negocio no era explotar las plantas sino construirías: las compañías eléctricas no eran su actividad empresarial sino el campo de realizar beneficios sin riesgo. Que evidentemente no han perdido lo prueba el hecho de que, el acuerdo con esta ley y las disposiciones hasta ahora vigentes se les va a devolver las cantidades invertidas y los intereses de las mismas al tipo medio de remuneración de los capitales. ¡Algo no demasiado frecuente en actividades industriales que resultan improductivas!.

Los ecologistas, que siempre hemos estado en desacuerdo con la energía nuclear, nos oponemos ahora a que los usuarios de electricidad paguemos por unas centrales inútiles sobre cuya conveniencia no nos consultaron. En una economía de mercado las actividades empresariales se retribuyen en parte por los riesgos a afrontar. Quien yerra paga. Y, evidentemente, les debería tocar pagar a ellos.

TITULACIO: Ganan las Eléctricas.

La palabra de moda estos días entre altos cargos del Ministerio de Industria y ejecutivos de compañías eléctricas es una que no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua: Titulizar. Pese a su inexistencia es un tanto perogrullesco entender su significado que no es otro que emitir títulos que confieren el derecho a percibir ciertas cantidades que nos ocupa son las compañías eléctricas quienes emiten los títulos Que compran ahorradores finales o instituciones financieras que a su vez les permiten cobrar en sucesivos años unas cantidades que pagan los usuarios de electricidad. Por supuesto dichas cantidades dejan de ser percibidas por las compañías eléctricas.

La titulación se produce cuando las compañías están interesadas en reducir su volumen de deuda al tiempo que los ahorradores tienen interés en adquirir activos (títulos) seguros y de rentabilidad moderada.

No es la primera vez que se produce una titulización en el sector eléctrico ya que cuenta con el precedente de los llamados "activos afectados por la moratoria nuclear", Una buena guinda para el pastel de un negocio redondo basado paradójicamente en un monumental error de calculo.

No sobra extenderse un poco para aclarar de que hablamos. Con el nombre de centrales en moratoria se conoce a aquellas plantas nucleares que disponiendo dé autorización de construcción desde los años 70, vieron Como se detenía. su construcción a mitad de los 60 por decisión gubernamental. Hablamos de casi la novena parte de la potencia eléctrica total instalada en nuestro país.

Por semejante "error! en las previsiones se invirtieron 460.000 millones de pta. en unos activos absolutamente improductivos, Más sorprendente resulta aún que, pese a ello, se revalorizaran a una tasa media anual del 12%, por lo que aunque desde 1984 se vino. Destinando. algo más del 3,5 % de las facturas eléctricas al paga de las intereses en total 624.000 millones de pta-, la deuda que se tituló en 1996 era de 718.000 millones. Como las cantidades destinadas no alcanzaban a pagar los intereses la "deuda" no paró de crecer entre 1984 y 1996.

Los propietarios actuales de los títulos cobrarían a partir dé la tarifa eléctrica (se destina un 3,54 % a este fin) a un tipo. de interés casi idéntico al interbancario.

La titulación de la moratoria mereció numerosas páginas en la prensa económica de la época debido a su magnitud, a la singular novedad de los activos de respaldo y a la sofisticación de la operación. Finalmente se llevó a cabe en tres tramos: 215.000 millones de pía se convirtieron en bonos, 322.000 en un préstamo al que se dio en llamar "A" y los restantes 178.000 en otro ligeramente distinto que se conoció como "B". El BCH se hizo con el 31 % de la cantidad su subastada , seguido del BBV con el 240/0, de Caja Madrid, BBK, Morgan Stanley, Banco Exterior.,.

La prensa resaltó la racionalidad del proceso, su transparencia y que la competencia en la oferta había permitido ahorrar a la tarifa eléctrica 120.000 millones de pta. Nadie se preguntó parque se habrá pagado tanta y durante tantos años por unas obras Inconclusas e Innecesarias. NI por supuesto se reparó en el "pequeño detalle" de que los bancos que adquirieron los títulos de la moratoria eran los mismos que habían prestado dinero a las eléctricas, con Ias que compartían un buen números de miembros en los consejos de administración, Y los mismos que habían cobrado religiosamente los intereses desde 1984. fin definitiva: ellos "se" compraban los créditos que se habían otorgado para un negocio ruinoso para el país pero muy lucrativo para quienes erraron.

Para entender que es lo que en la actualidad se quiere convertir en títulos es preciso conocer un poco la modificación legal recientemente operada en el sector eléctrico.

Con anterioridad a la aprobación de esta ley funcionaba en nuestro país un sistema de planificación eléctrica y "costes reconocidos". El estado decidía que tipos de centrales necesitaba y pagaba a sus propietarios en función de los costes en que incurrían más un cierto margen de beneficio en la actualidad existe libertad de elección de emplazamientos y de combustibles y se prevé que el precio de la electricidad se fije por un sistema de oferta competitiva entre todos los posibles productores. Existe un período "de transición a la competencia" que durará 10 años en los que el Viejo sistema se convertirá en el nuevo de forma escalonada.

Pues bien, lo que ahora se quiere convertir en títulos, es parte de los "Costes de Transición a la Competencia" (CTC) que la ley de 1997 reconoció a las compañías eléctricas y que cifró en "un máximo" de 1.988.561 millones de pta. Se trata de un conjunto de costes en que han incurrido las empresas y que se estima que no podrían recuperar en un modelo de competencia como el que se ha diseñado. Se refieren a conceptos muy heterogéneos: en ellos están instalaciones sobrantes existentes, instalaciones no rentables aún no amortizadas...pero también dineros para apoyo de la minería del carbón nacional, costes para corregir el impacto ambiental o la plante de uso más eficiente y limpio del carbón de Puertollano. Si desde una óptica de izquierdas y ambientalista los primeros no son aceptables, sobre los segundos hay margen de duda e incluso pueden ser tomados como socialmente convenientes.

La moratoria nuclear, la gestión de los residuos radiactivos y el coste del Stock estratégico de Uranio no están incluidos en ellos.

Se habla de "titulizar" 1 ,03 billones de CTC. Otros 322.000 seguirían en manos de las eléctricas, 295.000 millones son ayudas al carbón nacional y se pagarán a quien realmente lo emplee, y las compañías "renunciarían" a cobrar el resto a cambio de que se produzca la titulación que desean. Todos estos conceptos se cubrirían con un porcentaje a determinar de la tarifa eléctrica (en torno al 4,5% o de unos 90-95.000 millones/año inicialmente).

La batalla contra la titulación está encabezada por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico-órgano consultivo creado en tiempos del PSOE- que insiste en que las cantidades reconocidas como CTC deben ser mucho menores (habla de unos 500.000 millones de pta) y señala con acierto que, al cobrar anticipadamente las cantidades fijadas, las eléctricas ganan independencia con respecto al gobierno que ya no podrá determinar anualmente que porción de la recaudación tarifaría se destina a este fin. Concluye señalando que si el gobierno renuncia a este instrumento de presión no hay garantías de que las rebajas en las tarifas sean tan intensas como permite la nueva situación.

Dejando de lado que quien escribe estas notas no comparte la tesis de la comisión de que debe liberalizarse más el sector ni de que las tarifas deban bajar (es mejor introducir impuestos ambientales finalistas en contextos de reducción de costes), hay otros motivos de preocupación además de los que se han señalado. Si la cantidad que no se titula no se corresponde con lo que podríamos llamar "costes sociales y ambientales" es muy posible que los compromisos de este tipo sean abandonados. Hablando más concretamente: es posible que el sistema de desulfuración de gases, que debía haberse instalado en la central de lignitos de Andorra en 1997 para reducir su impacto y que aún no ha sido colocado, no llegue a ponerse en marcha ya que su funcionamiento supone un sobrecoste para la instalación. Algo que no interesa a las empresas si ya han cobrado. O en el caso de la central de gas de Puertollano, si no se vinculan los aportes tarifarios al mantenimiento del proyecto, esta experiencia de uso menos impactante del carbón debería ser clausurada a corto plazo por su elevado coste de producción. El coste social de ambos ejemplos sería también importante.

El interés de las eléctricas en esta titulación se debe al inicio de un nuevo ciclo inversor en centrales de generación. El nuevo marco legal y el contexto europeo permiten que otros agentes económicos (compañías constructoras, gasistas o empresas energéticas europeas) instalen plantas productoras más eficientes y baratas: las centrales de gas en ciclo combinado que proliferan como setas. Tendrían entonces ventajas en el nuevo mercado competitivo desplazando a las eléctricas. Para defenderse de esto, las eléctricas buscan mejorar su posición económica eliminando de sus balances buena parte de su deuda. Los nuevos créditos serán entonces más baratos y podrán sacar ventaja de su mayor conocimiento del mercado.

Lo que todo este proceso pone bien a las claras es que con independencia de que el modelo de "competencia" llegue o no ser realidad algún día-la anterior ley del PSOE duró tres años- , lo que hoy es bien visible es la ayuda de los poderes del estado a los intereses económicos dominantes. Como casi siempre, quienes hablan continuamente de las ventajas de la competencia, lo primero que hacen es buscar el soporte del estado.