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Relaciones Internacionales

EXPOLIACIÓN Y BIOPIRATERÍA: LAS LEYES DE LA GLOBALIZACIÓN

Mailer Mattié
CEPRID
29 - X - 07


El proceso de globalización económica, amparado en las normas que rigen desde la creación en 1995 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre inversiones y propiedad intelectual, está dando lugar a disputas legales en todo el mundo. La mayor parte de los resultados, sin embargo, muestran la complicidad de las instituciones oficiales con los intereses de los grupos y organizaciones que tejen los hilos del poder económico mundial. Certifican, asimismo, la incapacidad de las entidades internacionales para garantizar el respeto de los derechos de las naciones y de los pueblos. Cuatro casos en lugares diversos del planeta ilustran esta situación. Obviamente, no son los únicos. 2

Transgénicos: Monsanto vs. Schmeiser

A finales de los años noventa, el granjero canadiense Percy Schmeiser enfrentó una acusación en los tribunales iniciada por la transnacional Monsanto. Se le imputó el delito de haber cultivado semillas de colza transgénica, cuya patente pertenece a la compañía, sin haber pagado con anterioridad la licencia requerida para su uso. Scheimser se defendió argumentando que sus cultivos se habían contaminado mediante polinización cruzada, dado que en granjas vecinas se utilizaba dicha colza. La Corte, no obstante, sentenció a Scheimser a pagar 10 mil dólares por el uso de la tecnología de Monsanto, además de multas sobre toda la producción que el agricultor había obtenido en el año 1998.

Ayahuasca: COICA vs. Miller

El ciudadano estadounidense Loren Miller patentó en 1986 una variedad de la ayahuasca (Banisteriopsis caapi), planta sagrada por sus cualidades alucinógenas y curativas para la mayoría de los 400 pueblos indígenas amazónicos, conocida en Colombia como yagué. Miller la reconoció al parecer en la huerta de una familia indígena de Ecuador, y la registró con el nombre Banisteriopsis caapi da vine en la Oficina de Patentes y Registros de Marcas de Estados Unidos, bajo el Nº 5752.

La noticia de la patente de la ayahuasca se difundió en América del Sur en 1994. Las organizaciones indígenas consideraron que se había violado el derecho de las comunidades al uso colectivo de la planta y decidieron actuar. Les resultaba inconcebible que la ayahuasca pudiera pertenecer a una sola persona, y mucho más que sus propiedades fueran utilizadas con fines lucrativos y comerciales. De esta manera, la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), entonces con sede en Quito, contando con el apoyo del Centro Internacional de Legislación Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés) y la Alianza Amazónica, presentó una demanda en Washington. La Oficina de Patentes decidió, en consecuencia, cancelar temporalmente los derechos otorgados a Miller, argumentando que la planta era conocida con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la patente. Sin embargo, no se hizo referencia al hecho incuestionable de que la conocieran y utilizaran por siglos los pueblos indígenas, sino a una simple descripción en un catálogo de la Universidad de Michigan. El objetivo, por supuesto, fue negar los derechos comunitarios de estos pueblos, además del valor de sus sistemas de conocimiento y propiedad colectiva; despojarlos, en fin, de su relación ancestral con la planta, para introducirla impunemente en el mundo del comercio y la mercantilización.

Loren Miller posteriormente apeló la decisión de la Oficina de Patentes, apoyado por la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés), adscrita al Congreso de los Estados Unidos. Se revisó la resolución anterior y la patente le fue devuelta en el mes de enero de 2001. Esta vez se argumentó que los demandantes, COICA, CIEL y Alianza Amazónica, no habían logrado demostrar en ningún momento su propiedad sobre la ayahuasca, lo que sólo podía hacerse mediante la presentación de la patente correspondiente. A quién podrá sorprender en el futuro que el laboratorio farmacéutico de Miller, International Plant Medicine Corporation, decida demandar a las organizaciones que representan a los pueblos indígenas si estos continúan utilizando la ayahuasca en sus rituales de curación, limpiezas espirituales y adivinación del futuro.

Territorio: los yorta-yorta vs. el Gobierno

En diciembre de 2002, el Tribunal Supremo de Australia decidió a favor del Gobierno la demanda que el pueblo yorta-yorta le había interpuesto. Reclamaban la propiedad de unos 2 mil kilómetros cuadrados de tierras en el Valle del río Murray, territorio que les pertenecía antes de la colonización en el siglo XVIII. En 2001, el Tribunal Federal consideró que los yorta-yorta habían perdido su relación con dicho territorio, a partir de la llegada de los colonos en 1778. En consecuencia, no podían demostrar la propiedad sobre las tierras que reclamaban, ni haber mantenido allí permanentemente sus formas de vida tradicionales, tal como exige la Ley de Propiedad Nativa de 1993. El Tribunal Supremo, después de un largo período de lucha de la comunidad que duró 8 años, sólo confirmó la sentencia del Tribunal Federal. El pueblo yorta-yorta está integrado por unas 4.500 personas, cuyos derechos han quedado invalidados al negarséles su permanencia en los territorios ancestrales. Australia precisamente, junto a Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, se negó a firmar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indigenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 en Naciones Unidas. El principal desacuerdo del gobierno australiano fue en relación al derecho de autodeterminación que ha quedado establecido, considerado una posible amenaza para la integridad territorial del país.

Soberanía: Nestlé vs. Etiopía

En Etiopía, el país con la renta per cápita más baja del mundo (100 dólares), millones de personas viven bajo la amenaza constante del hambre. La nación, sin embargo, pagó a sus acreedores internacionales de deuda externa 536 millones de dólares sólo entre 1998 y 2001. El gobierno etíope, además, ha tenido que enfrentar múltiples reclamaciones de empresas extranjeras por concepto de expropiación de inversiones que suman aproximadamente 500 millones de dólares.

Entre esas reclamaciones figura la que efectuó la transnacional Nestlé, a través del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), dependiente del Banco Mundial. Esta empresa factura en un año más de 100 mil millones de dólares, unas 13 veces el PNB de Etiopía. En 2001 exigió al Gobierno una indemnización de 6 millones de dólares por la nacionalización en 1975 de una industria alimentaria, perteneciente entonces a un consorcio alemán del cual posteriormente Nestlé se convirtió en el principal accionista. La compañía consideró que dicha nacionalización afectó la rentabilidad de la inversión que había realizado en el país. El Gobierno etíope pagó finalmente 1.5 millones de dólares, cantidad aceptada por la multinacional ante la presión pública que el caso generó.

La construcción de otro orden económico mundial, sin duda, exige un nuevo orden ético y legal, defendido por instituciones independientes de los organismos económicos y vinculado a la defensa del derecho internacional.

Mailer Mattié es economista venezolana. Autora de diversos trabajos sobre las condiciones sociales y políticas de los pueblos indígenas en los países andinos. Es miembro del Osservatorio Informativo Indipendente sulla Regione Andina e il Latinoamerica de Milán (http//www.selvas.org).

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