Los tentáculos del imperio: Desplazamientos de población (V)

TNI
TNI / CEPRID
16 - VII - 07

El establecimiento de bases militares extranjeras suele traducirse en desplazamientos de población y la privación de sus derechos. Los vastos terrenos ocupados por las bases militares estadounidenses son usurpados en muchos casos a los habitantes locales, a quienes no se les da otra salida que abandonar sus hogares y tierras de cultivo y quienes, además, no suelen recibir ninguna compensación. Y una vez establecidas, las bases tienden a expandirse, con lo que cada vez consumen más espacio, y la degradación medioambiental hace que las zonas colindantes sean inhabitables. Tampoco se libran del expolio las tierras de cultivo comunales, por las que es aún menos probable que se otorguen compensaciones, a pesar de que de ellas dependen las vidas de muchas personas. Como contrapartida, las bases sólo ofrecen trabajos no cualificados que, de todos modos, puede que no recaigan en los habitantes locales por motivos discriminatorios o temores en cuanto a la seguridad.

En un número de casos significativo, las bases son responsables de la confiscación de tierras y propiedades de los habitantes locales y del desplazamiento forzoso de éstos”, explica David Vine, un antropólogo que trabaja con los chagosianos, un pueblo desplazado originario de la isla de Diego García. “Por lo general, este tipo de expulsiones lleva al empobrecimiento de los grupos afectados y a una profunda y destructiva alteración de sus modos de vida.

Por ejemplo, en Vieques, dos tercios de la isla han sido invadidos por bases militares estadounidenses y reservados para el desarrollo de ejercicios militares. Los isleños llevan décadas luchando por el derecho al retorno y por que se descontaminen sus tierras, plagadas de munición abandonada. En Honduras, los campesinos que fueron desalojados de sus tierras en los años ochenta para crear bases destinadas a la contra y a las fuerzas estadounidenses desde las que atacar el norte de Nicaragua han sido desposeídos de por vida a raíz de una serie de acuerdos que consolidaron la presencia de las bases y tropas estadounidenses. Historias prácticamente calcadas se repiten en lugares tan distantes como Okinawa, en Japón, y Thule, en Groenlandia.

Además de la pérdida de tierras y medios de vida, la expulsión de estos pueblos puede revestir una importancia cultural mucho más profunda. En Thule, por ejemplo, una de las pocas comunidades inuit que aún pervive lleva décadas privada de sus terrenos tradicionales de caza, con lo que se ha destruido todo un modo de vida. A sus habitantes se les obliga a inscribirse en programas “modernos” de vivienda, concebidos desde el más puro etnocentrismo, para que “se integren” en el Estado danés.

Esta idea de que hay ciertos grupos indígenas –sean los inuit, los chamorros de Guam o los chagosianos– a los que se puede desterrar sin compensación alguna es una constante en las luchas contra muchas bases estadounidenses. Las autoridades estadounidenses se han aliado con los gobiernos nacionales para, en la práctica, limpiar étnicamente a estos grupos minoritarios y dejarlos en un limbo legal con muy pocos medios para reivindicar sus derechos.

Diego García

En 1971, los aterrorizados isleños de Diego García, los chagosianos, presenciaron cómo las autoridades británicas perseguían y acorralaban a todos los perros de la isla para introducirlos en jaulas selladas, gasearlos y quemarlos. Éste fue el punto culminante de la expulsión de los chagosianos de su tierra natal. Ya durante años, se había estado negando el regreso a cualquiera que abandonara la isla para recibir tratamiento médico, por vacaciones o por trabajo. Tras la matanza de los perros, animales de gran importancia en su cultura, se debía expulsar por la fuerza a toda la población humana. A algunos chagosianos los descargaron, sin más, en los muelles de Mauricio y las Seychelles.

La entrega de Diego García al ejército estadounidense empezó en los años sesenta. La importante base que se estableció entonces sigue operativa hoy día, y sirve como punto de partida de muchas de las últimas operaciones de los Estados Unidos en Irak y Afganistán.

La mayoría de los chagosianos ha quedado sumida en la miseria más absoluta. A fines de los años setenta se pagaron algunas compensaciones, que se utilizaron en gran medida para subsanar las deudas en que habían incurrido estas personas, totalmente desposeídas de sus tierras y sin ningún apoyo para encontrar un trabajo o un lugar donde vivir. A pesar de dos resoluciones del Tribunal Supremo que confirman la ilegalidad de la expulsión, el Gobierno británico sigue apelando contra el veredicto, mientras que el Gobierno y los tribunales estadounidenses declinan toda responsabilidad en el asunto. Según estudios efectuados en 2004, muchos chagosianos siguen marginados económicamente y excluidos de cualquier posibilidad de trabajo en Diego García por motivos raciales.

David Vine, antropólogo y defensor del derecho de los chagosianos a volver a Diego García, ha documentado los estragos que ha causado la expulsión entre la población. “Los Estados Unidos y su gobierno han cometido una evidente y terrible injusticia contra este pueblo. Nunca han asumido responsabilidad alguna por sus actos, ni emprendido ninguna acción para aliviar la difícil situación de los chagosianos, que, desde la expulsión, han quedado confinados en la pobreza.” Vine ha trabajado con comunidades chagosianas en los barrios marginales de Mauricio y las Seychelles para dejar constancia del impacto provocado por décadas de desposeimiento en términos de salud mental y física, alienación, desempleo y privación de derechos políticos, ha creado un modelo de compensación que ilustra cuánto se debe a los chagosianos por la expulsión y ha demostrado que son el pueblo autóctono de Diego García y el archipiélago de Chagos.

Los chagosianos siguen luchando por el derecho a volver a su tierra natal, de la que llevan exiliados más de tres décadas, así como por una compensación justa por su expulsión y el derecho a trabajar en la base.