DECLARACION DEL ENCUENTRO SINDICAL IBEROAMERICANO
USO / CEPRID
15 - X - 07
Reunidos/as en Cartagena de Indias, Colombia, con motivo de la celebración del Seminario “El diálogo social y la concertación vehículos de la cohesión social iberoamericana del 18 al 21 de septiembre de 2007, representantes de los sindicatos iberoamericanos y de las organizaciones regionales americanas de la Confederación Sindical Internacional, la ORIT y la CLAT, acuerdan transmitir a los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos que se reúnen en Santiago de Chile durante los días del 8 al 10 de noviembre próximo, bajo el eje de trabajo de “La cohesión social y el desarrollo de políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”, la siguiente Declaración:
La globalización imperante registra elevados costos sociales y productivos para nuestros pueblos y no sólo en las regiones marginadas sino incluso en los países donde la globalización es percibida como un proceso exitoso. La aplicación del modelo neoliberal ha significado la fragmentación social reflejada en un creciente deterioro de los niveles de vida de amplios sectores de la población afectados por la creciente desocupación, tercerización, flexibilización, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, incremento de la pobreza, persistencia de la explotación laboral infantil, crecimiento de la desigualdad social. La primacía o la exclusividad del interés en las ganancias del capital ha incidido negativamente sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, ha generado el abaratamiento y la precarización de la mano de obra, la persistente violación de los derechos humanos y sindicales fundamentales especialmente en las maquilas, las desigualdades de género y el acoso laboral, la discriminación por clase, raza y etnias considerados todos ellos como alicientes en la radicación de inversiones, lo que cuestiona seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo ilusorio el compromiso social de las empresas, así como el compromiso político de los Estados por impulsar el cumplimiento de los acuerdos sociales establecidos en las diferentes Cumbres Iberoamericanas.
Cohesión Social y Desarrollo Sostenible
El movimiento sindical de Iberoamérica expresa que la Cohesión Social no puede constituir una mera expectativa retórica sino la efectiva concreción de metas económicas, sociales, políticas, productivas y educativas destinadas a elevar la calidad de vida de los hombres y mujeres de Iberoamérica, en términos de calidad democrática, generación de pleno empleo decente y trabajo digno, de un papel activo y transformador de los Estado Nacionales, de mecanismos permanentes de diálogo social, y la construcción de un modelo de desarrollo orientado a la inclusión social.
Las Políticas Públicas deben estar orientadas a la eliminación de las desigualdades y la exclusión que sufren gran parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La construcción de una ciudadanía incluyente exige políticas fiscales destinadas a mejorar sustantivamente la distribución de la riqueza, estableciendo un sistema tributario suficiente, equitativo y progresivo que grave la riqueza y garantice el consumo de los bienes básicos para toda la población, que limite las inversiones volátiles y promocione las inversiones productivas, destinadas a la integración productiva de las diversas regiones nacionales y creando redes productivas integradas con mayor valor agregado en las subregiones. El crecimiento económico no se traduce en gran parte de nuestros países en una mejor distribución de la riqueza. La fiscalidad constituye la base de las políticas públicas y, por tanto, los Estados deben comprometerse fehacientemente a tomar medidas activas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva, castigando el fraude y la elusión fiscales, en particular los movimientos meramente especulativos y la fuga de capitales.
El desarrollo sostenible de los países iberoamericanos exige la conjunción de políticas macroeconómicas, productivas, sociales, y medioambientales con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno.
La Plataforma Laboral de las Américas denuncia que el modelo neoliberal ha promovido a través de la privatización de los bienes y servicios públicos, la polarización social de nuestros países. En consecuencia es necesario un programa que reconstruya la cohesión social a través de metas de reducción del analfabetismo, la universalización de los sistemas públicos de salud de calidad para todos los habitantes, y elevar sustancialmente la inversión pública en programas de educación básica y media. Adicionalmente, resulta imprescindible reconstruir sistemas nacionales de educación técnica que vinculen la formación con el mundo del trabajo, componente casi ausente en los países de América Latina.
Cohesión Social y Diálogo Social
Reafirmamos nuestra voluntad de trabajar para que el diálogo social y la concertación se constituyan en un importante vehículo de la cohesión social que permita hacer avanzar la democracia participativa y representativa en nuestros países, fortaleciendo al Estado solidario con justicia social y el respeto a los derechos humanos y laborales fundamentales.
Comparativamente con la tradición europea de diálogo social, en América Latina y el Caribe la mayoría de las experiencias nacionales muestran una notoria falta de cumplimiento por parte de los empleadores(públicos y privados) sobre los compromisos asumidos. La mayor parte de las declaraciones sobre diálogo social resultan difusas, discontinuas y sin monitoreo sobre plazos y objetivos.
Los Sindicatos iberoamericanos afirman que sólo se podrá avanzar en el cumplimiento de los acuerdos establecidos en las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, si se promueve un auténtico diálogo social, basado en la preservación y fortalecimiento de la función normativa de la OIT, así como en el cumplimiento de la Resolución de la Conferencia del 2002 sobre Diálogo Social y Tripartismo. El diálogo social requiere de actores sociales (trabajadores y empleadores) representativos y comprometidos con dicho proceso y que reconozcan la capacidad de interlocución de las partes y su autonomía.
Los gobiernos deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales, en particular el derecho a la vida, el cual es permanentemente violado en países como Colombia, Guatemala y El Salvador, así como la libertad de asociación sindical, negociación colectiva y huelga.
Asimismo, demandamos a los gobiernos despenalizar el conflicto social y respetar el derecho a la libre manifestación de las reivindicaciones económicas, sociales y políticas de todos los sectores de la población, eliminando las prácticas represivas.
Iberoamerica debe atender en forma urgente la problemática de los y las migrantes de la región. La cohesión social exige establecer políticas de reconocimiento de los derechos de los y las migrantes y sus familias, comprendiendo el impacto de desafiliación social que impregna a los trabajadores y las trabajadoras obligado/as a emigrar de su entorno, así como también el impacto económico que genera la fuga de cerebros, proceso que profundiza la desigualdad entre las naciones en detrimento de los países no desarrollados.
Las organizaciones sindicales de Iberoamérica proponen la implementación de un mecanismo tripartito que permita darle seguimiento a los diferentes acuerdos establecidos en las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado
Cohesión social y fortalecimiento de los componentes de diálogo político y de cooperación en los acuerdos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe
El sindicalismo iberoamericano reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de integración económica política que tengan una fuerte dimensión social, tanto si se dan en un ámbito regional como es el caso de la Unión Europea, como los que tengan una dimensión subregional, en América Latina, como es el reciente caso del proyecto UNASUR y otros procesos de integración ya establecidos. Los procesos de integración regional constituyen la alternativa frente a los tratados de libre comercio e inversión, que encubren formas de dominación de unos países sobre otros.
El sindicalismo iberoamericano apoya en el ámbito nacional y en los procesos de integración regionales y subregionales la creación de instituciones abiertas a la participación real de la sociedad y un sistema de toma de decisiones más eficaz y representativo de las necesidades reales y aspiraciones de nuestros pueblos, de libertad, democracia, justicia social y paz. Preconiza, igualmente, la colaboración entre las instituciones de estos sistemas y los de la Unión Europea, con participación de los interlocutores sociales en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas resultantes de esta colaboración.
Desde la Cumbre de Montevideo, la novedad más importante para la Comunidad Iberoamericana es la extensión de negociaciones de acuerdos de asociación entre la Unión Europea y las subregiones latinoamericanas, cubriendo MERCOSUR, CAN, Centroamérica y parte del Caribe. En este marco, las organizaciones sindicales advierten del gran desafío que establecen para los Estados Iberoamericanos, los acuerdos de cooperación económica, de diálogo social y comercio actualmente en negociación, para la preservación del desarrollo sostenible centrado en la generación de pleno empleo y trabajo digno.
El sindicalismo toma nota de que el mandato negociador de la Unión Europea coloca como temas todos aquellos presentes en los tratados de libre comercio firmados por EEUU en la región, a manera de “OMC-plus”, aun cuando también introduce un capítulo promotor del desarrollo sostenible con previsiones relativas al comercio y a la inversión extranjera. Por esta vía, se aspira a “asegurar y facilitar los estándares medioambientales y sociales, maximizando los impactos positivos y minimizando los negativos del acuerdo, y considera las asimetrías a través de la determinación de productos sensibles y períodos de transición en los países que lo requiriesen”.
Hemos sido testigos de cómo los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de Protección y Promoción de Inversiones con Estados Unidos han venido configurando verdaderas plataformas productivas que a manera de nuevos enclaves exportadores benefician principalmente a las empresas multinacionales que al amparo de dichos acuerdos se han venido instalando en nuestros países, profundizando sus desequilibrios productivos estructurales, obstaculizando el objetivo de la creación de pleno empleo y trabajo digno y provocando la desarticulación de los procesos de integración subregionales.
La experiencia acumulada en cuanto a los impactos productivos y socio laborales de los acuerdos firmados con México(2000) y Chile(2001) nos alertan también sobre algunos de los desequilibrios derivados:
1) de un creciente déficit comercial en beneficio de un comercio intracorporativo de empresas multinacionales que reexportan bienes con bajo contenido nacional y sin ningún beneficio a los productores locales.
2) de flujos de inversión extranjera directa localizados en los polos regionales de mayor desarrollo nacional aprovechando los incentivos fiscales y las infraestructuras creadas.
3) servicios de alto costo y baja calidad sin criterios sociales, en los servicios públicos esenciales privatizados, como la salud, el agua y la energía.
4) participación de empresas europeas en el sistema financiero y bancario alejada de criterios sociales y productivos que permitan orientarlo al logro del desarrollo sostenible, mediante el apoyo crediticio y financiero al desarrollo.
Para la adopción de una estrategia puntual respecto de estas negociaciones, el sindicalismo iberoamericano tiene como antecedentes varias declaraciones sindicales, incluyendo la de la Cumbre sindical de Viena en el 2006, cuyos contenidos ratificamos, y que en su capitulo productivo expresa:
1) la oposición a cualquier acuerdo comercial que se base en criterios neoliberales de libre comercio y no apueste por un comercio justo y equilibrado.
2) el rechazo de la estrategia de aquellas multinacionales y elites empresariales locales, dirigida a sacar el máximo provecho de estos acuerdos olvidando su responsabilidad social.
3) la necesaria vinculación que debe haber entre estos acuerdos y las visiones productivas que, como la desarrollada en la Plataforma Laboral, lleva a poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse el desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y al trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado.
A ello debe agregarse la perspectiva que promueve un acuerdo comercial diferente, que implica relaciones comerciales basadas en el intercambio solidario y equitativo, que no se base sólo en la competitividad sino también en la complementariedad, que permita la diversificación de bienes internos, el fortalecimiento de los mercados locales y del papel regulador de los Estados en los procesos de inserción económica internacional, sobre todo para la satisfacción de las necesidades más urgentes y necesarias de los sectores históricamente excluidos. En consecuencia, ratificamos la condena al bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba.
A partir de este eje, las organizaciones sindicales de Iberoamérica ubican otros requerimientos, en el campo de lo sociolaboral y participativo, completamente dirigidos a fortalecer el componente de cooperación y de diálogo político que incluyen los actuales acuerdos en negociación:
1) la incorporación de los derechos sociolaborales, recogiendo los convenios de la OIT, otros instrumentos del derecho internacional vigentes así como la legislación sociolaboral más avanzada de cada uno de los bloques firmantes.
2) mecanismos regulares y oficiales de información, consulta y participación durante las negociaciones y el seguimiento del acuerdo, abriéndose instancias claras de consulta para conseguir una participación activa de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada tanto en Europa como en América Latina y Caribe. Sostenemos, igualmente las propuestas del CC-SICA, del CCLA, del FCES MERCOSUR y del CESE, en favor del reconocimiento y puesta en marcha de comités conjuntos de estos organismos.
3) Las empresas multinacionales deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sostenible, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, el Global Compact de las Naciones Unidas y los Acuerdos Marco Internacionales vigentes, suscritos con las Federaciones Sindicales Internacionales, organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional, garantizando su responsabilidad social y la de sus empresas satélites y contratistas.
4) La cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe debe orientarse a la construcción del desarrollo sostenible. Las asimetrías entre ambas regiones imponen condicionamientos que deben ser observados, y la obligación de definir políticas compensatorias de fondos estructurales y de cohesión social que reduzcan las diferencias. En este sentido, los objetivos comerciales y económicos no deben tener primacía sobre las propias metas sociales.
Demandamos a los Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamerica para que se incluya en todos los acuerdos de asociación y cooperación económica y política la exigencia del pleno respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.
Vemos con preocupación que los Mandatos de Negociación definidos por la Comisión Europea para los países Andinos y de Centroamérica y el Caribe, se asemejan a los Tratados de Libre Comercio firmados con Estados Unidos, alejándose de la tradición social europea que ha sido referente importante para los países de América Latina y el Caribe.
Sobre las relaciones con las organizaciones empresariales iberoamericanas y la SEGIB
Tras analizar la situación del diálogo social y la negociación colectiva en las naciones iberoamericanas, que presenta grandes diferencias entre ellas y una situación de deterioro o debilidad en gran número de países, las organizaciones sindicales presentes en el Encuentro de Cartagena de Indias acuerdan:
a) Demandar a las organizaciones patronales que contribuyan a eliminar los obstáculos para que, en todos los países iberoamericanos, se produzca un desarrollo de la negociación colectiva y el diálogo social acorde con los derechos fundamentales del trabajo y las normas y orientaciones de la OIT.
b) Exigir a las organizaciones representativas de los empresarios iberoamericanos un compromiso activo para la erradicación de la violencia y la represión de las actividades sindicales legítimas y pacíficas, especialmente allá donde –Colombia, Guatemala, El Salvador - los sindicalistas son asesinados, desaparecidos, amenazados y desplazados por el ejercicio de los derechos sindicales.
c) Proponer que, en el próximo encuentro iberoamericano de organizaciones empresariales y sindicales, se aborden los problemas existentes en la negociación colectiva y el diálogo social nacionales, con la voluntad de encontrar soluciones concretas para remover los obstáculos que en buen número de países atentan contra el desarrollo eficaz de los mismos, al tiempo que se trata de facilitar los instrumentos de la negociación colectiva supranacional siguiendo las directrices de la OIT, la OCDE y Naciones Unidas, y la práctica de los acuerdos marco desarrollada por las federaciones sindicales internacionales con un número creciente de empresas multinacionales.
En las declaraciones de la Cumbre Sindical de Madrid (2005) y Montevideo (2006) valoramos el papel que podría jugar la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para facilitar el diálogo de los interlocutores sociales en su ámbito geopolítico, y establecer para los mismos los procedimientos de información y consulta con los responsables políticos de la Comunidad Iberoamericana. En las declaraciones conjuntas de las organizaciones sindicales y empresariales iberoamericanas de 2005 y 2006, también se pedía la creación en la SEGIB de un Espacio Permanente de los interlocutores sociales para alcanzar estos objetivos. Las organizaciones presentes en el Encuentro Sindical de Cartagena confían en una pronta puesta en marcha de esta estructura representativa de las organizaciones sindicales y empresariales iberoamericanas, en los términos previstos en el borrador de acuerdo de constitución que han conocido y que recoge sustancialmente las propuestas que realizaron en los encuentros sindicales iberoamericanos de Madrid y Montevideo.
Cartagena, septiembre de 2007
Facilitado por la Unión Sindical Obrera. www.uso.es
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