Por primera vez, en la bicentenaria historia disque “independiente” de Chile, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado en firme e inapelable la condena a cadena perpetua de un general de la República: el ex Director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Hugo Salas Wenzel. Este oscuro organismo terrorista reemplazó en sus actividades a la no menos siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada a su imagen y semejanza por el dictador Augusto Pinochet y dirigida desde sus inicios (Diciembre de 1973) por el Coronel Manuel Contreras, más tarde premiado con el generalato como premio a sus múltiples crímenes.

Tanto la DINA como la CNI fueron organismos secretos clásicos y emblemáticos del más puro terrorismo de Estado. Dotados de presupuestos secretos, empresas pantallas, equipos de médicos para vigilar torturados, agentes seleccionados por sus características psicópatas, oficiales militares de alto rango inmorales y corruptos, cárceles clandestinas y metodologías y prácticas criminales aplicadas de manera sistemática, los dos organismos secretos han salido relativamente bien parados cuando han enfrentado a la justicia de pacotilla que impera en Chile.

Los tribunales de justicia en conocimientos incluso de los detalles más aberrantes de los crímenes y acciones de la dictadura guardaron un cómplice silencio por casi 30 años con contadas excepciones. En los crímenes y desapariciones forzadas de miles de chilenos los jueces y magistrados actuaron por omisión en conocimiento de las causas que estaban siendo denunciadas tanto al interior de Chile como en el exterior. Jamás tramitaron un solo Habeas Corpus en los más de mil que fueron presentados para intentar salvar la vida de los secuestrados por los agentes de la dictadura. Hoy han juzgado a uno de sus socios –un general- en el sucio negocio de la represión, pero tendrían que estar ellos también en el banquillo.

El máximo tribunal de “justicia” en Chile, constituido por un puñado de seniles aristócratas, no ha podido esta vez sustraerse a mirar para otro lado, como lo hicieron con Pinochet o a guardar silencio frente a los crímenes tal y como la ha hecho prácticamente desde su nacimiento. Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas incluida la Policía Militarizada (Carabineros), han sido socios preferentes de la institución de justicia, ambos al servicio primero de los grandes latifundistas, el capital monopolista y, segundo, a las órdenes de las grandes transnacionales que saquean a ritmo acelerado las riquezas naturales del país con la venia de los gobiernos herederos de la dictadura.

Ambas instituciones, la Justicia y las FFAA resultan claves para mantener a toda costa y por la fuerza de las armas si fuese necesario, el modelo neoliberal que impuso a sangre y fuego la dictadura de Pinochet utilizando el terrorismo de Estado en todos los planos de la sociedad.

Esta vez, el organismo superior de justicia se ha visto obligado –ante la porfiada evidencia- a condenar a uno de sus compinches más destacados en la línea de mando que estableció del dictador Pinochet en la policía secreta de su oprobioso régimen militar. No pudieron hacer las maniobras que los hizo célebres mundialmente en los juicios al dictador. Atrapados los jueces de la Suprema, después de años de dilación y trampas legales en las causas judiciales por obtener la verdad y la justicia –como patéticamente aconteció con las más de 300 causas pendientes que tenía el propio dictador a su muerte, no tuvieron más remedio que mandar entre rejas a uno de sus socios favoritos.

Seguramente, este sólo hecho podría hacer creer a algunos incautos o mal informados, tanto dentro como fuera de Chile, que la justicia funciona en el país sudamericano. Pero no hay que engañarse. Hay que desechar las ilusiones. Una golondrina no hace invierno y una lavadita de cara no viene mal sobre todo cuando hay mucha presión. Una condena de esta naturaleza, se produce por primera vez en más de 200 años desde la independencia de España. Se produce 34 años después del golpe militar y 20 años después de los hechos específicos que dieron cauce al proceso judicial. Se ha producido por la lucha decidida y valiente de los familiares de las víctimas, por la persistencia de los abogados defensores de las víctimas por obtener justicia y por la presión de organismos internacionales de Derechos Humanos que continúan fulminando al Estado y al gobierno de Chile por su poca o nada colaboración para que se esclarezcan los crímenes y las violaciones a los DDHH acontecidas durante la dictadura de Pinochet.

El veredicto contra el ex general Salas Wenzel, se produce por el asesinato en calidad de autor intelectual de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) acontecido entre los días 15 y 16 de junio de 1987 como respuesta brutal al intento frustrado de “tiranicidio” ocurrido casi un año antes. La Sala Penal del máximo tribunal da como probado que la orden para asesinar a siete de los frentistas capturados con vida, provino del propio general Salas y que también fueron sus instrucciones para matar a sangre fría, las que terminaron con la vida de otros cinco militantes en varias emboscadas paralelas en Santiago.

El operativo de la policía secreta llamada “Operación Albania”, fue sincronizado personalmente por el general Salas y propio dictador Pinochet desde el Palacio de La Moneda mientras la cacería estaba en curso al mando del mayor de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, cuya condena sube de 15 a 20 años. Este sujeto que cumple actualmente otra condena perpetua por otros crímenes, dirigió en terreno la cacería y los asesinatos al mando de una brigada de aniquilación de 30 sicarios militares apoyados por unos doscientos efectivos entre militares y civiles que trabajaban en las fuerzas de represión. Las masacres se conocieron posteriormente como “la matanza de Corpus Cristi” en alusión a las fechas en que ocurrieron los hechos.

Junto al ex general fueron condenados como autores otros 14 agentes por homicidio calificado, pero de los 15 condenados sólo deberán cumplir condenas en prisión (naturalmente de alto lujo) solo cinco de los asesinos puesto que al resto de los procesados se dictaron penas inferiores a 5 años lo cual les permite cumplir la pena en libertad. Una clara afrenta a la dignidad de las víctimas y sus familiares. Así, quedan libres todos los militares y agentes que directamente cometieron los asesinatos a sangre fría y entre suntuosas rejas de cárceles especiales, los autores intelectuales y los que dieron la orden de matar. Dos tercios de los asesinos pueden caminar libremente por las ensangrentadas calles de Santiago gracias a la justicia que reina en Chile.

¿Y qué pasa con el Ministro del Interior de la época en que se cometieron los crímenes? ¿Acaso no sabía lo que sucedía? ¿Y el Ministro de Defensa? ¿Y el Presidente de la Corte Suprema de esos días y sus demás miembros? El abogado querellante de la causa Nelson Caucoto, nada dice sobre este tópico aunque se mostró satisfecho que sólo 5 de los 15 condenados cumplirán penas de prisión.

Un dato esperpéntico que surgió durante los años en que los tribunales y las maniobras de los militares –tanto en servicio activo como en retiro- intentaron frenar y desacreditar el proceso, es el hecho de que varios de los agentes y militares procesados como autores materiales de los homicidios calificados de los frentistas en la “Operación Albania” poseen “pensiones de invalidez” por “estrés post guerra”, según lo acredita la Comisión de Salud del Ejército de Chile. Estas figuras, a las cuales se han acogido con la consabida entrega de certificados médicos falsos proporcionados por galenos de las FFAA, implica obtener casi el doble de sus jubilaciones mensuales como “víctimas de padecimientos en actos de servicios que los incapacitan para desarrollar labores normales”.

El grupo de “enfermos mentales” del ejército que provocaron con antelación y planificadamente la “Matanza de Copus Cristi” lo encabeza el ex Jefe de Procedimientos Anti Subversivos de la CNI, el ex Teniente Coronel Krantz Bauer Donoso cuya hoja clínica revela como causal de retiro de la institución armada un diagnóstico de “TEC abierto síndrome post TEC y hemorragia sub aracnoidea”. El agente civil del ejército Jorge Vargas Bories, uno de los coautores de los homicidios de los jóvenes obtuvo pensión de invalidez al acreditar “psicosis maníaco depresiva por actos de servicio”.

Gozaba también de estos beneficios -pagados por el Estado chileno- el fallecido ex Teniente Coronel Iván Cifuentes Martínez, ex Jefe Supremo del Comando Cobra, un grupo élite de asesinos de la CNI quien a su tiempo justificó su condición con un certificado médico que establecía también “psicosis maníaco depresiva”. Su jugosa pensión, una vez fallecido el terrorista de Estado, se ha hecho extensiva ahora a su grupo familiar.

Otro de los secuestradores y asesinos, el mayor de ejército Enrique Neira Donoso, justificó en certificado médico una “psicosis afectiva” así también como su compinche Luis Acuña Luengo, autor del homicidio de Recaredo Valenzuela quien se encontraba secuestrado, maniatado e indefenso cuando fue ultimado por el agente de la CNI.

El abogado Hugo Gutiérrez quien lleva docenas de causas contra los militares acusados de crímenes y violaciones a los DDHH y el primero que imputó al dictador Pinochet reveló que el ex Jefe de Operaciones de la CNI, Teniente Coronel Álvaro Corbalán Castilla quien supervisó en terreno todos los secuestros y posteriores asesinatos y uno de los más sanguinarios agentes de la dictadura goza de una pensión por “estrés post guerra”.

Podríamos seguir sumando nombres de asesinos adjudicados con pensiones especiales de carácter irrevocables tanto de miembros de la Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y Ejército procesados y condenados por sus participaciones en la llamada Operación Albania pero con estos ejemplos creemos que bastan para el horror y la burla.

Con todo y lo positivo que resultan las escasas condenas decretadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Chile en este caso y en otros, nos queda una sensación de impotencia y amargura ya que la justicia como decía el golpista y ex presidente de Chile, Patricio Alywin, se hace en la “medida de lo posible” y, claro está, que la justicia no puede estar condicionada con parámetros establecidos por vejestorios que consagraron su vida a ensangrentar a Chile sin importar medios siendo títeres a sueldo de Washington.

Los documentos desclasificados de la CIA hace poco tiempo revelan las cuantiosas sumas entregadas por Washington a los dirigentes de la DC para sumarlos al sangriento golpe de Estado. Patricio Alywin se entregó a la sedición y al complot con la embajada yanqui durante el gobierno del Presiente Allende como el Jefe del Estado Mayor del golpismo en Chile y sus aliados más importantes en la sedición y conjura contra el gobierno constitucional de Chile han ocupado importantes cargos gubernamentales y públicos en los gobiernos posteriores de la Concertación. Si la justicia hoy investiga los crímenes de la dictadura bien podría también investigar a todos aquellos que hicieron posible el quebrantamiento del Estado de Derecho, la Constitución y las posteriores masacres que sólo sirvieron para llenar los bolsillos de la ultraderecha y del imperialismo sumiendo al pueblo en una oscura noche.
Esta es la lista de caídos asesinados por los esbirros de la dictadura en la matanza de Corpus Cristi:

José Joaquín Valenzuela Levy, destacado internacionalista chileno. Luchó en Nicaragua y fue el Comandante al mando del comando del FPMR que intentó ajusticiar al tirano Pinochet en el atentado realizado en septiembre de 1986 en las faldas de la Cordillera de Los Andes. Asesinado a tiros por la CNI en una emboscada el 15 de junio de 1987 en la calle Alhué frente al Nº1172 en la Comuna de Las Condes de Santiago. Tenía 31 años y era padre de un hijo.

Patricio Ricardo Acosta Castro, asesinado por la CNI el 15 de junio de 1987 en la calle Vargas Mena de Santiago. Tenía 26 años, casado, un hijo, era obrero y fue estudiante de la USACH.

Esther Angélica Cabrera Hinojosa, asesinada por la CNI el 16 de junio de 1987 en una casa en la calle Pedro Donoso. Tenía 22 años y era estudiante.

Julio Arturo Guerra Olivares, asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en una casa ubicada en Villa Olímpica en la Comuna de Ñuñoa en Santiago. Era obrero electricista, tenía 30 años, casado y era padre de un hijo.

Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca, asesinada por la CNI el 16 de junio de 1987 en la casa de la calle Pedro Donoso. Era obrera, soltera y tenía 29 años.

Juan Waldemar Henríquez Araya, destacado internacionalista del FPMR, asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987. Cubrió la retirada de los alumnos que estudiaban en una casa-escuela del FPMR en la calle Vargas Mena 417 en la Comuna de San Miguel en Santiago. Tenía 28 años, casado, padre de un hijo y era Ingeniero Eletromecánico.

Wilson Daniel Henríquez Gallegos, asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 mientras cubría la retirada de los alumnos en la Escuela del FPMR. Tenía 26 años, era obrero, casado y tenía dos hijos.

Patricia Angélica Quiroz Nilo, asesinada por la CNI el 16 de junio de 1987 en la casa de la calle Pedro Donoso. Tenía 29 años, casada, madre de un hijo y era estudiante de la Universidad Blas Cañas.

Ricardo Hernán Rivera Silva, asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la casa de la calle Pedro Donoso. Tenía 24 años, soltero y era chofer.

Ricardo Cristián Silva Soto, asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la casa de la calle Pedro Donoso. Tenía 28 años, casado, un hijo y era estudiante en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile.

Manuel Eduardo Valencia Calderón, asesinado por la CNI el 16 de junio de 1987 en la casa de Pedro Donoso. Tenía 20 años, casado y padre de un hijo. Era Técnico Eletromecánico.

Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, asesinado por la CNI el 15 de junio de 1987 en la calle Alhué en la Comuna de Las Condes. Tenía 31 años, era casado y padre de un hijo.

 

 

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